Diario de Sesiones 38/2020, de fecha 15/7/2020
Punto 2

10L/DL-0012 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 13/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, tal como habíamos acordado junto con Portavoces, con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de decretos leyes, en este caso de modificación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tiene la palabra el Gobierno.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Buenos días, señor presidente. Con la venia, señorías.

La Televisión Canaria está en este momento, el ente público Radio Televisión Canaria, en una situación que quizás debamos llamar anómala o, al menos, peculiar. Como saben sus señorías, es una entidad independiente del Gobierno y de la Administración que debe estar regida por un órgano colegiado, hoy se llama junta de control, y ese órgano colegiado debe acomodarse a lo que el propio Parlamento que lo designa -con unas reglas de proporcionalidad y de paridad- dictamine, organice, ordene en forma de una resolución o un programa de actuación denominado mandato marco. Es decir, el Parlamento decide quién dirige, debe decidir, según la ley, quién dirige la televisión, una junta de control y cómo la dirige con arreglo a un mandato marco que se sujetará a un modelo determinado.

Pero el legislador en el año 2018 pensó o creyó -el legislador imaginamos que piensa, cabila y decide- que esta situación podría no producirse y que podría darse el caso de que no se nombrara a la junta de control y no existiera mandato marco, y eso es lo que ocurrió en el año 2018. Y la ley previó la existencia de un administrador interino, un administrador provisional al que se confiara la gestión de este servicio público, calificado, nada menos, que de servicio público esencial, asunto que puede ser políticamente opinable, pero que en este momento es lo que la ley dice, servicio público esencial, y encomienda a este administrador interino mientras se organiza la gestión ordinaria a través de... o la gestión habitual o la gestión legal o con arreglo a la ley a través de la junta de control y el mandato marco le permite al administrador interino que haga, conduzca la televisión, pero el ente público Radio Televisión dentro de ciertos límites, la palabra que usa el legislador es justamente la que yo acabo de usar, gestión ordinaria, dice el legislador. Mientras que el Parlamento no decida quién manda aquí y cómo se manda, puede hacerlo un administrador interino.

Esta situación se ha prolongado, se ha prolongado casi dos años y, como tenía una vocación de interinidad y de limitación, ha terminado por ser insuficiente. El tribunal de contratos de las administraciones públicas ha dictaminado que dentro de la gestión ordinaria no caben una serie de decisiones que el administrador venía tomando y, por lo tanto, si el administrador no puede tomar esas decisiones, lo más probable es que la televisión deba o ser gestionada de otro modo o, llegado el caso, incluso, dejar de funcionar.

Para remediar esta anomalía, si creemos que la televisión es un servicio público esencial, se requiere que el administrador pueda tomar algunas decisiones que permitan la continuidad del servicio público. Y esto es lo que el decreto ley se ha propuesto: por un lado, ampliar las facultades del administrador interino o provisional de la televisión, del ente público Radio Televisión e incluir en el concepto Gestión ordinaria una serie de decisiones que hasta ahora venía tomando, pero que, técnicamente, no podía tomar, como han dicho el tribunal de contratos y los tribunales de justicia. Pero, al mismo tiempo, restringirlas, limitarlas, obligarle a que convoque rápidamente un concurso para adjudicar el servicio de transporte de la señal, para que lo haga en el plazo de cuatro meses, permitirle que la televisión siga utilizando ciertos activos que venía utilizando de una forma, vamos a decir, también, anómala o peculiar o interina, pero permitirle que lo haga solamente durante cuatro periodos de tres meses. Esto que es muy simple, a nuestro juicio, es lo que el Gobierno ha querido resolver con este decreto ley.

Otra posibilidad es que sus señorías se pongan de acuerdo y designen a la junta de control, y entonces no hace falta ni administrador interino ni decreto ley ni nada que designen a los integrantes de la junta de control, pero eso es de aquí para allá, no aquí en el banco azul sino en el Parlamento, esa es la otra posibilidad. Mientras eso no ocurra, también hay otra posibilidad cerrar la televisión, puede que sea más económico, pero resulta que es un servicio esencial del que, según la ley, no puede prescindirse. El Consejo Consultivo ha dictaminado en un dictamen que contiene algunas observaciones, pero sobre el cual hay un voto particular, que invito a sus señorías que examinen, y cree que una parte del decreto ley no era necesario, cree que no hacía falta dictar esta norma que amplía las facultades del administrador. Bueno, siempre será preferible pecar por exceso que por defecto, estaremos todos más tranquilos.

Estos son los motivos que llevaron al Gobierno a dictar este decreto ley, en su fecha, hace unos días, y que nos llevan hoy a solicitar de la Cámara su convalidación.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

Turno para los grupos parlamentarios, con el orden correspondiente. Grupo Mixto, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Este decreto que el Gobierno trae hoy aquí es la confirmación de que esta diputada tenía razón cuando votó no al nombramiento del nuevo administrador único al frente de la Radiotelevisión Pública Canaria en el mes de octubre. Una figura que pudo tener sentido, como ha explicado el consejero, en un momento puntual durante la legislatura pasada para resolver una situación que se había atascado con un consejo rector que era inoperativo y hasta que se modificara la Ley de la Radio y Televisión Públicas, como así se hizo, pero en ningún caso debía convertirse en el modo habitual, normal, de funcionar de la televisión pública. Hasta los medios privados de comunicación tienen órganos de control, de reparto de poder, de competencias, órganos de los que a día de hoy carece la televisión pública canaria.

Desde Ciudadanos nos opusimos desde el principio, antes del nombramiento del señor Moreno, no porque fuera o no la persona idónea para estar al frente de la radio y la televisión públicas, sino porque no se le puede dar a una sola persona un poder absoluto en un medio de comunicación con un presupuesto de casi cincuenta millones de euros, y porque teníamos la experiencia en el pasado de que la televisión pública no había funcionado precisamente con la imparcialidad que debería tener. Lo criticaba entonces y lo sigo criticando ahora.

Pero es que, además, advertí en esta misma Cámara de que la justicia ya había cuestionado al administrador único anterior por excederse de sus funciones con el contrato de la señal para la emisión, y que, por tanto, el señor Moreno tendría problemas también a la hora de poder continuar con este y otros contratos en la televisión pública que sobrepasaran los límites de una gestión ordinaria. Les dije que lo que debíamos hacer era cumplir con la ley de la televisión pública y nombrar a los miembros de la junta de control, y al señor Moreno, si era un candidato de consenso, como director general, pero no como administrador único.

Los que teníamos alguna esperanza de que las cosas empezaran a funcionar de otro modo, la televisión y radio pública, con la llegada del nuevo Gobierno nos sentimos francamente defraudados. Que la televisión y radio pública puedan ser algún día la televisión de todos y la radio de todos, realmente independiente del Gobierno de turno, sigue siendo una utopía. Es más, en la exposición de motivos de este decreto se reprocha, se llega a reprochar a este Parlamento el no haber nombrado a los miembros de la junta de control. Señores diputados reaccionen, no dejen la televisión y la radio pública en manos del Gobierno.

El propio Consejo Consultivo en su informe sobre este decreto me da igualmente la razón, y asegura que la solución no es un decreto con poderes ilimitados al administrador único, como pretende el Ejecutivo con esta norma, y leo lo que dice el informe: no existe imposibilidad de seguir contratando el transporte de la señal ni imposibilidad de seguir prestando el servicio de informativos. Dicho en otras palabras, la situación se remediaría eligiendo a los órganos competentes, es lo que asegura el Consultivo en su informe, que, además, añade: no se aprecia que se dé, en relación artículo 2, una situación de extraordinaria y urgente necesidad pues no hay riesgo de cese en la prestación de los servicios informativos. Pero es que, además, en relación con ese artículo 2 se señala que el Gobierno pretende establecer un régimen singular de contratación de los medios materiales de los servicios informativos con procedimiento especial y distinto particular al margen de la normativa de carácter básico de la contratación pública, que es de obligado cumplimiento. No respetan ustedes ni la legislación básica contractual ni la Ley General de la Comunicación Audiovisual, según el informe del Consultivo.

Pero es que, además, el Consultivo también señala que el decreto genera inseguridad jurídica al eliminar todo tipo de limitación a los contratos que pueda realizar el administrador único y, por tanto, suplantando las competencias de la junta de control.

Como ustedes comprenderán, señores del Gobierno, señorías, Ciudadanos no puede convalidar un decreto en el que no solo se saltan ustedes la ley básica de contratos públicos, sino que además no se justifica la urgencia ni la necesidad, lo que debe de hacer es, como dijimos hace nueve meses, cumplir con la ley. Este Parlamente debe nombrar cuanto antes a los órganos que tienen que velar por el buen funcionamiento y la imparcialidad de la radio y la televisión pública de todos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, don Jesús Ramos.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente, señores consejeros.

Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera votaremos a favor de la convalidación del presente Decreto ley 11/2020, de modificación de la Ley 13/2014, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que entró en vigor el pasado 20 de junio.

Desde nuestro grupo parlamentario valoramos que se haya arbitrado este mecanismo por medio de una norma con rango de ley para dar solución al problema con la señal como una situación de extraordinaria y urgente necesidad para mantener el servicio público de Radiotelevisión Canaria. Nos encontramos nuevamente ante un debate por la limitación en las competencias del administrador único, ya que sus actuaciones están circunscritas a funciones de gestión ordinaria, lo que le impide licitar servicios. Esta situación de bloqueo que ya vivimos en la legislatura anterior tras la aprobación de la Ley 1/2018 sustanció un arduo debate parlamentario, lo que llevó este asunto a la licitación del contrato de la señal a los tribunales.

Por tanto, entendemos que ante una situación excepcional y transitoria, y para dar solución al problema de la señal, queda más que justificado que se haya procedido a modificar la Ley 13/2014, una actuación que entendemos imprescindible para la continuidad de la producción y emisión de los servicios informativos. Tal y como refleja el decreto ley es esencial que se siga garantizando la continuidad sin interrupción de los mismos por cualquiera de los mecanismos que con carácter transitorio y excepcional contempla la legislación aplicable. Pero, además, se hace imprescindible y con carácter urgente habilitar al administrador único para la contratación de aquellos servicios que afecten a la prestación y a la continuidad de la emisión del ente público, como ocurre, en este caso, con el servicio del transporte de la señal. El decreto ley establece una habilitación de tres meses para proceder a la licitación, especialmente por el riesgo que supondría para la propia subsistencia del servicio público el cese o interrupción de prestaciones esenciales para la continuidad ante la insuficiencia competencial para su contratación por parte del único órgano con mandato vigente del ente público y sus sociedades.

Señorías, lo que queda demostrado es que seis años después de la aprobación de la Ley 13/2014 y dos años después de publicada la Ley 1/2018 vuelve a producirse un colapso en la gestión del servicio, lo que requiere que aprobemos cuanto antes siete cuestiones esenciales: el nombramiento de los miembros de la Junta de Control; el nombramiento de la Dirección General; aprobar el mandato marco del ente, en el que establezcamos cuál es el modelo de gestión de los servicios informativos que se quiere para radiotelevisión pública canaria; la aprobación del reglamento orgánico del ente; poner en marcha el consejo de informativos; la armonización y homogeneización de los derechos de los trabajadores; cubrir las plazas que están propuestas en la radio pública.

Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera una vez más reiteramos la importancia que cobra, que independientemente del modelo de gestión por el que apostemos en el futuro, no podemos olvidar que el ente público no cuenta actualmente con las instalaciones técnicas necesarias para prestar el servicio con sus propios medios. Una cuestión que ya hemos debatido en numerosas ocasiones y que desde nuestro grupo seguimos manifestando que lo mejor sería que el ente tuviera un modelo público de gestión directa, pero, para ello, tenemos que ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas y, además, tendríamos que aprobar un plan de inversiones plurianual para poder crear las estructuras e instalaciones necesarias para no depender de tener que licitar estos servicios, pero eso en el medio y largo plazo; ahora el contrato de la señal no debe esperar.

Señorías, también somos conscientes que para lograr esa gestión 100 % pública se requiere de una importante inversión, que no se puede acometer a corto plazo. El objetivo, mientras tanto, no puede ser otro que la continuidad del servicio público y que se dé estabilidad al ente, independientemente del modelo de gestión. Es por eso por lo que entendemos que, mientras no se realice una transición a lo público, lo importante es asegurar el servicio, tal y como ha hecho el Gobierno de Canarias por medio de este decreto ley.

Desde nuestro grupo tenemos claro que queremos una radiotelevisión 100 % pública, y que los canarios y canarias nos merecemos una radio y una televisión de calidad, que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos de cada una de las islas. Y aunque somos conscientes de que esta inversión requiere de financiación y de tiempo, a la larga supondría un ahorro importante de coste para el erario público.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jesús.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Buenos días, señorías. Señor presidente.

Yo creo que este decreto viene otra vez a intentar paliar una situación de bloqueo en la que estamos, porque, desgraciadamente, y esto yo creo que sí es verdad que tenemos que hacer una autocrítica, en este Parlamento no hemos hecho la tarea que teníamos que hacer, es decir, proceder a la constitución de la Junta de Control y, además, aprobar el mandato marco. Señorías, yo creo que es... hay que reconocerlo no se ha hecho y yo emplazo aquí, otra vez, nuevamente, igual que una vez lo hice en la última, no sé si en alguna de las comisiones de control de radiotelevisión, tenemos que hacerlo. Es verdad que el procedimiento para cumplimentar la formación de la junta de control es complicado -la señora Reverón me dice que no-, pero bueno, se puede hacer, y también verdad es que en esas estábamos cuando llegó este parón sanitario, ¿eh? De todas formas yo creo que es verdad que tenemos que salir ya de este impasse y que la televisión pública canaria y la radio no se vean constantemente en una situación de bloqueo, porque es verdad que para definir determinados contratos está, ha estado inhabilitado el señor Moreno, y, además, ha sido una crítica yo creo que coherente por parte de la Oposición, de que eso que se entendía por la gestión ordinaria no estaba perfectamente definido y entonces se, en fin, se presta a muchas interpretaciones: ¿qué es gestión ordinaria y qué no es gestión ordinaria?

Por ejemplo, se llegó a cuestionar que para contratar la señal para que la televisión siga funcionando excedía las funciones de la gestión ordinaria, oiga, yo creo que más gestión ordinaria que esa, ¿no?, hacer que la Radiotelevisión pública canaria siga funcionando... Pero, bueno, yo creo que en este decreto que convalidamos hoy salimos otra vez de este bloqueo, yo creo que por el plazo de un año, como se indica aquí, ¿no?, por ejemplo, para la contratación de material por periodos de tres meses durante cuatro periodos. Efectivamente, esto tiene que solucionarse yo creo que antes de este periodo, antes de un año, ¿no?

Por lo tanto, yo creo que este decreto es importante, porque, en fin, define cuál es, qué es lo que se entiende por gestión ordinaria, digamos, da poder sin cuestionar el futuro mandato marco ni el modelo de radiotelevisión, al que preside la televisión, para seguir manteniendo el servicio.

Luego, por otro lado, a mí me parece que es importante, también, proceder también al estudio de viabilidad económica que la ley contempla para justificar o no el modelo de televisión. Para nosotros optar a un modelo público de televisión necesitamos tener un estudio de viabilidad económica. Ese estudio no está hecho, ese estudio también tiene que hacerse, para ver si a nosotros nos sale más barato o más caro, me refiero al conjunto de la ciudadanía canaria, porque yo sí estoy convencido de que el servicio, es verdad que es una necesidad en las instituciones tener un servicio.

Y yo creo, al contrario de lo que se ha dicho aquí, que no es un servicio que esté en manos del Gobierno, para nada. Parece que, como se definen los informativos, yo creo que los informativos tienen que mejorar muchísimo, yo creo que estamos sujetos, desgraciadamente, a un conjunto de empresas, empresarios y determinadas actuaciones en medios informativos que, además, eso tendría que estar regulado por un consejo de informativos, que es también una de las tareas pendientes. Es decir, yo creo que muchos informativos tienen una tendenciosidad a veces, digamos, que discrepa, discrepa del Gobierno incluso, o sea, que no se puede decir que estos medios están con el Gobierno, para nada. Yo creo que los consejos de informativos tienen que estar en manos de los profesionales de la comunicación, y así está establecido en la propuesta que se hizo de contrato marco, es lo que nosotros tendríamos que fomentar. Es decir, que tenemos una serie de tareas por delante.

Nosotros vamos a aprobar, evidentemente, este decreto, pero, insisto, tenemos que emplazarnos a que en el periodo de un año, en el periodo de un año, nosotros tenemos que hacer una serie de tareas: aprobar el mandato marco, aprobar el mandato marco, formar la junta de control, en fin, y yo creo que proceder, entonces, a una serie de cambios necesarios, desde nuestro punto de vista, en el seno de la radiotelevisión pública canaria.

Y yo creo que os problemas de la televisión, de todas maneras, son otros, ¿eh? Son otros, yo creo que tenemos que mejorar muchísimo en la calidad que se está haciendo, yo creo que este verano, este verano, por algún programa que está anunciado nos vamos a horrorizar nuevamente con la calidad de la televisión.

En definitiva, en fin, creo que tenemos muchas tareas pendientes, señorías, ahora viene el verano, yo espero que durante este mes, más o menos, podamos pergeñar un itinerario de reuniones, un itinerario, ¿no? para alcanzar una serie de consensos e intentar solucionar esta situación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Déniz.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señor Campos.

Adelante.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente, buenos días, señorías.

Señor consejero, darle las gracias por esa introducción a este decreto ley que llega al Parlamento y que, en el día de hoy, si todo sale bien, pues se empezará a tramitar también como proyecto de ley, devolviendo, nuevamente, a la Cámara, también, la oportunidad de complementar, de mejorar, precisamente algo que es su competencia. Por tanto, determinadas intervenciones en las que criminalizan casi al Gobierno por la situación yo creo que no son razonables y entendibles.

Si hay un responsable, obviamente, es este Parlamento, somos las personas que aquí estamos, los diputados, diputadas, los distintos grupos políticos. De hecho, en la última junta de portavoces ya nos hemos mandatado de manera clara, inequívoca, decidida, para la vuelta del verano, en septiembre, en la primera junta de portavoces, a abordar esta situación para empezar a ir colocando las piezas absolutamente necesarias para que situaciones como esta no vuelvan a producirse. La primera, la elección de la junta de control, la dirección del ente, el mandato marco y, a partir de ahí, con todas esas herramientas empezaríamos a desarrollar el conjunto de las necesidades imprescindibles para el buen funcionamiento.

Pero, centrándonos en el decreto, obviamente vamos a aprobarlo.

Nueva Canarias ha sido una clarísima defensora siempre de la necesidad de un servicio público de radiotelevisión en Canarias, pero un servicio público de radiotelevisión de calidad, independiente, donde la profesionalidad sea un elemento sustancial. Y, precisamente, esos son los aspectos, los elementos, que nos dotamos en su momento en la ley, con el marco, a partir de ahí, con el que tendríamos que operar.

Hubo una modificación, en la que a través, precisamente, por el bloqueo que existía a la hora de elegir esa junta de control, los miembros, las personas que iban a estar al frente de la junta de control, necesitábamos, a través de ese administrador único, dándole unas competencias muy concretas, muy limitadas, incluso, en el ámbito de la... como órgano de contratación, tanto en la cuantía como en los plazos temporales a los que podría, evidentemente, los contratos que llevara a cabo aprobar. Y nos dotamos de seis meses, seis meses que se han convertido prácticamente en dos años, fruto de ese bloqueo que comentaba al principio. En dos años en el que, evidentemente, se van venciendo contratos, como puede ser el de la cesión de los bienes muebles e inmuebles necesarios e imprescindibles para la producción de determinados programas que hagan viable una televisión como la que estamos hablando, y un elemento que es absolutamente sustancial, imprescindible para que la señal llegue a cada una de nuestras casas, para que la televisión, por tanto, sea posible. Y es ahí donde radica el elemento esencial de este decreto ley: modificar algunos de los aspectos, tanto en el alcance de lo que podemos entender como gestión ordinaria de ese administrador único a la hora de contratar, a la hora de prestar determinados... tomar determinadas decisiones, y, por supuesto, la cuantía y la duración de la misma, sobre todo para contratar la señal de transporte de la televisión. También ese punto 2 cuestionado dentro del decreto ley, pero que es absolutamente imprescindible, y, como bien decía el consejero, las cuestiones que en un momento dado, y ya hemos tenido experiencias -y, además, ratificadas posteriormente con el juzgado- por no amarrarlas bien en los textos legislativos, en los marcos normativos, pues, intentemos eliminar cualquier duda, cualquier sombra que pueda judicializarse con posterioridad.

Por tanto, absolutamente imprescindible que una televisión, una radiotelevisión pública como la nuestra siga funcionando. No hemos sido capaces de dotarnos de las herramientas imprescindibles y necesarias para que eso sea así y para que desaparezca la figura del administrador único, porque, en el mismo momento que elijamos a la junta de control y a la dirección, la figura del administrador único desaparece. Por tanto, algunas de las prerrogativas que se le dan aquí al administrador único, que pueden parecer que sean permanentes en el tiempo, tendrán la limitación temporal, obviamente, de la elección tanto de la junta de control como de la dirección del ente.

Y, eso sí, en el punto 3, ya que vamos a dar por vía de urgencia, estamos aprobando en este momento que el administrador único pueda contratar la señal, que en el plazo máximo de tres meses se lleve a cabo la misma. Y en el caso, además, de la cesión de los bienes muebles e inmuebles para que se pueda seguir, para que pueda seguir funcionando también la programación y la producción de determinados programas, esa ampliación de la cesión no pueda ir más allá de un año en periodos sucesivos trimestrales de ampliación de la misma.

Por tanto, desde Nueva Canarias vamos a aprobar la ley... el decreto ley, vamos a apoyar que se tramite como proyecto de ley, devolviendo, por tanto, a la Cámara la capacidad de legislar sobre la misma, y vamos a comprometernos para que desde el mes de septiembre nos pongamos en marcha todos para hacer real lo que en su momento aprobamos en este Parlamento y lo que es nuestra responsabilidad, y en ningún caso del Gobierno, que lo que está haciendo es suplir nuestra inacción.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campos.

Turno para el Grupo Popular.

Señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Señorías, la Ley 13/2014, de Radiotelevisión Canaria, mi grupo político fue el único que votó en contra, porque ya preveíamos que nos íbamos a ver con todo este tipo de situaciones.

Aquí se ha hablado de que se ha modificado la ley; efectivamente, la Ley 13/14 ha sido objeto de modificación en dos ocasiones, y voy a decir cuáles fueron esas dos ocasiones, porque aquí solamente se ha hablado de la primera y no de la segunda.

La primera fue, efectivamente, con la Ley 1/2018, que lo que hicimos fue dotarnos de un administrador único para que pudiera resolver los problemas de bloqueo que nos encontramos por allá por el mes de junio del 2018.

Pero bien, pasado este tiempo es verdad que le dimos un plazo de seis meses, porque entendíamos que en el mes de diciembre se iba a solucionar. ¿Qué pasó? Es verdad que en el Parlamento de Canarias, pues, no adoptamos las decisiones que teníamos que haber adoptado, y en diciembre del 2018 se modificó nuevamente la ley. La ley se modificó con la Ley 6/2018, que permitió que el administrador único tuviera un mandato sine die hasta que sea nombrada la dirección general. Digo esto porque he visto y he leído, tanto en la exposición de motivos del decreto ley como en el consejero -y así las personas que me han precedido en la palabra han dicho- de que el administrador único tenía un carácter de transitoriedad, un tiempo de seis meses, y que han pasado dos años y sigue el administrador único. Señorías, por ley, por ley este Parlamento le dotó al administrador único un carácter sine die hasta que se nombrara dirección general. Bien, dicho esto... y, por supuesto, con competencias limitadas.

Bien, dicho esto, uno de los problemas con los que se tuvo que enfrentar...

Perdón, también con la Ley 6/2018 nos dotamos de una nueva estructura, que era la junta de control, que todavía no se ha nombrado, y, por otro lado, de la dirección general. ¿Por qué no se ha nombrado la junta de control? No por lo que aquí han comentado de que tiene un procedimiento complicado, no; nosotros cambiamos el procedimiento que venía en la Ley 13/2014 por un procedimiento mucho más ágil y sencillo. Es decir, había una primera votación de tres cuartos y a las veinticuatro horas, si no se concedía esa votación, mayoría absoluta. Por tanto, no me hablen ustedes, por favor, y menos en la exposición de motivos, de que también no se ha nombrado a la junta de control porque es un procedimiento complicado, eso lo cambiamos con la Ley 6/2018. Sí es cierto que no se ha nombrado por lo siguiente, y es porque necesita de un consenso, porque entendemos que esto tiene que requerir el mejor consenso, y existen dos procedimientos, dependiendo si utilizados la regla D'Hondt o utilizamos el de restos, y eso es lo que tienen que hacer la Junta de Portavoces, ponerse de acuerdo, pero no me vengan y me digan, y mucho menos en una exposición de motivos, que es que el procedimiento para nombrar la junta de control, hombre, es complicado, porque eso lo cambiamos con la Ley 6/2018.

Bien, señorías, entrando ya en el fondo del asunto. Es verdad que uno de los problemas que tuvo que solucionar el administrador único era la contratación del transporte de la señal, y esta contratación la llevó a cabo el anterior administrador único y fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal de Contratos de la comunidad autónoma porque entendía que tenía, efectivamente, gestión ordinaria y no podía contratar aquellos contratos que fueran de carácter plurianual y que superaran a un millón de euros. La exposición de motivos dice lo siguiente, y abro comillas, señorías: las limitaciones para contratar hace imprescindible, y con carácter de urgencia, habilitar al administrador único para la contratación de aquellas prestaciones que afecten a la prestación y continuidad del servicio como tal, aun cuando se importe o plazo de vigencia excedan de los límites expuestos, ya que, al no encontrarse constituida la junta de control, llamada legalmente a ejercerlo, es preciso que sean asumidos por el administrador única. Y, además, concluye la exposición de motivos de este decreto ley diciendo que, si no somos capaces de aprobar este decreto ley, pues, la tele, si no se contrata podernos irnos a negro, lo que comúnmente conocemos todos y que se va la señal, bien. Esto... (Apagón en el salón de plenos).

Vamos, me ha quedado...

El señor PRESIDENTE: Señorías, les prometo, señorías, por favor, les prometo dos cosas: una, no estaba preparado y, segundo, estamos al corriente en el pago del servicio suministrador.

Señora Reverón, continúe si la... Son cosas del directo. Continúe, continúe. (El micrófono del estrado no funciona). (Pausa).

Perdón, perdona porque hay un problema con el micrófono. Te detengo el tiempo, Luz.

Podemos poner la carta de ajuste mientras... (Pausa).

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Ya me oyen, ¿no?, bueno.

Como decía, la tele no se va a negro, como me he ido yo, que se ha ido la luz.

Como les decía -exacto-, como les decía, señorías, la Televisión Canaria no se va a ir a negro, y, además, no lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo, que dice, y abro comillas: no es del todo cierto, porque esta situación de bloqueo jurídico y fáctico se viene produciendo desde hace tiempo, al menos desde el mes de junio del 2018. Y, además, lo ha dicho también un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, concretamente el 5 de junio de este año.

Y les voy a decir lo siguiente y por lo que mi formación política vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley, porque el dictamen dice: no obstante lo anterior, es indudable que esa situación de prestación de un servicio sin cobertura contractual alguna es una irregularidad que debe ser remediada sin dilación, circunstancia que se revela con un auténtico presupuesto que justificaría la aprobación del presente decreto ley, al menos en cuanto a la habilitación, para que el administrador único pueda contratar como parte de la gestión ordinaria el transporte de la señal y consecuentemente el mandato para que se convoque el concurso en el plazo de tres meses.

Por ello, señorías, termino diciendo que mi grupo parlamentario por supuesto vamos a convalidar este decreto ley y también que se tramite como proyecto de ley para que nos permita presentar enmiendas y mejorar el texto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reverón, y disculpe por las dificultades.

Grupo Nacionalista, señor Estébanez.

El señor DÍAZ-ESTÉBANEZ LEÓN: Señor presidente, señorías.

Me temo que mi intervención no va a tener los efectos especiales de doña Luz Reverón para acomodar las palabras a los hechos en la ida a negro y, desde luego, tengo que decirles que de los pocos placeres, quizás algo mezquinos y ruines, que tiene pasar del Gobierno a la Oposición es poder decir de vez en cuando "ya te lo dije", "¡ya te lo dije!". Y este es uno de esos momentos donde alguno tiene que mirarse al espejo y escucharse sus propios discursos de hace no tanto tiempo.

Mire, el relato que ha hecho el consejero es bastante certero, quizás ha omitido algún detalle, pero que ha hecho, creo que ha hecho un relato bastante certero de esa situación. Usted ha calificado de anómala -creo que ha utilizado ese término- cuando habló de cómo se hizo esa normativa de cómo se intentaba dotar al ente de la junta de control y del mandato marco, de cómo fuimos incapaces -con ese "fuimos", haciendo ese plural mayestático generoso-, que fuimos incapaces... Mire, no somos tan incapaces, de hecho se hizo un texto de mandato marco, y se aprobó en comisión y se metió en un cajón y nunca más se supo, y no se ha hecho ningún intento de sacarlo adelante. Y esa junta de control hay que recordar quién la bloqueó y por qué se bloqueó. Y es verdad que se hizo ese mecanismo transitorio en el 2018, en principio por seis meses, que luego se prorrogó, porque fuimos -de nuevo, pongámoslo en plural mayestático- incapaces de dotarlo de esos órganos. Claro, hay que recordar que el Gobierno entonces, como ustedes decían, era débil, en el sentido de que teníamos... no teníamos mayoría, no teníamos mayoría, teníamos dieciocho, pero es que este Gobierno sí tiene mayoría y lleva un año ya gobernando, y cuando se nombró el administrador único nuevo, hace ya, creo que nueve meses, esto empieza a ser un parto -¿creo que fue en noviembre del año pasado?-, claro, se dijo "sí, adelante". ¿Con qué condición? Con la condición de dotarnos de los mecanismos ordinarios de esa junta de control y de ese mandato marco. Y pasó noviembre y diciembre y enero y febrero y marzo y abril y mayo y junio, y aquí estamos, en julio, y resulta que, efectivamente, no tiene la capacidad -entre otras cosas porque algunos se lo negaron, ya se lo dijimos- para lo que llamaban la administración ordinaria. Yo creo que ha estado muy acertado el portavoz de Podemos al decir "claro, que hay más ordinario que tener la señal, gestionar la señal", pero es que a nosotros se nos imponía un especie de aquello que cantaban Los Sabandeños -no sé si era Daniel Viglietti quien hacía la letra, usted, profesor, me corregirá- de "me matan si no trabajo y si no trabajo me matan, siempre me matan, me matan"; si hacía su trabajo, lo hacía mal, si no hacía su trabajo, no hacía su trabajo y lo hacía mal. Y ahora hemos llegado a este momento donde se nos pide, se le pide a esta Cámara que le demos los poderes al administrador único que algunos negaban al anterior administrador único.

¿Y en qué consisten, básicamente, estos poderes, los superpoderes de los superhéroes? Pues en convertir al señor Francisco Moreno en una especie de Iron Man, que no es un superhéroe que tiene los dones naturales, sino que hay que dotarlo, ¿verdad?, hay que ponérselos, hay que fabricarle una armadura, hay que dejarle que tenga todas las posibilidades para que -él sí, los anteriores no, pero él sí- pueda hacer todo lo que a los anteriores se les negaba que pudieran hacer. ¿Y saben qué les digo? Que nosotros vamos a votar a favor. ¿Y saben por qué? Por responsabilidad y por coherencia, por la responsabilidad y coherencia que no tuvieron otros. Por responsabilidad porque creemos en ese proyecto de una televisión, radio y televisión -por cierto, se nos olvida con frecuencia hablar de la radio y es lamentable para esos profesionales-, una radio y televisión pública, de calidad, a la altura de lo que Canarias se merece y necesita, y no vamos a permitir, al menos vamos a no contribuir a que se vaya a negro.

Pero, en fin, ese ejercicio de responsabilidad, de coherencia, no lo confundan, por favor, con una nueva patente de corso, con que se prolongue esto de nuevo en el tiempo. Dotémonos todos de esos mecanismos ordinarios.

Y es cierto que el Parlamento es el organismo que debe hacerlo y no el Gobierno, y con frecuencia el Gobierno dice "no, eso es cosa del Parlamento", como si fueran dos cosas... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

Quizá por eso, mejor que nada, se le llama a Radiotelevisión Canaria "el ente", porque es algo como el ente. ¿Y a quién te diriges? No, al ente. ¿Y a quién del Gobierno? No, al ente. ¿Es que depende orgánicamente de Presidencia? No, del vicepresidente, pero lo defiende el de Justicia... El ente. Y cuando se le pide responsabilidades al Gobierno dice "no, el Parlamento". Y, claro, el Parlamento, ¿quién forma el Parlamento?, ¿pero quién tiene la mayoría en el Parlamento?, ¿de verdad van a responsabilizar a los grupos que no tienen mayoría? Propongan y nosotros nos avendremos, siempre que se haga con proporcionalidad... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estébanez.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, decirles simplemente que lo que ha ocurrido anteriormente es que hay un corte en la zona, de suministro eléctrico. El Parlamento en este momento está funcionando con sus propios grupos. Si hubiera algún problema técnico luego para la votación recuerden que lo haríamos a mano alzada. ¿De acuerdo?

Adelante.

Silencio, señorías. Gracias.

Señora Mendoza, adelante.

Señorías -perdón-, señorías. Señorías, por favor, un poco de silencio. Gracias, señorías.

Adelante, señora Mendoza.

La señora MENDOZA REYES: Gracias, presidente. Señor consejero, señorías, buenos días, a todos y a todas.

La Radiotelevisión Canaria ha sido desde su inicio declarada legalmente como servicio público necesario para la cohesión territorial de las islas y como servicio esencial de interés económico general, cuya gestión y prestación de dicho servicio público viene atribuida por el artículo 3 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre. La gestión y prestación de dicho servicio público viene atribuida por la citada Ley 13/2014 al ente público de Radiotelevisión Canaria, que lo ejerce directamente y a través de las sociedades mercantiles Televisión Pública de Canarias, SA, y Radio Pública de Canarias, SA.

No les sorprenderá, señorías, si les digo que en tiempos no muy pasados y con motivo de una situación sobrevenida de insuficiencia del número mínimo de miembros de la Junta de Control -que, al igual que su administrador único, nombra este Parlamento y no el Gobierno, señora Espino-, y a esta Junta de Control, el máximo órgano de decisión, se produjo una situación de riesgo inminente de bloqueo jurídico y fáctico de la gestión del servicio público. Este bloqueo se traduce en limitaciones del administrador único y que tenga vetada cualquier intromisión en el futuro modelo de gestión de los servicios informativos a la espera de la aprobación de un mandato marco y de adopción de los pertinentes acuerdos de la Junta de Control una vez nombrada y constituida. Sin la aprobación de este mandato marco ni el nombramiento de los órganos decisorios permanentes encargados de su ejecución se determina una situación del auténtico vacío competencial en la toma de decisiones necesarias para los servicios informativos, respecto a los cuales el ente público y sus sociedades ni pueden actualmente decidir para el futuro sobre el modelo de gestión, ni tampoco pueden prescindir de los medios personales y materiales de los que se venía disponiendo a la entrada en vigor de las mencionadas leyes, ya que prescindir de dichos medios exige decidir sobre su alternativa o sustitución, y esa decisión afecta directamente al modelo de gestión, con lo que prescindir de los mismos sin capacidad de decidir sobre otras alternativas supondría el cese de la prestación de los servicios informativos.

Es decir, tal y como establece la exposición de motivos, en la situación actual si el administrador único no puede decidir la continuidad de esos medios u otras alternativas, supondría el cese en la prestación de los servicios informativos y, por ende, frustraría la salvaguarda de la continuidad en la gestión del servicio público y, con ello, los puestos de trabajo del sector audiovisual afectado.

Con esa propuesta de decreto se cumplirían las tres condiciones siguientes: las medidas adecuadas para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido, en la medida que van dirigidas a regularizar una contratación administrativa; que las medidas sean, además de idóneas, necesarias, en el sentido que no son lesivas para la consecución de tal fin, todo lo contrario; y que las medidas idóneas y no lesivas son (ininteligible) o equilibradas, dado que su aplicación otorga beneficios o ventajas para el interés general sin que se aprecie la existencia de perjuicio sobre otros bienes o intereses en conflicto. Y se solucionaría, por una parte, la habilitación para convocar y adjudicar el procedimiento de contratación del transporte de la señal como parte de la gestión ordinaria que tiene encomendada; por otra, la de poder afectar los medios materiales, mobiliarios e inmobiliarios, puestos a disposición del ente público o de sus sociedades por parte de terceros al amparo de contratos relativos a servicios informativos de forma conjunta y transitoria, dichos servicios, y el mandato para convocar el procedimiento de licitación para la contratación de la prestación con carácter plurianual de los servicios de transporte de la señal de televisión y radio.

En relación a todas ellas se concluye que la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificaba este decreto concurre como consecuencia de las tres razones sobrevenidas y anteriormente citadas, lo que determina que si no se adoptan las medidas que se contienen en el decreto ley no será jurídicamente posible seguir prestando el servicio de comunicación audiovisual y se producirá el cese inmediato, como digo, indefinido, de las emisiones, por imposibilidad de seguir contratando el transporte de la señal y por imposibilidad de seguir prestando el servicio de informativos, hasta tanto se decida el modelo de gestión de los mismos por los órganos competentes.

Lo que quiero decir con todo esto, señorías, es que debemos apostar todos los grupos parlamentarios por un servicio público y de calidad, con una radiotelevisión pública que represente a toda la ciudadanía canaria y con un contenido que cumpla también con los estándares de calidad de la televisión pública. Para ello debemos trabajar conjuntamente, señorías, desde el consenso y el diálogo, con una apuesta firme y decidida. Convalidar este decreto y tramitarlo como proyecto de ley dará no solo estabilidad al servicio, sino a todas y cada una de las personas trabajadoras de la radiotelevisión pública.

Les animo, señorías, una vez más, a trabajar unidos en pro del servicio público y de calidad para toda la gente de nuestra tierra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Damos por finalizados los turnos tanto del Gobierno como de los grupos parlamentarios. Así que, señorías, llamamos a votación. (La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a votación).

Vayan, señorías, ocupando sus escaños. Tanto aquí como en la sala Europa, comprobamos que las señorías han ocupado los correspondientes escaños, así que procedemos, por tanto, señorías, a la votación de la convalidación o no del decreto de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Señorías, votamos. (Pausa).

Gracias, señorías.

62 votos emitidos contando el voto delegado, señorías.

60 votos síes, favorables, 2 abstenciones. Por lo tanto, queda convalidado el decreto.

A continuación, señorías, y conforme establece el artículo 160.4 del Reglamento, pregunto a la Cámara sobre su parecer favorable o no a que se tramite el decreto que acabamos de convalidar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Así que, señorías, procedemos a votar nuevamente. (La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a votación).

Señorías, la votación está preparada. Votamos, señorías.

Señorías, gracias. 64 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención.

Unanimidad, por tanto, 64 síes, unanimidad en el parecer de la Cámara de la tramitación del decreto una vez convalidado como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia.

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  • 10L/DL-0012 Sobre De modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.