Diario de Sesiones 158/2019, de fecha 19/3/2019
Punto 46

9L/PPL-0036 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), POPULAR, SOCIALISTA CANARIO, PODEMOS, NUEVA CANARIAS (NC) Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Proseguimos con el orden del día, señorías. Vamos a ver el debate de toma de consideración de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Antes que nada, darle la palabra al secretario primero para que dé lectura del criterio del Gobierno.

Señor Cabrera.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes, en Canarias, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 1 de marzo de 2019 figura, entre otros, el siguiente acuerdo cuyo tenor literal viene a decir...

El Gobierno, tras deliberar, y a propuesta conjunta del presidente, de la consejera de Hacienda y del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acuerda manifestar el criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario, Socialista Canario, Popular, Podemos, Nueva Canarias y Mixto, de modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor secretario.

Comenzamos el turno de los grupos con el Grupo Mixto. Por tiempo de siete minutos, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a quien nos visita en la tarde de hoy.

Hoy debatimos en lectura única una ley que modifica el Fondo Canario de Financiación Municipal. Una ley que ha sido consensuada con la Fecam y que se ha intentado conformar un texto lo más adecuado posible a las necesidades de los ayuntamientos y respetando la estabilidad financiera y presupuestaria. Y cuando digo que ha sido un texto consensuado lo digo porque está avalado por los seis grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara, los ochenta y ocho municipios de nuestro archipiélago y el propio Gobierno. Por ello es por lo que la tramitación se lleva a cabo por lectura única, porque no hay intención de enmendarla, y eso nos permite sacar el texto adelante antes de finalizar la legislatura.

Recordemos que el Fondo Canario de Financiación Municipal es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, los cuales usan estos recursos para dar cobertura a los servicios públicos que prestan a la población, ya que no nos olvidemos de que se trata de las administraciones más cercanas al ciudadano.

Esperamos que esta norma sea de máxima utilidad para los ayuntamientos permitiéndoles tener una mayor flexibilización en la utilización de sus fondos, ya que se ha eliminado el doble control de la auditoría externa, que hasta ahora se hacía con un coste altísimo para las arcas municipales, un control innecesario que detraía fondos esenciales para la financiación de los servicios municipales. Ya no solo los ayuntamientos no estarán sometidos al doble control, sino que también estas entidades locales dispondrán de una mayor flexibilidad a la hora de asignar sus recursos, aunque dicha flexibilidad sigue limitada por la regla de gasto, el objetivo de déficit y las normas de estabilidad presupuestaria. Pero esta es una tarea pendiente que tenemos que cambiar a nivel nacional, sobre todo el tema de la flexibilización de la regla de gasto, porque, a pesar de que las administraciones públicas puedan tener recursos acumulados en sus cuentas y sean administraciones económicamente saneadas, no se les permite invertir estos fondos en gasto social, además de que no pueden tener las mismas limitaciones las administraciones cumplidoras que las administraciones no cumplidoras. De poco o de nada les vale a las administraciones tener dinero en las cuentas corrientes y no poder hacer frente a las necesidades sociales que tengan en sus municipios. De nada les vale a las administraciones y por supuesto tampoco de nada les vale a los ciudadanos.

Por eso quiero terminar agradeciéndoles a todos los ayuntamientos por el trabajo que han realizado y pedirles que nunca perdamos el contacto que necesitamos, el contacto que necesitamos, en colaboración con este Parlamento, necesitamos que estemos en contacto el Parlamento y los ochenta y ocho municipios de las islas para que haya una máxima fluidez para afrontar los retos de la próxima legislatura. Desde la Agrupación Socialista Gomera seguiremos tendiéndoles la mano y manteniendo las reuniones que hagan falta, como hemos hecho a lo largo de esta legislatura, para tener las mejores soluciones posibles a los problemas que se les presenten en el futuro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno del grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez, don Román.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías. Un saludo a la representación de la Fecam.

No hay ninguna duda de que los ayuntamientos constituyen un elemento básico en el entramado institucional. Yo diría que si hay alguna institución absolutamente mundializada y totalmente contrastada de respuesta a los problemas de la gente, es ese primer ámbito de la Administración que son los ayuntamientos. Por lo tanto, residenciar ahí competencias y medios para el desempeño de las funciones propias de semejantes instituciones es siempre una apuesta segura, porque, si ese ámbito institucional funciona, una parte de los problemas de la gente se encauzan.

En nuestra comunidad, además de los ayuntamientos, tenemos, en nuestro singular entramado institucional, los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias y sus estructuras. Parece razonable que, cuando se habla de competencias y de financiación, sea a través de acuerdos, porque las administraciones en el fondo son una especie de vasos comunicantes. Los recursos son limitados, las competencias están regladas y, si no las presta uno, las presta el otro y si no las financia uno, las financia el otro. Y sería razonable, y siempre fue así, que las normas en este sentido fueran normas pactadas.

Si hay alguna norma que tenía un sentido aplastante que fuera un proyecto de ley es este que estamos discutiendo ahora aquí. Y no porque la Fecam no lo planteara, que lo planteó desde el principio de la legislatura de forma reiterada. Y debió concluirse ese proceso de propuestas de la Federación Canaria de Municipios en un acuerdo con el Gobierno de Canarias y, producto de ese proceso de diálogo, debió surgir un proyecto de ley y, por tanto, con todas las garantías de control, seguimiento, que los proyectos de ley tienen, frente a las proposiciones de ley, que siempre son más deficitarias porque no tienen el soporte administrativo ni los apoyos pertinentes. De manera que deseable hubiese sido que hoy estuviéramos discutiendo un proyecto de ley y no una proposición de ley. Y especialmente deseable hubiese sido esta opción porque es lo que planteó la Fecam desde hace años y, ante la falta de respuesta del Gobierno o ante el acuerdo posible, la Fecam se dirigió a los grupos parlamentarios para buscar apoyo en la tramitación de la norma que legítimamente persiguen. Y al final hemos optado por esta opción. Insisto, no es la ideal para regular asuntos tan sensibles como competencias y financiación, que son los asuntos que, en definitiva, competen a esta norma.

Cuando uno lee el informe del Gobierno, entiende menos las cosas. Un Gobierno que hace un informe de estas características tiene una posición claramente contraria al fondo y a las formas, a los contenidos en todos sus extremos, aunque es cierto que al final no se opone a la tramitación y lo que es más complejo de entender es que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno suscriba la PPL.

Nosotros creemos que hemos llegado hasta aquí por la inacción del Gobierno, por la falta de liderazgo, que se expresa en este y en otros ámbitos, y lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones. Razón por la que nosotros, como grupo parlamentario, hemos promovido también esta proposición de ley a instancias de los ayuntamientos, después de que estos agotaran la posibilidad de entendimiento y acuerdo con el Gobierno. He escuchado a algunos de los dirigentes de la Fecam decir reiteradamente en algunas de las reuniones de trabajo que lo que le pedían al Gobierno, si no le gustaba la propuesta de la Fecam, es que dijera qué propuesta quería, con qué condiciones. Y desgraciadamente eso no ha sido posible y hemos tenido que recurrir a esta fórmula, a esta fórmula de proposición de ley de todos los grupos parlamentarios, a final de la legislatura, en un asunto relevante para los ayuntamientos, importante para el entramado institucional y, en definitiva, para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Nosotros vamos a apoyar la toma en consideración porque hemos sido partícipes de promover esto hoy aquí. Insisto, hubiese sido, y reitero, deseable que esto hubiese llegado a esta Cámara de la mano del Gobierno, del liderazgo del Gobierno, de la capacidad técnica del Gobierno, porque es difícil conciliar la PPL con el contundente, exhaustivo, hipercrítico informe del Gobierno de Canarias. Yo con esa posición me hubiera sentado y hubiera buscado el entendimiento. No ha sido posible, de manera que nosotros apoyamos la iniciativa de la Federación Canaria de Municipios, porque han persistido, insistido, han buscado el diálogo y el entendimiento, y ante la ausencia de respuesta por parte del Gobierno han recurrido a los grupos parlamentarios y nosotros, al instrumento legislativo que tenemos, que es la proposición de ley.

Por esta razón, damos nuestro apoyo a esta iniciativa. Cierto es que esta iniciativa tendrá ahora que ser visada en cuanto a su adecuación al marco legal por el Consejo Consultivo, pero nuestra voluntad es de apoyo, insisto, ante la falta de liderazgo e inacción del Gobierno de Canarias, de los que en este y en otros asuntos hace gala con demasiada frecuencia.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Rodríguez.

Turno del Grupo Podemos, señor Marrero.

El señor MARRERO MORALES: Buenas tardes a la representación de la Fecam.

El Grupo Parlamentario Podemos apuesta por el municipalismo y, en esa apuesta, consideramos que la institución municipal es la cara más próxima de la Administración para resolver los problemas de la ciudadanía. Alcaldesas y alcaldes, las áreas responsables de las concejalías tienen que atender demandas propias e impropias, que les pertenecen también a otras administraciones. Sin embargo, en muchas ocasiones no han sido bien tratados por las administraciones y a veces el dinero público se redistribuye en función de afinidades o contrarios, según el Gobierno que esté de turno.

Por otro lado, hemos tenido también una ley de sostenibilidad financiera, desarrollada a partir de la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que continúa aún estableciendo medidas coercitivas sobre los ayuntamientos y los gobiernos. Esos ayuntamientos han sido los primeros cumplidores. Se les ha impuesto a todas las administraciones la regla de gasto y el no poder hacer uso del superávit más allá de los denominados proyectos financieramente sostenibles.

Esas medidas nosotros y mucha otra gente las ha denominado como medidas de austericidio en general, con las cuales las pérdidas se han socializado y las ganancias se han acumulado en pocas manos. Los municipios han sido los primeros cumplidores en general y a cambio no han recibido alguna consideración al respecto suficiente.

La Ley 3 de 1999, que hoy se ve modificada por esa negociación entre la Fecam y el Gobierno de Canarias, viene, de alguna manera, a hacer el reconocimiento del derecho constitucional de las haciendas locales a disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones. Esta ley se corresponde tanto con la modificación de una reivindicación de la Fecam, que está bajo la lupa esa de que había hablado ahora mismo y la bota de la ley de sostenibilidad. Por tanto, cumplir la ley de sostenibilidad sigue estando presente, desgraciadamente, porque no ha habido los suficientes grupos que en el Congreso de los Diputados en su momento y por el blindaje que se tenía en el Senado... se pudiera modificar, y esa sigue siendo una bota pesada sobre las administraciones, tanto las locales como las municipales, autonómicas y a nivel de Estado.

Por otro lado, contar con fondos de libre disposición, reivindicación de los municipios. Creo que se hace justicia a esa reivindicación hoy con esta modificación.

Y, finalmente, lógicamente contar con recursos de la comunidad autónoma más allá de los propios de los municipios para cumplir el principio de suficiencia financiera de ellos.

Ese 50 % del Fondo Canario de Financiación Municipal, que se fija que se puede dedicar a oficinas técnicas de planeamiento, a salvamento y socorrismo, a servicios sociales municipales, a formación y costes de reposición de la policía local, a aguas residuales, a juzgados de paz, a escuelas municipales de música, etcétera, creo que es importante. Posiblemente tendría que haber sido más amplia la lista a la pudieran acogerse. El otro 50, para gastos de libre disposición.

Las modificaciones legales que se hacen aparte son yo creo que no tan trascendentes, como al registro general añadirle lo de "turístico"; o en el artículo 15 establecer el procedimiento para la distribución del fondo. Ese es un apartado importante, porque ese obligará de nuevo a acuerdos y ahí es donde, de alguna manera, las instituciones tienen que dar la talla, poniéndose de acuerdo las instituciones locales, y a través de la Fecam, con el Gobierno de Canarias, para que no haya la pelea anual en esa distribución de fondos a la que a veces nos tienen acostumbrados. Y después en los añadidos en el artículo 18, de supuesto incumplimiento por no destinar los recursos económicos a las finalidades legalmente previstas.

En definitiva, el Gobierno esta vez ha tenido tiempo, después de una larga y prolija negociación con la Fecam, para presentar una proposición de ley de modificación de esa ley del Fondo Canario de Financiación Municipal; sin embargo, para otras no ha tenido tanto tiempo al parecer, teniendo más de un año, como es el caso de la modificación de la Ley de Suelo, que hoy se trae aquí a través de un decreto-ley. Por tanto, es de agradecer que por lo menos se traigan proposiciones de ley y no decretos-leyes a esta Cámara, por lo menos de manera abusiva.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Marrero.

Turno del Grupo Popular, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Y buenas tardes a los miembros de la Fecam, alcaldes y alcaldesas que hoy nos acompañan en esta tarde.

Señorías, si bien es cierto que la Ley 3/1999, como se ha nombrado ya mucho hoy aquí, del Fondo Canario de Financiación Municipal, se convirtió en su día en una herramienta pionera en el Estado español en cuanto al reconocimiento del derecho constitucional que tienen todas las haciendas locales a disponer de los medios suficientes para poder ejercer sus competencias, es cierto que veinte años después nos encontramos ante un contexto muy diferente, que requiere de una revisión de la citada norma para su adaptación a la realidad, siendo además una demanda y una reivindicación de la Federación Canaria de Municipios. En este sentido, la presente modificación legislativa también hay que decir que viene con el respaldo de un mandato legal, mandato legal que se encuentra en la disposición adicional trigésima séptima de la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para el presente ejercicio, donde se dispone que por la consejería competente en materia de administración local, con audiencia de la Federación Canaria de Municipios, se promoverá la modificación de la Ley 3/1999 y, por supuesto, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como norma básica del saneamiento económico-financiero.

Pero sí me gustaría hablar un poco de la exposición de motivos que trae esta modificación legislativa, porque dice que queda claro que la actual ley, como ya hemos comentado con perspectiva histórica, pone en evidencia que se articuló para dar respuesta a una situación concreta en un periodo determinado de la historia de nuestra comunidad autónoma, fruto además de un acuerdo político que exigió tanto a los municipios y, obviamente, también al Gobierno de Canarias tener que ceder cada uno en sus demandas iniciales en aras de la consecución de un interés compartido. Pues bien, lo que se pretende ahora, según esta exposición de motivos, con esta modificación legislativa es dar un paso más en el reconocimiento de este derecho constitucional, abandonando lo que es el condicionamiento del 50 % del fondo a saneamiento o, en su caso, a inversión para destinarlo a una serie de competencias municipales que se consideran de interés regional.

Pues bien, señorías, como ya se ha dicho, hoy se trae a esta Cámara la toma en consideración de esta proposición de ley. Aunque si bien es cierto que se da en los presupuestos para que esta sea una realidad, no es menos cierto que, una vez que sea tomada en consideración la presente modificación, tendrá que solicitarse informe del Consejo Consultivo de Canarias y se verá entonces la necesidad de si es necesario o no presentar algún tipo de enmiendas, porque todos sabemos, señorías, que nos encontramos ante un cambio de la filosofía, los objetivos y el destino, así como el control del fondo de financiación.

A modo de resumen, la presente modificación afecta al artículo 1, que es el relativo a la naturaleza jurídica del fondo, donde se establece, como ya se ha dicho, que el 50 % se destine al cumplimiento de competencias municipales, que viene regulado en la Ley 7/2015; a cualesquiera otras políticas de gasto de áreas de servicios públicos, así como a actuaciones de protección y promoción social en relación con el anexo I de la orden relativa a la estructura de presupuesto de las entidades locales; y después se suprime el capítulo II y el capítulo III del título I, relativo, por un lado, a lo que son los indicadores de saneamiento económico y, por otro lado, los condicionantes de la cuantía de libre disposición, para, finalmente, también hacer una modificación, en el artículo 15, que es relativa al procedimiento para la distribución del fondo. Asimismo, también se hace una supresión de las disposiciones adiciones segunda, tercera, cuarta y quinta. Y, finalmente, se establece en la disposición transitoria una regulación sobre el condicionamiento del abono del fondo por la auditoría de gestión, que solamente se aplicará, como queda ya previsto, en la liquidación del presupuesto del año 2018.

Por tanto, después de decir todo esto, creo que es necesario que tengamos que sentar o decir cuál es la base jurídica que otorga a las haciendas locales su suficiencia financiera y su autonomía financiera, y es el artículo, como ya se ha dicho, el artículo 142 de nuestra norma fundamental, de la Constitución española. En este sentido, permítanme que les recuerde o decirles que la doctrina no ha cesado de poner de manifiesto la indisociable relación de necesidad que vincula la vigencia efectiva de la autonomía local con un suficiente suministro de medios económicos. Como es sabido, dentro de lo que es la autonomía local cabe distinguir, por un lado, lo que es un elemento material, que consiste en la atribución de un mínimo de competencias que tiene que ejercer cada entidad local, y, por otro lado, un elemento modal, que significa que cada entidad local, en el marco de sus competencias y dentro de su propia responsabilidad, tomará la decisión de decir si sí, cómo y cuándo va a desarrollar las competencias que le corresponden.

Y, finalmente, sí me gustaría hacer referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, que no ha dudado en enfatizar la conexión inherente que media entre la suficiencia financiera y la autonomía local, al afirmar que aquella constituye el presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local, constitucionalmente reconocido, que resulta un complemento inexcusable de la autonomía financiera o, sencillamente, que sin tal suficiencia financiera la autonomía es imposible.

Señorías, he querido resaltar estos principios básicos -se me va el tiempo, perdonen-, he querido resaltar estos principios básicos para justificar cuál es la modificación legislativa que hoy se trae a este salón de plenos. Porque -voy acabando- vamos a tener en cuenta que con la Ley 3/1999 se establece que el fondo es una fuente de financiación de los municipios, pero siempre se encuentra ligado a la situación económico-financiera de los ayuntamientos, para lo que se tienen en cuenta unos indicadores económico-financieros. Pues bien, con esta modificación lo que se pretende ahora es que el fondo actúe como una fuente de financiación más, donde se desligue la situación económico-financiera municipal, y además deberíamos ahondar también, teniendo en cuenta que el Fondo Canario de Financiación Municipal... como instrumento de política presupuestaria, que requiere además, y todos lo sabemos, justificar el cumplimiento de la regla de gasto de cada ayuntamiento, entendida esta, y como todos bien saben, como un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Señorías, ya se ha dicho por la persona que me ha precedido en la palabra: la situación de crisis económica conllevó que se aprobaran numerosas leyes, primero tuvimos una modificación de la Constitución española, el artículo 135, y después vinieron las leyes orgánicas, la 2/2012, y la Ley 27/2013. Y me gustaría poner en conexión estas leyes estatales con la Ley 3/1999. ¿Y por qué?, porque es verdad que los ayuntamientos se encuentran sometidos a una auditoría de gestión tanto por la Ley 3/1999 como por la normativa estatal, lo que da la sensación de que nos encontramos, a la luz de lo que acabo de decir, ante una duplicidad de información y de gestión, y de autoridad de gestión, sobre este tipo de fondos.

Sí me gustaría recordar, finalmente...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto más, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias.

... que tenemos también que tener en cuenta que se ha aprobado ya nuestro Estatuto de Autonomía y que en el artículo 105, el apartado tercero, en estos momentos, ahora corresponde lo que es la tutela financiera al Gobierno de Canarias. Todos sabíamos que hasta el año pasado nuestra comunidad autónoma estaba bajo la tutela financiera de la Administración General del Estado, pero ahora está bajo la comunidad autónoma.

Pero, señorías, consideramos que nos encontramos ante una modificación legislativa necesaria para adaptar la realidad actual de los municipios, porque nada tiene que ver con la ley con la que ahora se tienen que enfrentar, que es una ley del año 1999. Por tanto, desde mi grupo parlamentario vamos a aprobar esta toma en consideración de la presente modificación.

Gracias.

(Rumores en la sala).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Reverón.

Turno del Grupo Socialista, señor Álvaro.

Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. Buenas tardes a los representantes de la Fecam que hoy nos acompañan.

Y en primer lugar queríamos precisamente agradecer a la propia Fecam su disposición y diálogo para sacar adelante esta propuesta y, evidentemente, a los grupos parlamentarios, a los seis grupos parlamentarios, que hemos suscrito esta iniciativa para que hoy pueda ver la luz en esta Cámara.

Para el Partido Socialista hoy es un día importante en la historia del municipalismo canario. Me viene a la mente, cuando estamos debatiendo este tipo de normas, este tipo de leyes, cuando era concejal de Hacienda. Yo creo que hay pocos socialistas, de los que pasan por este Parlamento, que no han sido previamente concejales que han pasado por la vida municipal y que saben lo que es estar en primera línea trabajando con los vecinos y vecinas. Una primera línea que fue, además, la primera línea de lucha contra los efectos de la crisis. Y yo creo que todos nos llenamos la boca, y con razón y estamos orgullosos, de lo importante que es el municipalismo, pero yo he de decir que la defensa del municipalismo está en el ADN de los socialistas. Por eso es este día tan importante y más después de veinte años en los que esta norma, está claro que desde hace tiempo, pero es ahora, después de veinte años, que sufre esta modificación para bien.

Después de la crisis económica -y se ha hecho ya mención- se reforzaron los mecanismos de control económico-financieros por parte del Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda, porque las finanzas de los ayuntamientos, evidentemente, también son una parte importante en nuestros compromisos comunitarios, nuestros compromisos con la Unión Europea, en matera de sostenibilidad.

Además, hay una característica en los últimos años: los ayuntamientos son las administraciones más cumplidoras con estos compromisos, son los que más cumplen con los indicadores de estabilidad presupuestaria y de saneamiento, y desde luego resultaba totalmente innecesario y hasta cierto punto arbitrario mantener unos condicionamientos para el uso de los recursos del fondo, vinculado a unos indicadores de saneamiento que ya eran objeto de control por parte del Estado. (Se incorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Quiero recordar que el Partido Socialista ha intentado abrir este debate en la tramitación de los dos últimos presupuestos, si bien limitando su alcance, porque entendíamos que para llegar al punto que alcanza esta proposición de ley era preciso llegar a un acuerdo previo con la Fecam, y la respuesta en esos dos intentos, en las leyes de presupuestos de 2018 y 2019, fue el no por parte de Coalición Canaria, el Partido Popular y Grupo Mixto. Fue el no por parte del tripartito. Por eso hoy valoramos positivamente que den este paso, que se desdigan y se sumen a favor de los ayuntamientos.

Para el Partido Socialista esta es una pieza clave, no solo en la defensa de la autonomía municipal, también forma parte esencial de nuestra estrategia del plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social que hemos presentado, como decía antes, en los dos últimos presupuestos. Como recordarán, lo que hemos pedido, lo que pedíamos, era la creación de un fondo canario de ayudas de emergencia social a gestionar por los consistorios locales y total libertad en el uso de los recursos del Fondo Canario de Financiación Municipal para poder complementar, para poder afrontar estas situaciones de emergencia, más urgentes, de los vecinos y vecinas de sus localidades. Hoy con esta iniciativa la propuesta del Partido Socialista para luchar contra la exclusión social está más cerca de cumplirse. Evidentemente tienen todo un catálogo de competencias locales y de libre disposición, que yo las asimilo, en las que podrán destinar el 100 % de este fondo, pero entre ellas, y teniendo muy presente la sensibilidad que siempre han tenido los representantes elegidos por el pueblo en los ayuntamientos, gran parte de estos recursos o una parte importante de estos recursos estamos seguros de que irán a ayudas de sus vecinos y vecinas que más lo necesiten.

En cualquier caso, señorías, razones para apoyar y presentar en esta propuesta hay de sobra, muchas más que estas. Me viene a la mente también, por ejemplo, el avance que hay en que se libren los fondos en el primer cuatrimestre del año, del 70 % de los mismos y no del 40 %, como opera en la actual ley.

Y desde luego el elemento fundamental es que nos lo pida la Fecam, de la que todos estamos orgullosos, por unanimidad.

Como dije al principio, hoy es un día importante y esperamos que en el pleno de esta Cámara que viene, la semana que viene, esté aprobada esta ley, porque entiendo que es un objetivo compartido por todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvaro.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Señoras y señores alcaldes, alcaldesas, miembros de la ejecutiva de la Fecam.

Quisiera, en primer lugar, hacer referencia a todo el proceso, al proceso que ha habido en torno a esta iniciativa, que desde el punto de vista de su origen, recordando algunas palabras de don Román, podemos remontarnos al verano del año 2017, que fue cuando recibimos el primer texto en torno a la pretensión de la Fecam de incondicionar el 50 % del Fondo Canario de Financiación Municipal, que en este momento está condicionado para saneamiento, de forma general, a pesar de que a su vez tiene previsiones, en ese 50 %, de condicionantes de libre disposición, en caso de que se cumplan los objetivos de saneamiento financiero.

El marco de la discusión con la Fecam estuvo en diversas cosas y hay que decir también que el último texto recibido, por parte de la secretaría de la Fecam, se recibe por todos nosotros, por los portavoces, el 31 de enero de 2019. Básicamente por un tema que sigue siendo un tema comprometido, que sigue siendo un tema difícil, que es un tema respecto del cual tendremos que encontrar, cuando tengamos el dictamen del Consejo Consultivo, la mejor solución, y es el tema de la regla de gasto municipal, de la afectación o no, en la redacción, que tiene la regla de gasto municipal. Quiero recordar, para todas sus señorías, especialmente para el portavoz socialista, que las previsiones en torno a los servicios municipales de interés autonómico que se colocaron en las leyes de presupuestos generales de Canarias para el año 2018 y para el año 2019 son producto de que, tras la desvinculación de los recursos de la financiación autonómica respecto de los del REF en la Ley de Presupuestos del Estado del 2017, tras aquella desvinculación, el crecimiento del fondo fue equivalente al crecimiento del presupuesto autonómico, una cifra muy elevada, y, por tanto, lo que decidimos entonces fue establecer un conjunto de servicios municipales que consideramos de interés autonómico. A esos servicios se refería el señor Marrero cuando habló de la redacción de este texto, de propuesta de proposición de ley que tenemos, entre los cuales citamos las oficinas técnicas de planeamiento y gestión urbanística, salvamento y socorrismo en playas y zonas de baño, servicios sociales municipales -ahora me referiré a eso-, formación, equipamiento y costes de reposición de las policías locales, saneamiento y depuración de aguas residuales, apoyo a los juzgados de paz, escuelas municipales de música. En ese ámbito, en el cual estuvieron también contenidas entonces las escuelas infantiles municipales y que, por acuerdo con la Fecam, decidimos ponerlo fuera, dado que el tema de la regulación de la educación 0-3 sigue siendo, en el conjunto de España, un tema por resolver de forma definitiva, en ese marco decidimos que esa parte no estuviera y se buscó una redacción por parte de la Fecam que pretende evitar, precisamente, que el gasto incondicionado que representa este 50 % pueda afectar, como apuntaba la portavoz popular, a la regla de gasto municipal. Si esto afecta a la regla de gasto municipal, entonces mal servicio estamos haciendo con esta ley, con esta proposición de ley, y por supuesto no será ese el objetivo que persiguen los municipios cuando promueven que hagamos esta modificación.

Por tanto, el asunto requiere que más allá de la toma en consideración que todos proponemos hoy, porque creemos que es una iniciativa que merece ese trámite, tengamos en cuenta lo que finalmente se diga sobre esto, la afectación que esto pueda tener en relación con la ley orgánica de 2012. Es verdad que hay previsiones en la ley orgánica, en fin, que hoy pueden ser redundantes en relación con nuestra regulación, pero también hay que decir una par de cosas más; es decir, en primer lugar, que en este momento, como señalaba la portavoz popular, Canarias tiene tutela financiera que no tenía antes de la entrada en vigor del Estatuto, es decir, de acuerdo con el artículo 180 del nuevo Estatuto de Autonomía, corresponde ahora a Canarias la tutela financiera que antes correspondía al Estado. Y con eso nos sumamos a las comunidades autónomas de última generación, a todas las del 151, que ya la tenían, más a todas las que en el siglo XXI aprobaron sus estatutos, sus nuevos estatutos, e incorporaron esta previsión de tutela financiera sobre las entidades locales. Asunto, por tanto, que también habrá que resolver.

Y, finalmente, quiero hacer una reflexión sobre un tema que todos tenemos que tener en cuenta. Ayer se aprobaba el informe de la ponencia de la ley de servicios sociales, la referencia que tenemos en el texto propuesto hoy, en la proposición de ley, si es suficiente en relación con los servicios de atención primaria inicial, que corresponde a los municipios, en la política social, porque se sabe que justamente con la ley, uno de los grandes problemas que hubo con la ley orgánica era que consideraba que los servicios sociales estaban fuera del margen de prestación municipal, eso los ayuntamientos pequeños no debían prestarlo. Empezó a producir problemas con interventores municipales, locales, interventores municipales, en aquel momento, hubo que hacer una modificación a través de la Ley de Municipios de Canarias, y todo esto requiere ahora la precisión adecuada para que la financiación que requerimos para la ley por parte municipal pueda estar articulada a través de la regulación que demos en esta proposición de ley en su versión final.

Por tanto, hoy tomamos en consideración el texto, requerimos el dictamen del Consultivo, nos tiene que informar sobre los aspectos que hemos comentado y, a partir de ahí, creo que tendremos que realizar las enmiendas necesarias para garantizar que los objetivos que perseguimos, de común acuerdo con la representación municipal, sean objetivos reales, sean objetivos prácticos. Más allá de declaraciones de partido, señor Lavandera, que, bueno, aportan lo que aportan, ustedes se han sumado, pero yo creo que en el fondo, si compartimos el objetivo, el objetivo será que esto no vincule a la regla de gasto municipal y que podamos, por tanto, financiar mejor las estructuras de nuestros municipios.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruano.

Señorías, después de la intervención de todos los grupos parlamentarios, llamo a votación, señorías, para la toma en consideración. (La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Señorías, ocupen sus escaños. Comienza la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 49 votos emitidos: 49, sí, ningún no y ninguna abstención.

Por tanto, sí a la toma en consideración de esta iniciativa legislativa, señorías. Muchas gracias.