Diario de Sesiones 45, de fecha 30/9/2020
Punto 3

10L/DL-0015 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, con la convalidación o derogación de decretos leyes. En este caso, por el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tiene la palabra el Gobierno, el señor consejero. Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente. Saludos de nuevo, señoras y señores diputados.

El Gobierno solicita de la Cámara la convalidación del Decreto Ley 14/2020, por el que se establece un régimen sancionador específico para el incumplimiento de las medidas de prevención y control de la expansión de la COVID o del COVID en el archipiélago.

El objeto de este decreto ley, que se aprobó por el Gobierno el día 4 de septiembre y que esperamos que hoy se convalide si lo tienen a bien sus señorías, la mayoría de sus señorías, fue precisar y redactar mejor, con más exactitud, las normas legales que describen las infracciones de las reglas sanitarias establecidas para combatir la propagación de la COVID.

Su primer objeto es relacionar, hacer un catálogo de tipos de infracciones. Esas infracciones ya existían en las leyes generales y estaban siendo sancionadas, pero estaban descritas de un modo general. Incurrirá en la multa de tantos euros o en la sanción de tal consecuencia quien infrinja las prescripciones de la autoridad sanitaria, se decía, o quien infrinja las prescripciones del médico o del inspector de salud pública. Ahora esas descripciones se ajustan a la situación de la COVID, para que lo que se describa sean conductas relacionadas con la situación actual.

En segundo lugar, se endurecen las sanciones, las sanciones aumentan. Son mayores las que están fijadas en este decreto ley que las que estaban en las leyes generales.

Y, en tercer lugar, se establece un procedimiento específico, dentro -cree el Gobierno- de las normas generales de procedimiento administrativo, para hacer más fácil y operativo el trabajo de los cuerpos de inspección. Es lo mismo, prácticamente con las mismas palabras, que han hecho otras seis comunidades autónomas. Siete de las diecisiete comunidades autónomas hemos establecido un procedimiento sancionador específico, con reglas específicas, con normas muy parecidas, en algunos casos copiadas literalmente. ¿Y por qué lo hemos hecho? Con el propósito de promover un mayor y un mejor cumplimiento de las normas sanitarias dictadas por el Gobierno, convencidos de que ese cumplimiento, el cumplimiento de esas normas, el cumplimiento extenso generalizado es condición imprescindible para vencer a la enfermedad.

Ha merecido el dictamen favorable del Consejo Consultivo, donde el Estatuto prescribe como un trámite previo a la convalidación, si la Cámara lo cree conveniente. Y el Consejo Consultivo, sin ninguna duda y con toda claridad, expresa su opinión de que está justificada la necesidad y el contenido en términos constitucionales y formula algunas observaciones que no empañan su conclusión principal, que es que existe justificación para editarlo y que su contenido se ajusta a la necesidad urgente y extraordinaria que lo motiva. Es verdad que alguna de las observaciones resulta muy aparatosa. Eso nos está pasando prácticamente en todos los decretos leyes. También es verdad que se trata de materias jurídicas complejas en donde caben las opiniones. El Gobierno cree que su actuación se ajusta a la Constitución, el Consejo Consultivo cree que en algún punto no lo es y después formula observaciones de redacción y de sintaxis, las cuales, algunas de ellas podemos compartir pero de otras discrepamos. En cualquier caso, todo ello se podrá atender, si se considera así, si la Cámara, como el Gobierno cree que debería proceder, admite su tramitación como proyecto de ley, tras la convalidación.

El Gobierno cree -y no solo el Gobierno, yo creo que lo cree cualquiera que observe la realidad- que para combatir la enfermedad, para impedir la propagación del virus es imprescindible que se cumplan las normas; además del esfuerzo que hagan las instituciones sanitarias, el esfuerzo que hagan los ciudadanos para mantenerse a distancia, para respetar los aforos, para no estar en reuniones que excedan en su número del establecido por la ley... Un incumplimiento, y lo estamos viendo, por pequeño que pueda ser, puede entrañar consecuencias muy graves para el conjunto de la comunidad. Si queremos producir esas buenas noticias a las que se refería hace un momento el vicepresidente, si bajamos el índice de casos positivos, si reducimos el impacto de la enfermedad, será no solo a consecuencia del esfuerzo que hagan los sanitarios, un esfuerzo meritorio, sino del cumplimiento de las normas. Y este es el objetivo del decreto ley: promover un cumplimiento preciso, exacto y generalizado y sancionar a quien no lo haga.

Por esos motivos solicitamos de la Cámara la convalidación de esta norma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Continuamos con los turnos, en este caso de los grupos, por el orden correspondiente.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente. Señor consejero.

Desde Ciudadanos atribuimos en gran parte y en gran medida el mayor número de contagios en nuestro archipiélago, en esta segunda ola de la pandemia, a la relajación del Gobierno de Canarias en el control de esta y también a la conducta de los ciudadanos, que hemos -insisto en lo de hemos- creído que después del confinamiento esto ya estaba superado y volvíamos a la normalidad.

La falta de información y la ausencia de coordinación entre los distintos niveles de la Administración, estatal, autonómica, cabildos y ayuntamientos, han hecho que la supervisión de las cuarentenas sea una entelequia difícilmente cumplible. Se puede decir alto y claro; por lo tanto, a juicio de Ciudadanos, el aumento en el número de contagios por el coronavirus está causado en gran medida, por un lado, a consecuencia, insisto, de la relajación del propio Gobierno de Canarias en el control de la pandemia y en la ausencia y el rigor a la hora de exigir el cumplimiento de las normas. De nada sirve endurecer las penas si el Gobierno no pone mayor empeño en hacer cumplir las normas.

Y por si todo esto fuera poco muchas de esas sanciones se quedan en un cajón, porque los propios funcionarios de salud pública no tienen la capacidad y la celeridad necesaria por falta de medios. Por este motivo, permítame solicitarle y demandarle al Gobierno que dote a dicho servicio de salud pública de más recursos humanos y materiales, al tiempo que se realice una reasignación de efectivos temporalmente a esta consejería de otras áreas.

Otro ejemplo de lo que al Gobierno aún le queda todavía por hacer es la falta de información y coordinación de este con los municipios, tal y como denuncian los propios ayuntamientos, lo que dificulta que las policías locales puedan ejercer con éxito su labor de supervisión sobre aquellas personas a las que los profesionales sanitarios han prescrito que deban permanecer en cuarentena o en aislamiento.

Para rematar todo esto, permítame recordarle que en poco más de un año que arrancó esta legislatura llevamos tres consejeros de Sanidad y cuatro directores generales del Servicio Canario de Salud, lo que refleja, a nuestro parecer, la falta de una política sanitaria clara por parte del Gobierno.

En lo referente al decreto ley del régimen sancionador específico que nos atañe, decreto que ha nacido con el propósito de reducir el elevado número de contagios registrados en las últimas semanas, permítame cuestionar que, en relación con las multas establecidas en los casos sancionadores graves, se fija una horquilla tan amplia, entre 500 y 30 000 euros. Sirva este ejemplo de la ineficacia de las sanciones que tuvimos el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el parque García Sanabria, donde se llegó a una concentración que, según los testigos, rondaba las ciento cincuenta personas. Esos mismos testigos reconocen que es de las primeras veces que esto sucede y se produce en zonas céntricas de todas nuestras capitales, nuestras ciudades, en las que hay numerosas peleas por distintos motivos absurdos, vulnerando reiteradamente las medidas sanitarias impuestas hasta la fecha. Muchos de esos jóvenes van sin mascarilla ni respetan ningún tipo de distanciamiento social, llegando incluso a producirse, como decimos, algún intento de pelea. Tras la llegada de la policía, se vio impotente y desbordada por la situación, por el gran número de personas, y que se marcharon de una manera rápida a la llegada de estos.

Señor consejero, algo falla, y es evidente, en la aplicación del régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19. Cito: "El cumplimiento de estas normas es clave, primero para la salud y luego para la economía. Hagamos cumplir las normas al que no lo hace. La mayoría lo hace, fuimos un ejemplo en el confinamiento y no queremos volver atrás. Las normas las dictamos para que se cumplan, obligados por las circunstancias, y son las más duras que se pueden tomar [...] Queremos sepultar esta etapa de nuestra vida: no se lo merecen ni los sanitarios ni la gente que está trabajando al pie del cañón ni este pueblo". Y cierro la cita, que es del presidente Ángel Víctor Torres.

Nuestro voto va a ser a favor, a pesar de todo lo que le he dicho, para la convalidación de este decreto ley, pero al tiempo solicitamos su tramitación y pedimos su tramitación como proyecto de ley, ya que el informe del Consejo Consultivo, al contrario de lo que usted ha explicado, no deja dudas sobre la conveniencia de hacerlo de esta manera.

Evidentemente no voy a entrar en todos los puntos que refleja el informe y que todas sus señorías conocen sobradamente, pero sí desde luego algunos de ellos, que marcan, como en casos anteriores, una precipitación a la hora de redactar los decretos leyes.

Artículo 5.4: si yo incumplo las recomendaciones y los protocolos se hace responsable, de manera solidaria, a una persona física o a una persona jurídica donde yo esté tomándome una copa o prestando cualquier tipo de servicio. No parece lógica y normal esa responsabilidad solidaria.

En el artículo 6.2, en varios puntos se constata bastante indefinición a juicio del Consejo Consultivo, falta de concreción a la hora de redactar o exponer los hechos, ambigüedades... Este artículo recibe numerosas matizaciones por parte del Consultivo.

Y en el artículo 13, una grave advertencia de inconstitucionalidad en el artículo.

Y así podríamos seguir con una serie de recomendaciones que hace el propio informe.

Solamente esta última, la del artículo 13, llevaría a la necesidad para corregirlo de su tramitación como proyecto de ley.

Termino, señor consejero. Este Gobierno le ha cogido gusto a la dinámica de legislar por decreto ley, pero no olvidemos que esto debe ser una excepcionalidad siempre y no la norma, pues el poder legislativo... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Sí. Concluya.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: ... el poder legislativo recae en este Parlamento.

Le reitero nuestro voto favorable a esta convalidación y la petición de que sea tramitado como proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ricardo.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.

El señor RAMOS CHINEA (desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, seré muy breve. Simplemente corroborar las palabras del consejero, decirle que estamos de acuerdo con que el Gobierno haya sacado este decreto ley para establecer un régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas para frenar esta pandemia, la COVID-19. Hemos visto cómo, con la irresponsabilidad de unos pocos, la mayoría de la población ha sido consciente de ello, pero ha habido unos pocos con un comportamiento incívico y con poco respeto hacia los demás, que nos está llevando a una situación en la que no solo tenemos graves problemas económicos sino también se ponen en riesgo muchísimas vidas.

Por tanto, creemos acertado y vamos a votar a favor de este decreto ley y luego, posteriormente, vamos a votar a favor de que se tramite como proyecto de ley. Creemos que son acciones acertadas. Además, ahora toca a este Parlamento trabajar al respecto para tener el mejor texto normativo, teniendo en cuenta las apreciaciones que ha hecho el Consejo Consultivo. Y nada, lo que nos toca, como ya digo, es ponernos ahora a trabajar y sacar el mejor texto posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramos Chinea.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ (desde su escaño): Buenos días.

La verdad es que la crisis de la COVID-19 no tiene parangón y es una situación tan complicada de prever, de las cosas que pueden ocurrir y cómo afrontarlas que entendemos que todas las medidas que se tomen son pocas. Y entendemos también que haya quien... que haya críticas, que las hagan, aunque, en fin, donde están gobernando, menudos problemas tienen también algunos, que aquí se ponen muy exigentes pero vaya lío que tienen a la hora de gestionar.

Nadie está libre de no acertar al cien por cien en las medidas que se toman, porque estamos ante algo absolutamente nuevo. Pero desde luego es necesario que exista un régimen sancionador y que sea lo más eficiente posible. Por varias razones: primero para garantizar la salud individual y la vida de las personas; segundo, para garantizar la salud también colectiva. No puede ser que una persona o dos, vulnerando las normas, afecte al resto de la comunidad, en este caso la comunidad canaria. Y, tercero, porque -ustedes ya lo han nombrado también- todo eso tiene que ver con la repercusión en la crisis económica y social que, como consecuencia de la crisis sanitaria, estamos viviendo.

Hay que, evidentemente, generar normas para que se cumplan, para que exista un régimen sancionador, que sea punible para esas personas. Que yo creo que en realidad son pocas, pero, aunque sean pocas, hacen mucho daño. Y trabajar desde los distintos frentes: el pedagógico, el jurídico, el punitivo también, como en este caso.

Y entendemos que no significa vulneración de derechos y libertades sino todo lo contrario. Aquí se trabajar por el bien común, por la comunidad y que eso se ponga por delante en un momento de crisis y de drama. Yo creo que no deberíamos hacer mucha inquina con este tipo de cuestiones, porque si las hacemos y entramos en ese juego a algunos nos puede ir peor que a otros. Por tanto, no quiero meterme en eso.

Simplemente, nuestro apoyo cien por cien y esperar que estas medidas sean las más eficientes posibles de todas las que podamos tomar. Y seguir avanzando en un camino que no es fácil, que no está escrito y que no tenemos ningún precedente para saber cómo lo tenemos que hacer para que sea cien por cien perfecto. Pero para que sea de la mejor manera posible esta Cámara, todo el mundo sumando y remando, creo que conseguiremos salir de la mejor manera, de la manera más digna y con menos muertes y con menos sufrimiento para la población y para el personal sanitario de toda la comunidad canaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Río.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Desde Nueva Canarias aplaudimos este decreto ley, y lo hacemos con claridad.

Es cierto que decretos leyes, leyes en todo caso, finalmente, que su eje central sean las sanciones, pueden parecer poco agradables a la hora de tramitar. Pero hay un elemento fundamental, y yo creo que es esencial aprovechar cualquier oportunidad para hacer pedagogía en un momento como este, porque la pedagogía, el saber hacer entender y trasladar al conjunto de la ciudadanía qué debemos hacer en cada instante cuando lo que está en juego es salvar vidas creo que es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, los que están en el Gobierno, por supuesto los que estamos en el ámbito de la tarea legislativa y, en última instancia, por supuesto el conjunto de la ciudadanía. Por eso nos parece acertado este decreto.

Desde el punto de vista formal, es un decreto que viene claramente a regular los tipos de infracciones, las sanciones que hay que llevar a cabo, con su diferente regulación, si se infringe el marco normativo que se establece, y a partir de ahí los distintos sujetos.

Cierto es que hay un informe del Consultivo que hace algunas apreciaciones, como bien comentaba el consejero, de incluso el lenguaje sexista, dos aspectos en concreto que se podrían modificar fácilmente; algunas otras consideraciones que pueden tener ciertamente la posibilidad de mejorar en la redacción del articulado en un momento determinado. Pero hay una en concreto que habrá que estudiar detenidamente, que es el artículo 13 en concreto, que se habla de una posible inconstitucionalidad, y, bueno, habrá tiempo, en la tramitación como proyecto de ley, de abordar cada una de estas cuestiones.

Desde la perspectiva política, lo decía con anterioridad, entendemos que es un decreto imprescindible. Nos hubiera gustado no tener que dictar un decreto de este tipo y, por tanto, legislar en este Parlamento las sanciones pertinentes para que se cumpla lo que se está estableciendo por parte fundamentalmente de las autoridades sanitarias y, como decía con anterioridad, cuando el fin último no deja de ser otra cosa que salvar vidas. Por tanto, cuando ha habido todo un esfuerzo...Y no se podrá decir aquello de "primero, antes de emitir sanciones, hagamos un esfuerzo de pedagogía, hagamos publicidad, comuniquemos correctamente". Yo no sé si se puede comunicar más alto, más fuerte. Pero ya no solo por este Parlamento, el Gobierno del Estado, todos los territorios, cada uno de los ayuntamientos, yo no he dejado de escuchar a ni un solo alcalde, a ningún responsable de cualquier comunidad autónoma, por supuesto a la Organización Mundial de la Salud, podríamos estar estableciendo todas las instituciones, con un mensaje... Es verdad que en ocasiones ha ido cambiando, en función de cómo vamos conociendo los efectos del propio virus, pero de manera inequívoca y en los últimos tiempos yo creo que de manera clara.

Por tanto, que la irresponsabilidad de algunos nos haya colocado en una tesitura, cuando Canarias tenía, controlado es imposible decirlo cuando hablamos de virus, pero tenía muy bien encauzada, pues, la pandemia... La irresponsabilidad desgraciadamente de algunos hay que corregirla, primero a través del diálogo, como decía antes, de la pedagogía, de la dialéctica, pero hay gente que no entiende otra dialéctica que la de la sanción. Pues para esa pequeña parte de la población es este tipo de decretos leyes. Probablemente ninguno o la gran mayoría no tendrá ningún problema con el mismo y para esa pequeña parte que no entiende de la responsabilidad colectiva, para los terraplanistas y para otro tipo de, digamos, de pequeñas partes de la sociedad, que desgraciadamente influyen luego muchísimo en la extensión del virus y, por tanto, ponen en riesgo en materia sanitaria, es por lo que viene de manera clara a incidir y es necesario este decreto ley.

Decía con anterioridad que por supuesto vamos a defender también que se tramite como proyecto de ley.

Y una última consideración con respecto a la oportunidad o no, al número, la cuantía de los decretos leyes. Es que es curioso, cada vez que venimos a una sesión parlamentaria, hablar, algunos incluso, de la inacción, es decir, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en estos meses, y cuando se pone a hacer precisamente los decretos leyes, con base en una figura que establece nuestra Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía, pues, resulta que se abusa. Yo estoy convencido de que este Gobierno hubiera deseado no dictar ni un solo decreto ley, pero si en un momento como este no utilizamos esa figura no sé cuándo vamos a utilizarla, porque todos sabemos el periodo que lleva la tramitación normal de un proyecto de ley. Cuando se termine ese proyecto de ley y se convierta en ley, probablemente el COVID -ojalá, hay muchos casos- probablemente habría desaparecido. Por tanto, necesitamos de urgencia, de contundencia, ejercer cuando corresponde, en este caso al Gobierno, el poder ejecutivo, y nosotros, a partir de ahora, precisamente de la tramitación como proyecto de ley, lo que nos corresponde también que es legislar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campos.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Adelante, don Carlos, tiene la palabra.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Señorías, señor consejero.

En primer lugar, como bien han dicho los que me han antecedido, venimos a tratar la convalidación de este decreto ley, que, como bien dice incluso su exposición de motivos, es un conjunto de medidas, con sus deberes y sus obligaciones, que van a regular lo que es la situación especial que hoy vivimos debido al COVID-19.

En primer lugar, me gustaría alabar a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía responsable, que es la gran mayoría, porque la responsabilidad, y ya lo han dicho, es uno de los ingredientes fundamentales para doblegar esta pandemia, pero otro de los ingredientes fundamentales para doblegar esta pandemia, señorías, es, sobre todo, poner medidas y dar mensajes por parte de las administraciones públicas, en este caso por parte del Gobierno de Canarias, creando ambientes favorables, concienciación, sensibilidad, promoción, información y, además, sobre todo coordinación ¡in-ter-ad-mi-nis-tra-ti-va!, que es lo que muchas veces brilla por su ausencia, y, si no, para ejemplo, lo que hace continuamente el Gobierno de España, donde un día tiene unos criterios y otros, también. Esto ocurre también, señorías, en el Gobierno de Canarias, que en su gran mayoría de las situaciones llega tarde y a rebufo de las medidas que le pone en la mesa la oposición.

Usted hoy, señor consejero, creo que en este decreto ley ha querido descafeinar un poco lo que ha dicho el Consejo Consultivo de Canarias, porque el Consejo Consultivo de Canarias, en este decreto ley, dice que está cargado, al final, resumiendo, de contradicciones, repeticiones... (ininteligible), tales que incurren incluso hasta de inconstitucionalidad, y eso lo pone el propio Consejo Consultivo de Canarias. O sea, usted ha venido aquí a descafeinar un poco lo que ha dicho el Consejo Consultivo, y esto hay que decirlo, porque demuestra al final la forma de actuar de este Gobierno. Lo hacen deprisa, corriendo, no de los primeros, desde el 20 de junio, señor consejero, tenemos las competencias dadas por el Gobierno de España y hemos tenido tiempo de sacarlo así.

Y este decreto ley, según el Consejo Consultivo de Canarias, presenta una serie de sugerencias para modificar, por eso hay que modificarlas y lo entendemos, como decreto ley, porque entendemos que son necesarias para mejorarlo, sobre todo de la que habla el artículo 13, que ahora vendré a decirlo.

Y sobre todo también porque trata de sancionar. Y, como hemos dicho, las sanciones, por ejemplo, una cosa tan sencilla como la mascarilla o el uso de la mascarilla, el Partido Popular presentó una iniciativa, ya hace algunos meses, pidiendo que toda la ciudadanía pudiese tener una mascarilla, fuese accesible, fuese universal y, sobre todo, aquellas personas que no tienen recursos y hoy ustedes quieren sancionar ese uso. Deberían, lo primero de todo, sobre todo poner en práctica esas proposiciones no de ley, que garanticen a todos los ciudadanos tener una mascarilla cual fuese su propia economía, sobre todo a las economías mucho más necesitadas, para luego también poder sancionar.

Pero, como digo, usted pretende descafeinar el consejo, el informe del Consejo Consultivo, porque hay dos temas que son fundamentales. Uno, se carga el principio de proporcionalidad, y lo dice el Consejo Consultivo, que esto constituye un principio general del derecho. Eso está en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 8 así lo dice y así lo estipula el Consejo Consultivo de Canarias. Al igual que existen numerosas inconcreciones. Pero la guinda del pastel, señor consejero, es sobre todo el artículo 13, donde ustedes hacen... y usted ha presumido aquí ahora mismo de un procedimiento abreviado especial. Aquí el Consejo es claro, señor consejero, es claro, y es que incurre en inconstitucionalidad al determinar que no caben más procedimientos especiales que los recogidos, los que se encuentran en la LPACAP -en la Ley de Procedimiento Administrativo Común-, y que las comunidades autónomas no pueden articular por entero sus propios procedimientos sancionadores, como se pretendía en este caso, y ya el resto de las comunidades autónomas que han legislado han derivado directamente a la nacional y no han hecho esto que ustedes han hecho, porque así lo pone el propio informe del Consejo Consultivo. Por lo tanto, ustedes, desde que publican esto y meten un artículo que es inconstitucional, esto es norma y, por lo tanto, ahora mismo esto es válido hasta que a día de hoy se convalide. Y, por tanto, todo procedimiento que venga por aquí será nulo si esto incurre en inconstitucionalidad y si ustedes han empezado algún procedimiento será también nulo y tendrá que retrotraerse. Por lo tanto, la pregunta sería aquí, ¿cuáles son los procedimientos que se han iniciado desde ese momento en que se publica el decreto ley, señor consejero? Bueno, pues, ustedes son unos máquinas y aquí se ha demostrado en crear inseguridad jurídica.

Como he dicho en un principio, y termino, señor presidente, todo lo que hace este Gobierno desde luego se demuestra con cosas...

El señor PRESIDENTE: Sí, un momento.

Concluya.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Entre temas que no llegan, como puede ser el plan de reactivación económica, o ayudas que no llegan a las familias y a las empresas, hoy vemos otra chapuza legislativa, que lo ha dicho el propio Consejo Consultivo. Y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esa convalidación, pero, sobre todo, ese trámite de proyecto de ley para que se presenten las enmiendas necesarias para mejorarlo y, como dice el Consejo Consultivo de Canarias, no sea inconstitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ester.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Socorro.

La señora BEATO CASTELLANO: Señorías.

Ayer el presidente del Gobierno reprochaba a la oposición la falta de fiscalización de las medidas de prevención de la COVID y yo les recuerdo que fue este Grupo Nacionalista, en el pleno extraordinario de agosto, esta misma diputada, la que conminó al Gobierno a revisar sus decisiones en materia de prevención, porque ustedes tienen acuerdos de Gobierno, pero no tienen normas. Los acuerdos de Gobierno son manifestaciones de voluntad y son recomendaciones, pero para establecer obligaciones hace falta una disposición de carácter general, una norma. Y esto es una cuestión básica en derecho y además es una cuestión de sentido común. ¿O ustedes creen que Pedro Sánchez aprueba reales decretos para pasar por las tribulaciones de convalidarlos en el Congreso de los Diputados si se pudiera despachar en acuerdos de Gobierno? De verdad que no, de verdad que no. Mire, el tiempo, el tiempo nos ha dado la razón y tardaron ustedes dos semanas en aprobar este decreto ley.

Pero siguen con la estrategia de los acuerdos de Gobierno. Para imponer sanciones el principio tiene que ser el de tipicidad y no se puede ir a un tipo general, hay que hacer un tipo específico. Y ese es el motivo de este decreto ley, igual que han hecho otras comunidades autónomas, para establecer un procedimiento sancionador específico que permita tipificar esas conductas específicas. Y llegan ustedes tarde y llegan ustedes mal, y se lo dice el Consejo Consultivo.

Y nos preocupa la deriva del desprestigio al Consejo Consultivo, porque, mire, se puede discrepar pero no desprestigiar, y el Consejo Consultivo habla, recuerda, recuerda, que no se pueden sancionar recomendaciones, recuerda que no se puede pedir responsabilidad por hechos de terceros, recuerda que hay inseguridad jurídica cuando los conceptos son indeterminados, cuando no hay rigor terminológico, cuando los conceptos son ambiguos, cuando no se concretan individualmente las responsabilidades, cuando se vulnera el principio de proporcionalidad. Y eso se lo dice el Consultivo y ustedes desprestigian al Consejo Consultivo.

Y además el artículo 13, que establece el procedimiento abreviado especial, no es cierto, no es cierto que otras comunidades autónomas tengan procedimiento abreviado especial. Otras comunidades autónomas, en el marco constitucional, se remiten a la legislación estatal de procedimiento administrativo común, que es lo que le dice el Consejo Consultivo. No es cierto, no es cierto, señor consejero, que otras comunidades hayan regulado un procedimiento especial y quien le ha dicho eso le ha pasado una información incorrecta.

Mire, el Gobierno tendrá siempre el apoyo del Grupo Nacionalista Canario para sancionar las conductas irresponsables e insolidarias. El esfuerzo de los policías locales, el esfuerzo de quien ha tenido que cerrar su negocio, el esfuerzo de todos los que estamos cumpliendo no puede ser estéril, pero las medidas tienen que tomarse con el máximo rigor y con todas las garantías de seguridad, no desprestigiando a quien le advierte de esa ilegalidad y de esa inconstitucionalidad. Abandonen ustedes la autocomplacencia, abandonen... La situación es de tal trascendencia que exige humildad, que exige abandonar la soberbia, que exige adoptar medidas que sean efectivas, contundentes, pero con las máximas garantías, y este Gobierno no lo está haciendo, está llegando siempre mal a todo. Ni siquiera, ni siquiera, porque tenían decretos leyes de otras comunidades autónomas desde principios de julio, y no han sabido o no han querido ni siquiera copiar, ni siquiera han sabido o no han querido copiar.

Por lo tanto, vamos a apoyar esto, apoyaremos todas las medidas para proteger la salud y para proteger la economía, pero desde el rigor, desde la responsabilidad y desde la seguridad jurídica.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Don Mauricio Roque tiene la palabra.

Adelante.

El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señorías.

Yo la primera pregunta que me hago es, si no hubiese Consejo Consultivo, ¿la oposición qué iba a aportar? Porque el decreto... solo se han dedicado exclusivamente a reproducir lo que ya conocemos, el informe. Y bueno sería recordar, por ejemplo, del informe la página 36, en la que dice el Consultivo que en esta materia que estamos tratando se ha de precisar, en una norma autonómica, con rango de ley, legal, las infracciones como consecuencia de los incumplimientos para la extensión del COVID-19, bien se establezcan por el Estado o bien las establezcan las comunidades, pues muchas de las medidas estatales, como hemos visto, carecen del correspondiente tipo infractor o se tipifican de manera genérica, lo que, en definitiva, origina inseguridad jurídica y puede llevar el incumplimiento de las medidas y favorecer la expansión de la pandemia. Y el Consultivo dice que este decreto resuelve todo esto y que es oportuno y que es necesario.

Y respecto a la constitucionalidad del artículo 13, es parcial. Lo que hace el artículo, que dice el Consultivo, es solo para las infracciones graves que no tengan complejidad en su instrucción, no habla de las leves. A nivel nacional tenemos el ordinario y el modificado y lo único que hemos hecho nosotros es el ordinario y el especial, nada más. Es un poco traer lo que son los trámites y procedimientos de una Administración más rápida y ágil para el ciudadano que estar con procedimientos tediosos que ocupan a la Administración sin necesidad ninguna, cuando las personas y la instrucción es fácil e incluso se han reconocido los hechos.

Por lo tanto, vamos a convalidar este decreto que, como les digo, recoge un régimen sancionador sobre el incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID y viene determinado por la grave crisis a escala global.

La evolución de la pandemia durante el verano -todos lo sabemos- nos ha llevado a una situación epidemiológica con incremento de contagios que han originado un empeoramiento de la gravedad y la extensión de la misma, y esto ha causado la necesidad de establecer un régimen sancionador específico que garantice el efectivo cumplimiento de las obligaciones concretas y exigibles, señora Beato; especificaciones y obligaciones concretas y exigibles derivadas de las medidas acordadas tanto a nivel nacional como autonómico para la prevención y contención frente a la COVID.

Este régimen sancionador tiene un carácter y finalidad, como decía el señor Campos, eminentemente preventivo. Así, desde una perspectiva general se establece un catálogo específico de infracciones y obligaciones que podríamos resumir: si lees las infracciones, conoces las obligaciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es pedagogía. Y desde una perspectiva particular se establece una prevención especial, que es reconducir las situaciones de mayor riesgo. Todo ello con eficacia administrativa, simplificando el procedimiento y dando mayor seguridad.

Como hemos apuntado, el objeto del real decreto es garantizar el cumplimiento de las medidas y las obligaciones, tanto estatales como autonómicas, pero basadas en un binomio, es decir, el deber de responsabilidad personal y los riesgos. Todo ello para proteger la salud pública como bien jurídico protegido, es decir, más allá de la conducta lesiva de los hechos se establece una barrera sancionadora previa a la lesión y en muchos casos, como ya conocemos, a la muerte por el COVID, es decir, contraer la enfermedad y sus consecuencias, reduciendo su probabilidad y su carácter dañoso.

El riesgo en este decreto es considerado en abstracto, es decir, se sanciona la mera realización de la acción u omisión del cumplimiento de las obligaciones sin que se haya producido el resultado de riesgo para las personas. ¿Esto qué quiere decir?: que si estamos en un parque, estamos solos, no hay nadie alrededor nuestro, la mascarilla hay que seguir manteniéndola, aunque no haya riesgo, es el hecho, de lo que se trata es de evitar el riesgo en abstracto.

Y visto el contenido del informe del Consultivo y atendiendo a las observaciones, en el trámite parlamentario como proyecto de ley lo vamos a mejorar entre toda la Cámara, y lo que espero de la oposición es que diga algo más de lo que dice el Consultivo, porque, la verdad, necesitamos en esta materia la ayuda y la unidad de todos.

Muchas gracias.

(El señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad solicita la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Sí, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández) (desde su escaño): Con permiso.

Solamente para hacer notar que el boletín oficial de hoy publica una corrección de errores, un número que estaba equivocado en el texto del decreto ley... (sin micrófono). No sé si basta con referirse a ello o preciso más en qué consiste el error, como me diga el señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Bueno, señorías, acabado, finalizado el turno de intervenciones y el debate, señorías, vayan ocupando sus escaños. (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Gracias, señorías.

Procedemos a la votación, señorías, de la convalidación del decreto. Señorías, votamos. (Pausa).

Señorías, ha habido un problema con la votación de algunos diputados, creo que aquí y también en la sala Europa. Así que, señorías, vamos a proceder a repetir la votación sobre la convalidación del decreto.

Bien. Señorías, atentos. Votamos, señorías. (Pausa).

Bien, señorías, como hay algún problema en la sala Europa, están procediendo a la votación mediante el sistema de mano alzada y ahora nos trasladarán el resultado para computar todos los votos emitidos. Un segundo, señorías, por favor. (Pausa).

Gracias, señorías.

68 votos emitidos: 68 votos favorables -68 síes-, ningún no y ninguna abstención.

Queda, por tanto, convalidado el decreto por unanimidad.

Señorías, tal y como establece el artículo 160.4 del Reglamento de la Cámara, habiendo sido convalidado el decreto, consulto, pregunto a la Cámara sobre su parecer favorable o no a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Volvemos a votar, señorías. En la sala Europa volvemos a votar mediante el sistema de mano alzada. Votamos, señorías. (Pausa).

Gracias, señorías.

68 votos emitidos: 68 síes, ningún no y ninguna abstención.

Por tanto, por unanimidad, la Cámara decide y da su parecer favorable a la tramitación del decreto convalidado como proyecto de ley por vía de urgencia.

(La señora secretaria segunda, Reverón González, ocupa un escaño en la sala).