Diario de Sesiones 32/2020, de fecha 20/5/2020
Punto 6

10L/DL-0007 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. DE MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER SOCIAL DIRIGIDAS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, correspondiente a la convalidación o derogación de los decretos leyes.

En este caso, el Decreto ley de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Tiene la palabra la señora consejera. Adelante.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Bueno.

Pues mucho de lo que se expone en este decreto ley hemos tenido la oportunidad de hablarlo en la comparecencia.

Es un decreto ley que nace y se justifica su urgencia, pues, por respuesta a los desafíos que acarrea consigo la emergencia sanitaria del COVID-19, así como el reforzar el escudo social -que yo lo voy a seguir llamando así- que ha desplegado tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias, e intentar llegar, como decía antes, a donde no llegan las medidas que se establecen desde el Estado. Eso sí, desde ambos frentes, Estado y autonomía, estamos trabajando de manera coordinada para desarrollar políticas públicas que ayuden a afrontar esta crisis sanitaria, pero, a la vez, es una crisis social y una crisis económica.

Nosotras, como les decía, estamos generando este escudo y entendiendo que hay que priorizar el interés general frente al interés particular -que fue lo que se hizo en el año 2008 y lo que les contaba antes-, en definitiva, hacer lo que se espera de cualquier Estado democrático y social, defender a las personas que habitan en nuestro país.

Desde Canarias estamos contribuyendo a esa ampliación y fortalecimiento, principalmente desde tres aspectos principales: uno, la creación del ingreso canario de emergencia; la ampliación y agilización de la prestación canaria de inserción; y también la exoneración del pago de cuotas de alquiler a las personas adjudicatarias de vivienda pública. Esos son los tres fundamentos de este decreto ley que hoy vamos a presentar.

El COVID, como todos saben, ha paralizado la actividad económica, y esto lleva aparejado consigo unas graves consecuencias sociales. Antes hablábamos de que ya Canarias partía de una situación de desventaja con en torno a un 36 % de la población en riesgo de pobreza y exclusión social según la tasa Arope, y probablemente esta situación se vaya a ver agravada. Aunque tengamos herramientas para intentar frenar el golpe como el ingreso mínimo vital o estas mismas que se desarrollan en el decreto ley, pero, aun así, lo inevitable es que muchas personas se vayan a ver afectadas, puesto que la actividad económica no se reactiva lo rápido que queremos. En una comunidad autónoma basada principalmente su economía en el sector turístico, que es un sector que desgraciadamente no se puede poner en marcha tan rápido como otros sectores porque no es una cuestión de darle a un botón, es una cuestión también que afecta a terceros, que las personas en el origen tengan el deseo de volver a visitar nuestras tierras, que, por cierto, el sector turístico por supuesto que lo apoyamos y de hecho está haciendo un excelente trabajo la consejera de Turismo. Porque no queremos volver a la casilla de salida, queremos un modelo turístico más sostenible, más igualitario y más justo, y eso es lo que ha desarrollado ella en el documento que nos ha presentado. Hay que marcar la diferencia. Una cosa es criticar un modelo turístico basado en el sol, playa, ladrillo y explotación laboral, y otra cosa es un modelo turístico que se respeta a sí mismo, como decía Saramago, ¿verdad, señora Del Río? Son amplias las diferencias.

Creo que, básicamente, en la comparecencia les expliqué en qué se basaba el decreto ley, creo que sí que es bueno se convierta en proposición de ley para poder hacer esas enmiendas y mejorarlo, yo entiendo que se pueden buscar mejoras y esperamos que así sea. Y espero apoyo de esta Cámara al decreto ley, porque creo que son medidas de justicia, con sus fallos, por supuesto, como todas, porque somos humanos, pero con muchos aciertos también.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Santana.

Turno para los grupos parlamentarios.

Grupo Mixto, señora Vidina.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, hoy nos trae aquí un decreto que aún no ha sido convalidado por este Parlamento y que ya ha tenido que ser corregido por otro decreto de su Gobierno, han tenido ustedes que corregir los fallos garrafales de este decreto ley que nos presentan hoy aquí después de que el Consejo Consultivo señalara entre sus carencias, pues, falta de seguridad jurídica o falta de coherencia elemental. De hecho, su decreto parecía un auténtico galimatías y me recordó mucho a esa ley de igualdad que les tuvieron que corregir el Partido Socialista en el Gobierno de España.

Porque a ustedes no les importa hacer bien las leyes, lo que les importa es la propaganda y, de hecho, insisto, anunciaron a bombo y platillo ese ingreso mínimo... ese ingreso canario de emergencia, que esta vez no iba a ocurrir lo de ocasiones anteriores, que la gente no se iba a morir esperando, y le reitero la pregunta: ¿de los 26 000 expedientes que, según usted -que ha dicho en esta Cámara- se han tramitado, cuántas personas han cobrado ya la ayuda? No me ha respondido. Ninguna. De hecho, están teniendo que... bueno, igual usted me lo aclara ahora, pero antes no me respondió. Entiendo que ninguna (ante los gestos de la señora Santana Perera desde su escaño). Y de hecho, y de hecho, están teniendo que recurrir a las ONG. A las ONG que se han quedado fuera de las ayudas, ONG como Pequeño Valiente, que atiende niños con cáncer, que ya ha anunciado que va a tener que cerrar sus centros en Madrid, sus casas en Madrid, porque no tiene recursos suficientes. O Sonrisas Canarias, en Tenerife, que atiende a miles de personas y aún están esperando porque ustedes contesten a esa solicitud para que ellos puedan comprar alimentos.

Y, mire, señora Santana, yo no la voy a felicitar. No la voy a felicitar por un trabajo que no hace. Yo voy a felicitar en este Parlamento a los sanitarios, que se han jugado la vida, a los sanitarios, a los transportistas, a los trabajadores de los supermercados, a los funcionarios públicos que han hecho un esfuerzo extra. ¿Pero qué ha hecho usted? Yo no le he visto hacer ningún esfuerzo extra, de hecho, ni siquiera acude a las reuniones, ni manda algún representante de su consejería. Porque me gustaría saber, también, que la señora Del Río nos aclare con qué parlamentarios se reúne la consejera, pues será con los de Podemos y con los del Gobierno, porque de resto no sabemos nada de ella.

Además, usted, consejera, acaba de asegurar aquí que es que no podían activar la PCI porque había una ley y tiene unos requisitos que, pues, muchas familias no podían acogerse a la PCI. Pero es que, mire por dónde, usted en el decreto ha modificado los requisitos de la PCI, y encima lo ha hecho mal, porque los ha hecho todavía más restrictivos, y por ello ha tenido que presentar un segundo decreto para corregir que los requisitos de la PCI los han hecho todavía más restrictivos en el decreto que estamos tratando ahora.

Mire, vamos a votar a favor de convalidar este desastre de decreto, que sí que contempla una de las propuestas que nosotros hicimos al señor Torres y al señor Román Rodríguez, con los que sí hablamos, con los que sí tenemos contactos, como fue la suspensión del alquiler de las viviendas públicas -que no depende de su departamento, por cierto-. Vamos a convalidar este decreto, vamos a pedir su tramitación como ley, para corregir sus evidentes carencias.

Y, además, yo también, para concluir esta intervención, que, por cierto, me gustaría decirle a la señora doña Carmen que no dedique sus intervenciones a decir de lo que tienen que versar mis intervenciones. Yo entiendo que compartamos ideas, argumentos, unos no, otros sí, que podamos... yo estoy de acuerdo en que hay excesiva burocracia, por ejemplo, pero yo no dedico mis intervenciones a decirle a usted sobre lo que usted tiene que hablar, la respeto en ese sentido. Haga usted lo mismo conmigo, si no le importa.

Para acabar, a mí también me gustaría citar a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, una persona que yo creo que es digna, digna de admirar, porque es una persona coherente con lo que dice y con lo que hace. Y recientemente criticaba precisamente a los políticos, no que se han subido el salario -o sea, no sé ni lo que diría a los que se han subido el salario-, sino a los que no se lo han bajado, y cito al señor Pepe Mujica: cuando las papas queman los que manejan el barco tienen que colaborar, porque si le pido a los otros que pongan y yo no pongo, es medio careta, ¿verdad?

Aprenda del señor Mujica, señora consejera.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza, adelante.

Ahora.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Gracias, presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera adelanto que vamos a votar a favor de la convalidación del presente decreto ley. Un decreto que viene a establecer medidas importantes, dirigidas a atender situaciones de vulnerabilidad social en un contexto excepcional como en el que nos encontramos a consecuencia del COVID-19. Un decreto ley que, como se ha dicho, ya está desplegando sus efectos jurídicos, y no convalidarlo nos parecería una irresponsabilidad. Sabe ya que muchas familias se están beneficiando de estas ayudas sociales. Esta situación, por tanto, no debería de revertirse, porque son medidas absolutamente necesarias para la reconstrucción social y económica de Canarias.

Es necesario, como consecuencia de esta crisis sanitaria que, como ya se ha dicho, ha desencadenado en una crisis social y económica sin precedente para todo el archipiélago, que se tomen medidas de carácter extraordinario. Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, como las que se toman en este decreto, para poder, así, paliar la situación y mitigar el impacto económico y social de este parón de actividad que se ha generado en todo el país.

Por ello, este decreto ley lo que viene a dar es respuesta a las necesidades sociales de las personas más vulnerables, aquellas que con su situación actual no pueden hacer frente a gastos tan esenciales como la alimentación, el alojamiento, el cuidado de mayores, el cuidado de personas dependientes o, también, a los menores.

Este decreto ley viene a solventar estas carencias y lo hace a través del ingreso canario de emergencia -que no lo voy a volver a explicar-, de la tan necesaria flexibilización de la tramitación de la PCI -porque sí que se ha flexibilizado- y de la exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas para personas adjudicatarias de viviendas en régimen de alquiler que son titularidad de Visocan y del Icavi. Además, otra de las cuestiones que viene a reflejar este decreto es que en este periodo no se puede resolver ningún contrato de arrendamiento ni se devengarán intereses, lo que da una mayor seguridad y tranquilidad a los arrendatarios de las viviendas, ya que una de las mayores preocupaciones de muchos canarios es el no perder su hogar por no poder hacer frente al gasto que conlleva.

En definitiva, estamos hablando de medidas todas encaminadas a paliar, se podría decir, una pobreza sobrevenida y, lo más importante, intentar que mucha gente no caiga en la desesperación. Por todo ello, reitero el apoyo de Agrupación Socialista Gomera al presente decreto ley, y así será, también les adelanto, con todas las medidas que se propongan y que tengan como finalidad proteger a los más vulnerables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas otra vez, seguimos hablando del ICE, de la necesaria aprobación que esperamos que se haga de este decreto ley de medidas extraordinarias de carácter social, que, aunque algunos no lo crean, sí sitúa a nuestra comunidad autónoma en la primera línea de gobiernos autonómicos que responden de forma clara y concisa y de manera novedosa con medidas dirigidas a paliar las consecuencias sociales de la crisis del COVID-19, que complementan las ya desarrolladas por la Consejería de Derechos Sociales, reafirmando la prioridad del Gobierno de Canarias de no dejar a nadie atrás -que no es una frase hecha- y abogar por la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población.

Ya lo comentaron antes, pero yo voy a insistir, porque es importante señalar la constancia de las diferentes políticas que se pueden aplicar frente a una crisis económica -ya lo dijo antes mi compañera-, como ocurrió en el 2008; cómo la derecha optó por las políticas de rescatar bancos, de abaratar el despido y de recortar los servicios públicos en Sanidad y en Educación. Y hoy, un Gobierno progresista pone a las personas como eje vertebrador de la reconstrucción; una reconstrucción que se planifica pensando en para qué y en para quiénes. Porque no basta solo pensar en cómo aumentar el producto interior bruto, en cómo generar empleo y riqueza, sino en cómo se va a redistribuir ese empleo y esa riqueza y qué recursos tenemos que poner en marcha para, de verdad, no dejar a nadie fuera.

Por eso, además de todas las medidas que tanto a nivel estatal y autonómico forman parte del escudo social y, sí, hablamos de escudo social, porque un escudo no significa que te proteja al 100 %, pero te protege, te protege más llevar escudo que no llevar escudo, hemos visto muchas películas de romanos y morían también los que llevaban escudo, pero menos que los que no lo llevaban. Por eso, además de todas esas medidas, consideramos imprescindible generar otras específicas para las que, aún así, de todas las que ya se han puesto en marcha, seguían quedándose fuera, y entre ellas estaba el ICE, el ingreso canario de emergencia, dirigido a una parte muy vulnerable de nuestra sociedad que no ha tenido acceso a ninguna otra ayuda en este tiempo. Volvemos a explicarles quiénes: familias sin ingresos, que, según datos del Istac, en Canarias son unos treinta y ocho mil hogares, unas cien mil personas, se trata también de familias con personas paradas de larga duración, mayores de 55 años con graves dificultades de acceso al mercado laboral, jóvenes destutelados o sin familias de apoyo, familias monomarentales con menores a su cargo que han sobrevivido muchas veces gracias a las abuelas y abuelos y que ahora ni con eso pueden, y no olvidemos que en Canarias la pobreza sigue teniendo rostro de mujer y suele ser una mujer acompañada de un par de criaturas a las que tiene que mantener.

Familias que han venido subsistiendo de lo que conseguían de la economía sumergida, que antes lo hablábamos, la cual, desgraciadamente, sigue teniendo un gran peso en nuestra economía canaria, pero que, en pleno confinamiento, no pueden desarrollar. Ya vimos quiénes podían ser, toda esa cantidad de volumen de masa de empleadas domésticas, desgraciadamente, una gran cantidad sin contrato, y personas con contratos precarios. Hablamos de ese precariado que trabaja por horas, temporalmente y sin ningún tipo de protección. Hablamos de esos treinta y ocho mil hogares canarios, de esas cien mil personas que podrán ver un poquito de alivio con ese pequeño ingreso, que no es, en realidad, ni tal como queríamos, ni va a cubrir tanto tiempo como queríamos, pero es lo que hemos podido hacer como ingreso puente hasta la aprobación, por parte del Estado, del ingreso mínimo vital y de nuestra renta ciudadana, que estamos trabajando en ella, que estamos barajando cómo una y otra se pueden complementar para que, de verdad, cuando queda muy por debajo, suplir y que sean unos mínimos y que sean compatibles con rentas del trabajo y que sean compatibles con otras pensiones. En todo eso estamos trabajando, no crean que la renta ciudadana está parada, seguimos trabajando y nos seguimos reuniendo y seguimos buscando fórmulas para hacerlo de la mejor manera posible.

Se ha iniciado la tramitación ya de más de veinte mil solicitudes, creo, para el ingreso canario de emergencia, y a partir del próximo 27 de mayo, señora Vidina, era la fecha que teníamos comprometida, se empezarán a pagar. Teníamos distintos tipos de cuantía: 367 para una persona, 415 para dos miembros, 453 para familias de tres y 478 para cuando se cuenta con dos o más hijas a cargo; en total, 16 millones que se van a invertir y que nos parece que es una medida importante. Además, en este decreto tenemos la actualización de los importes de la PCI, la agilización de las renovaciones de la PCI y de las nuevas solicitudes que han llegado a la consejería en coordinación con los ayuntamientos y la renovación de la PCI que se han hecho de oficio, que es muy importante, porque eso agiliza un montón.

En cuanto a las nuevas solicitudes, se han gestionado más de mil quinientas, y la subrogación de los alquileres, en el pago de alquiler, a más de mil setecientas familias. Y, por cierto, no me queda tiempo, pero decir que me alegro que ese alquiler social pueda llegar dentro de unos años a Lanzarote también, con 200 viviendas...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Río.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, doña Carmen.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días de nuevo.

Bueno, este decreto yo creo que es un magnífico ejemplo de cómo el aparato administrativo se pone al servicio de las personas, de cómo lo público sirve para, realmente, rescatar a las personas.

Amparado, como ya se ha dicho, en los decretos estatales, fundamentalmente en el Decreto ley 8/20, hablamos de un decreto que se... bueno, se basa en tres grandes ejes: la prestación de emergencia, la ayuda de emergencia, que es una ayuda coyuntural, y que ha servido, además, para atender una realidad nueva, que son todas esas personas que o bien habían sufrido un ERTE y el ERTE todavía no había llegado y, por tanto, no tenían ningún ingreso, y toda esa población canaria que sabemos que sobrevivía gracias a la economía sumergida y que el confinamiento ha impedido que pudiera, pues, hacer esas pequeñas cosas que hacía antes, desde pintar una casa, pequeñas reformas o muchas mujeres que trabajaban en el hogar sin contrato, que es una realidad que no debería de existir, pero que realmente existe y que, nosotros, como Gobierno, o ustedes el Gobierno y nosotros como grupos que apoyamos al Gobierno, evidentemente algunos nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de apoyar a un Gobierno que hace las cosas distintas, ¿verdad?

Porque, además, podemos comparar. Es que no tiene nada que ver cómo se afrontó desde el Gobierno la crisis del 2008 y cómo se está afrontando esta, y eso es muy importante, porque realmente es lo que le da sentido a nuestra actividad política, hacer en los Gobiernos lo que decimos que hay que hacer cuando estamos en la Oposición. Eso es lo que diferencia a unos y a otros y es lo que algunas personas te dicen: "es que es verdad, todos los políticos no son iguales". Pues sí, no somos todos iguales, porque algunos intentamos ser coherentes, a sabiendas de que la coherencia no es fácil, pero es el reto que tenemos como seres humanos, ¿verdad?

Decía que esta prestación ha sido fundamental, un verdadero salvavidas en un momento tan crítico. Importante también cómo se ha adaptado, flexibilizado, la prestación canaria de inserción, que es una herramienta que ya teníamos, pero que sabíamos de sus déficit, y este decreto pone solución a varios de los déficit de la PCI, por ejemplo, a través de las revisiones de oficio o la flexibilidad a la hora de conceder esta prestación, algo muy muy demandado por las administraciones locales, lo que expresa con claridad que este Gobierno sí está en contacto con las administraciones locales. Y, además, creo que yo voy a ser una defensora férrea de esa coordinación, y acertadamente, además, de manera más intensa -y que no se ofenda nadie- con las cuatro grandes ciudades, no por nada, sino porque son los municipios donde mayor pobreza y exclusión hay. Y solo hay que ir a las listas de demandantes de PCI, porque ahí a veces hay un debate que yo creo que es estéril: la mayor demanda de expedientes de PCI, la mayor demanda de vivienda pública se concentra en las grandes urbes, pero aquí y en todo el mundo, es una cuestión que tiene que ver con la población, no tiene que ver con nada más.

Y me parece también fundamental, por tanto, aprender de lo que hemos hecho en este proceso, de manera acelerada, y porque la coyuntura nos ha obligado, para nuestro proceder a corto y a medio plazo.

Por tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la línea de que la PCI llegue de manera ágil, porque hasta que tengamos un ingreso mínimo vital de ámbito estatal o se ponga en marcha nuestra prestación canaria de emergencia que, como saben, efectivamente, no renunciamos a que sea una herramienta que complemente el ingreso mínimo vital y, de alguna manera, pues, sea un elemento de soporte a la dignidad de las personas, seguimos creyendo que la PCI es una herramienta absolutamente válida, absolutamente válida.

Y, por último, el aspecto que tiene que ver con la vivienda, que se dice de manera muy rápida, pero creo que a veces tengo la impresión de que no somos -y esto lo digo como concejala de Vivienda-, de que no somos conscientes de lo que ha supuesto y lo que supone para 17 000 familias que se les haya exonerado del pago del alquiler. Es que hablamos de familias que o no tienen ingresos o sus ingresos están muy por debajo del ingreso medio y, por tanto, que se les exonere del alquiler durante meses es una medida extraordinariamente importante. Por lo tanto, hay que valorar esa política, porque algunos defendemos que, hoy por hoy, uno de los grandes retos que tiene esta comunidad como lucha contra la pobreza y la exclusión es la vivienda. Yo no entiendo la vivienda sino como un derecho social, es un derecho constitucional, quebrado, absolutamente quebrado, pero no lo podemos desvincular de la política social y de los derechos sociales... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia concede un tiempo adicional). Gracias, señor presidente.

El 90 % de las personas que hoy demandan una ayuda de emergencia o están demandando una prestación canaria de inserción tienen problemas con la vivienda: o bien no tienen vivienda y viven en condiciones infrahumanas, hacinados, en coches, personas sin hogar o bien no pueden independizarse y desarrollar su proyecto de vida porque no tienen opción a una vivienda pública. Por tanto, la política de vivienda es una política esencial si queremos luchar contra la pobreza y la exclusión social de manera realista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Hernández.

Señor Suárez.

El señor SUÁREZ NUEZ: Gracias, presidente.

Señora consejera, el decreto ley que hoy se pretende convalidar lo único que genera es inseguridad jurídica a quienes resulten perceptores, por tanto, podemos afirmar que nos encontramos ante una chapuza legislativa, lo que, por desgracia, parece ser la nueva forma de trabajar de este Gobierno. Una chapuza que, además, ustedes mismos reconocen desde el mismo momento que modifican el decreto ley que todavía no se ha convalidado mediante la aprobación del Decreto ley 10/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto 6/2020, de 17 de abril. Es decir, ustedes dicen que ahora crean el ingreso canario de emergencia -lo que toda la vida ha sido una ayuda de emergencia social en los ayuntamientos y en los cabildos- para garantizar y ampliar la cobertura de la prestación canaria de inserción, y después, cuando regulan quiénes pueden ser los posibles beneficiarios, resulta que es más restrictivo que la propia ley de la prestación canaria de la inserción y, por tanto, contrario al espíritu que anima la norma de urgencia. Por cierto, esto último no lo estoy diciendo yo, lo dice el Consejo Consultivo.

Miren, pero las chapuzas no se han quedado ahí y mucho me temo que, en breve, veremos, con otro decreto ley, modificación del modificado. Pero ¿saben lo peor de las chapuzas legislativas? Que las personas más vulnerables como consecuencia de la pandemia no tienen una respuesta inmediata y pronta por parte del Gobierno.

Señora consejera, voy a continuar con sus chapuzas. No se delimita claramente cuándo se otorga el ingreso canario de emergencia y cuándo la PCI por el procedimiento flexibilizado durante el estado de alarma. Por tanto, esto lo que genera es inseguridad jurídica, no lo digo yo, vuelvo y digo que lo dice el Consultivo. No solo no sabemos quiénes son los beneficiarios del ingreso canario de emergencia y del procedimiento ad hoc de la PCI, sino que el decreto ley se contradice, porque por un lado dice que el ICE es incompatible con cualquier otra ayuda o prestación, pero sí permite que sea compatible con ayudas para paliar necesidades sociales. Por tanto, ¿en qué quedamos? ¿El ICE es incompatible con otra ayuda? Y si es compatible, ¿en qué supuestos se permite la compatibilidad? Cuando el decreto ley habla de las personas beneficiarias también se refiere a estas como a personas titulares y personas destinatarias, perdón, y no define el concepto de estas, por lo que conduce a error, generando inseguridad jurídica. Lo vuelve a decir el Consejo Consultivo.

Otra de las cuestiones que llama la atención de su decreto ley es la regulación de reintegros como obligación que deban ser los perceptores por error o indebidamente cobrados. Es decir, si se trata de un error de la Administración, el perceptor tiene, como obligación, el deber de reintegrar. Pues, señora consejera, así no funcionan las cosas. En una Administración pública ya le digo que existen mecanismos de reintegro con las cautelas y garantías que se presume en un Estado de derecho sin tener que regular como obligación el reintegro de ayuda.

Otra guinda de este decreto ley: la tramitación ad hoc de la PCI durante el estado de alarma. Y digo que es la guinda del pastel porque es un precepto que, sin estar convalidado, ya se ha modificado por otro decreto ley. Por tanto, no procede valorar esta chapuza legislativa porque ya ustedes se han encargado de que no esté vigente.

Otra cuestión que no podemos pasar por alto: la verificación extraordinaria, donde se regula que la Administración tiene el plazo de tres meses para comprobar las ayudas concedidas sin que se establezca cuándo comienza a computarse este plazo. Por tanto, nuevamente, inseguridad jurídica.

Mire, respecto al artículo 16 -y voy terminando-, donde se recoge la exoneración del pago del alquiler de las personas que tienen arrendadas las viviendas propiedad del Icavi o de Visocan, se recoge un plazo muy limitado, a dos meses, abril y mayo, nosotros le vamos a proponer en la modificación de este decreto, pues, que se amplíe a tres meses de exoneración.

Mire, me viene ahora un comentario que usted hizo sobre... Sí, yo le voy a mirar a la cara y le voy a preguntar, el CIS también hace esta pregunta: ¿situación económica personal? Buena o muy buena: en marzo el 35,8 %; en abril, el 69,8; y en mayo, el 70,1. ¿Se lo cree, señora consejera?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.

Turno para el Grupo Nacionalista.

La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, nosotros vamos a votar que sí. Nosotros vamos a apoyar la convalidación. Porque somos un partido de gobierno, gobierno de mucho tiempo, con muchas responsabilidades, con aciertos y con errores, pero, sobre todo, responsables. Quienes hemos tenido la responsabilidad de responder en los peores momentos en muchas crisis no vamos a poner un palo a una rueda para complicar que a las familias les llegue una ayuda más, aunque sea poco, aunque sea exigua, aunque sea puntual. No vamos a poner un solo palo a las ruedas de medidas que busquen, que tengan como objetivo que las familias tengan algún recurso más.

Pero, escúcheme, esto no significa silencio, y usted sabe que yo me callo poco, y me escuchará, me ha escuchado y me va a seguir escuchando criticar, proponer, y no me duelen prendas, como lo he hecho hoy, cuando tenga que felicitar, la felicitaré.

Nosotros nos quedamos contentos con el compromiso de la consejera de hoy, que espero que se cumpla, en cuatro cuestiones fundamentales, bueno, a tres ya me ha contestado y la cuarta se la voy a lanzar y espero que también de alguna manera me diga que sí.

La primera, que este ingreso canario de emergencia no solo se empiece a pagar de manera inmediata, sino que se amplíe la solicitud, mientras la situación económica de los canarios no sea la del pre-COVID. Porque muchas familias que la necesitan hoy, la van a necesitar en adelante, o no se han enterado o su situación en marzo era la de un ingreso que ya no tienen o, incluso, no han conseguido quien les ayude a pedirla; 15 000 menores no pudieron seguir las clases online. Usted me ha dicho antes que le parecía bien, por tanto, entiendo que acepta la ampliación de las solicitudes de este ingreso de emergencia en adelante hasta que volvamos a la situación anterior.

Usted también me ha dicho que iba a ampliar la cuota cero. Yo le pido que, por favor, tengan en cuenta que las familias que hoy se benefician de la cuota cero son las que estaban mal antes de la crisis del COVID, y que en este momento muchas, que están igual o peor, no disfrutan del mismo derecho social. Por tanto, permitan ustedes ya a todas esas familias entrar y solicitar la ayuda para los alimentos.

Usted también me ha dicho, en respuesta a mi primera pregunta, que estaba trabajando para que ningún ayuntamiento sufriera el recorte en los equipos de intervención y familia. Que la Fecam ha pedido que vuelva a la distribución anterior, porque con la que usted ha dictado ahora muchos ayuntamientos pierden fondos para atender a los menores, a los más vulnerables. Quiero creer que también lo va a conseguir. Y le digo más, este Gobierno, este Parlamento, ayer mismo el vicepresidente, Román Rodríguez, nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, continuamente recuerdan al Estado, y hay que recordárselo a sus habilitados, que no hay mayor injusticia que tratar a todo el mundo por igual. Y que si Madrid o Europa distribuyera los fondos en función de la población, como se está haciendo con este reparto de este año a los ayuntamientos, no les quiero contar cómo íbamos a estar. El reparto tiene que ser en función de la población afectada, de la vulnerabilidad, de los datos de paro, de las peticiones de PCI, tal y como todos hemos defendido siempre, no por población. Ahora, en el peor momento, no se puede coger y decir que vamos a distribuir el dinero entre los ayuntamientos por población, porque es una tremenda injusticia.

Yo con esas tres cuestiones me quedo contenta, pero voy con la cuarta, de la que no le he hablado. Cumpla la Ley de Servicios Sociales. Haga de ella su cuaderno de bitácora, su hoja de ruta. Porque si cumple con los reglamentos que estipula la ley y conseguimos fijar las competencias, la financiación, la concertación de los servicios a través del sector, que tan mal lo está pasando; si conseguimos, además, que los órganos de participación o que el observatorio funcionen, tendremos mesas de trabajo donde todos estaremos representados. La participación ciudadana será verídica. Y todo lo que se saque adelante contará con la unanimidad y el apoyo de esas estructuras de consulta. Más... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

Ya termino.

El señor PRESIDENTE: Termine, termine, señora Valido.

La señora VALIDO GARCÍA: Quizás no lo más importante, pero probablemente lo prioritario, el catálogo que define quién hace cada cosa y con qué dinero y cuánto cuesta y cómo se financia, que es el primer problema que usted va a tener en los próximos tiempos. Terminen el catálogo, definan la financiación, repartan las tareas y que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Que cada Administración se especialice en lo que le toque, que las entidades del tercer sector tengan garantizados sus ingresos a través de una concertación cuando prestan servicios que tiene que prestar la Administración pública y no puede prestar, para que las convocatorias del IRPF vayan a aquellos que no tienen una concertación y, de esa manera, pueda llegar a todo el mundo.

Son vitales en los próximos tiempos el cumplimiento de estos artículos. Por eso hablar de cumplir la ley en este momento no es hablar de algo que ahora no es importante, es hablar de la hoja de ruta que... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valido.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Omar.

Adelante.

El señor LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente, voy a ser breve.

El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de este decreto porque, teniendo en cuenta la situación de emergencia que ha creado el COVID-19 en nuestra sociedad, ya castigada antes de su llegada a nuestras vidas, se han tenido que tomar medidas excepcionales en muy poco tiempo.

Creo que a nadie le produce orgullo que su tierra esté viviendo situaciones de emergencia como a las que muchas familias están teniendo que enfrentarse a diario estos meses, pero lo que sí produce orgullo es tener un Gobierno que toma decisiones como poner en marcha el ingreso canario de emergencia para hacer un poco más llevadera una situación difícil y sobrevenida a casi cien mil personas. Se han dicho ya muchas veces en la tribuna los datos de vulnerabilidad que presentaba Canarias antes del coronavirus, pero eso no debe hacernos caer en la frialdad de los mismos y olvidar que detrás de ellos existen muchas familias que afrontan cada mes sin percibir apenas ingresos.

Por ello, aplaudimos la decisión del Gobierno de ampliar el alcance de la prestación canaria de inserción -como se recoge en este decreto- y lo hace apoyándose en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que permite, en situaciones de emergencia, establecer este tipo de excepciones. Una prestación que intenta cubrir las necesidades básicas de muchas familias. Era urgente dar soluciones como esta y como las vinculadas a las ayudas al alquiler para aquellas personas con situaciones muy frágiles económicamente y que puedan hacer frente a los gastos esenciales en esos hogares más necesitados. Por ello, cuenten con nuestro apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Concluimos, por tanto, los turnos de los grupos parlamentarios, señorías, voy a llamar a votación. (La Presidencia acciona el timbre de llamada a votación). Por favor, vayan ocupando sus escaños y, por favor, procedan al cierre de las puertas.

Gracias, señorías. Acabado el debate sobre la convalidación o derogación del decreto ley, tal y como establece el artículo 160 del Reglamento, señorías, procedo a someter a la consideración de la Cámara la convalidación o no del mencionado decreto.

Bien, votamos, señorías.

Gracias, señorías.

23 votos emitidos de manera presencial en el hemiciclo y 45 votos delegados, por tanto, queda convalidada, convalidado, en este caso, el decreto, señorías.

A continuación, y siguiendo lo establecido en el artículo 160.4 del Reglamento, someto a la consideración de la Cámara la tramitación del decreto, una vez convalidado, como proyecto de ley por vía de urgencia.

Adelante, señorías, votamos.

Bien, gracias, señorías.

24 votos emitidos de manera presencial y 45 votos delegados. La Cámara, por tanto, señorías, da su aprobación a la tramitación del decreto una vez... que ha sido convalidado, como proyecto de ley por vía de urgencia.

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