Diario de Sesiones 150/2019, de fecha 6/2/2019
Punto 5

9L/I-0048 INTERPELACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE MEDIDAS Y POLÍTICAS EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO, DIRIGIDA AL GOBIERNO.

La señora PRESIDENTA: Vamos ahora, señorías, a la siguiente interpelación, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre medidas y políticas en el ámbito del sector público autonómico para la aplicación de los principios de buen gobierno.

(Rumores en la sala).

Señora Monzón.

Señorías, silencio. Continuamos, gracias.

Cuando quiera, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenos días a todos y a todas.

Cuando llegamos a este Parlamento por primera vez, ahora que terminamos la legislatura, recuerdo perfectamente mi juramento cuando tomé posesión, que era defender los servicios públicos, la transparencia en los servicios públicos y sobre todo la calidad de los servicios públicos.

El Grupo Parlamentario Podemos es un defensor acérrimo de la garantía en los servicios públicos, por las personas que trabajan precisamente en esos servicios públicos, y que son las que, como decía, son las garantes de los derechos de toda la ciudadanía en la prestación de los servicios y las obligaciones que la Administración pública tiene para con ellas. Por eso desde aquí, porque esta será seguramente una de las últimas intervenciones en estos plenos, y después de todas las intervenciones que he tenido en temas de recursos humanos, desde aquí voy a aprovechar para felicitar a todos los trabajadores de los servicios públicos del Gobierno de Canarias por la labor que realizan día a día, con todas las dificultades que han tenido durante estos años y los anteriores.

Dicho esto, en esta interpelación, señor consejero, lo que queremos saber es qué políticas está desarrollando este Gobierno o piensa desarrollar en lo poco que queda, que hagamos una evaluación y también una autocrítica sobre los principios del Gobierno, de este Ejecutivo, en estos años.

A finales de la semana pasada salía este titular en prensa: "el proyecto de ley del buen gobierno acumula nueve prórrogas", de momento. Esto salía el viernes, creo. Yo voy a corregir al periodista, al señor Negrín, y le voy a decir que son once, no nueve, las prórrogas que lleva el proyecto de estatuto de buen gobierno en este Parlamento, la última justo antes de ayer, el lunes. El lunes la presentaba el grupo que apoya al Gobierno, el Grupo Nacionalista Canario, apoyaba una nueva prórroga de este estatuto. Pero de estas once hay que decir que no solamente ha sido el Grupo Nacionalista sino que, como tanto dice el señor Clavijo, como dice, no está la señora doña Astrid Pérez, pero, como decía ayer, los que gobiernan Canarias, que son aquellos que apoyan a este Gobierno, como son el Partido Popular y el Grupo Mixto, porque todas las prórrogas, la mayoría de ellas, proceden de estos grupos. Parece que hay como un acuerdo tácito para que estas prórrogas se vayan acumulando y, por tanto, esta ley, al final, quede en la gaveta. Porque ¿realmente el interés de este Gobierno es que hagamos una A dministración más transparente, donde haya un código ético para los gobernantes, para que mejoremos las acciones de gobierno, de aquellos que son responsables de gestionar lo público? Nosotros creemos que no hay ningún interés, señor consejero, y yo espero que usted rebata mis palabras con razones y argumentos, porque evidentemente las pruebas nos remiten a que no hay interés. Interés en otras cosas, intereses particulares, la Ley del Suelo, la primera que salió en esta legislatura y que esta no costó ningún trabajo que saliera adelante.

Desde luego, así las cosas, no podemos extrañarnos de que la ciudadanía tenga una desafección por lo público, una desafección por sus gobernantes, una desafección por las instituciones, que no confíe, que esté harta, haya un hartazgo de que nos mientan, de que los datos se maquillen, de que estemos todo el día discutiendo en este Parlamento cuál es la realidad de lo público, de la gestión de lo público y de los hechos que al final los responsables de cada uno de los departamentos o de las secciones tienen que dar a los ciudadanos. No hay una verdadera dación de cuentas sobre sus acciones, no la vemos, no se transparentan esas acciones de gobierno. Y, por tanto, en eso creemos que tiene que haber un compromiso real del Gobierno, precisamente en esa dación de cuentas, en una lucha contra la corrupción, para establecer esa confianza, porque la confianza no solo es un hecho puntual de una persona particular, como muchas veces hemos hablado aquí de la corrupción; no, la corrupción no es de una persona, la corrupción afecta a todas las instituciones, afecta a todos los cargos públicos, afecta a todas aquellas personas que se levantan cada mañana y que se dedican a la política para mejorar la vida de las personas. Y, por tanto, es tan importante que cuando se produce cualquier acción que no es ética, que no es de buen gobierno, haya precisamente algo que no deje en impunidad a esas acciones, sino que los ciudadanos vean que una acción que compromete, que no está comprometida con lo público y que se realiza de una forma no adecuada tenga una respuesta. Eso es lo que debemos procurar.

Dentro del Estatuto de Autonomía, se hablaba ayer del Estatuto de Autonomía, el presidente decía, "bueno, es que Podemos está defendiendo el Estatuto de Autonomía". Nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas del Estatuto de Autonomía, pero con otras sí, y no lo aprobamos precisamente porque creemos que tenía que haberse llegado mucho más allá. Pero dentro del punto 3 habla de la transparencia, la actividad, del buen gobierno en su gestión, habla de la participación activa de los ciudadanos, habla de que tienen que participar en la vida política, económica, cultural y social de Canarias. Eso lo dice el Estatuto de Autonomía y, por tanto, también es una obligación y un compromiso de este Gobierno.

Estamos en un contexto en que la crisis económica ha incrementado la desigualdad social y las corruptelas políticas -que han sacado, por ejemplo, al Partido Popular del Gobierno de España, precisamente por sus malas acciones, por su falta de ética y su falta de compromiso con lo público-...; hace, como decía, que al final la sociedad canaria y la sociedad en general exijan mucho más de los cargos públicos. En ese desempeño de la actividad pública es donde debemos mantener la neutralidad, evitando cualquier interés o actividad que pudiera comprometer su independencia, su imparcialidad, en beneficio del interés común, y no entrar en conflictos con decisiones que impliquen, en el desempeño del cargo público, cualquier otra actividad, que tuvieran cargos antes del nombramiento o incluso después, y aquí hablo de las puertas giratorias.

Tenemos un Gobierno en el que tenemos dos cargos ahora... Venimos de una interpelación del consejero de Sanidad, el señor Baltar, y no solamente hablamos de la actividad que hacen los políticos, sino de la inactividad de los políticos, aquello que no hacen. ¿Y qué es lo que no ha hecho, por ejemplo, el señor Baltar? Pues lo que no ha hecho es ponerse a revisar todas las externalizaciones, todos esos contratos que tiene con la sanidad privada dentro de lo público, algunos de ellos antes incluso de que entrara la democracia en este país, y que no ha hecho nada y que este grupo parlamentario ha tenido que llevar a la justicia para que se diriman. Eso también es una responsabilidad ética. Y nos preguntamos por qué no lo ha hecho. ¿Usted cree que tiene algo que ver con su pasado, de dónde viene este señor? ¿Usted cree realmente que es imparcial, aquella persona que tiene intereses personales en empresas concretas, usted cree que actúa de forma imparcial cuando llega a gestionar lo público y tiene que revisar esos contrataos con quien antes le daba el puesto de trabajo? Yo creo que tenemos que ser en esto mucho más rigurosos, señor consejero, y eso tiene que ver un poco con la ética de que el Gobierno, cuando nombra a los miembros del Gobierno, sepa de dónde vienen y después a dónde van.

También le preguntamos por qué en materia de transparencia no se publican, por ejemplo, los acuerdos de gobierno. No podemos encontrar los acuerdos de gobierno en las páginas, no los encontramos, ya veíamos en el informe de transparencia; tampoco vemos los planes, muchos de los contratos, los programas... O sea, la ejecución del Gobierno de aquellas políticas que dice que está haciendo. Si no somos capaces de verlo, evidentemente ni hay participación ni va a poder haber un control dentro de la acción de gobierno.

Yo me quiero ahora referir, por ejemplo, a un acuerdo de gobierno, que es la propuesta de acuerdo por el que se establece la creación, en el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de unidades administrativas vinculadas al gobierno abierto. Algo que han acordado ustedes este verano, además había una comparecencia suya para hablar, después de una pregunta que yo le hice, y que después retiraron, con lo cual en este pleno no se ha hablado. Espero que ahora tenga la oportunidad de comentarnos de qué se trata esta unidad. Pero cuando nosotros vemos la propuesta de modificación de la RPT para crear estas unidades en todas las consejerías, pero precisamente en su propio departamento, nos encontramos con que hay una propuesta de RPT donde se crean cinco consultores de servicios -esto es una propuesta, no sé si al final se ha aprobado, usted me dirá ahora si esta RPT al final se aprueba-, pero se crean en el servicio, en áreas de oficinas de modernización administrativa, cinco consultores de servicios -cinco puestos con las máximas retribuciones que corresponden a un jefe de servicio, sin tener ninguna jerarquía dentro de esta RPT- y además dos puestos de ayudante de consultor, del Grupo Administrativo, con las máximas retribuciones, cuando en otros puestos de trabajo precisamente se quedan, se quedan a extinguir precisamente por esas retribuciones. Al final no llegamos a entender nunca cuáles son los conceptos que tiene la Administración para decidir cuál es la retribución de un puesto de trabajo en función de sus responsabilidades. Y aquí no me estoy refiriendo y no estoy diciendo que estos puestos no tengan que tener estas retribuciones porque tengan o no esta responsabilidad, sino una revisión de todos los puestos de trabajo de esta Administración para que tengan precisamente las retribuciones que les corresponden. Y me voy a referir a muchos casos que tenemos, como ahora, por ejemplo, los inspectores de salud pública, que los tienen en pie de guerra porque... Ellos tienen que costear de sus propios sueldos los medios para poder hacer su función. Inspectores de salud pública que son los que velan por la sanidad, por el bienestar de los ciudadanos, por que todo lo que esté en el mercado -las aguas del mar donde nos bañamos y donde vienen nuestros turistas- esté en condiciones de que no afecte a la salud de las personas en Canarias. Personas que tienen que estar desplazándose por toda la isla, que utilizan sus vehículos propios, que están horas y horas sin medios muchas veces, incluso son aquellos que tenían que ver lo de las cianobacterias en el mar cuando las tuvimos el verano pasado, y estos señores resulta que cobran como si fuera un técnico base. Cosas que no entendemos y que creemos que son reivindicaciones justas y que tiene que tomarse asunto en todos estos temas, señor consejero.

Por eso no entendemos, cuando tenemos limitaciones de plantillas, presupuestarias, que sabemos que las hemos tenido, cómo se distribuyen. Si se crean estas macroestructuras cuando tenemos un montón de deficiencias... Yo quiero recordarle, antes de que se me acabe el tiempo para después seguir, que tenemos 2200 puestos vacantes -antes teníamos 2500-, en este último año. Estos son datos de los presupuestos del 2019 en el anexo de personal, 2200 puestos vacantes, pero es que en algunas consejerías tenemos hasta un 50 % de puestos vacantes, un cuarenta y pico largo, como, por ejemplo, en Política Territorial.

Yo, señor consejero, no entiendo cuáles son las políticas que se están llevando para mejorar la acción de gobierno, pero espero que usted ahora nos aclare en alguna medida esas medidas, esas políticas que ustedes durante esta legislatura han tomado para mejorar la situación de las administraciones públicas en Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Intervención del Gobierno, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Empezando por lo de la acusación que hace al compañero Baltar, la misma imparcialidad que le supongo a usted cuando me pregunta por asuntos que tienen que ver con funcionarios de forma particular, la misma; es decir, le supongo toda esa imparcialidad, el interés legítimo por saber que las cosas funcionan bien.

En cuanto a la comparecencia, señorías, el asunto por el que se interesa, lo hemos abordado en el Gobierno cuando todavía estábamos en coalición, el gobierno de coalición, el 23 de mayo de 2016, donde se aprueba la Estrategia Marco de Gobierno Abierto, por lo que comenzaré recordando que fue en esa fecha cuando el Ejecutivo encomendó a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad la elaboración de esa estrategia para convertir la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en una institución que funcionara bajo los principios de gobierno abierto. El objetivo es que el propio funcionamiento de la Administración favorezca, favoreciera desde ese momento el empoderamiento de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, de manera que demos respuesta a las nuevas demandas que plantea la sociedad canaria, mejorando la calidad democrática de las islas.

Siempre consideramos esta iniciativa prioritaria, por lo que tan pronto como se inició esta segunda etapa de la IX Legislatura di órdenes para continuar con su desarrollo a partir del punto en el que se encontraba por aquel entonces. En consecuencia, el 3 de julio de 2017, el Ejecutivo autónomo aprobó la estrategia que incorporaría la perspectiva de gobierno abierto en la cultura organizativa de la Administración pública de la comunidad autónoma y gradualmente, obviamente, acorde con la evolución de sus recursos y capacidades en el tiempo.

Sabemos que es una meta ambiciosa pero necesaria, cuyo desarrollo llevará, seguramente, indudablemente, seguro, más de una legislatura. En esta queremos dejar sentadas las bases sobre las que sea posible construir una nueva manera de gobernar, en la que la transparencia, la participación y la colaboración ganan peso, de forma que se profundice la democracia en Canarias, y por descontado afianzar los principios de buen gobierno en nuestra Administración.

En ese contexto, la estrategia incluye distintas actuaciones específicas dirigidas precisamente al fortalecimiento de la integridad pública, mediante el establecimiento de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas de las y los servidores públicos.

También contempla otros aspectos que se conectan igualmente con el buen gobierno, como la implantación de la dirección por objetivos. Iniciativa que busca impulsar una gestión pública dirigida de forma estratégica para obtener resultados en la sociedad que puedan ser evaluables, asegurando el adecuado desarrollo de las políticas públicas. En otras palabras, una gestión en la que las y los responsables de la toma de decisiones deben rendir cuentas ante la ciudadanía, lo que constituye uno de los principios básicos del buen gobierno. Esta rendición de cuentas es posible, entre otros motivos, porque la dirección por objetivos permite informar a todos los colectivos interesados en conocer la actividad pública con un mismo lenguaje, incluyendo los órganos de administración o los órganos administrativos y judicialmente reconocidos, institucionales, las auditorías de lo público y la propia sociedad. En este sentido, ya hemos elaborado un proyecto de decreto para su implantación, que esperamos que tenga, que pueda ser aprobado ahora en el mes de marzo, con la intención de aplicarlo con carácter general a toda la actividad de los órganos dentro del ámbito autonómico.

En el bloque de actuaciones sobre el buen gobierno, debo recordar, aunque usted ya lo sabe porque lo ha citado ahora mismo aquí, que ya aprobamos el proyecto de Ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y se encuentra en este Parlamento. Fue la propuesta que hicimos y ahora que sus señorías puedan alcanzar el acuerdo y el consenso necesario sobre qué tipo de ley debe salir de este Parlamento, pero, como usted bien ha recordado, lleva aquí el suficiente tiempo como para que vea la luz. Me refiero a en este Parlamento.

Quiero comentarle también que, en el bloque de actuaciones de la estrategia sobre la integridad del personal público, incluye también, entre otras medidas, el análisis prospectivo y colaborativo sobre el modelo de Administración.

Y quiero adelantar ahora que venimos trabajando en un documento de recomendaciones en materia de recursos humanos que yo creo que puede ser un documento interesante, y se trata, dentro de la propia estrategia, sobre la gestión del empleo público en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma. Contempla posibles medidas que habrán de hacerse públicas, desarrollarlas, debatirlas y mejorarlas y proceder, obviamente, a la legítima negociación con la representación de los empleados públicos antes de proceder a su aprobación, que prevemos podría llevarse a cabo en los próximos meses. Y estamos convencidos de que solo a través de la participación es posible abordar medidas importantes como esta, que buscan, en definitiva, señorías, la mejora de nuestra Administración pública y su servicio a quienes vivimos en Canarias.

Voy a detenerme en este punto para enfatizar que sabemos plenamente que las personas que trabajan en cualquier organización constituyen un elemento fundamental para la consecución de los objetivos que en la misma se planteen. Y es que estamos convencidos de que nuestro personal ha de ser el principal valor de nuestra Administración. En consecuencia, proponemos medidas que nos permitan, por un lado, dar respuesta a lo que demanda la ciudadanía de sus administraciones y lo que espera del personal público que le atiende, pero también a la propia percepción de este sobre los elementos de mejora, como es el asunto que ahora tratamos.

Llegados a este punto, me resulta indispensable enlazar con lo que señalé sobre la dirección por objetivos, ese sistema de toma de decisiones en el que la rendición de cuentas es un pilar fundamental. Entre las actuaciones que hemos barajado en la propuesta estratégica sobre la gestión del empleo público, hemos incluido formación relacionada con los objetivos estratégicos, es decir, la dirección por objetivos, conscientes como somos de que la finalidad de la capacitación es mejorar los perfiles de las personas para adecuarlas a las características de los puestos que desempeñan o vayan a desempeñar.

Y al margen de todo esto el Gobierno empezó a trabajar en la apertura de la agenda de las personas que ocupan altos cargos desde el último trimestre del año 2018. Abarca ahora a los integrantes del Ejecutivo autonómico, esto es, quienes ocupan la presidencia y los titulares de las consejerías. Ya empezamos a tener a muchos de los consejeros y consejeras con la agenda transparente, la agenda abierta, y los que nos quedan pendientes no es por un problema de ellos sino por los problemas, efectivamente, desde el punto de vista informático, de que suban toda la información adecuadamente al sistema de la agenda abierta. No obstante, el presidente y el consejero de la Presidencia ya tienen garantizado que se ve la agenda semanalmente, a una semana vista, de dónde van a estar y con quiénes se van a reunir y qué van a hacer.

Nuestra estrategia, que sí incluía esta posibilidad y, por lo tanto, como digo, la hemos puesto en marcha... Y conviene recordar que estas agendas son accesibles a través de la nueva presentación del organigrama del portal del Gobierno Abierto, cuyo diseño facilita la obtención, de una manera más intuitiva y completa, de la información relativa a las personas que ocupan altos cargos.

Y al margen de la estrategia también vale la pena recordar que, en el marco de nuestra política de tolerancia cero a la corrupción, nos hemos dirigido al Consejo General del Poder Judicial para solicitarle también un tratamiento distinto de las estadísticas, de tal forma que se sepa... -o la idea que nosotros le hemos planteado y creo que hay una posibilidad de que sea bien acogida-, con el objetivo de que cualquiera pueda conocer cuántos funcionarios, cuántos políticos o ciudadanos y a qué administración pertenecen, si es de ámbito estatal, autonómico, local, para reflejar esos datos de forma separada, de tal forma que, cuando la ciudadanía pregunte por estos casos, sepa en qué administración y a qué tipo de personas se puede estar dirigiendo, si son políticos, si son funcionarios o si son ciudadanos que han tenido relación con la administración, que también pueden ser acusados por la vía judicial.

En definitiva, contamos con esa potente batería de actuaciones en la que venimos trabajando desde el inicio de la legislatura y que desde luego hemos potenciado en los últimos años para que el buen gobierno se imponga desde nuestra Administración.

Voy a terminar diciéndole dos cosas. La idea de la estrategia, y por eso la hemos trabajado y la queremos seguir trabajando dentro de la Administración con verdadera potencia...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): ... sea una estrategia que cualquier Gobierno que venga posteriormente la pueda enriquecer o la pueda mejorar, pero que todo el mundo sepa que tenemos una línea de trabajo que es válida, que no venga cualquier gobernante dentro de escasos meses y que cambie completamente el libro. Estamos consiguiendo que eso pueda ser así.

La estrategia es abierta, de tal forma que se pueda articular, pero yo creo que esa es la función que estamos intentando conseguir con los empleados públicos. Después le contestaré también a alguna cuestión que me ha hecho concreta sobre el tema del empleo público, sobre lo que hemos hecho, aunque eso sí que ha sido objeto de comparecencia en este Parlamento, sobre cómo está la oferta de empleo público. Y sí, efectivamente, estamos creando esas unidades de transparencia y ya hay tres consejerías, en la modificación de sus RPT, que ya la han incorporado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Turno ahora para la réplica. El Grupo Podemos, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Señor consejero, que usted me compare con el señor Baltar en cuanto a que yo tengo un interés particular en la mejora de los servicios públicos, que es por el interés del bien de toda la ciudadanía, bueno, en fin, le dejo ahí el hecho de su comparación.

Cuando usted dice que los recursos humanos deben ser o han de ser el principal baluarte de la Administración pública, yo le digo que no es que hayan de ser, es que lo son. Otra cosa es en qué situación estén, pero es que lo son, porque son los valedores de los servicios públicos. Por lo tanto, ese es el mayor baluarte que tiene una Administración.

Y yo me quiero referir a cosas que no quiero, en este poco tiempo que me queda, porque quería preguntarle varias cosas.

Sobre todo hablamos también de la idoneidad de las personas que ocupan los cargos públicos cuando hablamos de buen gobierno y, por ejemplo, me gustaría que usted me explicara si la secretaria general técnica de la consejería de servicios sociales, de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, cumple con los requisitos que exige el nombramiento de secretaria general técnica, que lo pedimos por escrito, nos contesta la propia secretaría general técnica y nos dice que ella está nombrada, pero no nos dice si cumple o no los requisitos, cosa de la que tenemos duda y, si no lo sabe, le rogamos que nos pregunte y que lo diga.

Por otro lado, queremos hablar del sector público. Otro conflicto que tenemos ahora mismo activo, el de Grecasa, y con esto me quiero detener, porque el personal que presta servicios en Grecasa no es que preste una actividad temporal, es una actividad permanente, que es la recaudación, precisamente, de todos los tributos, los tributos cedidos y todos los tributos del IGIC que tiene el Gobierno de Canarias, que son los que al final son nuestros ingresos dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma canaria. Y cuando nosotros vemos que al final se tiene personal haciendo funciones estructurales dentro de la Administración, con unos convenios distintos a los que tiene el personal propio, cuando se crea la Agencia Tributaria Canaria y no se intenta integrar a todo el personal para que, dentro de la Agencia Tributaria Canaria, se lleven los tributos, sinceramente, nosotros cuestionamos qué sentido tiene que haya empresas instrumentales para hacer funciones estructurales del Gobierno y que deben estar integradas dentro del Gobierno. Pero es que además, cuando hay falta de personal en Grecasa, se hacen contrataciones a través de las ETT. Gente precarizada para hacer el trabajo en peores condiciones aún que el propio personal de Grecasa, que tiene peores condiciones aún que el propio personal laboral, que no funcionario, personal laboral, del Gobierno de Canarias. Esto, señor consejero, no hay quien lo entienda.

Y con esto me refiero a otras empresas y, por ejemplo, le pongo el ejemplo de ayer, hablábamos aquí de los sistemas eléctricos, de los cuatro mil expedientes que tenemos en los sistemas eléctricos. Y el señor Ortega -otro señor que viene de la empresa privada- me decía que es que, cuando yo le comentaba que el ITC estaba contratando, con un contrato en prácticas de seis meses... -y a mí me gustaría que usted viera la oferta que se le hace, de la exigencia en experiencia y conocimientos, y es en prácticas, un contrato en prácticas, que se supone que es para aprender-. Bien, pues, todo lo que se le exige por seis meses, un contrato en prácticas, para resolver, en unas encomiendas, las reclamaciones eléctricas; es decir, funciones que tiene que realizar la propia Administración precarizando a través de las empresas públicas, empresas instrumentales. Señor consejero, en esto hay algo que revisar dentro del sector público. ¿Qué quiere el Gobierno de Canarias?, ¿externalizar? Y cuando el señor Ortega me lo justificaba y me decía, "bueno, es que yo estoy defendiendo...", claro, él está actuando como actuaría dentro de la empresa privada, pero estamos en la Administración pública, señor consejero, estamos en la Administración pública, y lo que no podemos nosotros es precarizar el trabajo de los empleados públicos y las funciones que correspondan a la Administración. Y mientras usted crea esas macroestructuras, con unos sueldos importantes, lo que nos vemos es que, después, en los servicios esenciales que requiere la ciudadanía no hay personal, no se contrata el personal, y si quiere me refiero a dependencia, si quiere me refiero al Servicio Canario de Salud y si quiere me refiero a todos los problemas que tenemos en esta comunidad.

Me queda muy poco tiempo y quería hacerle muchas más preguntas. Una de ellas también tiene que ver con las denuncias sobre el mal gobierno, sobre la mala gestión, sobre la falta de ética que puede haber en los altos cargos, y por ello creemos importantísimo -ya se ha hablado aquí- crear un organismo para que se pudieran denunciar, pero hasta que eso se cree sí creo que el Gobierno de Canarias, si tiene voluntad política, puede hacer que sí tengamos un mayor cumplimiento de esos códigos éticos y que, por tanto, haya una defensa del que denuncia, que en muchos casos pueden ser hasta los propios empleados públicos, que son los que conocen cómo se realiza la gestión, también desde luego el personal que tiene relación con la Administración pública; para que sea capaz de que esas malas praxis que se detectan vayan a un organismo que sea capaz de evaluar y estudiar si realmente existen esas malas praxis, defendiendo a quienes denuncian esas malas o esas irregularidades dentro del comportamiento de la Administración. Y creo que eso, al margen de que pudiera ser, que fue una de las enmiendas que nosotros presentamos dentro de lo que es el proyecto del estatuto de buen gobierno, creemos que si hay voluntad política sí lo puede llevar a cabo el Gobierno de forma directa.

Y, por otro lado, también hablar de que entendemos que también los grupos de presión, los grupos de interés que presionan, dentro de la legislación, dentro de las actuaciones del Gobierno, deben estar regulados. Ya se presentó una PNL, que fue aprobada, para regular esos grupos de interés y creemos que es indispensable que eso se haga y queremos también...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno ahora para contestar a la réplica. El Gobierno, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias.

Sí, señora diputada, la comparo, porque yo cuando usted me viene a hablar de algún asunto siempre creo que usted es imparcial y que está intentando conseguir lo mejor. Ahora, ¿qué es eso de que el que sea autónomo, el que sea taxista, el que esté empleado, el que esté de alto directivo en una empresa privada es una especie de casta que no puede acceder a lo público? Y usted sí, ¿por qué?, ¿porque es funcionaria?, ¿porque se lo puede permitir? ¿A quién le vamos a dedicar esto? Es decir, ¿son esas las únicas personas que pueden hacerlo? Dígame, porque todo lo que parece que es privado y toca lo público ya viene infectado, el prejuicio; en cambio, usted no, usted viene de los funcionarios y a usted hay que presuponerle todo lo positivo. Dígame: ¿esta es la sociedad que ustedes plantean?, ¿este es el tipo de buen gobierno que ustedes quieren? Usted se lo puede permitir y el resto no, el resto ya viene con el sello, "usted viene aquí a medrar"; en cambio, si es funcionario público, usted es una gran persona, que viene solo a defender lo público. Pues no compartimos esa idea de la sociedad que ustedes tienen. Yo prejuzgo que todas las personas que se sientan en un cargo público vienen a desempeñarlo, ya sea en un ayuntamiento, en un cabildo, en el Gobierno de España o aquí, a hacerlo lo mejor posible y por el bien y el interés general, incluidas todas sus señorías, todas las que están sentadas aquí, incluidas todas las de Podemos.

Me ha hecho varias preguntas que tienen que ver con personal, pero usted se calla también un dato importante. Habla de unos datos sobre el empleo público. Ya le hemos explicado en más de una comparecencia, señoría -y usted lo conoce perfectamente, me consta que lo conoce perfectamente-, que hemos tenido problemas para hacer la oferta pública de empleo durante muchísimos años y que ha sido ahora cuando empiezan a ver la luz, y todavía con dolor, todavía no estamos a pleno rendimiento para sacar todas esas ofertas. Y que las listas de reserva que existían están prácticamente agotadas y que además en ese tiempo han coincidido también las bajas, que tienen que ver con que la gente se retira del empleo público porque cumple su edad y no hemos tenido posibilidades de reemplazarla. Y sabe usted que, por ejemplo, en uno de los temas que comentó de Industria, las listas estaban agotadas y hemos tenido que recurrir a la lista de reserva del Servicio Canario de la Salud para atender algunas de esas posibilidades. Y no me diga que lo podemos sacar del Servicio Canario de Empleo, sabe usted que no lo podemos hacer, que tienen que crearse esas listas de reserva, porque si esas 2000 plazas se pudieran sacar del Servicio Canario de Empleo ya estarían cubiertas, pero el empleo público no funciona así y ha habido todo ese tiempo en el que no hemos podido actuar. De hecho, señoría -y aquí hay alguna presidenta del cabildo que hace ahora en nombre de la Fecai-, estamos intentando firmar convenios, porque el mismo problema tienen las corporaciones locales, con los cabildos, para poder beneficiarnos mutuamente de las listas de reserva que existan en la comunidad autónoma en los cabildos, y estamos intentando las dos primeras experiencias con el Cabildo de Gran Canaria y con el Cabildo de El Hierro. Pero el Cabildo de Fuerteventura también nos ha propuesto firmarlo ya, para intentar sacar esos funcionarios para poder contratarlos, porque no están en sus listas de reserva. Y ese es uno de los problemas que tenemos que resolver.

Y, señoría, dar solamente el dato como diciendo "es que no los contratas, tienes 2000 plazas ahí y no contratas a la gente, porque no quieres contratarla, porque estás precarizando el empleo público", sabe usted, señoría, que no es así. Y, por lo tanto, hay que recordarlo aquí también, que existe esa otra cara de la moneda y que no la resuelve ni aunque usted fuera la directora de la función pública de la comunidad autónoma, porque se encontraría con los mismos problemas y las soluciones sabe usted que no están tan fáciles. Igualdad, mérito y capacidad, y eso hay que pasarlo para entrar a formar parte del empleo público.

Me ha comentado usted el tema de Grecasa. Ya ha informado la consejera en alguna ocasión y es posible que se empiece a llegar a acuerdos. Como todo conflicto, siempre se espera que después de poner los puntos sobre la mesa se intente llegar a acuerdos.

Y sobre el tema de los altos cargos. Hay una propuesta aquí, pero sabe usted que la Dirección General de Modernización tiene todos los mecanismos que existen ahora mismo, tanto dentro de la estrategia como los que existían anteriormente en la ley, para actuar, si hay alguna denuncia, sobre algún alto cargo de la comunidad autónoma...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más y concluya, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): ... no por la vía judicial, entiendo que está planteando usted un tema por la vía administrativa, y, por lo tanto, existe. De hecho, hemos tenido un viceconsejero reciente, que han existido las denuncias, y se ha arbitrado el correspondiente expediente para averiguar todos los datos y se dará a conocer desde que esté culminado.

Muchas gracias.

(La señora Monzón Navarro solicita la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Nos quedan, para seguir sustanciando el orden del día, señorías, las dos comparecencias...

¡Ah!, dígame, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO (Desde su escaño): Si me permite un minuto por inexactitudes sobre comentarios que ha hecho sobre la honestidad de los cargos públicos o políticos, incluso diputados de esta Cámara.

La señora PRESIDENTA: Un minuto, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO (Desde su escaño): Muchas gracias.

Señor consejero, yo no he puesto en duda la integridad ni la honestidad de ningún cargo público ni de ningún miembro, ni diputado, ni ninguna institución en Canarias, lo que sí pongo en vereda es el interés particular, que no es el que ostenta esta persona. Que podría ser funcionaria como podría venir de cualquier otra parte de la Administración, trabajadora autónoma, como usted decía, o de cualquier otro tipo de trabajo. Es en la defensa del interés general o el interés particular. Cuando nombraba al señor Baltar y le decía que él, por su inactividad, no está teniendo en cuenta los conciertos que hay sanitarios, eso es una realidad y son hechos. Que tenga que ver de dónde viene, pues, probablemente, señor consejero. Eso es lo que pongo en duda, no la honestidad de todo el mundo, y eso es algo que debería mirarse.

Y, después, cuando usted dice que externaliza, a mí me gustaría que volviera a ver el contrato. ¿Usted justifica que se haga un contrato en prácticas de seis meses para hacer servicios que son potestativos de la Administración pública, como es por ejemplo las reclamaciones eléctricas?, ¿usted lo justifica? Porque es verdad que tenemos tasa de reposición que nos han enviado, pero también hemos tenido sectores prioritarios en los que hemos podido contratar interinos. No hemos tenido listas porque no ha habido previsión...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón, se acabó su tiempo.

Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera) (Desde su escaño): Señoría, ¿no ha habido previsión?, ¡si usted ha estado en la otra parte de la negociación durante años! ¿Cómo que no ha habido previsión?, usted sabe las tasas de reposición cómo estaban condicionadas. ¿De qué me está hablando, de qué me está hablando, señoría?, ¿de cosas que usted sabe y ahora quiere ponerse una capa distinta porque está sentada ahí, en el Grupo Parlamentario de Podemos?

Y sobre el tema del señor consejero de Sanidad, usted le puede hacer todas las críticas que quiera al señor consejero de Sanidad, a mí y -faltaría más- a cualquier miembro del Gobierno, porque para eso estamos en el Parlamento; lo que no comparto, no comparto con usted es que ustedes piensen que cualquier persona que venga del sector privado, simplemente por venir del sector privado, ya están con el sambenito, mientras que si viene del sector público, para ustedes es un santo. Y eso no lo comparto ahora y no lo compartiré nunca.

Y sobre el contrato, no voy a contestarle a una cosa que no conozco; cuando la conozca, me podrá preguntar.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Como les decía, señorías, vamos a continuar con el orden del día.