Diario de Sesiones 157/2019, de fecha 13/3/2019
Punto 2

9L/PPL-0037 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), DE RENTA DE CIUDADANÍA COMO GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS.

La señora PRESIDENTA: Como habíamos acordado ayer, reiniciaríamos la sesión en la mañana de hoy con los debates de toma en consideración de las iniciativas legislativas... Esperen un momento. (Pausa). Un momento porque en el guión no lo tengo como que son acumuladas sino que tienen su propio debate, cada una de las iniciativas, porque son distintas, ¿bien?, y eso es lo que ahora mismo estamos viendo. Disculpen. (Pausa).

Vamos a ver, señorías, en principio, tal cual está, están como no acumuladas porque son iniciativas legislativas distintas. Es verdad que tienen una temática bastante similar. Podría ser, si el pleno lo acuerda en su totalidad, acumularlas a la hora de las intervenciones, cada uno que defienda la suya, y después votación separada. ¿Estamos de acuerdo en esa consideración? (Asentimiento). Bien. Entonces, comoquiera que había siete minutos, ¿les parece que a los grupos proponentes les demos diez, a los grupos proponentes de las iniciativas, diez y al resto, siete?, ¿puede ser? (Comentarios desde los escaños) ¿Todos, diez? Todos, diez. ¿Están de acuerdo...? No. (Rumores en la sala).

Vamos a ver, vamos a empezar y yo seré generosa con los tiempos de los proponentes, no seré generosa con los tiempos de los no proponentes. ¿De acuerdo? Diez minutos para todos pero seré generosa con los tiempos de los proponentes y no seré generosa con los tiempos de los no proponentes. ¿De acuerdo?, ¿les parece así? (Asentimiento). Bien.

Pues entonces empezamos con el Grupo Parlamentario Podemos para la defensa de la proposición de ley número 33.

Antes le pido al secretario primero de la Mesa que lea el criterio del Gobierno. Los leemos conjuntamente, de la PPL-33 y la PPL-37.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes, en Canarias, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno del día 14 de enero de 2019 figura, entre otros, el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

En su virtud el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta conjunta del presidente, de la consejera de Hacienda, del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, acuerda manifestar el criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Podemos, de la renta de la ciudadanía de Canarias -la PPL-33-, así como la disconformidad a la tramitación de la misma, por implicar un aumento de los créditos presupuestarios al determinar una ampliación del ámbito subjetivo, objetivo y temporal del alcance de la actual Prestación Canaria de Inserción, regulada en la Ley 1/2007, de 17 de enero, en los términos referidos en la iniciativa legislativa, lo que implicaría el consiguiente incremento de las dotaciones de crédito presupuestario, resultando incompatibles con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto fijados para esta comunidad autónoma, lo que pone en alto riesgo el dar cumplimiento a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La señora PRESIDENTA: (Sin micrófono)... como es la PPL-33, la portavoz, y cuando vaya a venir el portavoz de la PPL-37, leemos el acuerdo del Gobierno.

En cualquier caso, señoría, significarles que el secretario primero ha leído, literal, el acuerdo del Gobierno, pero saben ustedes que el criterio desfavorable a la tramitación no ha lugar, por cuanto ha sido, digamos, reconsiderado por la Mesa, oída la Junta de Portavoces. Por eso estamos tramitando aquí esta toma en consideración.

Adelante, señora portavoz, tiene diez minutos.

La señora SANTANA PERERA: Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Hoy probablemente estemos ante uno de los días más importantes de esta legislatura. Hoy tenemos la posibilidad de empezar a dar solución, de manera decidida y efectiva, a uno de los mayores problemas que tiene esta tierra, y es que el 40 % de su población está en riesgo de pobreza y exclusión social, que un 9 % de la misma se encuentra en situación de pobreza severa.

Hoy tenemos que tomar en consideración esta proposición de ley para que después, en la ponencia, podamos llegar a consensos y construir una herramienta que ponga a Canarias a la cabeza de los distintos barómetros e índices de bienestar social.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, ese que algunos han celebrado tanto, establece el derecho a una renta ciudadana, y lo hace en su artículo 24, en el que recoge, de igual manera, que los poderes públicos canarios han de erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social.

Permíteme que me detenga brevemente en esta cuestión que tienen el deber de cumplir los poderes públicos.

Lo que ha sucedido en la tramitación de nuestra proposición de ley evidencia cuál es el compromiso del poder ejecutivo, el Gobierno de Canarias, no solo en la lucha contra la pobreza y la exclusión de nuestro archipiélago, sino también en el cumplimiento del propio Estatuto de Autonomía. El veto del Gobierno de Canarias a la mera toma en consideración de la tramitación de esta propuesta legislativa nosotras entendemos que es un triple despropósito. En primer lugar, el poder ejecutivo no cumple con los deberes establecidos en el Estatuto de Autonomía y sigue en las viejas políticas asistencialistas para hacer frente a un problema que, sin lugar a dudas, ya se ha convertido en un problema estructural de la sociedad canaria. Datos como la tasa de pobreza severa, la pobreza infantil o los resultados de la última encuesta de las condiciones de vida en Canarias apuntan en la misma dirección.

Tenemos un problema grave en Canarias, incluso hemos dedicado un pleno de esta Cámara exclusivamente a hablar de la pobreza. La prestación canaria de inserción y sus constantes tiritas no ha solucionado este problema. Pero, además, lo triste de todo esto es que es la única solución que nos pone sobre la mesa este Gobierno de Canarias, este Ejecutivo.

En segundo lugar, el poder ejecutivo no solo incumple los deberes establecidos en el Estatuto de Autonomía sino que también quería impedir que el poder legislativo los cumpla. Con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, nuestro grupo parlamentario presentó este texto legislativo, que había sido debatido y trabajado con colectivos de la sociedad civil, para hacer un derecho efectivo que está reconocido en el artículo 24, como les decía antes. ¿Y qué pasó? Pues para nuestra sorpresa el Gobierno de Canarias intenta vetarlo. Se ejercita lo que se denomina "un veto presupuestario", argumentando que la proposición tiene incidencia en los presupuestos generales autonómicos para el presente ejercicio. Este intento de veto es un intento de que no se debata en la Cámara un derecho proclamado en nuestro Estatuto. Es un intento de que el poder legislativo no legisle de conformidad con el nuevo Estatuto de Autonomía. Es un intento de que no se traigan a esta Cámara las vergüenzas de un Gobierno alejado de la realidad que afecta a una parte muy importante de nuestra población.

En tercer lugar, y tercer despropósito, como les contaba, la fundamentación errónea del intento de veto con relación a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Podemos. Como indica el propio informe de los servicios jurídicos de la Cámara, el veto presupuestario no se fundamenta correctamente, porque no existe, no existe, no la hay, incidencia en los presupuestos generales autonómicos en curso, y aunque pueda parecer una cuestión meramente anecdótica no lo es.

Solo se me ocurren dos explicaciones por las cuales este Gobierno de Canarias haya querido vetar nuestra proposición de ley: o bien que el Gobierno no leyó el texto, por lo tanto, esto demuestra o evidenciaría el rigor y el respeto que tiene el Ejecutivo por el trabajo que emana de los grupos parlamentarios de esta Cámara; o bien, habiendo leído el texto y comprobando que no podía fundamentarse el veto presupuestario, decidió ejercitarlo igualmente. ¿Para qué?, para dilatar la tramitación de la proposición de ley y con ello entorpecer el trabajo de la Cámara. Y en cualquiera de estos dos supuestos, en cualquiera de estos dos escenarios, se alcanza la misma conclusión: que el Gobierno de Canarias muestra poco respecto por el trabajo de los diputados y diputadas de esta Cámara.

La propuesta que presenta nuestro grupo parlamentario viene a superar esta política asistencialista del Gobierno. Supone ir más allá de la prestación canaria de inserción. La actual prestación canaria de inserción, nacida en el año 2007, se ha mostrado como un instrumento completamente insuficiente, en el modelo, en el diseño y en la gestión, para dar solución a los problemas reales de Canarias. La renta ciudadana se configura como un derecho económico de carácter periódico y dirigido a atender situaciones de vulnerabilidad económica y sufragar los gastos básicos de personas, familias o núcleos de convivencia que se encuentren en una situación de pobreza y exclusión en Canarias.

A diferencia de la PCI, la renta ciudadana se caracteriza por un derecho subjetivo con carácter subsidiario con respecto a otras prestaciones, prestaciones económicas que podrían ser complementadas con la misma, siempre que tengan un menor importe. Por ello, en una primera fase de integración, que viene a ser de uno a dos años, la renta de la ciudadanía, se invertiría en cerca de noventa mil personas, más de cuarenta mil núcleos familiares, e incluiría las pensiones más bajas. Actualmente los núcleos familiares que están siendo beneficiados por la PCI son 16 000. Imagínense, sería ampliar muchísimo el campo de personas a las que podemos ayudar, de 16 000 a 90 000.

Nuestra propuesta, la de renta ciudadana, se configura en tres modalidades bien diferenciadas. Una, la renta de ciudadanía para la inclusión; dos, la renta de la ciudadanía para pensionistas y protección social; y, tres, la renta de ciudadanía complementaria a los ingresos del trabajo. Otra diferencia destacable que presenta nuestra propuesta con respecto a la prestación canaria de inserción es la cuantía: en lugar de tomar como índice de referencia o indicador de referencia el Iprem, nuestra propuesta toma como referencia el salario mínimo interprofesional.

La cuantía mensual de la PCI para una unidad de convivencia unipersonal para el año 2018 era de 478,77 euros, mientras que la cuantía mensual que propone nuestra renta de la ciudadanía, en cualquiera de sus modalidades, para un núcleo de convivencia unipersonal, en el año 2019, sería de 720 euros, lo que viene a suponer un 80 % del salario mínimo interprofesional.

Otra novedad importante de nuestra propuesta es la duración de la prestación económica. El derecho de la renta de la ciudadanía se reconoce mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social. La prestación canaria de inserción se concede con carácter general por un año y luego es posible la renovación hasta un plazo de dos años. Las situaciones de pobreza y exclusión social, como fenómeno estructural, no pueden arreglarse en un año o dos como máximo. Es más, puede tratarse de situaciones de naturaleza no temporal, como es el caso de los pensionistas, o que, siendo temporales, se repitan constantemente, como es el caso del sector agrícola de Canarias, con salarios por debajo del mínimo interprofesional y, además, periodos de cotización insuficientes para acceder a la prestación de desempleo.

En este sentido, entendemos que el único límite que puede plantearse al derecho de esta prestación económica, de este tipo, no puede ser un límite temporal sino que tiene que venir determinado por la desaparición de las circunstancias en las que se encuentra la persona en riesgo de pobreza o exclusión social.

Si me deja, presidenta un minuto...

La señora PRESIDENTA: Sí, pero tengo que esperar que...

La señora SANTANA PERERA: Dos minutos más... (Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Dos -señorías, silencio, por favor-, dos minutos más, señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, presidenta.

La financiación de la renta de la ciudadanía se vincula íntegramente al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, estableciéndose la obligación legal de irla incrementando progresivamente, de irla incrementando, esta partida presupuestaria, para financiar la renta de ciudadanía, con el objetivo de lograr que poco a poco sigan ampliándose esas coberturas posibles para las familias canarias, que puedan acogerse a la misma. Para la primera fase nosotros estamos estimando una inversión superior a doscientos millones de euros. Voy a volver a comparar con la prestación canaria de inserción: ahora mismo se están destinando 60 millones de euros, otra vez más, 60 millones de euros, frente a 200 millones de euros de la renta ciudadana que propone Podemos.

En definitiva, creemos que esta propuesta puede resultar muy beneficiosa para muchas personas de nuestra tierra que se encuentran en esa situación tan difícil por la que están atravesando, en vulnerabilidad, en riesgo de pobreza y exclusión social, una propuesta para hacer efectivo el derecho proclamado en la carta magna de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es nuestro Estatuto de Autonomía. Pero, visto lo visto y los vetos que intentaron hacer por parte del Ejecutivo, también somos conscientes de que el partido que sustenta al Gobierno probablemente no nos va a permitir que esta propuesta salga adelante.

La realidad, señorías, es que tenemos un problema muy grave de pobreza en estas islas y también tenemos un problema muy grave con el Gobierno que tenemos. Probablemente hay una solución a corto plazo, el 26 de mayo, y es acabar con el Gobierno que tenemos. Yo les aseguro que en la próxima legislatura, si llegamos al Gobierno, la primera ley que saldrá adelante será la ley de renta ciudadana.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.

Solicito ahora al secretario primero que lea el criterio del Gobierno respecto a la proposición de ley 37.

Señor secretario.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 11 de marzo de 2019 se acuerda...

Y en su virtud, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta conjunta del presidente, la consejera de Hacienda, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, acuerda manifestar el criterio desfavorable a la toma de consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, de renta de ciudadanía como garantía de ingresos mínimos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario primero.

Para la defensa de esta proposición de ley, el grupo parlamentario... (el señor Pérez Hernández solicita la palabra).

Dígame. No, interviene ahora la defensa de la proposición de ley 37. ¿Me quiere decir algo, señor Pérez?

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Sí, sí, presidenta.

Es que la proponente, la persona que lo va a llevar, tuvo un accidente a la entrada de Santa Cruz, acaba de aparcar el coche y tarda unos minutos en incorporarse al pleno.

La señora PRESIDENTA: Quedan todavía doce, por lo menos diez más dos, está bien que usted lo advierta pero queda ahora la defensa de la PPL-37 y después empezará el Grupo Mixto, o sea, que creo que tendrá tiempo suficiente para hacerlo.

El Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señor Campos.

Señorías, por favor, pido silencio, que hay un murmullo insistente.

Cuando quiera, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.

En primer lugar, hay que dejar claro que hoy estamos aquí debatiendo sobre esta proposición de ley de renta de ciudadanía a pesar del Gobierno de Canarias. Y creo que ese elemento es fundamental colocarlo porque, con independencia de que no se compartan determinados criterios, con independencia de que pueda tener afecciones sobre el presupuesto, como el 95 % de las leyes, que tienen de una forma u otra afecciones sobre el presupuesto, el que se intente impedir el debate sobre una herramienta tan importante, que empieza a consolidarse en muchos países y en la mayoría de los territorios del resto de España, nos ha parecido, como poco, poco elegante, por no calificarlo de otra manera.

Y estamos hablando de una herramienta fundamental para combatir la pobreza, probablemente la herramienta más avanzada. Más allá, obviamente -y nosotros somos unos firmes defensores-, de que la pobreza no se combate exclusivamente con rentas para aquellos que no tienen ingresos. La pobreza se combate de otra manera, a través de políticas públicas muy potentes, políticas muy potentes en materia de educación, de sanidad, de políticas sociales, de la dependencia, en todos los ámbitos de la cultura, por supuesto en materia de vivienda, pero evidentemente, a pesar de todo eso, de todas esas garantías, de trabajar para que consiga empleo cada una de las personas que viven en nuestra tierra, siempre habrá casuística, siempre habrá personas que no tienen los ingresos suficientes para tener condiciones de vida, no importantes, hablo de condiciones de vida dignas para poder vivir con esa dignidad que cualquiera de nosotros queremos para nosotros mismos y para nuestra familia. Es, por tanto, una herramienta fundamental.

Y Nueva Canarias tiene la absoluta legitimidad de plantearla, no como una ocurrencia porque ahora se aprobó el Estatuto de Autonomía, como alguno ha pretendido plantear en algún momento, Nueva Canarias viene ya, desde la legislatura pasada, defendiendo la lucha contra la pobreza como una de sus banderas fundamentales, quizás la más importante, a lo largo de estos últimos años, en este Parlamento. Fuimos quienes exigimos en la legislatura pasada la puesta en marcha de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por cierto también, el Gobierno de Canarias fue el que dijo que no y a partir de ahí tuvo que dar marcha atrás con posterioridad por nuestra insistencia, porque mediáticamente, así también hubo una presión importante y de muchísimos colectivos para aprobar unos meses después un plan de lucha contra la pobreza y exclusión, por cierto, bastante más limitado que el que nosotros planteábamos.

Nosotros, en los años 2017 y 2018, en los presupuestos generales del Estado, donde fuimos decisivos para su aprobación, fuimos capaces de conseguir 11 millones de euros en el 2017 destinados exclusivamente, y de manera directa, a la lucha contra la pobreza y en el presupuesto del 2018, 30 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza. Por tanto, no es ninguna ocurrencia, está siempre presente en aquellos ámbitos donde somos capaces de influir.

Y además, estos recursos, fuimos capaces, porque fue una enmienda de Nueva Canarias también, de incluirlo en el Régimen Económico y Fiscal y, por tanto, de ahora para siempre Canarias, mientras tenga unos niveles de pobreza superiores a la media del Estado, el Gobierno estatal tendrá que consignar partidas destinadas a la lucha contra la pobreza.

Nueva Canarias incluyó, en las enmiendas a la totalidad a los presupuestos canarios en el 2016, 2017, 2018 y 2019, precisamente esta renta básica que ahora llamamos de ciudadanía, y explicaré por qué. Planteábamos qué queríamos alcanzar y decíamos además de dónde saldrían los recursos. Por supuesto, rechazada.

Presentábamos esta proposición de ley hace algún tiempo, pero también en la Ley de Servicios Sociales planteábamos dos enmiendas en ese sentido.

Lo que quiero decir con todo esto es que Nueva Canarias lleva trabajando de manera intensa para que se ponga en marcha una herramienta fundamental, la renta de ciudadanía. Y la llamamos ahora renta de ciudadanía porque es así como viene establecido, y no nos gusta el nombre, pero es como viene establecido en el actual Estatuto de Autonomía de Canarias, recientemente aprobado. Y decidimos cambiarles a ver si algunos, que nos tildaban absolutamente de todo, desde populistas hacia arriba, eran capaces de entender que aquello que nosotros veníamos proponiendo desde hacía mucho tiempo y que otros territorios también ya tenían aparecía ya en nuestro Estatuto de Autonomía. Parece que empezaron a entenderlo porque justo pocos días después de presentar nuestra proposición de ley empezamos a escuchar aquello de renta canaria de inclusión. Con lo que estamos de acuerdo, empezaremos a trabajar y ya veremos si somos capaces de avanzar en ese sentido. Porque la mesa de concertación llegó a determinados acuerdos mucho antes y no se llamó nunca renta canaria de inclusión, se seguía hablando de mejoras en la prestación canaria de inserción, y hablaré con posterioridad de esto.

¿Qué es la renta de ciudadanía que Nueva Canarias plantea? En el artículo 1 lo deja bien claro: "La presente ley tiene por objeto articular un sistema de protección social a través de una renta de ciudadanía que permita a quienes carezcan de un determinado umbral de recursos económicos acceder a unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas y el conjunto de instrumentos y medidas para poderles garantizar el ejercicio de los derechos como personas y, de esta manera, prevenir el riesgo de exclusión social o laboral, facilitando su inclusión". Porque es otro de los elementos fundamentales que nosotros planteamos en nuestra renta de ciudadanía: aquellos que están en edad de inserción laboral tendrán que asumir un compromiso. No se trata solo de darles una renta para dignificar sus condiciones de vida, se trata de que también ellos sean capaces, correspondiendo al esfuerzo que el conjunto de la sociedad hace a través de sus políticas, de sus medidas fiscales, sean capaces también de comprometerse a revertir su situación.

Pero ese compromiso que tendrán que cumplir siempre irá después de uno fundamental, y es el derecho, la garantía que tienen como seres humanos a vivir con dignidad. Es un derecho subjetivo de la ciudadanía a partir de la aprobación de esta ley, si sale adelante, derecho subjetivo como la sanidad, la educación o como ahora van a ser los servicios sociales o como ya es la dependencia.

Está dirigido a las unidades de convivencia y el alcance fundamental es que esas unidades de convivencia no lleguen a determinados ingresos. El umbral de renta, el umbral de ingresos que van a tener esas familias es el elemento nuclear, como comentaremos también con posterioridad.

Las modalidades que nosotros planteamos para esta renta básica de ciudadanía son dos: renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social, a aquellas personas que no tienen empleo, pero también a aquellas personas, pensionistas, que no volverán, obviamente, a tener empleo y que tienen ingresos inferiores a los umbrales de renta que aquí definimos, y, por tanto, es fundamental dirigirse a este importante colectivo también. Y aplicamos también una renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo, porque, desgraciadamente, tras la crisis, en nuestro país, en nuestra tierra, ya hay una nueva modalidad de pobres, y son aquellos que incluso trabajando siguen siendo pobres y no llegan a determinados umbrales de renta. Se les complementará hasta el importe de la renta básica de ciudadanía, obviamente comprometiéndose, a través de distintos itinerarios de formación, a intentar mejorar esa situación laboral. Un compromiso también aplicamos, en esta ley desarrollamos los distintos instrumentos y herramientas para esos compromisos de inclusión social y laboral.

Y nosotros, cuando hablamos de esta ley, no decimos que va a surgir de cualquier lado, establecemos claramente las medidas fiscales, de dónde provendrían los ingresos. Ingresos que ayudarían, como digo, a estas familias de una manera fundamental. Primero, dirigiendo una renta que estará referenciada al Iprem, en este caso a las unidades de convivencia de una sola persona, el 90 % del Iprem, a catorce pagas, y estaríamos hablando de 563 euros, y progresivamente avanzando hasta, en función de los miembros de la unidad familiar, hasta llegar a 812 euros.

En definitiva, medidas que creo que son perfectamente asumibles, medidas que, a pesar de algunos comentarios que hemos escuchado por personas que pertenecen al Gobierno tachando de populista la ley, la proposición de ley que Nueva Canarias plantea... Cuestión que nos parece absolutamente lamentable, primero porque defiende lo que en mi discurso he planteado, la capacidad como sociedad de no permitir que en nuestra gente haya alguien que no tenga unos ingresos mínimos suficientes para vivir con dignidad. Pero, además, porque sería populista también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 establece el derecho a todas las personas a un nivel de vida adecuado que les asegure, a su familia, un cierto nivel de bienestar. Sería populista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del 7 de diciembre. Sería populista, por supuesto, la Constitución, que a través del título I y otros apartados establece claramente el derecho al pleno empleo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a las pensiones, al deporte, al ocio, a la calidad de vida y a la redistribución de la renta, entre otros, para alcanzar los niveles de vida adecuados. Sería tremendamente populista nuestro Estatuto de Autonomía recientemente aprobado, que en su artículo 24 establece el derecho de las personas a una renta de ciudadanía -sí, eso que estamos defendiendo hoy aquí- y obliga a los poderes públicos canarios a velar por erradicar los efectos de la pobreza. Sería tremendamente populista la mayoría de las comunidades autónomas, que ya han implantado o que van a implantar esta renta de ciudadanía a través de distintas formulaciones en el conjunto del Estado español. Es tremendamente populista, lo sabemos todos, los del País Vasco son tremendamente populistas, además radicales de izquierda, lo sabemos todos. Y ahora vendría la siguiente derivación del populismo: "claro, es que ustedes nombran al País Vasco sin tener en cuenta sus condiciones de vida". No, no, nosotros hemos adaptado nuestra renta de ciudadanía con ingresos...

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: ... con ingresos inferiores a los que se establecen en el País Vasco, porque somos conscientes, y con alcance incluso y prestaciones distintas, que son más expansivas en la renta de garantía de inserción del País Vasco, porque somos conscientes de nuestra situación. Pero, oiga, ¿saben qué pasa?, que el País Vasco no es nada populista en algunas cuestiones. El País Vasco no hizo el populismo que sí hizo este Gobierno a la hora prácticamente de erradicar el impuesto de sucesiones y donaciones y sigue manteniendo, por tanto, importantes niveles con recursos propios para poder implementar medidas fundamentales como esta. No es tan populista como para bajar el IGIC cuando en esta tierra seguimos teniendo el 40 % de pobreza y decimos que no hay recursos. No somos populistas cuando somos capaces de traer a esta tierra recursos al final con la extinción del IGTE y los destinamos a un Fdcan en lugar de a esto o a infraestructuras sociosanitarias o a implantar una política de viviendas potente para nuestra gente cuando se quedó sin ellas. ¡Eso sí es populismo y lo ha aplicado este Gobierno y no esta medida que es equiparable a la mayoría de las medidas que se están planteando en otros territorios.

Voy a ir terminando.

Esta es una ley, además, tremendamente responsable porque planteamos un periodo de implantación de varios años y además plantea una cuestión, señores: se trata de admitirla a trámite. Somos conscientes de que en esta legislatura no va a salir, pero sería un gesto importante para la ciudadanía, y, si no sale, que defenderemos que sí, les garantizo que en la próxima legislatura esta ley, esta proposición de ley, con la participación de todos, será una realidad para nuestra tierra.

Termino con lo que nosotros plateábamos en el preámbulo de esta ley que presentamos. La renta de ciudadanía canaria surge ante la convicción de que estamos en un tiempo distinto, que algunas de esas herramientas han jugado un papel importante hasta ahora, como la prestación canaria de inserción, pero que es el momento de dar un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de abordar esta situación. Con la creación de la renta ciudadana de Canarias se adopta una herramienta cuyo elemento nuclear es garantizar un ingreso mínimo a las unidades familiares. Es el momento de tomar la decisión de aspirar como sociedad a que ninguno de los nuestros no tenga el ingreso suficiente para vivir con dignidad.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Turno ahora para la fijación del resto de los grupos. Lo hacemos de menor a mayor. Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Adelanto que Agrupación Socialista Gomera votará en contra de la toma en consideración de ambas proposiciones de ley sobre la renta de ciudadanía, tanto de la renta de ciudadanía de Canarias que propone Podemos como de la renta de ciudadanía como garantía de ingresos mínimos que propone el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, pero voy a dejar claro o al menos voy a intentar dejar claro por qué vamos a votar en contra, porque no voy a permitir que se intente decir que Agrupación Socialista Gomera no está a favor de la renta de ciudadanía, porque como mínimo eso no es cierto. Y no es cierto por dos razones.

Primero, todos sabemos que, aunque votásemos a favor de la toma en consideración de estas leyes, nos encontramos a escasas semanas de que finalice la actividad parlamentaria. Por tanto, por una cuestión de tiempo ambos grupos saben que sería imposible sacar adelante esta ley, que a pesar de su tramitación por urgencia ambos saben que decaería a final de este mes. Porque, como todos sabemos, no es llegar y aprobar una ley, habría que esperar a la publicación del acuerdo que se tome hoy aquí, la petición del informe del Consejo Consultivo, la recepción de este informe, la apertura del plazo de enmiendas al texto, designar ponentes, abrir ponencia, realizar el informe de la misma, convocar comisión, emitir el oportuno dictamen y, por último, devolver la iniciativa al pleno para que esta se pueda aprobar. ¿Esto en dos semanas? Entonces ¿exactamente de qué estamos hablando? ¿Queremos tramitar algo sabiendo de antemano que no se podría llevar a cabo? Yo propongo que, si realmente quieren que esta ley prospere, se haga de forma coherente y se traiga en la próxima legislatura, como ya ha adelantado el proponente de Nueva Canarias que así lo va a hacer, y así el nuevo arco parlamentario decidirá sobre su tramitación. Me parece que votar algo a favor que sabemos que no va a prosperar es engañar a la ciudadanía.

Y la segunda razón por la que vamos a votar en contra es porque llevamos meses en la ponencia de la ley de servicios sociales. Todos los que conformamos esa ponencia sabemos que estamos haciendo prácticamente una ley nueva, donde, afortunadamente, nos estamos poniendo de acuerdo todos para aprobar artículos o disposiciones que van a ser fundamentales para el futuro de Canarias. Como, por ejemplo, existe una disposición adicional pactada por todos los grupos en la que se establece -y voy a leer textualmente-: por lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, el Gobierno de Canarias, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley, presentará en el Parlamento de Canarias un proyecto de ley con el objeto de regular una prestación económica que garantice un nivel mínimo de ingresos a las personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o riesgo de estarlo.

Por ejemplo, otro apartado consensuado por todos los grupos que conformamos esta Cámara, el de recibir una prestación económica, de percepción periódica, vinculada a la inclusión social, dirigida a las personas o unidades de convivencia sin ingresos o con umbrales de renta que se determinen y en situación de vulnerabilidad social, sea cual sea la causa, actuando como última red de protección social...

La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora Mendoza, que la interrumpa, por favor.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Señorías, nosotros votamos a favor del Estatuto de Canarias y, por ende, avalamos el derecho de los canarios a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes, pero unas leyes consensuadas y unas leyes que se puedan llevar a cabo.

Con esto lo que quiero transparentar es que a todos los grupos nos preocupa lo mismo, nos preocupan los colectivos más vulnerables, independientemente yo creo que de partidos e ideologías políticas, pero parece que con este tipo de actuaciones lo único que se intenta sacar hoy aquí es un titular diciendo que algunos, bueno, voy a hablar por mi formación política, intentando sacar un titular diciendo que ASG no está a favor de la renta de ciudadanía, y le adelanto que eso es falso.

También quiero decir que nos hemos leído ambas propuestas y tenemos que decir también que, si tuviésemos que decantarnos por una de las dos, evidentemente tomaríamos como documento base la aportada por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, pero, como sería un posicionamiento irreal por el momento de la legislatura en el que nos encontramos, nos vamos a reafirmar en el no a ambos documentos.

Mire, señorías, Agrupación Socialista Gomera no sabe jugar a este juego y tampoco tiene ningún interés en aprender a jugar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Popular, señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.

En primer lugar, también nosotros coincidimos con el Grupo Mixto por el momento procesal en el que estamos, estamos a veinte días prácticamente, no sé si será el día 30 o el día 1 de abril cuando dejemos ya esta legislatura. Por tanto, entendemos que el momento procesal... estamos en el tiempo de descuento.

Sí es verdad, y se lo decía yo antes al portavoz de Nueva Canarias, que de los dos textos, particularmente a mí, que los he podido examinar, me parece mucho más sensato y más realista el texto de Nueva Canarias. Pero, eso sí, hay que saber exactamente a cuántas personas va a llegar y cuál es la partida presupuestaria que hay que colocar.

Mire, nosotros tenemos muy claro que lo que dice el Estatuto de Autonomía de Canarias, el nuevo Estatuto, es que a las personas que estén en situación de exclusión social o en riesgo hay que darles, hay que ayudarles con una prestación económica. Ahí se pone renta de ciudadanía pero la renta es una prestación económica. Se ha querido yo creo que un poco aprovechar el término para decir "unos defienden más que otros a la gente que no tiene recursos", y no es verdad, yo creo que todos tenemos que defender a los canarios y precisamente a las personas que están en riesgo de exclusión social.

Pero, miren, nosotros apostamos, y lo saben porque lo he defendido en nombre de mi grupo, en la ley de servicios sociales hemos apostado, primero, por quitar el límite de los veinticuatro meses a la prestación canaria de inserción; y, en segundo lugar, nosotros apostamos por que llegue a todas las familias, a todos los perceptores, que sea necesario. Eso sí, nos hemos pasado esta legislatura, primero...; yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo lo recuerdo muy bien: la señora Hernández, cuando fue consejera, cuando entró de consejera del nuevo Gobierno de Canarias lo primero que se encontró es que no había partidas suficientes en la prestación canaria de inserción, hubo que hacer modificaciones presupuestarias para poder pagar las nóminas, porque no tenía. Y me acuerdo de que uno de sus anuncios estrella, desde el principio, fue "va a llegar a todas las familias con menores a su cargo". Estamos hablando del año 2015; pues estamos finalizando la legislatura y estamos exactamente igual.

La consejera, que además agradezco que se encuentre en el debate, me acuerdo de que en el mes de mayo del 2017 presentó el nuevo reglamento de la prestación canaria de inserción, además con una modificación de que va a llegar a nuevos perfiles. Bien, la realidad es que los datos, los datos, es que en el año 2018 no se ejecutó la partida al cien por cien de la prestación canaria de inserción. Esos son los datos que nos ha dado la ejecución del presupuesto y que en octubre -porque esta cifra me la he aprendido muy bien- solo llegó, en octubre del 2018, solamente llegó a 8000 perceptores. Entonces, claro, nos pasamos la vida diciendo "vamos a hacer, vamos a conseguir..."; no, no, yo creo que hay que hablar de la realidad. La realidad es que la prestación canaria de inserción ha sido un fracaso. Pero ha sido un fracaso, primero, porque no ha tenido la dotación suficiente, porque no ha llegado a todas las familias que lo necesitan y, sobre todo, también, porque la parte de inserción laboral que debe tener la prestación canaria de inserción no llega. La propia directora general de servicios sociales, yo creo que además en unas declaraciones que son valientes, porque, claro, decir que uno de cada cuatro perceptores de la PCI había conseguido empleo, pues, a mí me parece que eso demuestra el fracaso, además en un área que es Empleo y es también el área de Servicios Sociales.

Mire, yo me estuve mirando, porque me parece que es importante comparar lo que tenemos, que es la prestación canaria de inserción, la ley, con lo que queremos hacer ahora, y prácticamente, si la PCI, la ley... En el artículo 1 dice: "una ayuda económica básica cuya finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos materiales, se encuentren en situación de mayor desigualdad social respecto al promedio de la población canaria". Pero lo importante también es el apartado b) de la ley, que dice: apoyos a la integración social, laboral y escolar, mediante actividades de inserción dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad. El espíritu de la ley yo creo que está claro, la ley que se modificó luego, del 2007, se modificó también en el 2014, pero la realidad es que ha sido un puro fracaso. (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

El Gobierno de Canarias, en abril de este año, del año 2018, dijo que, bueno, que estaba modificando la PCI, que además estaba ya en acuerdos con la Mesa de Concertación Social. Firma el acuerdo con la Mesa de Concertación Social en octubre del 2018. Estamos en las fechas en que estamos, que es en marzo del 2019, y la PCI sigue exactamente igual que como empezó la legislatura. Por lo tanto, el Gobierno, si hubiese querido, hubiese podido modificar la ley en vigor de la prestación canaria de inserción precisamente para dotarla de más presupuesto, quitarle el límite temporal de los veinticuatro meses y no dejar a los ciudadanos que en ese momento tienen que acudir a los ayuntamientos a pedir auxilio. Esa es la realidad. O sea, pasas los veinticuatro meses, no tienes derecho a seguir con la prestación y, por lo tanto, tienes que ir al ayuntamiento.

Por lo tanto, señorías, nosotros estamos de acuerdo en la filosofía, que es que no podemos dejar a las personas que están en situación de pobreza y exclusión social sin recursos. Hemos defendido un plan para combatir la pobreza; nos vamos de aquí y no hay ningún plan para combatir la pobreza. Hay una estrategia que es un documento que el Gobierno siguiente seguramente modificará.

Y después algo en que nos parece que hay que ser muy serios. Hay que saber qué es lo que queremos y también a cuántas personas va a llegar y, por supuesto, cuál es el presupuesto, porque, claro, querían que llegara a 30 o 40 000, parece que son personas, no perceptores, que vamos a llegar en el año 2023 -he visto por ahí algunos anuncios- a 130 millones. Pero, señorías, ¿sabemos lo que tienen otras comunidades autónomas que tienen una renta garantizada como el País Vasco?: 500 millones de euros. O sea, vamos a ver, estuve comprobando antes los datos, porque lo estábamos hablando en el desayuno. Es que, claro, ayudan a casi doscientos mil jubilados porque tienen las pensiones mínimas. Claro, ¿aquí qué es lo que estamos haciendo? Es aprovechando el momento electoral en el que estamos, globos, decir cosas que luego ya después el Gobierno siguiente... ya se verá. Yo creo que este es un tema bastante serio y me parece que lo que hemos conseguido en el debate que tenemos en ponencia de la ley de servicios sociales, que creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en la disposición adicional que hemos pactado, tiene que ser la hoja de ruta después del fracaso de esta legislatura.

La disposición adicional, señorías, que hemos, todos los grupos... -y que además yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante, y además también tengo que resaltar la labor de la señora Luis como miembro del Gobierno-, lo que hemos dicho en la disposición adicional es que el Gobierno de Canarias, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley de servicios sociales, presentará en esta Cámara, ya será en la próxima legislatura, un proyecto de ley con el objeto de regular una prestación económica que garantice un nivel mínimo de ingresos a las personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o riesgo de estarlo. Esto es lo pactado y yo creo que esto es lo que tenemos que empezar a trabajar, quienes formen parte de esta Cámara a partir del 26 de mayo, y también los grupos parlamentarios y el Gobierno que salga de las urnas. Nosotros defendemos que la PCI tiene que ser una renta, una prestación económica, para ayudar a todos los canarios que se encuentren en situación de riesgo. Nosotros lo que no queremos es vender humo precisamente en estos momentos donde todos vamos a decir muchas ideas, pero las ideas se tienen que plasmar en la realidad.

Mire, yo estuve mirando, porque además me parece interesante, lo que ha hecho el País Vasco, que lleva desde el año 1989. Claro, lo primero que hizo fue un plan para erradicar la pobreza y la exclusión social y después de haber hecho el plan fue cuando estableció la renta de ingresos, se llama "renta de garantía de ingresos". Claro, llega a 60 000 perceptores, pero tiene algo muy bueno que yo creo que deberíamos copiar muy bien, que tiene una estrategia para combatir el desempleo, y lo que hace es que ayuda sobre todo a las personas que no tienen estudios suficientes a tener estudios, a tener formación, tienen políticas activas de empleo que además casan lo que es empleo con lo que es la renta de garantía de ingresos.

Creo que tenemos un trabajo importante por hacer en la próxima legislatura. Ahora aquí esto es un gesto de que... También los grupos proponentes, es verdad que el Gobierno ha puesto el veto, podían haberlo hecho desde el primer momento en que se constituye la legislatura y seguramente nos hubiera dado tiempo de pactar una ley que sea una prestación económica para ayudar a los canarios a salir de la pobreza y, sobre todo, lo que todo el mundo quiere es intentar tener la posibilidad de conseguir un empleo. En una renta que esté combinada con inserción laboral nosotros vamos a estar de acuerdo y por supuesto también a las personas que no tengan recursos suficientes y que ya tengan una pensión muy mínima habrá también que intentar completarla. Pero, eso sí, saber a cuántas personas va a llegar, cuántos millones de euros hay que colocar, porque estamos hablando de que algunas comunidades autónomas, que yo creo que podemos envidiar en el mejor sentido de la palabra, como puede ser la gestión en esta materia del País Vasco, destinan 500 millones de euros. Entonces tenemos que no engañar a los ciudadanos y sobre todo ser muy serios a la hora de generar falsas expectativas a los ciudadanos que peor lo están pasando.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Luzardo.

Turno del Grupo Socialista, señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Quiero empezar con la máxima de "querer es poder". No puede ser excusa que queden veinte días para no sacar adelante esta ley. Hay otras leyes que han querido, ha habido voluntad y en veinte días -el mismo tiempo- se han sacado. No las voy a enumerar, las leyes, porque en la mente de cada uno de nosotros y nosotras hay una de esas leyes que han salido en veinte días.

De paso, comienzo por el final: anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración de ambas leyes.

Y en este asunto yo creo que el Partido Socialista, mi partido, ha sido muy claro desde el minuto número uno en esta legislatura, y ha dicho lo siguiente: estamos ante un reto social muy importante en esta comunidad autónoma, el principal problema social que tiene Canarias es luchar contra la pobreza y la exclusión social. Y un problema de esta envergadura no requiere soluciones parciales o simplistas. No vale con decir que generando empleo se va a resolver la pobreza estructural, porque mentiríamos; ahí tenemos el 16 % de la población ocupada en una situación de pobreza, ahí tenemos cómo sigue creciendo el empleo y los porcentajes de pobreza siguen similares. Tampoco vale con dar respuestas asistenciales para resolver un problema estructural.

Por lo tanto, el Partido Socialista mantiene sus tres ejes para resolver este problema. El primero, políticas activas de empleo, empleo inclusivo, que tenga especial atención a colectivos vulnerables; segundo, garantía de ingresos mínimos que permita al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los hombres y mujeres de esta comunidad autónoma, garantizar sus necesidades básicas. Basta de mendigar, en la época peor de esta comunidad autónoma había hombres y mujeres de esta comunidad autónoma que estaban esperando hasta seis meses, seis meses, por una ayuda de emergencia social. Eso es vergonzoso. Hemos asistido en este periodo a cómo muchas mujeres y hombres con problemas de salud, dígase problemas de salud mental, no podían adquirir sus medicamentos por falta de recursos económicos, que hubiera resuelto perfectamente esta prestación económica continuada.

Por lo tanto, políticas activas de empleo; en segunda instancia, una renta de garantía de ingresos mínimos; y, en tercer lugar, sistemas públicos de calidad, de calidad: educación, sanidad, políticas sociales. Ponemos ejemplos en los tres, cómo empobrece que no sean sistemas públicos de calidad a nuestra población, y es eso lo que justifica nuestra pobreza estructural. En educación, no es universal la educación de 0 a 3 años. Eso empobrece a las familias porque no pueden conciliar vida familiar y laboral, porque cuando la quieren conciliar tienen que asumir unos precios elevados para el pago de las escuelas infantiles. Podíamos hablar también de educación, de cómo empobrece cuando no tienen el transporte garantizado, porque están en la etapa no obligatoria de 3 a 6 años y tienen que cubrir ese transporte de manera alternativa los padres o las madres; cómo la sanidad, la atención temprana, cómo los casos con enfermedades crónicas. Me sitúo en la isla de Tenerife, de la que soy diputada, del sur o el norte de la isla de Tenerife, cuando tienen que costearse ese transporte si no quieren estar todo el día en la zona metropolitana para recibir quimioterapia, rehabilitación o cualquier tipo de atención sanitaria, y cuando cubren el transporte de manera individual esa situación empobrece a las familias. Esa es nuestra realidad: por qué tenemos una pobreza estructural.

Por lo tanto, en esta comunidad autónoma donde hemos asistido a un Gobierno que frente a la pobreza y a la exclusión social no nos ofrece un plan específico para luchar contra esa lacra social, que tenemos a un Gobierno que ante el incremento de la tasa de pobreza dice que no es responsabilidad de él, que es responsabilidad del Partido Socialista por haber modificado el artículo 135 y que es responsabilidad del PP por haber hecho la reforma laboral... Pero hete ahí que, cuando disminuye la tasa de pobreza, sí se atribuye la responsabilidad el Gobierno, o sea, cuando sube no pero cuando disminuye sí es responsabilidad del Gobierno. Esa es una de las contradicciones que tendrá que explicar a la ciudadanía canaria. Nos encontramos con un presidente del Gobierno de Canarias que habla con resignación de que existe una pobreza estructural y que evidentemente a esa pobreza estructural le hace frente el Gobierno con empleo, que no hace falta aprobar ninguna prestación -le ha dicho en más de una ocasión al Grupo Parlamentario Podemos- porque eso es asistencialismo puro y duro, mientras asistimos a que en esta comunidad autónoma sigue creciendo el empleo, pero las tasas de pobreza siguen más o menos parecidas.

Cuando nos encontramos a un Gobierno nacionalista pero que mira para otro lado, a otra comunidad autónoma: que si Extremadura, que si Andalucía, que tienen estos porcentajes de pobreza. Pero, evidentemente, no se trata de Andalucía y de Extremadura, se trata de Canarias, cuál es la respuesta que estamos dando a los canarios y a las canarias para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Nos encontramos con una consejera de Políticas Sociales, una consejera de Políticas Sociales, que anuncia una mesa de concertación en octubre, que anuncia esa mesa de concertación, pero entre tanto anuncio y requeteanuncio no tiene tiempo para modificar la ley de la prestación canaria de inserción para hacer posible que todo eso que se había acordado en la mesa de concertación se hiciera realidad; y tampoco tuvo tiempo para emprender una acción del Gobierno y hacer una ley, la ley de renta de inclusión social.

Y ante la inacción del Gobierno han surgido estos dos proyectos de ley, esa es la realidad, y que estamos en el momento en que estamos y el Gobierno solo lo quiere ver en clave política. Por eso ha intentado taponar estos proyectos de ley, esa es la realidad, no porque los canarios y las canarias no necesiten esta prestación para tener condiciones de vida dignas.

Nos encontramos en estos momentos inmersos en varias acciones, entre ellas la subcomisión de la infancia, donde nos dibuja un panorama demoledor de cuál es nuestra realidad social y que hay que asumir el reto. Económicamente estamos ante algo que es viable, viable, y socialmente deseable, deseable que salga este proyecto de ley adelante, y porque considero, mi partido considera que estamos en disposición de garantizar a la ciudadanía canaria condiciones de vida dignas.

Decía Cicerón -y con ello quiero terminar- que a un buen Gobierno la pobreza le avergüenza y que a un mal Gobierno la riqueza le debe avergonzar.

Muchas gracias.

(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Cruz Oval.

(Rumores en la sala).

Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Luis.

Señorías, guarden silencio.

Señora Luis, cuando quiera.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Buenos días, señora consejera.

Señora Santana y señor Campos, lo primero que quiero decirles es que en la fecha en la que estamos, a punto de finalizar esta legislatura, nos quedan escasamente unos días, es imposible tramitar, consensuar y aprobar unas propuestas de este calibre y mucho más teniendo en cuenta lo intensivo del calendario que tenemos hasta final de mes, por lo que poco sentido tiene votar a favor estas proposiciones de ley, por muy buena intención que se tenga, para dar continuidad a un trámite parlamentario que no va a ser posible.

No las vamos a apoyar, señorías, a ninguna de las dos; no obstante, tengo que decirles que sus proposiciones contienen algunas cuestiones básicas en las que podemos coincidir. Coincidimos en que los poderes públicos deben intervenir para que la igualdad y la libertad de los individuos sean reales y efectivas e indudablemente el derecho a una vida digna es un derecho irrenunciables. Es más, el artículo 24, que tanto se ha nombrado aquí hoy, del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que los poderes públicos velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos. Podemos coincidir también, señorías, más allá del análisis que cada uno haga de las cifras de pobreza y exclusión, en que es necesario seguir buscando fórmulas para luchar contra esta lacra que es la pobreza, que efectivamente en Canarias son múltiples los factores que causan la misma y es verdad también que presenta un componente muy importante estructural.

Pero quizás lo más destacado en lo que podemos coincidir es en que una de las soluciones para combatir y evitar la desigualdad social derivada de situaciones de pobreza, precariedad y exclusión social es avanzar hacia el cumplimiento de ese artículo 24 del Estatuto de Autonomía, establecer el derecho a una renta ciudadana, de ciudadanía, para las personas que se encuentren en una situación de exclusión social. De hecho, señorías, como bien saben, aquí ya se ha dicho, en la ponencia de la ley de servicios sociales, que está prácticamente terminada, hemos sido capaces, todos los grupos, de consensuar cuestiones muy importantes en relación con este asunto que van a permitir avanzar hacia esa renta de ciudadanía o, como a nosotros nos gusta denominarla, esa renta o prestación canaria de inclusión social. En el catálogo de servicios sociales, también se ha comentado aquí por algunas de las portavoces, que hemos consensuado entre todos los grupos la hemos denominado, pendiente de que esa nueva ley definitivamente defina su nombre y su contenido, la hemos denominado "prestación económica de percepción periódica vinculada a la inclusión", y, como saben, hemos establecido un periodo de dieciocho meses para que la misma se traiga a este Parlamento por parte del Gobierno.

Asimismo, hemos incorporado en dicha ponencia de la ley de servicios sociales, in voce, de nuestro grupo y del Grupo Socialista, al que luego se ha unido el resto de los grupos poniendo alguna matización importante, dos nuevas disposiciones finales relativas a la incorporación ya, a la modificación ya, de la PCI -de la prestación canaria de inserción-, con avances muy importantes, que ustedes conocen, y que van a permitir a miles de personas incorporarse a la prestación. Se ha modificado también la duración, como ustedes también bien saben.

Por lo tanto, en el cumplimiento del artículo 24 del Estatuto de Autonomía evidentemente estamos todos los grupos de acuerdo. También estamos de acuerdo en que el plazo para que el Gobierno traiga el proyecto es de dieciocho meses, porque está en medio un proceso electoral, y estamos de acuerdo en que desde la aprobación de la ley, de la ley de servicios sociales, hasta la aprobación de esta nueva ley se van a producir mejoras muy importantes en la actual PCI, de las que se van a beneficiar de forma inmediata miles de personas en situación de pobreza y exclusión. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Pero, señora Santana, no compartimos el planteamiento que ustedes hacen en esta PPL apostando prácticamente por una renta universal dirigida no solo a combatir las situaciones de pobreza y exclusión social sino como una renta complementaria dirigida no solo a las pensiones más bajas sino al conjunto de las pensiones sin ingresos suficientes, que es como lo denominan, también lo hace el Grupo de Nueva Canarias, para pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, seguro obligatorio, invalidez, pensiones no contributivas, entre otras. También como una renta compensatoria de los ingresos del trabajo. Todo vinculado a una tabla que establece los porcentajes en relación con el salario mínimo interprofesional. Y todo esto sorprende que se articule como una prestación económica que no está condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral, que la gente se quede en casa, que la gente se quede en casa. Es más, el único límite que plantean a esta prestación solo viene determinado por la desaparición de las circunstancias -usted mismo lo ha dicho- de pobreza y exclusión social. Y esto no va a ser demasiado fácil, no debe ser demasiado fácil si no hay una obligación de participar en actividades de inserción o laborales, social o laboral. Y esto financiado con los presupuestos de la comunidad autónoma, que deben ser ampliables cada año para cubrir todas las necesidades que existan, es decir, no tiene límite presupuestario. Y todavía más complicado: la entrada en vigor de esta PPL y, por tanto, de todos sus efectos sería inmediata, es decir, no progresiva como por ejemplo estamos planteando nosotros, sino que su entrada en vigor sería a los tres meses de su publicación en el BOC. Y para rematarla, todo esto además es compatible, es decir, no se computan tampoco prestaciones finalistas como ayudas de emergencia social, becas, guarderías infantiles, comedores, becas, ayudas por hijo a cargo, ayudas al alquiler, en fin, inclusive el cómputo de las indemnizaciones por extinción de contrato laboral.

En fin, señora Santana, una propuesta absolutamente irreal, absolutamente inabordable en los presupuestos, que no tiene ficha financiera, sin explicar cómo se va a financiar en los presupuestos del año que viene, que es cuando se va a aplicar. La gran cantidad de recursos que esto supone, que desde luego no son 200 millones, por el cálculo que nosotros hemos hecho su propuesta está por encima de los 900 y la de Nueva Canarias, por encima de los 730. Obvian, hacen oídos sordos a la advertencia de los servicios económicos del Gobierno y de la consejería competente de que ese incremento previsto de fondos es incompatible con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esa, señorías de Podemos, que ustedes y el Grupo Socialista se niegan a modificar para que Canarias pueda destinar sus recursos de superávit, que son un montón, a los servicios básicos fundamentales. Precisamente podían aprovecharse para eso.

Señor Campos, ya sabe usted que hay cuestiones importantes, básicas, en las que estamos bastante de acuerdo. Algunas las hemos incorporado en la ponencia, incluso algunas procedentes de enmiendas de usted que luego hemos sido capaces entre todos de consensuar. Pero hay cuestiones que indudablemente plantea usted que es absolutamente imposible que nosotros podamos compartir, porque es muy difícil llevarlas a cabo. Plantean ustedes estas prestaciones económicas como una renta básica de ciudadanía y como un complemento de ingresos procedentes del trabajo. Ustedes van mucho más allá de lo que establece el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, plantean prácticamente también una renta universal, ya que esta renta la pueden percibir quienes no disponen de recursos y aquellos que teniendo recursos sean insuficientes. Se pretende garantizarles un nivel de renta a las personas que están en situación de desempleo, a los que trabajan y cobran menos de lo establecido, incluso los pensionistas que necesitan complementar sus pensiones contributivas y también los más de cuarenta mil pensionistas no contributivos, que también habría que asumir las diferencias. Eso sin contar, bueno, con el complemento a las familias monoparentales. Casi nada lo que usted está planteando, señor Campos. Eso sí, a diferencia de Podemos, tengo que reconocerle que exige el cumplimiento de una serie de requisitos o instrumentos orientados a la inclusión laboral o social, siempre que fuera necesario, y también contempla la implantación de mecanismos de formación e inserción laboral y también la inspección, que es importante. Plantean la incorporación en tres años, en una propuesta de aplicación progresiva de tres años, pero no solo habría que incluir todo este coste sino que, además, habría que incluir el incremento progresivo que establecen también del Iprem.

Una propuesta, como hemos dicho, inabordable. Ustedes lo que platean económicamente, y más allá de que lo asuman los presupuestos y que con los recursos destinados, de la modificación de la ley del REF, puedan establecer también eso, lo que plantean es que se financie por parte de la comunidad autónoma con créditos ampliables, es decir, sin límite también.

Hemos leído en los medios de comunicación que esto, cómo se puede hacer. Pues, fácil, subiendo los impuestos que los irresponsables de nosotros hemos bajado eso se soluciona; que colaboren las administraciones locales, que se van a tirar por colaborar; o si no hay posibilidades, pues, ya saben lo que vamos a hacer: utilizar los recursos del Fdcan.

Por cierto, señor Rodríguez... espero que el presidente me dé un minuto, para hacerle un comentario, la presidenta.

La señora PRESIDENTA: No. Había dicho que con esto no iba a hacer...

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: ¡Bueno! Gracias, señora presidenta.

Por cierto, señor Rodríguez, quería decirle una cuestión importante. He leído su artículo del domingo pasado, en el que se atribuye... (corte en el sonido) todos los éxitos de negociación del Partido Popular, con el Partido Popular, ya sabe, todo lo que estaba paralizado en la legislatura anterior y que en esta legislatura se había podido resolver con el Partido Popular, y se le fue tanto tanto la mano que incluso se atribuye usted el mérito del contenido del artículo 24 de Estatuto de Autonomía; sin embargo, si no me falla la memoria, ese acuerdo surgió de este Parlamento en el año 2015, artículo 23 si mal no recuerdo, y que yo sepa su partido se abstuvo, que yo sepa su partido se abstuvo.

No quiero terminar sin decirles que nuestra posición es cumplir el artículo 24, que hemos acordado incorporar en la ponencia de servicios sociales, y está claro que en la próxima legislatura va a ser cuando se aborde esta ley, cuando se va a establecer esta renta canaria de inclusión social, o como finalmente se denomine. El Gobierno tendrá dieciocho meses para traerlo, y será aquí, con el consenso de todos los grupos, y espero que con la participación máxima de toda la...

(El señor Campos Jiménez solicita la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luis. Se ha acabado su tiempo.

Dígame, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Por contradicho, por el artículo 81, señora presidenta, porque ha hecho alusiones a dos elementos de la ley que no se corresponden con la realidad y que he defendido en sentido contrario.

La señora PRESIDENTA: Un minuto, señor campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Bien, en primer lugar, yo puedo entender todas las posiciones, estamos en el Parlamento, pero hay dos elementos que sí me gustaría dejar claros y que no se quedaran en el aire. Primero, la propuesta de Nueva Canarias no es una renta básica universal. La gran diferencia con una renta básica universal es que la percibiría cualquier ciudadano, la nuestra está dirigida a aquellos que no llegan a determinados umbrales de renta. Eso en primer lugar.

Segundo, la estimación que hace de 700 millones de euros yo me imagino de dónde la saca, porque ya ha hecho estimaciones similares el presidente del Gobierno en otras ocasiones, y es decir, si hay 40 000 pensionistas no contributivos, a 562 euros a los que tienen que llegar... De cero a 562. No, porque habrá muchos que ya cobran trescientos y pico, cuatrocientos, cuatrocientos y pico, y lo único que se hace es complementar. Segundo, porque pueden existir pensionistas no contributivos o miembros que no tienen, de una unidad familiar, que no tienen ningún ingreso pero su pareja de repente tiene ingresos superiores a más de mil y pico euros y, por tanto, no percibirían esta renta ciudadana. La estimación nuestra es en torno a trescientos, entre 300-350 millones de euros, en su pleno desarrollo, hemos hablado de tres años. Podrían ser más si lo negociamos y se acepta la tramitación de la...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.

Señora Luis.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Señor Campos, cuando he hablado de una renta universal, he dicho prácticamente una renta universal, prácticamente una renta universal. Le voy a decir por qué: porque complementa todas las rentas del trabajo hasta un determinado nivel, complementa las pensiones, todas, hasta un determinado nivel, incluidas esas 40 000 pensiones no contributivas, y después asigna prestaciones a quien no tiene nivel de renta. Está valorado en unos setecientos treinta millones de euros, señor Campos, su planteamiento está en torno a trescientos millones. De todas formas tendremos en la próxima legislatura, no se preocupe, tiempo suficiente para aprobar esa ley, si estamos aquí los que ahora mismo estamos debatiendo, para aprobar esa ley y para debatir exactamente y poder hacer informes claros, económicos, para saber cuánto es el impacto de la misma.

Muchas gracias.

(La señora Santana Perera solicita la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luis.

Señorías, llamo a votación... Sí, perdón, dígame, señora Santana, dígame.

La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): Sí, por el artículo 81, por hechos contradichos. (La señora presidenta le indica que continúe).

Sí, bueno, algunas de las personas que han intervenido y que han dicho que van a votar en contra de la ley dicen que es porque esta ley no puede salir adelante, entre otras la señora Luis. Señora Luis, tal vez si el Gobierno al que usted sustenta no nos hubiera vetado la ley, esta ley hubiera salido a tiempo.

Por otro lado, parece que usted no se ha leído la ley, dice que nosotros no ponemos datos ni ficha financiera. Pues en la ley está claramente: primera etapa, 200 millones de euros y llegar hasta los 500 millones. Muy lejos de los 60 millones que ustedes dedican a esas personas que están en vulnerabilidad y riesgo de pobreza y exclusión social.

Y por el otro lado, pues claro que sí, que a veces no se puede pedir a las personas que se inserten en el mercado laboral. ¿Por qué? Por ejemplo a los pensionistas, pues claro que no se les puede pedir.

Por otro lado, también hablábamos de los trabajadores de la agricultura o los agentes forestales, que tienen temporalidad en su...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana, se acabó su tiempo.

(Rumores en la sala).

Señora Luis.

Señorías, silencio, por favor.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Señora Santana, me he leído muy bien su proposición de ley; de hecho, creo que he hecho un resumen muy claro del contenido de la misma y de por qué no es posible que se amplíe.

No incorporan ustedes ficha financiera. Efectivamente usted habla de 200 millones, ya le he dicho que en los cálculos que nosotros tenemos supera los 915 millones, que tendría que aplicarse ya en el próximo presupuesto, que no tiene límite, que además tiene que ser ampliable y que, por lo tanto, es absolutamente imposible que se pueda materializar. En un año, como ustedes lo plantean, es absolutamente irreal.

Pero le digo lo mismo que le he dicho al señor Campos. Tenemos toda una legislatura, o tiene este Parlamento toda una legislatura, para, de forma consensuada... Estamos de acuerdo en lo básico, tenemos que avanzar hacia ese artículo 24 del Estatuto de Autonomía, y con consenso, con las aportaciones no solo de los grupos parlamentarios sino de toda la sociedad, podemos hacer una buena ley, o puede hacer este Parlamento una buena ley, que responda a las necesidades que tiene la sociedad canaria.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luis.

Ahora sí, llamo a votación, señorías.

(La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, vamos a votar primero la proposición de ley 33, de renta de la ciudadanía de Canarias, a instancias del Grupo Parlamentario Podemos. Comienza la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 54 votos emitidos: 23, sí; 31, no y ninguna abstención.

Vamos a votar ahora, señorías, la proposición de ley 37, de renta de ciudadanía como ingresos mínimos, a instancia de Nueva Canarias. Comienza la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 53 votos emitidos: 22, sí; 31, no y ninguna abstención.

Señorías, llamo a los portavoces, si son tan amables y se acercan, por favor.

(Las personas que ostentan la portavocía de los grupos atienden el requerimiento de la Presidencia). (Pausa).