Diario de Sesiones 37/2020, de fecha 14/7/2020
Punto 25

10L/C/P-0415 COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS, SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN EL ÁMBITO TURÍSTICO, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO.

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la siguiente comparecencia, también del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, sobre medidas para combatir la economía sumergida en el ámbito turístico, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista Canario.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álvaro Lavandera.

Adelante, don Iñaki.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias de nuevo, señor presidente, y buenos días de nuevo o buenas tardes ya, señor consejero.

Se suele hablar mucho en términos generales de economía sumergida, pero se suele bajar poco al detalle.

Quiero primero decir, con respecto al sector turístico, en general, ¿no?, que la economía de Canarias se basa fundamentalmente en el sector terciario. Estamos hablando de un 75-80 %, donde tenemos que destacar el turismo. Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscribe en él un número creciente de nuevos destinos, y esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico, y lo sabemos muy bien aquellos que vivimos en islas como Fuerteventura y Lanzarote.

Millones de visitantes acuden a las costas canarias desde hace décadas, consolidando al sector turístico como principal fuente de riqueza de las islas. Además el turismo y toda la actividad que se genera a su alrededor supone en torno al cuarenta por ciento de los puestos de trabajo en Canarias y las islas son uno de los lugares turísticos más visitados del mundo per cápita.

En el contexto actual, el turismo ha sido uno de los primeros en sufrir el impacto del coronavirus y posiblemente el que lo sufra con mayor intensidad. Se justifica así que en esta comparecencia nos centremos en un sector tan estratégico para la economía canaria como es el turismo, que tanto progreso ha traído a esta tierra, ejemplo de éxito en la colaboración público-privada y que debemos esforzarnos en mantener en condiciones de competitividad, más aún en la difícil coyuntura que atravesamos.

Los efectos de la economía sumergida tal vez sean conocidos para todos, pero merece la pena recordarlos.

En el ámbito laboral, desprotección, un deterioro de los derechos de los trabajadores, lo que conlleva un incremento de personas que tienen un trabajo pero, dados sus niveles de renta, se considera que son pobres, y, bueno, falta de cobertura en caso de accidente de trabajo, no cotización para pensiones, etcétera, etcétera. Se establece, además, un modelo de competencia desleal para quienes cumplen con el esfuerzo de atenerse a la legalidad y, por lo tanto, un perjuicio para el conjunto del sector económico de que se trate. También hay que añadir un riesgo reputacional de dicho sector, un fraude fiscal y, por tanto, una caída de la recaudación.

Y si nos centramos en el sector turístico alojativo, en particular en los alojamientos que no están dados de alta, básicamente viviendas vacacionales no legalizadas, vulnerabilidad de la seguridad ciudadana. Hay que recordar que España está a nivel cuatro de alerta antiterrorista y el incumplimiento de la obligación de llevar un registro documental de las personas alojadas ha sido ya incluso objeto de inspección por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Canarias. Vulnerabilidad también de la seguridad sanitaria, ya que esa misma falta de control sobre alojamientos en los que se desconocía el cumplimiento de las medidas de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio del COVID-19 se produjo también durante el estado de alarma. Ha existido alquiler turístico ilegal en el confinamiento, aunque haya sido con carácter residual, pero algunos casos se han dado.

En el sector turístico, al igual que en otros, se dan situaciones de economía sumergida que producen los efectos indeseados que acabo de mencionar.

Les voy a poner un ejemplo, tal vez menor, de poca importancia, pero que también está, el free tour. Concluyen, en un trabajo que he leído de las profesoras Gutiérrez y Roldán de la Universidad Europea de Madrid, que, salvo algunos pocos casos, como el movimiento greeter, el fenómeno de los free tours no se enmarca dentro de lo que podría calificarse como "turismo colaborativo", de mero intercambio de experiencias. Las visitas gratuitas son una estrategia de marketing que permite captar clientes para visitas de pago. El guía no lleva a cabo una actividad altruista sino una auténtica actividad profesional. El término free no significa que la visita sea gratis, sino que el precio es fijado después de la visita por el propio cliente, que incluso es libre también de no pagar nada. Pero bajo el nombre de propinas o donaciones se esconden auténticas contraprestaciones por los servicios prestados, que, sin embargo, no pueden ser exigidas por el guía, que se ha situado a sí mismo al margen de la legalidad; por tanto, no tributa.

Pero en esta comparecencia, y para centrarnos en un subsector de cada vez mayor importancia en el sector turístico, desde el Grupo Socialista queremos preguntarle sobre los efectos y medidas que se han puesto o se pretenden poner en marcha para eliminar el fraude en el alojamiento en viviendas vacacionales y las consecuencias que tiene sobre la recaudación en el IGIC y, por tanto, también en el IRPF y en el impuesto de sociedades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno para el señor Rodríguez.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS (Rodríguez Rodríguez): Señoría, no descubro nada y usted lo decía, que el peso específico del sistema turístico en nuestra estructura productiva es muy relevante: el 35 % del PIB directamente vinculado a este sector, el 40 % del empleo y además un efecto arrastre sobre el resto de actividades muy relevante. De manera que, si hay una actividad que determina absolutamente nuestro sistema productivo, nuestro empleo, nuestro bienestar, nuestros ingresos, es el sistema turístico.

Tampoco añado nada, que estamos hablando de un sector complejo pero yo diría que de alta profesionalidad. Hemos conseguido en lo sustancial de la oferta turística instalaciones de calidad y empresarios y profesionales de alta cualificación que hacen de este destino uno de los destinos más importantes del mundo. Hay pocos lugares en el mundo que hayan consolidado en etapas de normalidad 15 millones de visitantes y, además, sean visitantes de países de desarrollo medio y alto, como son los países de la Unión.

De manera que la primera consideración, pongamos en valor la importancia que tiene el sistema turístico en nuestro sistema productivo. O hablemos con claridad de que el sistema turístico es la clave para interpretar el avance del bienestar de esta sociedad; que esta es una actividad perfeccionable pero que esencialmente desempeñamos bien la función. Somos competitivos en materia turística, no lo hemos sido en otras etapas de nuestra historia en otras actividades económicas, que duraron poco justamente por ser poco competitivas o precisaban de ayuda. El turismo se desenvuelve en el mundo compitiendo en calidad, en seguridad, en un destino también de un entorno jurídico muy competente y una moneda fuerte como es el euro. Por lo tanto, pongamos en valor que, gracias al turismo, podemos decir que una parte de nuestro bienestar se refleja ahí.

Hay una gran polémica sobre la especialización de la economía canaria y yo tengo que decir -lo he dicho en más ocasiones- que debemos buscar actividades económicas alternativas y complementarias. Pero el turismo es insustituible, no se puede sustituir. Y menos mal que somos especialistas en algunas cosas. Es que la economía global obliga a la especialización y, si los países son chicos, y el nuestro es chico, porque mi país se llama Canarias, la especialización es obligada. En los países chicos no puede haber, digamos, capacidad de producirlo todo y en todos los lugares. Nosotros en el turismo tenemos que seguir mejorando y perfeccionando, reconociendo nuestras virtudes, que son muchas, cualificando el destino, diversificando la oferta, mejorando la formación profesional, ayudando, en definitiva, a la venta de nuestro sistema turístico en el mundo.

Por lo tanto, pongamos en valor esto. No demonicemos lo que es, sin duda ninguna, una de las claves del bienestar de Canarias. Y podemos priorizar, todo el mundo puede priorizar y todo el mundo puede tener ideas, pero esto no es sustituible, será perfeccionable pero no es sustituible.

Dicho eso, el sistema turístico evoluciona con los tiempos, con la tecnología, con la demanda, y hay un producto, llamado alquiler vacacional, que tiene elementos positivos y elementos negativos. Primero, debe ser regulado. No hay actividad económica que no debe estar regulada, porque si no está regulada es fácil la distorsión. Y la primera condición es que la regulación es insuficiente. Aquí hubo un intento, legítimo, de regulación. La judicialización del proceso de facto suspendió esa normativa y no hemos sido capaces desde entonces, y han pasado unos cuantos años, de una regulación adaptada a la jurisprudencia y al momento. Por lo tanto, ahí debemos seguir avanzando.

Y la regulación no solo es del Gobierno de Canarias, es en gran medida de los cabildos insulares y de los municipios. En el resto del mundo este tema, el papel de los municipios en la regulación del alquiler vacacional es extraordinario, por no decir casi exclusivo. Y, por lo tanto, en ese terreno habrá que avanzar.

Y dentro de ello está el tema de la fiscalidad. La fiscalidad es una obligación de toda actividad económica. De toda actividad económica, pequeña y grande. Cierto es que en función del tamaño se tributa. Y, por lo tanto, estamos hablando de actividades económicas en principio, aunque hay agrupamientos de intereses, de pequeño tamaño. Lo que estamos intentado es que la gente legalice sus negocios, que se dé de alta fiscalmente. Se están acogiendo a la normativa vigente que les posibilita, no tributar en el IGIC, que no quiere decir que no tributen, si son sociedades, en el impuesto de sociedades, de orden estatal, y también en el impuesto de la renta de las personas físicas si no son sociedades.

De manera que se ha abierto una ventana de denuncias, que funciona, y se abre el expediente cuando se identifican esas denuncias y tienen contenido pertinente. Y vamos a seguir peleando por que la tributación en este ámbito también sea, digamos, se extienda, porque es una máxima que la Agencia Tributaria tiene para esta y para el resto de las actividades.

No le engaño si le digo que los medios de la Agencia Tributaria siguen siendo insuficientes. Tenemos un plan de dimensionamiento, tanto en materia de funcionarios... Tenemos ahora una especie de oferta extraordinaria para mejorar la dotación. Tenemos la mitad de la RPT sin cubrir y hay que dimensionarla. Tenemos que mejorar los sistemas informáticos. La colaboración con registradores y notarios va muy bien, ese proceso de negociación, los sistemas de informatización, la gestión por objetivos, que es muy importante en todo el funcionamiento de la Administración pública, pero en una agencia tributaria ni le cuento, y la directora de la agencia con su equipo tiene un programa de modernización entre las muchas actuaciones, una estrecha colaboración con la Agencia Tributaria estatal, porque hay sinergias entre ambas entidades y debemos aprovecharlas.

En definitiva, vamos a facilitar que los contribuyentes paguen cuando lo tengan que hacer y, si se da la circunstancia y disponemos de la información, perseguiremos el fraude en esta actividad como en todas, pero quería aprovechar su comparecencia para poner en valor nuestro sistema turístico, su capacidad para competir, su aporte a la riqueza, al bienestar, al empleo, aunque estemos en un momento crítico con la crisis del COVID, que luego daré alguna pincelada del momento sobre este tema.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Turno para los grupos no proponentes.

Grupo Mixto. Adelante, don Ricardo.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente y consejero de Hacienda.

Plantea el proponente en esta comparecencia cuáles son las medidas que el Gobierno de Canarias tiene previstas para combatir la economía sumergida en el ámbito turístico. La lucha contra la economía sumergida debe ser una prioridad en cualquier y para cualquier Ejecutivo, no solo en el ámbito turístico, que también, sino en todo el amplio espectro de nuestra economía.

Los tramposos no deben tener premio ni reconocimiento; muy al contrario: los insolidarios deben ser perseguidos, denunciados e invitados a jugar con las mismas reglas de juego que el resto de la sociedad. La competencia siempre es buena y beneficia al consumidor, pero si alguno de los actores juega con ventaja, no paga sus impuestos, no cumple con la normativa o realiza contrataciones fraudulentas los perjudicados son el resto de los empresarios y autónomos, que sí cumplen, son los trabajadores, que ven mermados sus derechos, son las administraciones, que no recaudan impuestos o las tasas correspondientes, y, finalmente, los ciudadanos, que no reciben un producto o servicio con la calidad y seguridad que se requiere y demanda.

En el ámbito del sector turístico, es evidente que, a pesar de la importancia que tiene nuestra economía, la Consejería de Turismo no tiene los medios suficientes. Creo recordar que en total, creo que son catorce inspectores los que tienen y muchos de ellos no salen a la calle porque son instructores. Es necesario dotar de más inspección turística a esta industria tan importante.

Por otro lado, contemplando desde el punto de vista de la propia actividad, vemos como hay algunos subsectores turísticos que están hiperrregulados y controlados, como puede ser el caso del alojamiento tradicional, hoteles y complejos de apartamentos, la restauración, las cafeterías, los bares, etcétera.

Un tema recurrente, y al cual no se le ha podido poner freno, es el alquiler ilegal turístico, ya sea en complejos residencializados o en aquellos que, siendo turísticos, tienen unidades que se alquilan fuera de la explotación y que incumplen con el principio de unidad de explotación, que tan importante ha sido y es para garantizar los derechos de los consumidores.

No podemos obviar tampoco la vivienda vacacional, que viene dando salida a muchas unidades que se venían haciendo... alquiler de manera alegal, como es el caso, por ejemplo, de La Palma, con sus casitas, o el caso de Lanzarote y Fuerteventura con las villas que no podían ser turísticas porque estaban fuera de las zonas turísticas. Aquí tenemos un foco importante de economía sumergida. El que ha querido ser legal lo ha sido y se ha dado de alta en los correspondientes cabildos, pero la realidad es que el número de inscritos legalmente no se corresponde con el volumen que el propio sector dice que se dedica a esta actividad. Es por ello que la hacienda estatal ya ha tomado cartas en el asunto y en las últimas campañas del IRPF ha mandado escritos a numerosos contribuyentes que publicitaban sus viviendas pero no pagaban sus impuestos.

Termino. Permítame recalcar al respecto la importancia que es la colaboración entre las administraciones y los países, pues muchos de estos propietarios son extranjeros. Es necesario que las reglas del juego sean iguales para todos y que todos puedan competir para dar mejor servicio o producto. No se puede dejar de perseguir, en todo caso, con todo el poder de la Administración, al pícaro, al tramposo y al mentiroso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ricardo.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Don Jesús Ramos.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señor vicepresidente del Gobierno.

Indudablemente acciones como esta de fraude fiscal en la economía sumergida detraen recursos de nuestro presupuesto que luego se emplearán en servicios básicos, como es la sanidad, la educación y las políticas sociales. Obviamente, además, tenemos el hándicap de la situación actual que estamos viviendo. Como usted muy bien ha dicho otras veces, tenemos 1500 millones de euros menos para nuestro presupuesto, pero, bueno, esto también depende de quién haga los presupuestos. Yo le puedo decir que en mi pueblo el ayuntamiento aprobó la semana pasada los presupuestos y el capítulo de ingresos era mayor que el del año anterior. Con eso le digo que depende, si quieren les dejo el número de teléfono y a lo mejor le echan una mano para el próximo presupuesto.

Obviamente es una situación muy complicada. Incluso en la legislatura pasada se presentaba un estudio del impacto que tenían las viviendas vacacionales y veíamos que el 10 % de la demanda del turismo era justo en este sector, un sector que, como muy bien dijo el señor De la Puente, estaba de forma alegal. Por lo tanto, es un sector en el que tenemos que seguir trabajando, señor vicepresidente, porque ahí hay una gran cantidad de recursos que deben servir para mejorar nuestro sistema sanitario, nuestra educación y nuestras políticas sociales.

Es verdad que incluso algunas de estas empresas tienen la desfachatez de publicitarse en internet o incluso también usan plataformas de alquiler para hacerlo. Por lo tanto, creo que también hay que perseguir esas plataformas. El inconveniente que tenemos es que muchas de esas plataformas realmente no tributan en nuestro país, sino que tributan en otros lugares.

Creo también que sería importante, señor vicepresidente, trabajar en colaboración con la Consejería de Empleo por medio de la Inspección de Trabajo para perseguir esa economía sumergida y ese fraude fiscal.

Además estamos hablando de un sector, el sector turístico, que se ha caracterizado muchas veces también por esa precariedad laboral. Hemos visto el caso de Las Kellys, por ejemplo. Y yo creo que eso viene marcado por ese modelo turístico que teníamos anteriormente, que se ha intentando cambiar, pero también esta pandemia le ha dado un frenazo. Esperemos que pronto recuperemos esa asiduidad de clientes y podamos mejorarlo, y no seguir esa línea que teníamos anteriormente. Y me acuerdo de unas palabras que decía usted mismo en la anterior legislatura, y es que nos dedicábamos a contar simplemente turistas, y creo que eso no es una estrategia. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar transversalmente entre las diferentes consejerías para llegar a buen puerto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Señor presidente, señorías.

Desgraciadamente en la legislatura pasada no pudimos finalmente establecer la regulación del alquiler vacacional, se quedó a las puertas, y podía haber sido una ley quizás también, no pionera, pero sí una ley importante dada la importancia que tiene el sector turístico en las islas, que nadie la niega.

Efectivamente, el alquiler vacacional tiene unos aspectos positivos, otros no tanto. Por ejemplo, a nosotros nos preocupó mucho durante la legislatura pasada que muchos propietarios de viviendas que estaban en alquiler las retiraran del mercado para ponerlas en vivienda vacacional, y eso supuso que la fuerza de trabajo que se concentraba en los núcleos, en la periferia de los núcleos periféricos, no tuviera opción de alquilar una casa. Eso supuso el empobrecimiento de un sector importante de la población. Entonces en ese sentido nosotros decimos: esto es un problema social tremendo, un problema social terrible. Entonces a nosotros nos parece que quizás en esta legislatura deberíamos hacer un esfuerzo, deberíamos discutir entre todos la idoneidad de articular esta ley, intentar sacarla durante este... Porque además es una demanda social.

Por otro lado, efectivamente están proliferando plataformas digitales que contratan, en fin, paquetes y sitúan, no cotizan, ¿verdad?, no existen fiscalmente, pero además sitúan también a los clientes en la ilegalidad. Esto en algunas ciudades del Estado español, estoy pensando en Barcelona, estoy pensando en esas ciudades, se ha convertido en un problema. Que además prolifera un turismo llamado de borracheras u otros, y eso es un problema también social.

Pero no solamente el alquiler vacacional es el que está, digamos, se circunscribe toda la ilegalidad en el sector turístico, yo creo que hay otros negocios, otros negocios. Por ejemplo, estoy pensando en Lobos -el proponente vive en Corralejo si no me equivoco-, en la isla de Lobos han proliferado una serie de, en la isla de Lobos, en la zona esta, de taxis, de taxis, que están, digamos, en situación bastante irregular, y yo creo que deberían ser investigados, que ha proliferado la cantidad de asistentes a la isla de Lobos, de turistas, y están colocándola en una situación bastante deplorable.

A nosotros nos parece de todas formas que hay muchas actividades relacionadas con el turismo que deberían ser investigadas. Creemos que es importante una agencia tributaria potente, aumentar también la inspección turística, porque alrededor del turismo hay muchas circunstancias bastante alegales. Pero a nosotros nos parece que es importante también en la sociedad generar una conciencia cívica respecto a uno de los fundamentos principales del estado del bienestar, que es la conciencia de que los impuestos es la cuota que pagamos todos por vivir en sociedad. Me parece que es necesario insistir en la virtud de los impuestos, es la cuota que tenemos por vivir en comunidad, y a nosotros nos parece que es importante y no se ha hecho y significa una carencia democrática profunda que la gente no sepa que todo el gasto público se debe fundamentalmente a que todos cotizamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Déniz.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señora doña Esther González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidente. Consejero.

Ya en la anterior comparecencia, la referida a los objetivos de política fiscal del actual Gobierno de Canarias para el cuatrienio 2020-2023, hablé de que uno de los objetivos básicos era la lucha contra el fraude fiscal, del que una de las patas importantes, en este fraude fiscal, en Canarias es sin duda la economía sumergida en el sector turístico. Y no podemos olvidar que la economía sumergida supone para el tejido empresarial una quiebra del principio de competencia, para los trabajadores una situación de precariedad laboral e incremento de los riesgos laborales y para el conjunto de la sociedad una vulneración de las reglas del juego establecidas, con graves efectos también para la hacienda pública, con efectos nocivos además para el sostenimiento de los servicios básicos de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de la vivienda. Y precisamente de estas graves consecuencias deviene la necesidad de potenciar distintas actuaciones alternativas, no solo la lucha sino -por supuesto, de esa no cabe la menor duda-, sino también mediante el diseño de nuevos métodos de concienciación, de prevención y de control.

El sector turístico, como es obvio y evidente, ha sido el primero en sufrir el impacto de la pandemia y uno de los efectos de esa crisis sanitaria es que ha expuesto la realidad de los canarios y canarias que viven en economía sumergida, fundamentalmente dependientes del sector turístico, que ahora buscan ayuda en las ONG. Se trata de personas o familias que antes de la extensión del coronavirus, y con la fortaleza del destino turístico que teníamos en nuestras islas Canarias, y que, esperemos, sigamos teniendo, vivían en buenas condiciones, ya que no era solo uno sino a lo mejor varios miembros de la unidad familiar los que trabajaban en lo que podían pero al margen de la legalidad y, tras el estado de alarma, de un día para otro se han quedado sin trabajo y además absolutamente desprotegidos.

Sabemos, por el estudio de la CEOE, que en lo que a vivienda se refiere andaluces, murcianos y canarios somos los que más defraudamos. En el caso de Canarias, un porcentaje de fraude de un 65,95 % de los propietarios de inmuebles. Y en lo que a vivienda vacacional se refiere, según los datos del Istac, en 2018 del total de turistas que visitaron las islas, 15 500 000, un 9,35, 1 400 000 visitantes pernoctaron en alojamientos de alquiler, en una oferta vacacional de 32 832 viviendas; sin embargo, según la información suministrada por la consejera el pasado 8 de julio, son 24 358 las que están legalizadas, con lo que el resto presumiblemente trabaja al margen de la ley.

Sabemos, consejero, que desde julio del año 2019 se encuentra disponible, a través de la ATC, el canal del que habló, a través del canal de la sede electrónica, para que la ciudadanía pueda presentar denuncias tributarias de forma anónima, pero la pregunta, consejero, es qué medidas, además de estas, se han implementado, se tiene previsto implementar desde el Gobierno de Canarias en la lucha contra el fraude fiscal. Porque es que la medida del canal está muy bien, pero entendemos que no es suficiente, que hace falta inspección. Y, aparte de la inspección de turismo, entendemos que hace falta inspección fiscal, porque el fraude, además de detraer ingresos al erario público, ejerce competencia desleal y el IGIC...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Rodríguez.

Yo creo que en este asunto estamos todos de acuerdo: la economía sumergida es una lacra que merma ingresos al Estado, a la comunidad autónoma y, gracias a esos ingresos que tiene una nación, una comunidad autónoma, bueno, podemos financiar pensiones, incentivos a colectivos, poner en marcha diferentes actividades económicas. Ya la Confederación Intersectorial de Autónomos dijo en su momento que la economía sumergida afecta principalmente también a las pymes y a los autónomos que pagan religiosamente sus impuestos y provoca que se sobrecargue impositivamente a quienes cumplen con las normas fiscales. O sea, por lo tanto, es un detrimento que va hacia todos.

Aquí se ha comentado también que Canarias es una de las comunidades autónomas donde más se produce este tipo de acciones de fraude fiscal y a nivel nacional estamos muy por encima de la media europea, prácticamente hemos llegado a cifras de un 22 % del PIB a nivel nacional, en comparación con otros miembros de la Unión Europea, como puede ser Reino Unido, donde suponía un 8 % del producto interior bruto. Por lo tanto, creo que hay que hacer realmente un análisis y una reflexión para intentar de todas las maneras posibles atajar este gran problema que tenemos. En Canarias supone, esa economía sumergida, en el sector en general y no solamente en el turismo, que el turismo vendrá a ser, pues, eso, el 40 % de unos nueve mil millones de euros, que es el general de la economía sumergida que puede estar produciéndose en Canarias.

Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y aquí creemos que lo principal es legislar -hablo de la vivienda vacacional, etcétera-, hay que legislar, y eso tiene un único camino, que es exactamente ese.

Los empresarios, muchos, en su gran mayoría, todos los empresarios están en la línea también de esa lucha fiscal. La CEOE de Tenerife puso en su momento también medidas y sacó estudios al respecto, poniendo una serie de medidas, como un buzón de denuncias totalmente anónimo, en colaboración con las inspecciones de trabajo; fomento de contratos bonificados, que son beneficiosos también para empresarios como para trabajadores; charlas de concienciación a nivel educativo, en las pymes, etcétera. Creo que son medidas que tenemos que también ir tomando desde el Gobierno, desde la Administración pública, pero sobre todo también legislar.

El Partido Popular, en el año 2012, también sacó leyes al respecto que endurecieron el Código Penal para aquellas personas que cometían un fraude fiscal e incluso también, bueno, haciendo, a niveles internacionales de transferencia, también esos seguimientos para evitar ese fraude fiscal, porque estábamos hablando de que en el año 2012 hasta setenta mil millones de euros se estaban levantando de manera... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le indica que prosiga y finalice su intervención).

Termino, señor presidente.

Por lo tanto, creo que dentro de ese pilar de política fiscal que tenemos que llevar a cabo para llevar a unos buenos presupuestos generales hay tres patas fundamentales, señor Rodríguez. Una de ellas, es evidente, es el crecimiento del empleo; otra de ellas son los temas impositivos. Usted ha dicho que no va a subir los impuestos, pero no solamente es el momento de no subirlos sino es el momento también de bajarlos. Y también, con respecto a la economía sumergida, luchar contra esa economía sumergida a través de esa legislación que le he dicho que se debe hacer para...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señor Bravo.

El señor BRAVO DE LAGUNA CABRERA (desde su escaño): Gracias, presidente.

Bueno, yo creo que esta es de las pocas comparecencias en el pleno en la cual básicamente estamos todos de acuerdo, en que hay que luchar contra el fraude fiscal estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se hace?: poniendo más medios. Pues, evidentemente, todos sabemos que hay que poner más medios, aumentar la inspección...

Pero a mí me ha gustado más usted en esta intervención, señor Rodríguez, que en la anterior, en la cual le han comparado con Leonardo DiCaprio, y yo creo que se ha quedado, desde ese punto de vista, satisfecho, se ha quedado satisfecho. No sé si mi compañera Kate Winslet le da espacio en la tabla para que pueda no quedar congelado. Pero, en cualquier caso, digo que me ha gustado más en esta intervención porque digamos que con este tipo de cuestiones, cuando se habla del sector turístico y más en un momento como en el que estamos viviendo, se puede tender a demonizar al sector y yo creo que caeríamos en un profundo error si así fuera.

Hay muchísimas personas, no solamente grandes empresarios sino pequeños y medianos empresarios, autónomos, muchas personas que por ejemplo están dentro de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, de que se ha hablado hoy aquí, que trabajan con seriedad, con honradez y haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante pequeñas economías, y que no debemos caer en la tentación de, por tener que perseguir por supuesto al infractor, a aquellos que no pagan sus impuestos, que no cumplen sus obligaciones, pues, como digo, no debemos caer en demonizar al resto del sector, porque flaco favor nos estaríamos haciendo a nosotros mismos. Yo creo que hay que dialogar muchísimo con todas estas personas implicadas dentro del sector turístico, ofrecerles incentivos y estímulos. No solamente hay que hablar de posibles bajadas de impuestos, que por supuesto en algunos casos podrían ser beneficiosas y más en estos casos, sino también de aplazamientos en pagos de impuestos, de fórmulas crediticias que puedan hacer sacar adelante sus negocios, sus pequeñas viviendas, porque evidentemente el sector ahora mismo está golpeado de manera brutal.

Por tanto, yo creo que es perfectamente compatible hacer un discurso serio y riguroso de persecución del fraude con un discurso de apoyo y de estímulo al sector turístico. Y es fundamental, eso sí, creo que especialmente con el alquiler vacacional, que es donde se han centrado un poco las intervenciones del resto de portavoces, aumentar el tema del registro, es decir, hay que mejorar muy mucho el tema del registro de viviendas vacacionales para posibilitar su legalización y que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, y evidentemente los que hoy en día, que son mayoría, cumplen con esas obligaciones quieren que esas personas o que esas viviendas que no están legalizadas se legalicen.

Y termino.

Perseguir el fraude fiscal, por supuesto, en todas las islas, en todas por igual, no en unas más que en otras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno para el grupo proponente.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Adelante.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: ¿Siete minutos? Pues...

El señor PRESIDENTE: No son obligatorios.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Mire, señor portavoz del Grupo Nacionalista, Nacionalista, mire, no se pretende demonizar ningún sector, en todo caso creo que al infractor.

A día de hoy el registro de viviendas vacacionales, el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma, asciende a 24 358. Quiero empezar dando ese dato y que la normativa a la que se deben ajustar es un decreto del año 2015, que ha sufrido la anulación de diversos artículos por parte del Tribunal Supremo, cuyas sentencias han sido calificadas por la plataforma, por ejemplo, Airbnb como un impulso para un tipo de turismo asequible, autentico, inclusivo y sostenible, impulsado por las personas de las islas, que sin entrar a valorar el fondo del decreto y las sentencias no parece que sea la normativa un problema para el acceso a una actividad dentro de la legalidad vigente.

Por otro lado, si nos vamos a los estudios que publica la Consejería de Turismo, El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, canal y oferta, que ha publicado entre los años 2015 y 2018, se ofrecen datos bastante relevantes. En 2015 se comercializaban en las plataformas analizadas 28 000 viviendas vacacionales, que suponían 121 000 camas, el 22,34 % de la oferta de alojamiento en Canarias, con solo 1862 de sus camas legalizadas. En 2018, se comercializaban en las plataformas 32 832, 139 600 camas, el 25 % total de la oferta de alojamiento, con 34 389 de sus camas legalizadas, si bien en las plataformas solo 18 440 de las camas publicadas se correspondían con camas legalizadas.

Para seguir aproximándonos al posible impacto en las arcas públicas, el verano pasado, por ejemplo, la plataforma Ashotel, entre otros datos, decía que, por ejemplo, en Tenerife el 65 % de los inmuebles que comercializaban no están registrados. Teniendo en cuenta que el 40 % del total de Canarias está en Tenerife, el dato hoy por hoy son 9220, estamos hablando de que solo en Tenerife podría hablarse de 17 100 viviendas vacacionales que no tributan por su actividad. No es un tema menor el que nos ocupa.

De todo ello desde luego yo saco varias conclusiones. Primero, la cada vez más importante cuota de mercado de las pernoctaciones en la modalidad de turismo vacacional -eso es una evidencia-; el desplazamiento de turistas de ofertas tradicionales, como los apartamentos, que cada vez están perdiendo más ocupación, hacia las viviendas vacacionales, que posiblemente además ahora se acentúe por causa del COVID, que tiene unas ventajas sanitarias, no hay que decir que no. El precio medio por noche al que se comercializan los niveles de ocupación y el número de viviendas que se comercializan nos podrían aproximar, excluyendo ahora las circunstancias del COVID, vamos a irnos hacia el año 2019, en un volumen de negocio en torno a ochocientos millones de euros al año, que no es cualquier cosa, y, por tanto, entendemos que a la hacienda pública canaria podrían llegar a aportar en torno a cincuenta millones de euros en IGIC. También es verdad que está el régimen especial del pequeño empresario profesional, que tiene esa cuantía de 30 000 euros y que por debajo de eso no tributan. Desde luego es un incentivo a no crecer, a mí me parece un incentivo a no crecer como empresarios, porque cuando llego a los 29 000 euros ya me relajo. Y, segundo, hay una atomización de un sector que tiene ya el 25 % de la cuota de mercado. Pero también no es menos cierto que, de los treinta y dos mil y pico anuncios del 2018, 6887 eran anunciantes únicos. Con lo cual también hay, de alguna manera, acaparación en el sector en menos manos desde luego que el número de viviendas.

El número de viviendas vacacionales legalizadas es inferior a las que no están dadas de altas y, por tanto, no tributan, entre otras cuestiones, y dependiendo de la fuente de información podríamos hablar de superarse el cincuenta por ciento de economía sumergida en el sector.

Ahora hablemos de medidas. En julio del año pasado, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Tributaria Canaria, habilitaba un canal en su sede electrónica para que la ciudadanía presentara denuncias tributarias, tanto de manera anónima como a través de certificado electrónico, y entre esas denuncias posibles estaban las relacionadas con vivienda vacacional. En septiembre el año pasado, desde la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística se enviaron cartas instando a los propietarios a que acreditasen qué tipo de servicio estaban prestando y la documentación que evidenciara que no estaban incurriendo en prácticas ilegales.

Me gustaría, señor consejero, que nos pudiese dar datos sobre los frutos que están dando estas acciones, que, por cierto, el Gobierno anterior se desentendió totalmente. Parte de la herencia recibida con todo lo que conlleva como falta de responsabilidad con el interés general.

Lo cierto, señorías, es que el sector de la vivienda vacacional, en un momento tan crítico como el actual en el que la crisis sanitaria apunta a que ofrece ciertas ventajas con respecto a otras modalidades de alojamiento, que gana atractivo en estas vacaciones especialmente entre las familias porque se evita compartir zonas comunes con otras personas y además a precios muy competitivos, la vivienda vacacional, también hay que decirlo, ofrece una oportunidad y una fortaleza para el destino Canarias, que, por cierto, está siendo muy bien promocionado por la Consejería de Turismo, pero no se puede permitir que muchas de estas viviendas vacacionales que hacen el esfuerzo por cumplir con sus obligaciones ante la Administración tengan que competir con otras muchas que no lo hacen, generando, como dije al principio, fraude fiscal, laboral, competencia desleal, inseguridad y riesgo reputacional que no nos podemos permitir.

Por último, señor consejero, su antecesora en el cargo justificó en su día la introducción de algunas deducciones fiscales, como fue el caso de los gastos médicos, como fórmula para combatir la economía sumergida, ya que así se perseguía el fraude en el sector sanitario privado. Pasado ya suficiente tiempo para analizar si ha tenido ese efecto y si el coste de oportunidad de la medida fue -valga la redundancia- oportuno, porque evidentemente hay una pérdida de recaudación en contraposición con una mayor declaración de ingresos por parte del colectivo afectado, nos gustaría si nos pudiese dar el resultado de esa deducción. Y es que en esto de la fiscalidad no estaría de más practicar de vez en cuando la política basada en la evidencia.

Con política desde luego no me refiero a las del 2012, que puso en marcha, como ha dicho, el Grupo Popular, de la amnistía fiscal, aquellas personas que tenían dinero fuera de nuestras fronteras, sino lo digo porque hay algunos grupos que proponen alguna medida similar en relación con los gastos turísticos como incentivo... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

Si me deja cuarenta segundillos más...

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, por supuesto.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: ... como incentivo a un mayor gasto, pero también como una lucha, como una medida contra la economía sumergida y esta deducción de los gastos turísticos que se quiere plantear. Desde luego nunca he leído que haya ningún inspector de hacienda que proponga que una deducción fiscal sea una medida eficaz para la lucha contra la economía sumergida, todo lo contrario, siempre proponen revisar bonificaciones y deducciones que están dando lugar a fraude. Y desde luego, teniendo en cuenta que la liquidez de la medida no lo notaría el contribuyente hasta la presentación de la renta dentro de, por lo menos, casi un año, por lo que también permítame humildemente que dude de su capacidad incentivadora de mayor gasto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno de cierre para el Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS (Rodríguez Rodríguez): Señor presidente, señorías.

Por sacar algunas conclusiones, es evidente que la regulación del alquiler vacacional no la tenemos bien resuelta y yo creo que, desde el Gobierno, aprovecharé esta comparecencia porque te hace más consciente de la necesidad de reactivar una regulación que desde luego debe ir de la mano de los ayuntamientos de Canarias y de los cabildos insulares. La normativa quedó invalidada de facto por la sentencia del Supremo, pero la no normativa es tan mala como el exceso, de manera que yo creo que es una conclusión necesaria. Debemos establecer una regulación.

Hay bastante experiencia en Europa y en otros lugares del Estado español que nos podrían ilustrar para una regulación actualizada, respetuosa con la jurisprudencia pero con la necesidad de regular una actividad económica de alto peso en el negocio turístico canario.

La segunda consideración es que reconocemos, sabemos, que la inspección turística está por debajo de lo que necesitamos. Estamos hablando de 600 000 camas de facto, incluidas estas, en Canarias y el staff destinado al control, a la inspección, es claramente insuficiente. Y es cierto que esto se pudo justificar en la etapa de contención del gasto público, pero ahora, aunque tenemos un problema con las tasas de reposición, debiéramos hacer un esfuerzo de mejorar el dispositivo de profesionales que inspeccionan, que controlan y que son una garantía para los buenos profesionales, que, por otra parte, son la mayoría.

Con respecto a la Agencia Tributaria, nosotros queremos convertir la Agencia Tributaria en un instrumento eficaz, en un instrumento profesional. Buscamos, cuando llegamos al Gobierno, la figura de un profesional para dirigirla y yo creo que hemos acertado. Esta es una persona que procede de la agencia tributaria estatal, que tenía un alto cargo en la agencia tributaria en el caso de Canarias y que aceptó el reto de dirigir la Agencia Tributaria Canaria. Persona a la que conocí en el verano, dos días antes de proponer en el Gobierno que la nombraran, porque lo que buscaba era un perfil profesional. Y yo creo que hemos acertado, primero, porque conoce esta función, porque tiene experiencia, porque tiene conocimiento de causa y tiene propuestas. Ella me dice siempre una cosa, me dice: "Román, la mejor política fiscal es ampliar la base de los contribuyentes; esa es la mejor política fiscal, la más eficiente, la más justa, es que pague todo el mundo"; y también me dice: "la primera actuación de la agencia tiene que ser facilitar a los contribuyentes que paguen, acompañarlos". Y si no queda más remedio los controlaremos y les exigiremos, pero esta idea de ampliar la base de los contribuyentes me parece muy acertada y esta idea de acompañar a los contribuyentes también.

En ese sentido, ella tiene un plan, yo creo que muy exhaustivo, de actuación, ella plantea una estrategia en relación con el cumplimiento voluntario, a esto de incentivar que la gente pague. Y tiene una experiencia contrastada en la agencia tributaria estatal, que son las cartas informativas. Eso de que te llegue una carta a tu casa diciendo "la agencia tributaria sabe que usted puede tener un hecho imponible del que no está dando cuenta" es muy incentivador, pero muy incentivador. No sancionas a nadie pero la gente toma nota y tiene efectos y lo mide. Si esto no funcionara, una visita de vez en cuando ya ni les cuento, no para abrir expedientes sino para advertir, para ayudar a la contribución. Y eso también se está haciendo.

La siguiente tarea que ella propone en relación con la persecución del fraude es aumentar la presencia y la visibilidad de la Agencia Tributaria Canaria. Que tiene un problema: de las 758 plazas en la RPT tiene cubiertas 421. Tiene la mitad, la agencia, sin cubrir las plazas que tiene en la relación de puestos de trabajo, debemos ampliar este tema. Ahora hemos conseguido treinta nuevos efectivos en una oposición de agentes tributarios, en el Grupo A2, y vamos a sacar una oferta especial por dos años para garantizar a los opositores que, si no salen en la primera, lo sigan intentando en la segunda, porque nos hemos encontrado que, aunque haces oferta, no se cubren todas las plazas, porque no tenemos entre la ciudadanía joven y preparada los hábitos de preparación de oposiciones, y lo hemos notado en estas últimas oposiciones. De manera que en eso estaremos.

La agencia tiene que estar en todas las islas, tiene que estar en todas las islas, y la distribución de los efectivos es desigual, y eso es malo para los contribuyentes, especialmente para los responsables y para la actividad económica. Debemos mejorar los efectivos, que se visualice que no hay ni un solo territorio donde no esté presente la Agencia Tributaria.

La creación de la Unidad de Auditoría Informática y la creación de la Unidad Operativa, la primera para evaluar la información y soporte informático que tienen las empresas y la segunda para hacer comprobaciones físicas, lo estamos haciendo en colaboración con la Policía Canaria. Aquí hay una potencialidad de cooperación entre la Agencia Tributaria y la Policía Canaria extraordinaria en estas dos cuestiones, en esta Unidad de Auditoría Informática y en la unidad relativa a las comprobaciones físicas, a las visitas físicas.

Me dice la directora que cuando alguien recibe una visita de control la media de incremento de las contribuciones de esos que han sido controlados el año siguiente es de un 26 %, más del doble que en condiciones normales con un crecimiento normal de la economía. De manera que en ese esfuerzo estamos.

La cooperación con la agencia tributaria estatal. Esta es muy importante. La agencia tributaria estatal funciona muy bien, muy bien, tienen los medios, la capacidad, los mecanismos, trabajan por objetivos, con un salario variable en función de objetivos muy relevante, que alcanza casi el treinta por ciento de las retribuciones, y se ha convertido en una agencia que cumple con su deber. Bueno, pues, con ellos tenemos un proceso de cooperación y de complicidad. Hubo épocas en que había complejos en este tema. En estas cosas no puede haber complejos. Si la agencia tributaria estatal tiene capacidades logísticas, información, la tenemos que cruzar y cooperar, y en eso también estamos haciendo un gran esfuerzo.

Lo debemos hacer también con los notarios y los registradores. Esto está dando un resultado extraordinario. Estos son colaboradores potenciales de la agencia extraordinarios y además servidores públicos de alta cualificación que nos ayudan.

Y luego está una tarea poco habitual -si me permite, presidente-, una tarea poco habitual, y es la educación cívica en materia tributaria. La directora de la agencia con la consejera de Educación están diseñando contenidos en esta materia. En los países más desarrollados en donde contribuir es prestigio, contribuir es sinónimo de buen ejercicio de ciudadanía, la conciencia tributaria, la educación tributaria existe y vamos a tratar de introducir algún contenido formativo en materia de responsabilidad, de educación cívico-tributaria, porque al final los recursos tributarios son los que posibilitan una sociedad mejor, más justa, equilibrada y distributiva, y en eso vamos a seguir peleando.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Vamos a suspender el pleno hasta las dieciséis treinta de la tarde. Lo reiniciaremos con la comparecencia 361, de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sobre la situación de la violencia de género en Canarias durante el estado de alarma.

Así que hasta las cuatro y media, señorías. Suspendemos la sesión plenaria.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos).

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y un minutos).

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (González González): Por favor, señorías, vayan sentándose en sus asientos para empezar la sesión de tarde.