Diario de Sesiones 51/2020, de fecha 28/10/2020
Punto 2

10L/C/P-0525 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, SOBRE LA NECESARIA MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC).

El señor PRESIDENTE: Continuamos también con las comparecencias pendientes de la mañana de ayer. En este caso, del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la necesaria modernización de la función pública, a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

Tiene la palabra el grupo proponente. Señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados y diputadas. Señor consejero.

Con esta comparecencia de hoy queremos provocar un debate que pudiera incluso parecer algo aburrido. Parece que hablar de las administraciones es hablar de burocracia, de entramados tediosos, pero creemos -y espero poder exponerlo en la comparecencia- que es un debate necesario, porque hablar de buena política viene acompañado de hablar de buena gestión, y para ello es imprescindible disponer de buenas administraciones. Hablamos de cómo deben ser las administraciones públicas para que respondan a las demandas ciudadanas, a la realidad del siglo XXI.

Largo y tendido se viene hablando de esta necesidad, de que las administraciones sean verdaderamente lo que están mandadas a ser, organizaciones al servicio de la ciudadanía, pero la realidad -y voy a ser clara- es que son organizaciones rígidas, obsoletas, alejadas de las necesidades reales de la calle, con unos procedimientos tediosos que se alejan absolutamente de lo que la Constitución marca en su artículo 103, actuar con principios de eficacia, y la eficacia sin duda incluye la agilidad en los trámites. Esta obsolescencia, no programada probablemente, de nuestra Administración se debe a que no ha evolucionado con el paso del tiempo, se ha estancado en procedimientos heredados del siglo pasado.

Esta necesaria transformación de la Administración -algunos creen que debe ser una auténtica revolución- es sin duda una vieja aspiración de todos -ciudadanos, empresas, colectivos civiles, el deporte, la cultura...-. Cualquier individuo que haya tenido, u organización, en algún momento que interactuar con la Administración, porque haya tenido que solicitar una autorización, pedir una subvención, una prestación social, o en el caso de las empresas algún trámite para poner en marcha una actividad económica, todos se quejan de lo mismo: lentitud, maraña burocrática, procedimientos engorrosos, todo lo contrario de lo que se espera de ella. Y es llamativo que, a pesar de que es una reivindicación unánime desde hace mucho tiempo de toda la sociedad, este asunto no ha ocupado ni ocupa un lugar preferente en las agendas políticas, y además da igual el color político, da igual quien gobierne, derecha, izquierda, centro, más o menos progresistas. Nunca se le ha dado la importancia que merece y la postergación de los cambios ha sido la tónica imperante.

Como intentaré exponer hoy en mi segundo turno, acelerar la transformación de las administraciones ya no es una aspiración de unos pocos, debe ser una prioridad absoluta, ya que en este momento las administraciones van a jugar un papel decisivo a la hora de luchar contra la crisis del COVID.

Quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones de personas eminentes, expertas en esta materia, que he tenido la oportunidad de leer en los últimos años, y hoy cito a Miguel Gorriti. Es un reputado experto en la materia y hay frases que yo creo que son para enmarcar: "La Administración tiene que ágil y flexible, no un corsé para la gestión", "Las administraciones públicas o son de utilidad social o no serán".

Otra reflexión que creo que vamos a compartir, sobre todo los que hemos tenido que gestionar una administración, es que en la buena gestión de lo público debe prevalecer la agilidad y la flexibilidad en la gestión organizativa y de recursos humanos, no lo que prevalece actualmente, la rigidez normativa. Esta última debe ser la servidora de los fines y no, como ocurre ahora en muchos casos, un corsé para la gestión.

La primera pregunta que debemos hacernos es cuáles son los verdaderos obstáculos que han impedido y que impiden conseguir esta ansiada agilidad y flexibilidad. Y aquí tenemos que ser muy honestos todos, primero nosotros, los responsables políticos, los cargos públicos, los legisladores, pero también los empleados públicos y por supuesto las organizaciones sindicales. Porque tenemos que ser honestos y decir que si tenemos un plan para transformar nuestra realidad, para transformar las administraciones, o queremos transformar sin que nada cambie.

Algunos de los obstáculos que creo que hay que poner sobre la mesa, uno ya lo citaba, el nulo interés político por emprender estas reformas, no está en las agendas; la resistencia del propio sistema, hay una inercia burocrática que impide que los cambios sean reales. Ahí incluso nos juega una perversa, diríamos, nos juega de manera perversa la propia legislación, que lejos de facilitar los procedimientos, lejos de agilizar, se convierte en un obstáculo.

Y por supuesto habría que hacer una mención especial a la función pública. Tenemos unos sistemas de acceso a la función pública arcaicos. Modelos basados en aprendizajes memorísticos, contenidos, no se evalúan las capacidades ni las competencias para resolver problemas en entornos reales... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). Gracias. Es difícil hablar de este asunto sin ocupar tiempo.

Decía que seguimos seleccionando como hace cuarenta años, seguimos contratando los mismos perfiles profesionales que hace décadas, como si el tiempo se hubiera detenido en la puerta de las administraciones.

Y estos son obstáculos estructurales, evidentemente, pero luego hay obstáculos sobrevenidos, como ha sido el desmantelamiento progresivo de la función pública, provocado por las leyes de recortes, por los recortes del 2008, y el envejecimiento, del que luego hablaré, y las jubilaciones masivas que se están produciendo y que se producirán en toda España y en Canarias en la próxima década y media.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández.

Turno para el Gobierno. Adelante, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente. Con permiso, con la venia.

Reitero mi agradecimiento a la Mesa y a sus señorías por trasladar a hoy esta comparecencia, que debió haber tenido lugar ayer.

El anuncio y el compromiso, señora diputada, de reforma de la función pública por parte del Gobierno está en el discurso de investidura, está en las bases de elaboración de la agenda canaria de desarrollo sostenible, que asume especialmente el Gobierno el objetivo 16, que promueve una nueva gobernanza, está en la primera comparecencia de este consejero, que señala cuatro líneas de actuación: estabilidad del personal, digitalización, transparencia, evaluación y medición basada en datos. Hay, por lo tanto, voluntad política.

Pregunta su señoría, yo creo que con razón, cuáles son los obstáculos. En ocasiones que esa voluntad política flaquea o desaparece, porque luego las urgencias de cada día van haciendo que se posterguen los impulsos de las reformas estructurales, y también -lo ha dicho su señoría- la resistencia del sistema, es humano aspirar a una estabilidad, a una cierta seguridad. Ayer un fiscal en Puerto del Rosario decía: por favor, no cambien a tanta velocidad; y yo le decía: es imposible, los tiempos que se viven imponen un cambio, son ustedes los que deben habituarse a que cambian las normas, cambian los procedimientos, cambian los instrumentos, no podemos proporcionar un escenario que ya no vaya a cambiar en los próximos cuarenta años, como aspiraba antes quien opositaba a un cuerpo del Estado.

Tenemos además dos desafíos singulares muy importantes. El reto tecnológico: antes había que tener conocimientos, eso hoy no es suficiente, no solo hay que tener, como ha dicho su señoría, capacidades, también hay que tener conocimiento de la tecnología. No se puede ser un buen empleado público si no se domina el acceso a los instrumentos telemáticos, informáticos, en los que hoy todos nos movemos. Y he dicho en alguna ocasión aquí que debemos alejar la sensación de que en la función pública, en la Administración, en este Parlamento, hay un conocimiento de los medios, de esos medios, superior al de la sociedad. No es así. Puede que ahí fuera haya gente que sepa manejar mejor los medios informáticos, los certificados electrónicos, las claves, los ordenadores, no digo ya si introducimos un factor además de edad.

Y el otro desafío que tenemos precisamente es el de la edad, el del relevo generacional. Tenemos un empleo público, una función pública -dicho con respeto- envejecida, que va a jubilarse en los próximos años. Para ello es preciso -esa es nuestra idea- redactar y traer a la Cámara una nueva ley de empleo público. Lo hemos hecho hace unos días, hemos introducido, en el apartado correspondiente de los mecanismos de transparencia del Gobierno, el anuncio de que está en trámite una nueva ley de empleo público, como es natural -esto no tiene mérito, porque es obligado-, con la invitación a que la opinión pública, los ciudadanos se sumen a un proceso participativo. Eso lo hemos hecho el 15 de octubre en el portal de transparencia. Y a mí me gustaría aprovechar esta ocasión para invitar, no ya a los diputados, sino a quienquiera que nos oiga a que participe en ese proceso participativo, en ese proceso de construcción colectiva de una nueva reglamentación, especialmente a las organizaciones profesionales y sindicales.

Esa ley se anuncia con tres objetivos:

Actualizar el ordenamiento jurídico. Tenemos una ley de la función pública del año 1987, esa es nuestra ley, llena de enmiendas, por no decir remiendos, para no ser maleducado, y llena de modificaciones que han ido imponiendo los años, pero treinta y tres años después hay al menos que actualizarlo, por utilizar otro lenguaje.

Hay que actualizar también el modelo organizativo y de gestión, introduciendo algunos de los valores a los que se refiere la diputada proponente: la flexibilidad, y de nuevo tropezamos con resistencia, el ser humano aspira a que la flexibilidad sea relativa, a que no le cambien, como decía ayer un fiscal en Puerto del Rosario, que no le cambien cada poco las leyes y los procedimientos, y la adecuación a las nuevas necesidades. Lo que ayer era una urgencia puede que ya no lo sea y lo que mañana es una urgencia tenemos que saberlo hoy para que el empleado público esté preparado.

Y también fomentar empleados públicos motivados, formados y capacitados, para lo cual la política retributiva es una pieza imprescindible. No vamos a tener empleados públicos buenos si no los pagamos. Deberíamos pagar mucho mejor que la empresa privada. Un desafío difícil, pero si queremos retener el talento, retener a los mejores y que estén en los puestos de funcionarios... (ininteligible) personas que asisten a la función de gobierno político, las personas más capacitadas, naturalmente que para retenerlas hay que pagarles bien.

También, por último, lo señalamos en ese anuncio de participación, el fomento de la igualdad y de la perspectiva de género, porque paradójicamente sigue subsistiendo una brecha de género en el empleo público y ahí la Administración debe ser especialmente ejemplar. Nunca es admisible, pero donde no es admisible es en el Gobierno y en la Administración.

El propósito de esa iniciativa legislativa y de los trabajos del Gobierno, que, como digo, están en camino ya y están en marcha, es acomodar la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a la evolución de la sociedad y economía. Esto que digo tantas veces, que nos situemos al nivel en el que se encuentran ya los ciudadanos, una parte muy importante de los ciudadanos. Nos hemos encontrado en algunos ámbitos, por ejemplo en el ámbito educativo, con todo respeto, con que los alumnos son mejores conocedores de las nuevas tecnologías que muchos profesores, catedráticos, profesores titulares, que a veces resulta que tienen menos habilidades porque no están formados.

Necesitamos adecuarnos a la sociedad y a la economía, pero sobre todo necesitamos hacer algo que, con permiso, me ha gustado oír en el comienzo de la intervención de la señora Hernández, que es encontrar una Administración pública que pueda ser verdaderamente instrumento de una política del Gobierno, del que sea, de los partidos que en cada momento ganen las elecciones y gobiernen y de quien se suba aquí. No es posible gobernar, en ningún sentido, sin una buena Administración, en ningún sentido. Y esto no lo tenemos hoy -creo que lo he dicho aquí algunas veces con cierta, digamos, aspereza-, la que tenemos no sirve. No serviría a ningún Gobierno. Por lo tanto, hay que convencer, empezar por los propios empleados públicos, de que hay que hacer frente, no ya a la modernización sino a los requerimientos y solicitudes de la Administración pública.

Se refería su señoría a las resistencias -me quedan unos pocos segundos-. La semana pasada, tramitando un proyecto de subvención para un ayuntamiento de Canarias, encontramos que seguimos pidiendo, en la Administración pública, un certificado de que aquel señor que la está pidiendo es el alcalde del municipio. Digo: ¡por Dios, si lo tenemos registrado en la viceconsejería, si es notorio...! (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

Muchas gracias, señor presidente, gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Continuamos con las intervenciones de los grupos no proponentes.

Grupo Mixto. Adelante.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Buenos días, presidente. Señor consejero.

En esta legislatura el Gobierno de España aspira a aprobar una ley de función pública de la Administración General del Estado, a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la ley de transparencia, a avanzar en el gobierno abierto e impulsar un nuevo acuerdo Gobierno-sindicatos para continuar la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Canarias no puede ni debe quedarse atrás y habrá que encarar paralelamente un necesario proceso de modernización de nuestra Administración pública para hacer de ella el mejor instrumento al servicio del buen gobierno y las políticas públicas que nuestras islas, desde su singularidad archipielágica, necesitan.

La innovación y la mejora continua de los procedimientos han de encaminarse a que el sector público dé respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía, empresas e instituciones. A juicio de Ciudadanos, las claves de la modernización de la función pública se han de basar primero en las personas; segundo, en los recursos disponibles; y, en tercer lugar, en los procedimientos a emplear.

En lo referente al empleo público, en la nueva etapa de modernización de la función pública se hace necesario mejorar el proceso de la función pública, por lo que, además de los principios rectores de igualdad, mérito o capacidad, se deberían incorporar criterios específicos en relación con las tareas concretas a desempeñar. Durante los años de la crisis, las ofertas de empleo público estuvieron prácticamente congeladas y el envejecimiento del personal genera un problema que afecta al funcionamiento de nuestras administraciones. La edad media del personal de la Administración es superior, en su media, al conjunto de la población activa y la previsión es que en los próximos diez años más de la mitad del personal se vaya a jubilar, un problema al que hay que dar una respuesta y afrontar la solución con ofertas públicas de empleo.

Quiero hacerle especial hincapié en buscar una solución al personal interino, para evitar situaciones que han llevado a un alto grado de temporalidad y conflictividad y que ha llevado a un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Habrá que poner en marcha el proceso de estabilización, alcanzando acuerdos en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma para reducir la temporalidad en nuestra Administración, con especial atención a los sectores sanitario y educativo, donde la temporalidad es superior.

Es importante, pues, el diálogo y la negociación con los representantes sindicales al objeto de seguir avanzando en la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Debe apostarse por la formación del personal en la función pública, por el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad y por la supresión de todos aquellos obstáculos que limiten la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional.

Por último, creemos que en esta y en cualquier otra reforma deberá conseguir una Administración más transparente y accesible al público, que mejore su consideración ante la ciudadanía y facilite su accesibilidad ante el administrado. Debe priorizarse, por tanto, la transparencia y el buen gobierno como principios fundamentales, ampliando las obligaciones de la publicidad activa, garantizando la efectividad en el ejercicio del derecho de acceso e impulsando la participación en las políticas públicas.

Tras la experiencia del confinamiento y la llegada de la nueva normalidad, hemos descubierto el potencial de la modalidad del trabajo temporal, por lo que habrá que dotar de un nuevo marco jurídico adecuado y consensuado a esta forma de trabajo, mejorando la conciliación, respetando los principios de igualdad y de corresponsabilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías; buenos días, señor consejero.

Señor consejero, voy a aprovechar esta intervención para abordar tres asuntos que para la Agrupación Socialista Gomera son fundamentales. Nos gustaría que nos dijese qué se ha hecho al respecto y qué es lo que tiene pensado hacer este Gobierno a corto plazo.

El primero de ellos que queremos abordar es la consolidación y la estabilización de los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma. Hablamos de personas que llevan años prestando servicios a la Administración, personas con una amplia experiencia en el puesto que desempeñan, experiencia que no podemos permitirnos tirar a la basura, además de que son trabajadores que llevan años sobrecargados por la falta de personal que tenemos en nuestras administraciones.

Este asunto debe ser prioritario para este Gobierno, pues hablamos de trabajadores que llevan mucho tiempo en la incertidumbre. Nos gustaría saber, señor consejero, porque, al igual que se han reunido con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, también me consta que se han reunido con usted, por eso me gustaría saber qué soluciones se están barajando respecto a esta problemática. Necesitamos bajar las altas tasas de temporalidad y de interinidad con las que contamos actualmente.

El segundo asunto que quiero abordar, porque nosotros también apostamos claramente por una modernización de la Administración, una Administración totalmente digitalizada, adecuada a los tiempos que vivimos, y además sé que ese es el compromiso de este Gobierno y no dudo de que se harán los esfuerzos necesarios para lograrlo, pero sí que queremos recordarle que en esta comunidad autónoma, lamentablemente, siguen existiendo muchas personas que no cuentan con acceso a internet y que también contamos con muchas personas que no saben ni siquiera leer ni escribir, y al igual que apostamos por una Administración totalmente digitalizada apostamos por una Administración donde quepamos todos, accesible a todas las personas. Yo sé, señor consejero, que esta es la intención de usted y de este Gobierno, pero no puedo dejar de pedirle que en esta transformación el fin debe ser una Administración donde quepamos todos, donde podamos darles respuesta a todos. Y al igual que usted en su intervención estaba diciendo que hasta en las escuelas había alumnos que sabían más que los profesores hay también mucha parte de nuestra población que no sabe usar las TIC, que no sabe leer, que no sabe escribir y necesita, cuando acuden a la Administración, tener quizás una atención mucho más personalizada.

Y el tercer asunto que quiero abordar, y también quiero aprovechar esta intervención, es la gratuidad del 012. Yo sé que estamos, señor consejero, en un momento económico muy delicado y que tenemos que priorizar dónde poner los recursos, pero es que el 012, señor consejero, se ha convertido en una herramienta fundamental para muchos servicios de la Administración, para solicitar una ayuda social, para cualquier cita, y de verdad que creo que no es un coste tan elevado. Al igual que yo entiendo... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) Administración tiene que priorizar dónde gastar sus recursos, debemos entender que también hay muchas familias que deben decidir qué hacer o cómo priorizar los pocos recursos con los que cuentan y muchas veces créame que la prioridad no pasa por tener una línea telefónica o por tener saldo en su móvil. Entonces de verdad que creo que vale la pena replantearnos el coste de este servicio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ (desde su escaño): Sí, señor presidente, muchas gracias. Señor consejero.

Yo creo que este debate ya lo hemos tenido en varias comisiones, hemos tenido la oportunidad de discutir acerca de esta necesaria modernización de la función pública, también en la legislatura pasada.

Y yo creo que el tono autocrítico tanto del señor consejero como de la señora diputada, que también fue alcaldesa del municipio de Telde, es un buen comienzo, es decir, reconocer que la situación no está bien. Pecaríamos si dijéramos que la situación está perfectamente, que la Administración funciona estupendamente, y no es así. Quizás no tan mal como algunas críticas, quizás exageradas, plantean sobre la función pública, sobre la Administración, pero, efectivamente, el diagnóstico no es nada halagüeño. Entonces hay una serie de situaciones...

Al final de la intervención de la señora diputada, al final planteó que había habido un problema también por el desmantelamiento, los recortes sufridos, la ausencia de una tasa de reposición considerable, y todo eso ha contribuido al envejecimiento también y al hartazgo también en el puesto de trabajo de muchos funcionarios, porque a veces también hay una exigencia, una sobreexigencia, a las personas que están atendiendo, que están en la atención de cara al público y a veces esas personas no están en la situación laboral más óptima, y esta es una situación que tenemos que enderezar.

La estabilización, como dijo el señor consejero, pagar efectivamente ese servicio, es decir, con un salario adecuado, eso es fundamental.

Y luego también desarrollar una oferta de empleo público que agilice la contratación de gente joven, de gente joven que, efectivamente, ya vienen ya con el chip tecnológico puesto, que se llama, son nativos digitales, y efectivamente agilizaría bastante la situación.

Evidentemente, también el aspecto de la formación, que no se puede descuidar. La formación en tecnologías es importante, pero eso también cuesta dinero.

En definitiva, nosotros creemos que es necesario que la función pública cumpla el nuevo cometido que tiene tanto a final de siglo y que varios gobiernos también han planteado su cambio, en el sentido de hacerla más cercana, más prestadora de un servicio público coherente y que la administración burocrática no sea aquella jaula de hierro que decía Max Weber, en la que estábamos atrapados la mayoría de los ciudadanos.

Yo tengo confianza en que esta situación que estamos viviendo, que ha acelerado también el desarrollo tecnológico, esta crisis estructural, acelere también los procesos de modernización de la función pública, los haga más ecuánimes, más cercanos. Ahora, también es verdad lo que planteaba la señora Mendoza, que hay mucha gente que se queda al margen cuando se le exige que gestione su propia petición vía tecnológica y hay mucha gente que deja de pedir ayuda porque simplemente se aburren o no saben cómo gestionar...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Déniz.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente, buenos días, y buenos días, señor consejero.

Mire, yo creo que esta es una comparecencia... que además agradezco a la proponente porque creo que todas las formaciones políticas estamos de acuerdo con el diagnóstico que tenemos de la Administración pública. Por tanto, a mí sí me gustaría, como estoy de acuerdo con todas las intervenciones, sí me gustaría hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que evidentemente todos tenemos claro que se tiene que regular ese marco, se tiene que poner en marcha ese marco jurídico para el trabajo no presencial. Ya hemos escuchado a la ministra de Política Territorial y Función Pública diciendo que se va a modificar o se está trabajando en la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. Y, por otro lado, sí me gustaría también poner el acento en el personal interino que tiene la Administración pública, concretamente la Administración pública canaria.

En relación con la primera de las cuestiones, bueno, señor consejero, llevamos meses escuchando que el teletrabajo, el trabajo no presencial, ha llegado para quedarse, pero lo sí queremos decir desde el Partido Popular es que esto no puede implicar una merma en los servicios que tiene que prestar la Administración pública, porque en estos momentos el teletrabajo o el trabajo no presencial está llegando a los ciudadanos y se sienten como desprotegidos. Últimamente estamos escuchando, y si no hay artículos de opinión, donde dicen ciudadanos lo siguiente: "no me cogen el teléfono, no hay cita previa, no sé rellenar un formulario...". Y esta falta de respuesta que tienen los ciudadanos por parte de la Administración pública se multiplica o se agrava cuando estamos hablando de mayores, de personas mayores, o cuando estamos hablando de personas con pocos recursos, sobre todo por la brecha digital. En estos momentos nos dicen muchos ciudadanos que solicitar una ayuda y buscar una prestación se convierten realmente en una odisea. Es verdad que yo he intentado, he hecho un simulacro y he intentado solicitar ayudas y es verdad que hay que conocer muy bien las herramientas informáticas para poder acceder. Y todos tenemos que tener claro que en estos momentos nuestra ciudadanía, por desgracia, no tiene esas posibilidades y creo que la Administración pública está para favorecer esta prestación y estos servicios.

Y después en relación con los interinos y el grado de interinidad que tiene la Administración pública, mire, señor consejero, efectivamente, usted ha recordado que en su primera intervención en el mes de septiembre del año pasado, el 2019, usted hablaba de los objetivos que tenía su consejería, entre ellos, por supuesto, tenía que modificar o aprobar una nueva ley de función pública. No podemos tener una ley de función pública del año 1987, es verdad que con muchísimas matizaciones, pero es verdad que es necesario modificarla. Pero sí es verdad que me gustaría poner el acento en ese 30 % del personal interino que existe en estos momentos en la Administración pública. Tenemos entendido que desde la Dirección General de Función Pública se ha dicho que a finales de este año se van a sacar las OPE extraordinarias. Nos hemos reunido, como bien ha dicho la proponente de Agrupación Socialista Gomera, nos hemos reunido con los sindicatos, con... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). -Gracias-. Nos hemos reunido con todo ese colectivo y están preocupados, porque tenemos que tener en cuenta que ahora hay además un dato nuevo, y es esa sentencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a mí sí me gustaría desde mi formación política arrancarle hoy -y permítame la expresión de "arrancar", y lo digo entre comillas- un compromiso de que ustedes, antes de sacar esas OPE extraordinarias a finales de este año, ustedes se sentarán con esos colectivos y buscarán una solución al personal interino.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

En general, coincidimos todos en el diagnóstico: hay un problema de altas tasas de temporalidad, con personal que supera los 50 años en su mayoría, la mayoría mujeres, que llevan veinte y más años en la Administración prestando servicios como interinos o como personal indefinido, hay también vacantes no cubiertas por esas tasas restrictivas, tasas de reposición restrictivas, un envejecimiento del personal de la Administración pública, que además hay mucho personal próximo a la jubilación, carencia de efectivos en áreas claves importantísimas para la gestión de los servicios públicos y también un sistema de rigidez, como decía la proponente, rigidez en los sistemas de acceso al empleo público, con unas pruebas posfranquistas, porque es que no se entienden los temarios que se exigen a estas alturas, con unos sistemas de movilidad también arcaicos que impiden la movilidad entre administraciones públicas, con unos sistemas también muy rígidos de promoción personal y de acceso a la carrera profesional.

Estamos en un momento clave. La crisis ha puesto a prueba las administraciones públicas y, detrás de las administraciones públicas, del Gobierno, de los cabildos, de los ayuntamientos, hay personas. Y empleo público, cuando se critica el empleo público, empleo público son los administrativos, los auxiliares, los técnicos, pero también es el personal de emergencias, son los bomberos, es la policía, son los docentes, son los sanitarios. Por eso hay que mirar la Administración pública con esa perspectiva, para analizar qué Administración de verdad necesitamos.

Y hará falta una Administración muy ágil para salir de esta crisis. El Gobierno de España ha anunciado reformas en la ley de contratación y en la ley del empleo público, y son necesarias y Canarias tendrá que adaptarse. Y tendrá que adaptarse también a la luz de la sentencia del tribunal de la Unión Europea para abordar el problema de la alta temporalidad. Y nosotros, ya en una comparecencia en comisión, conseguimos que el consejero se comprometiera a pausar este tema, a tratarlo con un mayor estudio y análisis para llegar a un consenso que permita una solución para esta temporalidad, porque no puede haber colisión entre las personas que llevan mucho tiempo en la Administración trabajando, sacando los servicios públicos adelante, y el derecho legítimo del que quiere optar por primera vez a la Administración pública. Hay que encontrar ese equilibrio y conciliar esos dos derechos legítimos.

Y, por último, la tecnología, el teletrabajo. Es evidente que es necesario abordar esa solución...

El señor PRESIDENTE: Sí. Concluya.

La señora BEATO CASTELLANO: ... pero no hay que dejar a un lado la atención presencial. Hay en Canarias una gran brecha digital y ahora mismo nos estamos enfrentando a un virus sanitario y estamos poniendo los huevos en la cesta de la tecnología, y mañana ese virus puede ser tecnológico. Por tanto, hay que mirar con una visión integral en la que las personas sean el centro, las personas, los servicios públicos y los empleados públicos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.

El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

Los empleados públicos son fundamentales para el desarrollo y el fomento del buen gobierno, por lo que es esencial disponer de un buen modelo de gestión de los recursos humanos del sector público. Así, el modelo debe abarcar desde el proceso de acceso y promoción de los profesionales públicos al mecanismo de evaluación del desempeño de sus tareas, con las correspondientes decisiones sobre los mismos, pasando, claro está, por la gestión de objetivos, la programación de la actividad administrativa, la gestión del capital humano mediante el sistema de gestión por competencia, que ya lo tenemos en el decreto en vigor, por la formación de la innovación y la mejora, así como las distinciones por los méritos al servicio público.

Tenemos sobre la mesa la tarea de acometer inmediatamente la mejora del sistema actual de selección, es decir, afinar mejor la búsqueda de los nuevos trabajadores. El big data necesita analistas, la protección de datos necesita consultores y delegados y responsables de todo lo que es el registro de protección de datos dentro de la Administración.

Ya lo han apuntado algunos comparecientes: la evolución tecnológica ha originado una pérdida de valor de la memoria en el acceso a cualquier empleo público o de cualquier empleo en cualquier situación económica, imperando elementos que mucho tienen que ver con el campo de la psicología; es decir, la manera de actuar y de obrar, las habilidades, las cualidades de dirección y la capacidad de transferencia, tanto de conocimientos como de experiencia, de cada uno de los empleados, con los que entran o la transferencia entre los que ya están.

El diseño de los puestos de trabajo -lo apuntaba la señora Beato- por parte de la Administración se ha convertido en una pieza clave para la gestión posterior de los servidores públicos, de los empleados públicos, pero no solo desde el punto de vista de las competencias y las funciones sino también de las características personales que exige ese puesto de trabajo.

Por otro lado, yo creo que es necesario reforzar el papel de las universidades en la formación de los futuros empleados públicos, como factor de provisión del talento y la experiencia en el sector público.

El marco normativo -ya lo han apuntado- se dirige a transformar el sistema público sobre los principios de la igualdad de género, el fomento de la diversidad, la inclusión, así como especial atención al teletrabajo, introduciendo medidas que limiten un abuso de la temporalidad. Todo ello para superar la situación actual de nuestra Administración, cambiando -permítame el símil musical- de la gestión de hombres y mujeres orquesta, que es el sistema actual que tenemos en la Administración pública, para dirigirla a la filarmónica más afinada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el grupo proponente, turno para doña Carmen Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Evidentemente se ha puesto de manifiesto un nivel alto de consenso en la necesidad de, vamos a llamarlo, transformar las administraciones, porque creo que el concepto de modernizar se nos va quedando ya como también obsoleto. Transformarlas, adaptarlas al momento que nos ha tocado vivir. Y es verdad que es un ansiado casi sueño desde hace mucho tiempo, pero es que ahora, como intentaré exponer en este tiempo, es una necesidad inaplazable, es urgente.

Quince académicos y profesionales, especialistas en diferentes ámbitos del sector público, recientemente han suscrito una declaración que lleva por título Por un sector público capaz de liderar la recuperación, crisis del COVID. Ellos exponen que, dado el peso del sector público en Canarias, en España, incrementado además durante la crisis del COVID, su papel tractor en la denominada fase de recuperación y resiliencia, es evidente que una parte de las soluciones a los problemas que nos están aquejando está y estará en manos de la función pública, como institución que aglutina a todas aquellas personas que desempeñan actividades en diferentes servicios, como todos sabemos, educación, sanidad, policía, servicios generales, etcétera.

En este sentido creo que la crisis del COVID puede ser vista como un desastre económico y social y, por tanto, casi un problema sin salida, o también podemos verla como una oportunidad para acelerar las transformaciones que todos sabíamos necesarias y que ahora se vuelven urgentes. Una crisis que debe ser palanca, un acelerador, para esas grandes transformaciones que teníamos pendientes: la lucha contra el cambio climático, el gran pacto verde, que además trasciende lo meramente ambiental o medioambiental, porque supone una transformación integral de la economía y de las sociedades, atendiendo a aspectos no solo energéticos sino económicos, infraestructurales, sociales y políticos; un plan de reactivación, por tanto, basado en el crecimiento verde y en la aceleración hacia la transición digital. Y Canarias se suma a este reto, y lo hace además con consenso mayoritario a través del plan de reactivación económica y social de Canarias. Un plan que, como bien incluye en su texto, no solo busca paliar las consecuencias de la crisis socioeconómica provocada por el COVID sino que además quiere reactivar la economía, aspiramos a hacer o a iniciar un proceso de transformación de nuestro sistema socioeconómico. Y aquí entra de lleno el papel que en este proceso vamos a jugar las administraciones, que debemos ser verdaderas aceleradoras en este proceso, porque lo que no podemos ser es ralentizadoras del mismo. Por eso, en el plan, como ya se citaba por parte del señor consejero, se marca, en la línea estratégica 6, la agilización, la simplificación, la cooperación y la coordinación entre administraciones.

Por tanto, es evidente que para poder afrontar el plan canario de reactivación vamos a disponer de fondos propios, pero también queremos acceder a los fondos europeos. Y ahí vamos a tener un problema, y no quiero ser pesimista, tenemos que ser realistas, diagnosticar el problema para desde ya buscarle soluciones. Todos somos conscientes de la relevancia que tiene el hecho de que se estén activando cantidades ingentes de fondos provenientes de la Unión Europea para la reactivación. Esto ha sido una noticia importante para todos, pero podemos fracasar. ¿Por qué?, pues si no disponemos de estructuras flexibles y eficientes para dar respuestas ágiles a tal inyección de recursos. Pensemos que hablamos de fondos que ascienden a 70 000 millones en los ejercicios presupuestarios 2021-23, si le sumamos los fondos en concepto de préstamos hablamos de 140 000 millones, además de más de un billón de euros del marco plurianual, es decir, vamos a recibir cuatro veces más recursos que los que recibimos en el año 2019. Y hay una mala noticia: en el 2019 España solo fue capaz de justificar el 40 % de esos fondos. Quienes hemos gestionado lo público sabemos lo difícil que es gastarse el dinero en lo público. Esto a los ciudadanos les cuesta entenderlo, porque los procedimientos de que nos hemos dotado, porque la ley de contratos que tenemos, lejos de estar al servicio del interés social, del interés general, parece que se ha creado para obstaculizar el servicio último a la ciudadanía y se convierte en una odisea gastarte recursos cuando son absolutamente necesarios para mejorar servicios públicos o simplemente para atender a las demandas de los ciudadanos.

Sin duda, de como diseñemos, gestionemos y se reviertan estas inversiones va a depender nuestro futuro, presente y de futuras generaciones. Es un desafío inmenso y ya muchos analistas hablan de que o transformamos la Administración pública o no lo vamos a conseguir. Son una oportunidad sin duda para nuestra economía, pero con la actual arquitectura burocrático-administrativa no tenemos capacidad de gestionar eficientemente estos fondos. La prueba de ello, como decía antes, es la ineficacia o la falta de gestión en los fondos del año 2019.

Por tanto, se necesita una reforma urgente y en profundidad del sistema administrativo de gestión, es una decisión política de primer orden. Soy consciente, señor consejero, nuestro grupo, que está preocupado por esto, es consciente de que no depende solo de Canarias. Usted participa en las reuniones entre comunidades autónomas con el ministerio en esta materia. Necesitamos que el ministerio, que yo estoy convencida de que es consciente, sea consciente de esto y, de manera urgente, provoque los cambios normativos necesarios para tener, para gestionar bien, porque, ya lo decía al principio, es un error político creer que se puede hacer buena política sin una buena gestión. La mejor política es una buena gestión, porque es la que el ciudadano espera de nosotros.

En conclusión, creemos desde Nueva Canarias que necesitamos una Administración ágil y eficiente. Esto implica respuestas inmediatas a los nuevos retos. No se trata de trabajar más ni más horas, se trata de trabajar mejor. Simplificar los procedimientos; hay que unificar criterios, hay que establecer protocolos en la Administración, sobre todo en los servicios generales, no existen protocolos unificados; por supuesto la administración digital, este es un camino que ya hemos avanzado, la ley 39 y 40 así nos lo impuso, y yo creo que en eso hemos avanzado bastante; hay que innovar y hay que flexibilizar en la gestión organizativa y en los recursos humanos. Esto incluye también cambios en el acceso a la función pública, como hemos expuesto todos.

En conclusión, las administraciones públicas están llamadas a eso que todos hemos oído durante toda la vida, renovarse o morir, y no nos podemos permitir morir. Por tanto, estamos obligados a renovarnos. Transformarnos para adaptarnos al momento, a un mundo inmerso en una revolución digital. Y este no es un reto nuevo, todas las generaciones humanas, todas las etapas históricas han tenido que adaptarse: ¿o alguien cree que las revoluciones industriales no supusieron un esfuerzo de adaptación de las sociedades del momento? Bueno, pues a nosotros nos toca esta era, la era digital. Este es nuestro reto y, por tanto, creo que aquí tenemos que poner todos de nuestra parte y ponerlo, como decía al principio, en un lugar preferente de la agenda política. Usted lo decía antes: ningún Gobierno, ninguno, de ningún lugar ni esfera...

El señor PRESIDENTE: Sí, concluya.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, señor presidente.

... ningún Gobierno, de ninguna ideología, con ningún proyecto, por bueno que sea para la sociedad, podrá ser eficiente, podrá conseguir los fines que se propone si no tiene una Administración ágil, eficiente, con un empleado público motivado y con una cultura al servicio público, una cultura al servicio de la comunidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el Gobierno. Adelante.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Gracias, señor presidente. Señorías.

Gracias por todas las aportaciones, las que son críticas y las que no lo son, y además quisiera pensar que hay un consenso entre todas las posiciones políticas y, desde luego... (ininteligible), ¿no? Y no quisiera romperlo diciendo lo que voy a decir en este instante, pero tampoco puedo renunciar a decirlo: debemos saber que en los últimos veinte o veinticinco años ha habido ideologías, ha habido posiciones políticas hostiles al sector público en sí mismo, que han percibido la Administración pública, los funcionarios, las leyes, la regulación como un obstáculo para el crecimiento económico. Y ha habido experiencias, algunas cercanas, en España, de eliminación, de reducción de la función pública, del empleo público, de la Administración, que a la postre han resultado catastróficas. Por eso yo creo que es muy bueno que aceptemos, todos los grupos políticos, que sin una buena Administración lo que ocurre es lo que dice la señora Hernández: si no nos renovamos, morimos. Pero no se muere la función pública, se muere la sociedad. Por eso está bien, me parece a mí, recordar -lo que ha hecho el representante de Podemos- que ha habido un cierto desmantelamiento. Yo no digo esto para censurar a nadie sino para saber cuál es el punto de partida. Ha habido un momento en el que se ha dicho, "no, lo público no es bueno, lo bueno es lo privado", y esto no es exactamente así. Sabemos que eso es una equivocación.

Por ir a las respuestas a las observaciones concretas que sus señorías han tenido a bien formular.

El señor Fernández de la Puente empieza por el principio, por el acceso, también lo recuerda la señora Beato, refiriéndose a los temarios. Ahí hay que hacer un cambio radical. El sistema de selección no puede basarse -también lo ha dicho el representante del Grupo Socialista- en la memoria, en los conocimientos. Pero esto es un cambio enorme, porque la gente accede hoy al empleo público a partir de unos conocimientos y no a partir de unas habilidades, de unas capacidades. Las capacidades no se miden, se mide lo que se sabe. Y junto al acceso hay que cambiar el sistema de formación continua, porque no es que haya que cambiar la Administración, como dice la señora Hernández, no es que tengamos que cambiarla -eso es verdad-, es que tenemos que vivir en el cambio. Tenemos que funcionar -que me lo han oído decir- como los teléfonos móviles; no hay mañana que no nos digan que tenemos que actualizar esto, que tenemos que actualizar lo otro. Ese será no ya el futuro sino el presente. Por tanto, el acceso, desde luego.

La edad. Algunos se han referido, algunas de sus señorías se han referido al problema de la renovación, que es imprescindible como consecuencia de la edad, y con ella el problema de la transmisión de conocimientos, porque no puede producirse un hiato, de manera que salgan los que saben y entren los que no saben. En esto es preciso asegurar un sistema objetivo de transmisión del conocimiento.

Y luego, aunque lo han dicho todos los portavoces en el orden en que lo han dicho, el primero que lo dijo fue el señor Fernández de la Puente, la estabilidad, ¿qué vamos a hacer?, han preguntado algunas de sus señorías. Bueno, vamos a intentar cumplir los mandatos legales, vamos a intentar hacerlo -nos pedía la señora Beato- sin apresuramientos, pero tampoco podemos pararnos. El hecho de que se hayan aplazado las fechas, se hayan trasladado, se hayan postergado las fechas para cumplir los mandatos de estabilización y de consolidación no va a hacer que paremos. Nuestro propósito es entendernos con los sindicatos; de hecho, con algunos tenemos más entendimiento; con otros, menos. Seguiremos buscándolo para tratar de aplicar esa sentencia europea que a la postre obliga a España prácticamente a considerar fija la mayor parte, la mayor parte de los empleados anómalos o interinos que tenemos.

La señora representante de la Agrupación Socialista Gomera se refiere también a la consolidación y estabilización. Me pregunta qué hemos hecho. Lo que acabo de decirle: intentar un acuerdo con los sindicatos y preparar...; en primer lugar, identificar el número de funcionarios y de empleados en situación de temporalidad que podrían estar afectados. Había un plazo de diciembre del 2020. A mí me gustaría no parar, insisto, que se nos demanda también que lo hagamos sin apresuramientos; si hay que pasarse del 2020, intentaremos no pasarnos mucho.

La digitalización, el analfabetismo digital, la diferencia entre la población, yo creo que eso es verdad, que necesitamos hacer una yo la llamo "evangelización digital", para todo el mundo, pero creo que no debemos establecer ahí, como digo, una imagen o quedarnos con una imagen, que puede que no sea real, de Administración pública, como les dije antes, sabe funcionar, población no sabe funcionar. No es verdad, no es verdad, la ignorancia está repartida entre los empleados públicos y los usuarios. Insisto en que hay usuarios que saben bastante más que cómo se manejan los funcionarios.

Bueno, tenía aquí unos datos, que no quiero aburrirles. En las notificaciones electrónicas, el 70 % de las más de doscientas cincuenta mil que se han hecho desde que se implantó el sistema se ha hecho en el último año. Es verdad que porque estamos en el estado de alarma, pero lo cierto es que los ciudadanos se han acostumbrado al acceso electrónico a la Administración y, como he repetido aquí en alguna ocasión, más de cuatrocientos mil canarios tienen el sistema de acceso con Cl@ve PIN de identificación.

Preguntaba por los procedimientos la señora Hernández. De 1600 que tenemos catalogados 760 tienen ya tramitación electrónica, y de esos 760 casi el ochenta por ciento puede tramitarse a través de la sede electrónica.

El número 012. No dejamos de pensar en la posibilidad de hacerlo gratuito, pero quiero decirle que más de la mitad de las llamadas se hacen ya a los números de nueve cifras que llevan al 012: 922470012 -lo diré por si además alguien me oye-, 922470012 y 928... siento no sabérmelo, el de la provincia oriental. Esos números se usan ya por más del cincuenta por ciento de los usuarios. Por lo tanto, empieza a ser una minoría la que usa el número de tres cifras. Pero, en cualquier caso, debajo del problema de la gratuidad hay otro problema, al que se ha referido, yo creo que con acierto, la señora Reverón: vamos a pasar a un uso intensivo de la comunicación telemática y de la comunicación telefónica, como ocurre con la banca, como ocurre con las compañías de seguros, como ocurre con los viajes, como ocurre con los grandes centros de servicios. Por lo tanto, tenemos que mejorar eso. Tenemos ahora una queja, y es verdad que la tenemos, de que no se contesta al teléfono, no se contesta el correo, porque estábamos todos acostumbrados a ir a la Administración para que nos atendieran. Eso ha cambiado, unos y otros, y hemos de hacerlo.

Es verdad que hay que hacer un tono autocrítico de la propia Administración, todos los partidos, unos más que otros... (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo) que pensar...

El señor PRESIDENTE: Sí, concluya.

El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): ... el señor De la Puente lo dijo y lo dijo también la señora Reverón, en la regulación del teletrabajo. Ya hay una norma estatal, ahora tendremos que hacer una norma canaria, pactada probablemente con los sindicatos.

Concluyo con la idea de que nunca antes -también lo ha dicho alguno de los intervinientes-, nunca antes el cambio de la función pública había sido tan necesario. Yo creo que hace muchos siglos, no sé, la imprenta o los grandes descubrimientos, en donde contar con una nueva Administración pública había sido tan necesario. Nunca antes había sido tan profundo y, como digo todas las veces, nunca antes había sido tan permanente. Acostumbrémonos a convivir con el cambio, acostumbrémonos a ser personas, empleados públicos, habituados a cambiar todos los días, porque cambiarán los procedimientos, cambiarán las normas y ese será el requisito para una Administración eficaz y una Administración democrática.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

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  • 10L/C/P-0525 Sobre Del Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la necesaria modernización de la función pública.