Diario de Sesiones 161/2019, de fecha 27/3/2019
Punto 1

9L/DL-0003 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS-LEYES. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2003, DE 30 DE ENERO, DE VIVIENDA DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Vamos a reanudar la sesión plenaria, señorías, en el último día que tenemos de pleno -se nota ya el aroma a despedida-. Vamos a dar cumplimiento a todo el orden del día, señorías, y comenzamos, como habíamos acordado, con la convalidación o derogación de los decretos-leyes, en este caso el decreto-ley para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Tiene la palabra el Gobierno para exponer las razones que han justificado la promulgación del decreto-ley por tiempo de siete minutos.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Antes de empezar, si me lo permiten, y siendo mi última intervención en este Parlamento en el día de hoy y, por tanto, también en este mandato, quiero simplemente decir dos cosas. A aquellas personas que han manifestado públicamente la no continuidad en el mundo de la política, que para mí ha sido todo un honor coincidir con ellas en este espacio de tiempo, tanto con mi compañero José Miguel Ruano, me siento honrada de haber formado parte de un equipo en el que has estado tú y me has ayudado tanto, y quiero también agradecer a la presidenta del Parlamento su paciencia enorme cuando me enrollo y no acabo cuando tengo que acabar, y cuando no le hacemos caso y cuando nos olvidamos de que hay alguien en el uso de la palabra. En fin, qué difícil tarea. Felicidades y gracias por tu templanza y tu ayuda.

Dicho eso, voy a dar lectura a los motivos que hacen que hoy estemos hablando aquí de la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias. Como bien saben sus señorías, la actuación singular de reposición del barrio de Las Chumberas consiste en una intervención pública de cuatro administraciones que decidieron abordar conjuntamente un problema enorme, de patología estructural, que ponía en peligro a muchísimas familias.

Esta colaboración interadministrativa para la financiación de la actuación generó la formalización de tres convenios, como también conocen sus señorías, debido a la necesidad de importantes sumas económicas en las que cada una de las administraciones tuvo clara la obligación, la responsabilidad, la necesidad de contribuir.

En los pasados días 29 de enero y 15 de febrero, en reunión de la comisión mixta de seguimiento que prevén esos convenios, en Madrid, con el ministerio, se tomaron decisiones importantes para no poner en riesgo la continuidad de los trabajos y, por supuesto, la seguridad de las personas del barrio de Las Chumberas. Entre otras, a pesar de la extinción de los convenios, entendimos, por unanimidad, que sigue subsistiendo la necesidad para cuyo fin se otorgaron las ayudas y, por tanto, el interés público que existía en el momento de la firma de los convenios, por lo que acordamos iniciar, con carácter de urgencia, los trámites para la aprobación de un acuerdo transaccional sobre los ingresos de derecho público derivados de los convenios del 18 de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2015 y 4 de octubre de 2016. En virtud de dicho acuerdo transaccional, las partes se obligaban a aplazar el ejercicio del derecho de reintegro que en virtud de los mismos les correspondía, mientras se realizaran actuaciones y obras de conclusión de regeneración y de reurbanización del barrio de Las Chumberas. Esa primera fase, aprobada y decidida entre todos, cuyos detalles no voy a contar ahora en cuanto a la complejidad de todo el proceso. Había también un acuerdo en el que se descuentan los gastos, las inversiones que, previa justificación, aprobada y trasladada a la comisión de seguimiento, se realicen en el plazo, se hayan llevado a cabo con el mismo fin. En paralelo, se acordó mantener las medidas provisionales necesarias para garantizar la seguridad de las personas.

Llegados a este punto, señorías, ha de tenerse en cuenta que la posibilidad de transar sobre derechos económicos de la hacienda pública estatal y autonómica viene contemplada en los artículos 7.3 de la Ley General Presupuestaria y 10.3 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, respectivamente. Sin embargo, en el ámbito de la Administración local, si bien esta posibilidad existía en la normativa anterior, actualmente existe vacío legal. Un vacío que imposibilita a algunas de las partes de los convenios de Las Chumberas, como puede ser el caso del Cabildo Insular de Tenerife, poder acometer el acuerdo transaccional y permanecer en el desarrollo de estas obras con los compromisos adquiridos de financiación.

Dada la necesidad de impulsar este acuerdo transaccional con urgencia para continuar con la actuación singular de Las Chumberas, con suficiente garantía jurídica para todas las partes, el Gobierno ha adoptado la decisión de dictar un decreto-ley para regular, mediante una modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, la posibilidad de que las corporaciones locales puedan llevar a cabo acuerdos transaccionales, de manera que puedan seguir participando en la resolución de las dificultades administrativas planteadas en la situación de Las Chumberas, estableciéndose así un nuevo plazo para terminar las actuaciones de demolición, urbanización y edificación.

En segundo lugar, al objeto de posibilitar en una norma con rango de ley, con garantías, para que las administraciones canarias puedan convenir actuaciones de reposición, en este caso, cualquiera que fuera necesaria, convenir actuaciones de reposición y rehabilitación de viviendas con el Estado, dada la situación de muchísimos grupos de viviendas en Canarias que necesitan de intervenciones públicas para abordar la mejora de un parque que necesitará la intervención de fondos públicos.

Y, por último, también le otorga rango de ley a la posibilidad de que los convenios interadministrativos para rehabilitación, reposición o actuaciones singulares se puedan continuar ejecutando en el caso de que finalizaran estando desarrollándose su ejecución.

Estos tres preceptos vienen a dar cobertura legal a los supuestos que se derivan de la ejecución de operaciones de rehabilitación y reposición de viviendas que son enormemente complejas, habilitando la posibilidad y la garantía de la conclusión, garantizando la eficacia de las mismas.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Turno ahora de los grupos, por tiempo máximo de siete minutos. Comenzamos por el Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, buenos días, señora consejera.

Este es el tercer decreto-ley que vamos a tramitar en esta legislatura y en este caso concreto que nos ocupa hoy es la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Desde nuestro grupo, le adelanto que votaremos a favor de la convalidación del presente decreto-ley. Este decreto-ley viene a dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en el seno de la comisión mixta de seguimiento de los convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que adquirieron un compromiso financiero que tenía por objeto la reposición y reurbanización de la urbanización Las Chumberas, en San Cristóbal de La Laguna.

Como se expone a lo largo del texto, dichos convenios han expirado sin que pudiera concluirse el procedimiento de prórroga, a lo que se suma que recientemente se reunió la comisión mixta de seguimiento de estos convenios, cuyas partes acordaron iniciar, con carácter urgente, los trámites para la aprobación de un acuerdo transaccional sobre los ingresos de derecho público sobre los convenios suscritos. Y como en virtud de ese acuerdo las partes se obligaron a aplazar el ejercicio de derecho de reintegro que les corresponde, mientras se realizan las actuaciones y obras de conclusión de regeneración y reurbanización del barrio de Las Chumberas, primera fase, así como a descontar las inversiones y gastos que, previa justificación, se realicen en ese plazo o se hayan llevado a cabo... Cobra todo el sentido que, por tanto, por urgencia en las actuaciones y por temporalidad, se apruebe el presente decreto-ley con las modificaciones pertinentes de la Ley de Vivienda de Canarias, consistentes en una nueva disposición adicional vigésima para que se habilite a las entidades locales a acordar transacciones y arbitrajes, que precisará del previo dictamen del Consejo Consultivo, a solicitud de la entidad local interesada; una nueva disposición adicional vigésima primera, para que se puedan realizar convenios interadministrativos respecto a las actuaciones encaminadas a la rehabilitación o reposición de viviendas que, por el transcurso del tiempo o por circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor, deban ser objeto de esta rehabilitación o reposición; una disposición transitoria única, respecto a la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de rehabilitación y reposición, en el sentido de que todas aquellas actuaciones en virtud de un convenio de cooperación interadministrativo por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2009-2012 y que a la entrada en vigor de este decreto-ley no hayan concluido podrán continuar ejecutándose hasta el 31 de diciembre de 2022, incluso en el caso de que hubiera finalizado el plazo de ejecución inicialmente acordado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto-ley; y, por último, una disposición final única, con la entrada en vigor de este decreto-ley para que se produzca desde el momento en que se publica en el Boletín Oficial de Canarias.

Por tanto, por lo expuesto, y en virtud del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y visto el informe favorable del Consejo Consultivo, es por lo que desde nuestro grupo le reiteramos nuestro apoyo a la convalidación del presente decreto-ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, muy buenos días.

El decreto-ley es un instrumento ahora en nuestro Estatuto para legislar desde el Gobierno, cierto es que luego debe convalidarse, derogarse o transformarse en proyecto de ley en este Parlamento, y yo creo que es un buen instrumento para la gestión del autogobierno, pero hay que utilizarlo al servicio de los intereses generales y no de los intereses particulares. Este decreto-ley no pretende resolverle problemas a la gente, este decreto-ley pretende resolverles problemas a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo. Es evidente.

Las víctimas, como siempre, la gente de Las Chumberas, que llevan más de una década esperando por una solución a un problema habitacional gravísimo y que no se ha movido en una década ni una sola piedra. No es verdad que hayan empezado las obras, eso no es verdad, lo que se ha hecho es apuntalar los edificios, pagar realojos, por cierto, algunos realojos pagados a personas con liderazgo vecinal y político, que no se justificarán el día en que eso llegue a los tribunales, y, además, que se pagaron antes de la vigencia del convenio.

Hoy está la Fiscalía Anticorrupción en los medios de comunicación, léanse lo que dice la Fiscalía. Algunos se creen que en la Administración pública se puede hacer lo que a uno le dé la gana. En las administraciones públicas hay que respetar la ley y siempre hay que trabajar para la gente, para los ciudadanos, y eso es lo que no se ha hecho. Este decreto-ley, que se propone ahora como una solución mágica a los problemas que algunos han creado, es sencillamente un instrumento, un instrumento para tratar de ocultar la mala gestión del Ayuntamiento de La Laguna y la empresa responsable en la gestión de la rehabilitación y reposición de Las Chumberas. No han hecho nada en una década, no han hecho nada en una década.

Pero, además, pretende este decreto-ley evitar la dación de cuentas. Los dineros que se destinaron los 25 millones del convenio son finalistas, son para Las Chumberas, para la reposición y la rehabilitación y no para otras cosas. De esos 25 millones se han justificado 2,2, prácticamente en una década; 15 llegaron a Muvisa, algunos se han justificado, 2,2, otros están en la tesorería, otros no se saben dónde están. Los 10 restantes están en el Ayuntamiento de La Laguna. Primera pregunta: ¿dónde están los 22 millones que faltan, dónde están?, ¿por qué no los justifican ante las administraciones que los han subvencionado? Si es sencillo, la Administración del Estado y la Administración insular, en la intervención de ambas administraciones, han dicho que se acabó el convenio, finalizó el 31 de diciembre del año 2018, y cuando un convenio con subvenciones finaliza, o se justifica o se devuelve el dinero, y todas las administraciones han dicho que están dispuestas a volver a poner el dinero. Sin embargo, no se pretende eso, porque, de facto, con este decreto-ley se está excluyendo a la Administración del Estado. La Administración del Estado va a exigir la justificación de los 12,6 millones, no les quepa la menor duda, mande la Liga Comunista Revolucionaria o el Partido Popular. El dinero que se da como subvención se tiene que justificar y, si no se justifica, se devuelve, y aquí lo que se está pretendiendo es eludir la dación de cuentas de quien tiene toda la responsabilidad, cuatro años como alcalde y cuatro años como presidente. Hay cinco informes de la Intervención del Cabildo Insular de Tenerife diciendo lo mismo que dice la Administración del Estado: que el dinero o se justifica o se devuelve. Y la única intervención que no ha dicho nada es la de la comunidad autónoma, que también está obligada a reclamar ese dinero. Supongo que la razón, supongo que la razón es que quien estuvo en los primeros cuatro años de este convenio al frente de la alcaldía y de Muvisa es el mismo que hoy preside el Gobierno de Canarias.

Este decreto-ley es un uso torticero e interesado de un instrumento legislativo al servicio del interés general, insisto, para ocultar la mala gestión del ayuntamiento del señor Clavijo, para eludir la dación de cuentas del dinero público a las administraciones que han hecho las aportaciones y, lo más grave, porque, de facto, se renuncia a la participación de la Administración del Estado en la financiación de estas y del resto de las fases, porque la Administración del Estado va a exigir, no les quepa duda, sea quien sea quien dirija el Estado, va a exigir o la devolución del dinero o su justificación. Y de los 25 millones solo se han justificado 2,2 millones en prácticamente diez años.

No se ha ejecutado ni se ha justificado el dinero público y, mientras tanto, la gente sufriendo las consecuencias de la inacción, de la mala gestión, de la incompetencia, de todo junto. Y todo esto, insisto, solo para ahorrarle al Ayuntamiento de La Laguna la obligación que tiene, legal, de dar cuenta de qué ha pasado con las subvenciones.

Y ahora dirán que, si no se aprueba el decreto-ley, claro, los pobres vecinos, ¿no? Como siempre: pasó con el Hospital del Sur, del Norte, con los atascos del norte y del sur y ahora también con Las Chumberas. Siempre los ciudadanos, delante y la incompetencia, la insolvencia y no se sabe qué más cosas, detrás.

Con este decreto-ley se pretende dar una patada p'alante, salvar los procesos electorales del 28 de abril y 26 de mayo, como siempre, a costa de los intereses y derechos de la gente. Se trata de avanzar, seguir, con transacciones y sin justificación, sin reintegrar el dinero que no se ha gastado.

Insisto, nosotros no vamos a apoyar este decreto-ley por el uso que se hace, interesado y torticero, de un instrumento que debe estar al servicio... Esta es una solución para los intereses de Coalición Canaria y del señor Clavijo, que es provisional y no se crean que van a irse de rositas en este asunto, como en otros. Cuando se está al frente de las administraciones públicas se tiene que actuar respetando las normas, insisto, y atiendo siempre al interés general y aquí hay demasiadas cosas oscuras. Que nos digan dónde están los 22 millones de euros que faltan, por qué no los justifican cuando es una obligación legal, por qué renuncian a que la Administración del Estado siga aportando dinero, por qué esto -que se convertirá en un escándalo, no les quepa la menor duda, es solo una cuestión de tiempo- no lo abordan ustedes de verdad asumiendo responsabilidades y no eludiéndolas, que es lo que hacen siempre.

(Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos, señora Santana.

Señorías, ruego silencio, si son tan amables.

La señora SANTANA PERERA: Muy buenos días, señoras y señores diputados. Señora consejera.

Hoy nos traen aquí un decreto-ley que por un lado pone el énfasis en la situación de necesidad extrema que han venido viviendo y padeciendo los vecinos del barrio de Las Chumberas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, y que llevan ya padeciéndola desde hace ocho años, en el seno de la justificación de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para poder acudir a este tipo de normas que fija el Estatuto de Autonomía, por lo que se presenta esta modificación de la Ley de Vivienda de Canarias como salvavidas para los vecinos de Las Chumberas. Pero lo que se trae aquí no es, sus señorías, un salvavidas para los vecinos de Las Chumberas, es un salvavidas para el Gobierno de Coalición Canaria y para el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, una manera de justificar legalmente la falta de justificación del dinero público. ¿Por parte de quién?, pues por parte de la persona que hoy preside el Gobierno de esta comunidad autónoma. Y, si me lo permiten, se lo voy a explicar brevemente.

25 millones de euros se debían destinar a la reposición de Las Chumberas: 10 millones que irían destinados directamente al Ayuntamiento de La Laguna y otros 15 que fueron a parar a la empresa Muvisa. Dinero todo proveniente de las distintas administraciones públicas, o sea, dinero público.

Señores del Gobierno, ¿cuántos millones se han gastado ustedes en la reposición del barrio de Las Chumberas?, ¿cuánto dinero se ha destinado a expropiar, a demoler y a reponer? Porque solamente lo que a nosotros nos consta es que se han justificado 2,2 millones de euros de esos 25 millones; el resto del dinero se ha utilizado, por tanto, por parte del Ayuntamiento de La Laguna, hasta el 2015, no lo olvidemos, presidido por el señor Fernando Clavijo, y la empresa Muvisa, que hasta unas semanas también estaba bajo control de Coalición Canaria, pues, para qué, para obtener cash, para eso han utilizado el dinero. Es decir, como una caja o un banco y, si incluso me lo permiten, como esa caja de gofio que tiene uno en la cocina y de vez en cuando echa mano al dinero pero sin ningún tipo de control ni de justificación.

Este decreto-ley, sus señorías, tiene un objetivo muy claro, que es evitar, evitar justificar la subvención que se les dio, es decir, evitar la aplicación de la Ley General de Subvenciones. El Cabildo de Tenerife tiene en sus manos hasta cinco informes técnicos en los cuales se les advierte y se deja bien claro que la naturaleza del dinero aportado por las distintas administraciones públicas en Las Chumberas, se trata de una subvención, y como tal, cuando se hace uso de dinero que proviene de subvenciones, hay que justificarlo, señores del Gobierno. Y nos sobran las circunstancias por las cuales ustedes pudieran haber justificado ese dinero: por ejemplo, habría que haber expropiado los terrenos, hay que demoler edificios, hay que reponer viviendas, hay que realojar a los vecinos. Todas... (Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Señora Santana, perdone que la interrumpa, paro el tiempo.

Continúe, señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias.

Todas estas actuaciones hubieran justificado el uso del dinero proveniente de subvenciones públicas, pero no, esto no se ha realizado.

Ustedes nos vienen a decir que sin este decreto no es posible la prórroga de financiación de las actuaciones de la reposición de Las Chumberas y no es verdad, señores del Gobierno. Lo que dicen ustedes es mentira. Ninguna de las administraciones implicadas pretende dejar sin aportar su parte del dinero para financiar esta actuación. El problema aquí radica en que se quiere prorrogar algo que no se ha hecho, unas obras que ni siquiera se han iniciado, que no han comenzado. Los vecinos de Las Chumberas siguen en la misma situación a día de hoy que hace ocho años y el dinero público ustedes se lo han gastado en otras finalidades.

Señores de Coalición Canaria, no existe riesgo para que la financiación de las actuaciones de reposición de Las Chumberas no llegue. El riesgo está en que la gestión de Coalición Canaria y del señor Fernando Clavijo quede en entredicho. Ese es el riesgo que ustedes tienen. Así que no cuenten ustedes con el voto favorable de mi grupo parlamentario para engañar a la gente y dar la apariencia de haber resuelto el problema por parte de Coalición Canaria.

Lo terrible de toda esta situación es que, tras tres convenios y tras ocho años, seguimos en el punto de partida. Si es que ni se han expropiado los terrenos necesarios para realizar las actuaciones de reposición, que sería este el primer paso, y se quiere utilizar a los vecinos de Las Chumberas como arma arrojadiza haciéndoles creer que no hay dinero para las actuaciones cuando sí que lo hay; lo que pasa es que no sabemos dónde está... (Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Señora Santana, perdone que la vuelva a interrumpir por segunda vez, por lo cual le pido disculpas, en su intervención, pero es que el murmullo... Por favor, respeto a quien está en el uso de la palabra, señorías.

Continúe, señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Es que lo que nos tiene que decir Coalición Canaria es que dónde están esos 20 millones de euros. Yo ya se lo pregunté al señor Clavijo en esta Cámara hace dos o tres semanas y no me respondió, la callada por respuesta.

Así que, señores del Gobierno, me gustaría finalizar con dos apreciaciones.

En primer lugar espero que de aquí al 26 de mayo ustedes no abusen de esa disposición que les da el Estatuto de Autonomía en el artículo 46, de hacer uso de decretos-leyes y gobernar a base de decretazos de aquí a las elecciones, y menos cuando no se trata de situaciones de extrema necesidad y urgencia, porque creo que estarían haciéndose ustedes trampas jugando al solitario y engañando a toda la ciudadanía de Canarias.

Y la segunda apreciación que quiero hacerle ver a la ciudadanía de Canarias es que si hay algo de extrema y urgente necesidad ahora mismo en esta comunidad autónoma es echar a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo del Gobierno. ¿Por qué?, porque están poniendo en peligro el dinero público con su negligente gestión, el dinero que con mucho esfuerzo sale del bolsillo de todos los contribuyentes de Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.

Turno de intervención ahora para el Grupo Popular, señor Estalella.

El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

En el ámbito de competencias de este Parlamento se encuentra la convalidación de los decretos-leyes del Gobierno de Canarias. Este es el tercero que se presenta para superar este trámite. Y se refiere el texto del decreto-ley a la situación sobrevenida de las viviendas del lugar llamado Las Chumberas. Es público desde hace unos años los daños estructurales que aquejan a estas construcciones, principalmente la aluminosis, un defecto que se manifiesta en el envejecimiento del hormigón haciendo desaparecer sus características y produciendo su degradación y pérdida de resistencia, terminando, en consecuencia, con el derrumbe de la construcción. Esta situación sobrevenida y de peligro para sus habitantes obligó a tomar la decisión de la reposición de las viviendas, pero las administraciones han encontrado unos escollos legales que les impiden acordar transacciones en convenios de cooperación con otras entidades públicas.

Este decreto modifica la ley canaria de vivienda para que sea posible acordar transacciones y arbitrajes, precisando del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. También añade a la ley canaria de vivienda una nueva disposición adicional, que queda como vigésima primera, por la que se habilita a la consejería titular de la materia de vivienda a convenir con el Estado y el resto de administraciones de ámbito insular y municipal actuaciones encaminadas a la rehabilitación o reposición por razón del deterioro producto del paso del tiempo o por causas de fuerza mayor.

El Grupo Popular convalidará este decreto-ley del Gobierno por dos razones. Primero, se justifica el uso de este instrumento, que es una de las nuevas capacidades que otorga el recién estrenado Estatuto de Canarias, por el origen de la situación, ya explicado, aunque deseamos que no sea una práctica habitual y se reserve para casos excepcionales o de necesidad. Desde luego no compartimos en absoluto el abuso de este instrumento o herramienta. Segundo, la situación jurídica por la imposibilidad de transacción por parte de las administraciones concernidas en el asunto de Las Chumberas puso de manifiesto la dificultad que impedía solucionar el problema a los ciudadanos, que es la misión de la política, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, la solución a sus problemas y dificultades individuales y colectivas. Estas modificaciones de la ley canaria de vivienda vienen a desatascar la situación y darle viabilidad a la reposición de estas viviendas, y otras situaciones análogas que pudieran presentarse en el futuro en las que las circunstancias pongan en peligro la vida de las personas.

Cosa distinta es el análisis que podemos hacer de la gestión realizada por parte de las administraciones -Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna...- competentes en el asunto de Las Chumberas. Existen razones más que suficientes para pensar que esta crisis no ha tenido lo que podríamos denominar una gestión ejemplar. No se podrá contar como un caso de éxito, desde luego que no, pero a pesar de todas las consideraciones negativas sobre el asunto y porque sabemos que la convalidación de este decreto-ley pretende la solución a las dificultades de los ciudadanos es por lo que el Grupo Popular ha decidido, con muchas reservas pero imponiéndose el interés de los ciudadanos a cualquier otro, la convalidación del decreto-ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estalella.

Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Miren, lo que ustedes pretenden con este decreto no es resolver problemas administrativos, no sigan engañando más a la gente de Las Chumberas. ¡Ya está bien!, llevan diez años tomándoles el pelo. ¡Ya está bien!, ya está bien, aprendan. Miren, hoy en los medios de comunicación se hace pública una información respecto de la opinión que le merece el caso Grúas a la fiscal anticorrupción y algunas de esas cuestiones le fueron advertidas durante mucho tiempo en la gestión diaria del Ayuntamiento de La Laguna. Quien les habla fue el primer responsable público que en el año 2005 le advirtió al hoy presidente del Gobierno que cambiar la titularidad individual por una titularidad de personas jurídicas del concesionario del caso Grúas iba a traer problemas. Bueno, yo era un concejal en la oposición y me tuve que enfrentar, en aquel momento, con el férreo bloque de la prepotencia con la que ustedes han gestionado en muchas ocasiones las administraciones públicas en la isla de Tenerife y en Canarias. Pero hoy el tiempo y las actuaciones judiciales que se van realizando nos van dando la razón.

Y ustedes no aprenden y hoy vienen con un decreto a decirnos, ha dicho la consejera que esto es casi que obligatorio como consecuencia de los acuerdos a los que han llegado las administraciones públicas con el Ayuntamiento de La Laguna para salvar una situación in extremis que ustedes mismos han creado. Es mentira, eso no es verdad. ¿Quién exige una modificación de la Ley de Vivienda de Canarias en este sentido para que puedan, digamos, gestionarse los fondos de Las Chumberas? No lo dice absolutamente nadie, porque lo que ustedes pretenden con este decreto no es lo que ustedes dicen. Lo que ustedes pretenden con este decreto es, por la puerta de atrás, hacer una modificación indirecta, que no les corresponde, de la ley de subvenciones. Eso es lo que ustedes pretenden. Ustedes pretenden seguir hacia adelante sin hacer algo que es una obligación, que es justificar lo que han hecho con el dinero de Las Chumberas hasta ahora. Esto es un decreto para salvar una situación política difícil, grave y que veremos dónde termina en relación con el caso de Las Chumberas. Ya está bien: ¡no sigan ustedes tomándole el pelo, más, a la gente de Las Chumberas! Ya está bien, llevan una década con este asunto. Cuando no, la culpa es de Madrid, la culpa es de la ONU, de la OTAN... no se sabe muy bien de quién, menos de ustedes. Han tenido el dinero desde el minuto uno, la predisposición de todos los gobiernos que ha habido, y han pasado varios presidentes del Gobierno desde que se firmó el primer convenio, empezó con Zapatero, siguió con el presidente Rajoy y ahora con el presidente Sánchez. Tres presidentes del Gobierno de dos partidos diferentes, han encontrado toda la predisposición por parte de la Administración del Estado para ayudar en un asunto más que discutible, porque no nos olvidemos de que la titularidad de las viviendas no es pública. Y lo encontraron, y las puertas abiertas de los técnicos de la Administración del Estado. Hasta para arreglarles un problemón que han creado ustedes, ¿dónde está el dinero?, ¿dónde está? Y eso es lo que ustedes pretenden con este decreto, es lo que ustedes pretenden: salvarles una situación compleja, política, en el Ayuntamiento de La Laguna.

Me sorprende la posición del Partido Popular, no la entiendo, porque en el Ayuntamiento de La Laguna han hecho otra cosa. Se han sumado al resto de fuerzas políticas para aclarar qué pasa en Muvisa. No entiendo la posición del Partido Popular en La Laguna y que hoy se presten a convalidar un instrumento que no es otra cosa más que resolverles un problema de gestión a los señores de Coalición Canaria, porque lo que se pretende aquí es evitar la aplicación de la ley de subvenciones, como dicen los letrados del Estado con claridad y nitidez, como dice la Intervención del Cabildo Insular de Tenerife, que tienen ustedes que hacer una cosa muy sencilla. ¿Que hay acuerdo para transar y poder salvar la situación que ustedes han creado?, por supuesto. Todavía recuerdo cuando el alcalde de La Laguna se fue de polizón, de polizón, con el vicepresidente del Gobierno, cuando se iba a firmar el Convenio de Carreteras, de polizón, a hacerse una foto en un pasillo para sacarla en un medio de comunicación y decir que estaba trabajando para resolver el asunto de Las Chumberas. ¡Qué vergüenza! Y hay que tener desfachatez para actuar de esa manera cuando saben perfectamente que ustedes han dispuesto del dinero, que lo han dedicado a otras cosas y que la mitad de lo que han dispuesto ni siquiera, ni siquiera, hasta el propio Gobierno suyo, hasta su propio Gobierno, ha sido incapaz de decirle, "oiga, hasta aquí, ¿eh?, estas cantidades ni yo me las creo, ¿no?", que ya es difícil, que ya es difícil.

Y lo que pretenden es evitar algo que está en la ley de subvenciones, que es que, transar sí, pero previamente tienen ustedes que justificar, ¡justificar!, para saber cuánto dinero hay que devolver y cuánto dinero hay que transar. Y eso es lo que ustedes pretenden.

Sobre el título habilitante no me voy a meter, ya tendremos ocasión, porque estamos estrenando la herramienta. Ya tendremos ocasión de entrar en eso en el futuro. El dictamen del Consejo Consultivo, en fin, realmente no entra en el fondo, porque al final es una cuestión de oportunidad, pero ya lo discutiremos en otras ocasiones.

Pero sobre el fondo del tema no sigan ustedes disfrazando las cosas, ¡no sigan haciéndolo! No vuelvan ustedes a poner delante de los problemas de su gestión a los vecinos de Las Chumberas. "¡Esto es para arreglarles el problema a los vecinos de Las Chumberas!": si ustedes hubieran tenido interés en resolverles el problema a los vecinos de Las Chumberas, hubieran hecho algo en diez años, aparte de coger el dinero y no saber en qué se lo han gastado. Porque eso es lo que ha ocurrido en diez años, no se ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera se ha adjudicado una obra, que lo han hecho condicionado, por lo tanto es igual a cero, y lo único que han hecho es apuntalar las viviendas durante diez años. No tienen ni siquiera los informes técnicos actualizados de cómo están las cosas, lo quieren ustedes resolver con una inspección ocular. Porque el problema no está solo en Muvisa, el problema ha estado en la Gerencia municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna.

Y lo hacen ustedes aquí, en el último minuto, en el tiempo de descuento. ¡Ya está bien!, tengan un poco de dignidad, no sigan tomándoles el pelo a los vecinos de Las Chumberas. Este decreto no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen, es un decreto para salvarles la cara, en pleno proceso electoral, en un asunto gravísimo, a ustedes, al alcalde de La Laguna y al...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matos.

Turno para el Grupo Nacionalista. ¿Señora Beato? Sí.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías.

La actuación de reposición y reorganización de Las Chumberas se amparaba en tres convenios, 2011, 2015 y 2016, que han expirado, y las cuatro administraciones participantes -Ministerio de Fomento, Gobierno de Canarias, cabildo y Ayuntamiento de La Laguna- tienen la firme voluntad de continuar con las actuaciones y han buscado una solución jurídicamente viable. El ministerio, sobre la base de un informe de la Abogacía del Estado, considera que debe iniciarse el proceso de liquidación y para ello propone -el ministerio, el ministerio- un acuerdo transaccional de aplazamiento de reintegro. Y esto tiene encaje en la Ley General Presupuestaria, reitero, un informe de la Abogacía del Estado.

Las tres administraciones canarias plantearon otras soluciones y es el ministerio el que insiste en este acuerdo transaccional. La comunidad autónoma puede hacerlo porque su ley de hacienda pública se lo permite, pero las administraciones locales no, porque la ley de haciendas locales, que antes lo permitía, ahora no lo permite. Otras comunidades han hecho lo que estamos haciendo nosotros ahora, permitirlo. Y esta es la solución viable, y lo dice el Consejo Consultivo en un informe rotundo, que dice que esta es una solución justificada, que se justifica en la situación extraordinaria que se vive en Las Chumberas.

Mire, la situación es urgente, porque el ministerio ya ha remitido un borrador para continuar con las actuaciones con base en los acuerdos transaccionales que se han tomado en esa comisión de seguimiento de las cuatro administraciones, pero esos acuerdos no pueden seguir adelante si no se destraba esa posibilidad de que las administraciones locales puedan transar.

Y, miren, han sido tres los convenios, tres los convenios firmados, no uno ni dos ni tres. Cuando se firma un convenio es porque no existen dudas de dónde están los dineros. Y yo le recuerdo al señor Matos que en La Laguna hemos cogobernado durante todos estos años cuando se firmaron los convenios y le recuerdo también que el convenio de noviembre del 2015 se firmó bajo la responsabilidad de esta área del Partido Socialista, y también se firmó el 4 de octubre de 2016 bajo la responsabilidad del Partido Socialista. Luego, no digan ustedes ahora que no saben nada del asunto y que se han enterado hoy, y se están enterando hoy.

Mire, yo no sé de dónde sacan, de dónde sacan, no lo sé, que lo que se pretende evitar es la dación de cuentas. Mire, en los medios de comunicación también ha salido una auditoría, una auditoría externa e independiente, que concluye, que concluye que no han observado hechos o circunstancias que puedan suponer incumplimientos respecto a las condiciones impuestas por Muvisa en la actuación singular de reposición. Estas son las conclusiones de una auditoría externa.

Y, miren, la ejecución de unas actuaciones complejísimas como esta que requiere demoler 10 bloques de viviendas, 160 viviendas y 12 locales comerciales no se resuelve en un día ni en dos ni en un mes ni en dos meses, esto... Coalición Canaria siempre ha estado al lado de los vecinos, y es importante, desde el año 2008 cuando se detecta la aluminosis en Las Chumberas, y es en el 2011 cuando el señor Clavijo, siendo responsable del Ayuntamiento de La Laguna, logra que el Estado se implique con Las Chumberas y firme el convenio en el 2011. Y eso lo hizo Coalición Canaria.

Se ha realojado a 106 familias. ¿Y ustedes qué pretenden, que dejáramos a esas familias en la calle?, ¿qué pretenden ustedes? Ahí se ha aplicado parte del dinero, en el realojo de 106 familias. Se ha procedido a la adjudicación de las obras y la expropiación también se está tramitando, pero depende, culminar esos procesos de adjudicación de obras y la expropiación, de que se garantice la continuidad de las actuaciones, y esta es la llave que la va a garantizar. Mire, no se ha estado cruzado de brazos en Las Chumberas, no se ha estado cruzado de brazos, y los resultados están ahí.

Sus señorías pueden elegir... Los partidos eligen estar al lado de la bronca, al lado de la confrontación, al lado de enmarañar las cosas, para liarlas, para no resolver las cosas, y se puede elegir estar al lado de los vecinos, estar al lado de las soluciones, estar al lado de convenios con otras administraciones, con el ministerio, de la mano del cabildo, el ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, para solucionar, para seguir avanzando, para resolver el problema. Y ustedes anteponen echar, echar al señor Clavijo a resolver el problema de los vecinos. Anteponen eso y nosotros no anteponemos eso, anteponemos las soluciones. Esta es una solución que avala el Consejo Consultivo, que determina que es, además, justificada la situación de urgencia, y hay una auditoría. Ningún convenio, ni el ministerio estaría con un informe de la Abogacía del Estado proponiendo esta solución si esta solución no fuera jurídicamente viable. Es viable, es razonable y es necesaria para desbloquear el asunto de Las Chumberas y Coalición Canaria no va a descansar hasta solucionar este asunto, hasta que cientos de familias puedan volver a sus hogares y culminar con éxito esta reposición y esta rehabilitación de las viviendas.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señorías, una vez concluido el debate, llamo a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Señorías, les comento. Los votos afirmativos se entenderán que son favorables a la convalidación y los negativos, que son favorables a su derogación.

Comienza la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 55 votos emitidos: 30, sí; 24, no y una abstención. Por tanto, se entiende que ha sido convalidado.

En este caso pregunto a la Cámara si quiere que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo tengo que hacer aunque sea el último día. Votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 55 votos emitidos: ningún sí, 45, no y 10 abstenciones. Por tanto, queda convalidado, en los términos que vienen dados, ya el decreto-ley.

(El señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, ocupa un escaño en la sala).