Diario de Sesiones 57/2020, de fecha 2/12/2020
Punto 8

10L/PNLP-0220 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA CANARIO, NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI), POPULAR, NUEVA CANARIAS (NC), SÍ PODEMOS CANARIAS, AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA (ASG) Y MIXTO, SOBRE LA CONVOCATORIA DE UNA OFERTA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario, Grupo Popular, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Mixto, sobre la convocatoria de una oferta de empleo extraordinaria y de estabilización en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vamos a iniciar los turnos de menor a mayor, como siempre, señorías.

Mientras sus señorías llegan al salón de plenos quiero aprovechar para saludar a quienes nos acompañan desde la tribuna del público, representantes de los sindicatos y de organizaciones de representación de los trabajadores y trabajadoras, bienvenidos al pleno del Parlamento de Canarias.

Tiene la palabra el Grupo Mixto, don Ricardo.

Adelante.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente. Señorías. Señores representantes sindicales que nos acompañan.

En fechas recientes, en esta misma Cámara, el consejero reconocía que no hay prisa para determinar las plazas de la oferta de empleo público extraordinario de estabilización del empleo temporal, una oferta que afecta a unos cuantos miles de trabajadores en nuestra comunidad. Y añadía, hay dificultades legales como son las que se depende del Gobierno de España, con lo que el margen de actuación si bien es amplio no es ilimitado. Ahora bien, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de marzo de este año, esta deja suficientemente aclarado los procesos de estabilización y consolidación mediante oferta de empleo público abierta acordadas en 2017 por el Estado español, sancionaba a los trabajadores públicos y que no pondría fin a la situación de abuso y precariedad a las que están sometidos. Ha llegado, por tanto, el momento y que el Gobierno de Canarias afronte definitivamente esta situación a fin de garantizar la permanencia del personal no fijo de la Administración autónoma canaria con más de tres años de antigüedad, respetando el sentido de las sentencias aludidas dada la importancia que dicha solución tiene para tantos afectados que ven peligrar su puesto de trabajo y su futuro y para la estabilidad del empleo público en Canarias.

El Gobierno de Canarias tiene la competencia y la posibilidad de cumplir con la Directiva comunitaria 99/70, y con la sentencia del Tribunal de Justicia europeo y, en virtud de ello, poner fin al abuso de la temporalidad de estos trabajadores. Esto puede hacerse perfectamente a través de los instrumentos legislativos a nuestro alcance de tal modo y manera que el personal de larga duración con una media de edad de 50 años permanezca en sus puestos sin que tengan que verse nuevamente perjudicados por unas ofertas de empleo y procesos selectivos de libre concurrencia que podrían acabar con su relación laboral y conduciría directamente a una situación de exclusión social. Existen suficientes argumentos legales y jurisprudenciales para a medio plazo garantizar la estabilidad en el puesto a todos los afectados por la temporalidad excesiva sin tener que pasar por procesos que desde un inicio pudieran resultar viciados o complicados por un aluvión de demandas y que, no solamente los hicieran fracasar, sino que también supondrían altos costes añadidos derivados de iniciaciones y responsabilidades patrimoniales, costes que soportarían y sufragaría toda la ciudadanía canaria.

Esta proposición no de ley que hoy firmamos todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara no hace sino indicar el camino para iniciar los cauces pertinentes a fin de adoptar las medidas oportunas para poder anticiparnos a esta situación y proceder a la adopción de soluciones que mejoren esta injusta situación.

Es urgente abordar una solución al grave problema que mantiene la Administración de la comunidad autónoma canaria con el personal funcionario interino, estatutarios y laboral temporal. Debemos anticiparnos para resolver la situación que afecta a estos empleados públicos y de paso frenar empleo abusivo irregular de las contrataciones temporales que se han venido utilizando reiteradamente en el tiempo y, además, cumplir de esta manera con las jurisprudencias europeas.

Es por ello que, desde Ciudadanos, nos sumamos a esta proposición no de ley que demanda al Gobierno de Canarias: la convocatoria de una oferta de empleo extraordinaria de estabilización con objeto de reducir el índice de temporalidad existente en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.

Y, desde Ciudadanos, a los representantes sindicales, nuestro apoyo y esperemos que el final sea el que todos deseamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ricardo.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

Adelante.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías.

Volvemos a debatir sobre la necesidad de impulsar una OPE extraordinaria de estabilización en el ámbito general de la comunidad autónoma. Una oferta pública de empleo que, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero lo volvemos a repetir, que es vital y muy necesaria para que los trabajadores públicos tengan seguridad jurídica, estabilidad financiera y puedan seguir desempeñando su función pública de forma profesional, como siempre lo han hecho, algunos de ellos durante decenas de años.

En una de las primeras comparecencias del Gobierno respecto de este tema el consejero de Administraciones Públicas tuvo a bien presentarnos los datos que tenemos de temporalidad y la necesidad apremiante de cumplir con la consolidación y la estabilización del empleo público. Tenemos una media, señorías, de un 30 % de temporalidad y, en algunos servicios, incluso llegamos al 100 %, algo insostenible que llevamos arrastrando durante años. Recordemos que las autoridades europeas y españolas han fijado un máximo de un 8 % de temporalidad para la Administración pública.

Señorías, muchos trabajadores del sector público desconocen durante cuánto tiempo más van a seguir trabajando, encadenando contratos. Por otro lado, hay interinos que llevan muchos años en su puesto desempeñando un trabajo solvente, pero siempre con el temor de que no cuenten con ellos en el futuro o de que su plaza salga en una OPE o se adjudique. Estamos ante un mal endémico de la Administración española y canaria.

Además, tenemos un proceso de OPE rígido, nada operativo y que tiende a que se adjudiquen las convocatorias, perdón, se judicialicen las convocatorias. Por eso yo creo que lo primordial no es lanzar una convocatoria de estabilización, sin meditarla primero, lo realmente esencial, y yo creo que es lo que debemos hacer, es sentarse con los sindicatos de función pública y que salga acordada, para que luego no haya vicios y se perjudique en sus desarrollo y, como he dicho, siempre se termine judicializando.

Si queremos premiar a quienes han trabajado tanto para los canarios no basta con la antigüedad, con que la antigüedad simplemente sume puntos en un concurso de oposición, ya que, como todos sabemos, podría opositar cualquier persona, incluso cualquiera de otra comunidad autónoma y por distintos méritos llevarse el puesto aquí. Así que, señorías, nosotros consideramos que hay que impulsar esta OPE pero que hay que hacerlo con los pies en la tierra y estableciendo unos criterios útiles y justos para quien va dirigida precisamente esta medida, que son esas personas que trabajan y que tienen vocación por el servicio público.

Y vuelvo a repetir lo que dije en mi primera intervención, lo repito en la mañana de hoy: no es justo, ni podemos, ni debemos, tirar toda esa experiencia que ya tienen adquirida a la basura. No sería justo, ni podemos, ni debemos, deshacernos de toda esa experiencia de la noche a la mañana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes a todas y a todos.

Tenemos una exposición de motivos compartida, yo creo que de espíritu, hemos firmado todos esta proposición no de ley porque compartimos, en esencia, lo que queremos. El tema es cómo lo resolvemos y dónde, quizás, tengamos que seguir trabajando.

Estamos hablando de un abuso de contrataciones temporales sucesivas, que viene de lejos y es endémico en todas las clases de empleos públicos, funcionarios, estatutarios y laborales, desde hace más de treinta años. Hablamos de una situación que se ha ido agravando con la paralización de la oferta de empleo público y de las restricciones en la reposición de efectivos con motivo de la anterior crisis económica. Todo ello ha generado un aumento extraordinario de la plantilla del personal interino y eventual, que se ha ido acumulando día a día y llegado a un nivel insostenible, con un volumen de temporalidad en las administraciones públicas inaceptable, que en el caso de Canarias ronda el 30 % y en algunas categorías alcanza prácticamente a la totalidad de sus efectivos.

En algunos sectores, como en Sanidad, se ha enquistado la utilización sistemática de contratos temporales de breve duración concatenados para la realización de las mismas funciones que el personal fijo y no meramente de carácter coyuntural, sino estructural o para cada curso escolar en Educación. La Comisión Europea llamó la atención para dar las quejas recibidas por parte de los propios empleados por la situación de precariedad en el conjunto de las administraciones, por lo que, con fecha de 29 de marzo de 2017, se firmó a nivel estatal, por el Ministerio de Hacienda y Función Pública... eh... (ininteligible) y las organizaciones sindicales más Hacienda y Función Pública... y las organizaciones sindicales, perdón, más representativas, Comisiones Obreras, UGT, CSIF, un acuerdo para la mejora del empleo público que incluyó una serie de medidas en materia de la tasa de reposición y de reducción de empleo temporal, que se recogieron en la Ley 3/2017.

El acuerdo, sin embargo, no se está cumpliendo, y sus objetivos, además, se ha visto varias veces cómo han sido criticados y la sentencia, sobre todo, sobrevenida del Tribunal Superior de Justicia europeo del 2019, que ya no solo dice que se trata de reducir el índice de temporalidad, sino de generar... sino de generar... de respetar a las víctimas que estuvieran en abuso de contratación temporal sucesivas.

Voy a avanzar rápido, porque es verdad que hay mucho que decir, pero Canarias se encuentra en un momento en el que, además, encabeza a las comunidades autónomas con mayor tasa de empleo temporal. Y lo excepcional de la temporalidad no es únicamente su elevado índice, lo excepcional es que constituye una anomalía que requiere de una intervención, y nosotras pensamos y creemos que hay que hacerla ya y que es el momento ahora. Es decir, son mucho tiempo esperando, son muchas crisis por medio, han sido muchos recortes, y creo que toca, no lo creemos solamente desde nuestro grupo parlamentario, estamos convencidos, son derechos de los trabajadores que así se recogen desde la sentencia del tribunal europeo que nos habilitan, dicen, y desde luego, nadie está reivindicando nada que no se atenga a que haya seguridad jurídica si la solución la queremos que pase por la seguridad jurídica, pero creemos que se puede hacer desde la autonomía de Canarias, no solamente queremos instar al Estado para que se agilice en toda España, la queremos también aquí y ahora, y creemos que este año realmente por todas las circunstancias que concurren es el momento de ser valiente y de dar el paso.

Nosotros vamos a pedir, como queda poco tiempo, en líneas generales lo que querríamos apoyando esta proposición no de ley, que nos parece insuficiente, que no recoge todo lo queremos, que sería negociar, estabilizar a las personas que ya trabajan desde luego, realizar ofertas diferenciadas para las que ya trabajan con garantía de que sus puestos de trabajo se consoliden, y para las que están fuera del sistema también, porque hay que seguir haciendo y porque la Administración pública necesita aún más gente.

Modificar la legislación estatal donde haga falta y la autonómica también... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia concede un tiempo adicional para que finalice la intervención) llegar a un acuerdo general con toda la función pública para cumplir con las directivas europeas nos parece súperimportante, de estabilización de personal temporal, y caminar, y aquí esta es una propuesta que surge de varios sindicatos y en muchas conversaciones se ha hablado, hacia una especie de punto final que regularice lo que ya existe y comenzar una nueva andadura en la función pública.

No puede ser que solamente cumplamos lo que nos dice Europa cuando nos hablan de recortes con la ley de estabilización presupuestaria para no contratar y no hacer tasa de reposición y cuando nos dice que tiene que garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Río.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

Adelante.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenos días otra vez, muy buenos días a los representantes sindicales.

Hoy la parte social es la que está ocupando, está siendo invitada en este Parlamento, es una gran noticia que los tengamos en cuenta y creo que el hecho de que se hayan presentado varias PNL en que, evidentemente, el peso social es fundamental creo que refleja las iniciativas y el interés de este Gobierno en este sentido.

Esta PNL tiene una fundamentación fundamental, y es que el marco actual establece unos procesos selectivos rigurosos y estrictos, no tiene en cuenta los años que los trabajadores, muchos trabajadores, han ejercido en su profesión. Y en este contexto, como han dicho mis predecesores, ya la Unión Europea se ha manifestado, y se ha manifestado en contra de esa temporalidad y obliga, requiere, insta a las administraciones a que se tomen, se adopten medidas en este sentido.

Por eso esta PNL, suscrita por todos los grupos parlamentarios, insta al Gobierno de Canarias a abrir una negociación con los sindicatos para estudiar la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria de estabilización, con carácter restringido y en el plazo de un año, con el fin de reducir este índice de temporalidad que se produce en esta comunidad autónoma, como en muchas comunidades autónomas de España. La iniciativa supondría un empujón para más de 25 000 empleados públicos, y es una postura que se oponen radicalmente a las plazas de oposición libre.

Esta PNL denuncia también la temporalidad en la Administración canaria, que ronda el 30 %, y con una media de edad de 55 años de los trabajadores, con lo que la previsión es que más de la mitad de estos trabajadores se jubile en los próximos diez años.

Hay una necesidad de llevar a cabo un ámbito normativo, en un contexto histórico en el que tenemos muy similar al que se produjo en el 2001, cuando se aprobó esa famosa ley del 16/2001, de 21 de noviembre, en el que se establecía un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas para el personal estatutario del instituto de instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Ese mismo contexto, incluso agravado aún más, se está produciendo ahora, incluso agravado, como decía, porque hay más incrementos en los años de antigüedad y hay un incremento en la situación de precariedad que se tiene que sumar a estas condiciones. Es verdad que los gobiernos no han sido capaces de acompasar la necesidad de dotar de profesionales efectivos en el sistema y de culminar los procesos selectivos a la par, y esto, como decía, tiene que tener ya un punto y final, un marco excepcional y extraordinario para que los procedimientos de selección y provisión tengan ya de una vez una postura de consolidación definitiva.

Hay otras leyes, como la ley orgánica de 1983, de la reforma universitaria, que también estipulaba esta figura excepcional, la categoría que se reconocía para los profesores titulares universitarios, que fue refrendada por el Tribunal Constitucional, tenemos la ley del sistema sanitario de Castilla y León, que también establecía en su disposición transitoria un procedimiento excepcional y transitorio solo por una vez, condicionado al acceso a la condición de funcionarios de esta comunidad autónoma, y en esa línea, pues como decía, hay precedentes. Lo que está claro es que la iniciativa asume un acuerdo de la mejora de empleo porque sabemos que la oferta de empleo del 2017 no está funcionando, no está cumpliendo los objetivos de las diferentes convocatorias que se tenían que realizar. Se necesita un sistema distinto, un sistema de oposición excepcional, un sistema ordinario, como decía, no está funcionando.

La situación de precariedad laboral de tantísimos trabajadores en la comunidad autónoma exige una alternativa excepcional y distinta y la PNL va en esa línea. Así que la aprobaremos todos, creo que refrendaremos todos esta postura, es un derecho consolidado y más que merecido.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Y también quiero dar la bienvenida a todos los representantes de las organizaciones sindicales.

Señorías, hoy me subo a esta tribuna no como diputada del Partido Popular, que también, sino como funcionaria de carrera que soy, sobre todo defensora de los servicios públicos. Y, por tanto, me subo a esta tribuna para defender el derecho de todos y cada uno de los trabajadores de las administraciones públicas que, por diferentes circunstancias, a día de hoy son víctimas del abuso de la contratación temporal. Pero eso sí, señorías, unas víctimas que, sin embargo, han seguido demostrando una generosidad y unas entregas dignas de elogio en circunstancias muy precarias. Por eso, señorías, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento en nombre de mi partido, del Partido Popular, a todos y cada uno de los servidores públicos.

Señorías, ya se ha dicho aquí en esta tribuna, el drama de la temporalidad que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha calificado como abuso de la contratación temporal y la última sentencia, el 19 de marzo del 2020, viene de lejos y es endémico en todo tipo de funcionarios, clases de empleados públicos, tanto estatutarios, funcionarios y laborales. Además, estamos hablando de hace más de treinta años de esta circunstancia.

Esta situación se ha ido agravando con el tiempo y ha provocado que las plantillas del personal interino se hayan ido agravando y en estos momentos la situación es totalmente insostenible, es totalmente inaceptable. En Canarias, ya nos daba los datos el señor consejero, rondan casi el treinta por ciento y algunas categorías, además, prácticamente la totalidad de sus efectivos están en esa situación de interinidad. Y a esto, además, tenemos que añadirle que la media de edad es de 55 años y, por tanto, en un periodo de 10 años nos vamos a ver con que el 50 % de las plantillas se van a jubilar.

Señorías, está claro que con lo que acabamos de decir es preciso que tenemos que buscar soluciones para luchar contra esta interinidad. Eso sí, teniendo en cuenta y tal y como ha dicho también el consejero en muchísimas ocasiones, hay que hacer un relevo generacional ordenado que se transmita y para que se retenga el talento.

Es cierto que esta situación no viene de ahora ni viene de la sentencia del año 2020, es verdad que ya ha habido muchas resoluciones de la Unión Europea y eso provocó que en el año 2017 el Gobierno del Partido Popular, de la mano del ministro de Hacienda y de Función Pública, junto con las organizaciones sindicales más representativas, llegaran a un acuerdo para el impulso de lo que era y la mejora del empleo público con dos cuestiones fundamentales, por un lado, hablando, por un lado, de lo que era la tasa de reposición y también para reducir el empleo temporal.

Está claro, señorías, que a día de hoy si hoy es diciembre del 2020 y estamos hablando de este problema es que ese acuerdo no ha llegado a buen puerto. Y entendemos que no ha llegado a buen puerto porque todas esas convocatorias que se han publicado bajo ese paraguas de la consolidación del empleo temporal realmente son procedimientos libres, no son restringidos y, por tanto, en absoluto, han favorecido la ansiada consolidación.

Señorías, esta es una situación que afecta a todas las administraciones públicas hasta tal punto que la ministra actual de Administraciones Públicas se ha comprometido a modificar el estatuto básico del empleado público para buscar una solución. Por tanto, señorías, he querido poner el foco en la ministra, por supuesto, del Estado, ¿pero por qué?, porque todos somos conscientes a día de hoy que las soluciones de esta situación no dependen del Parlamento de Canarias, dependen del Gobierno de España y, en mayor medida también, del Gobierno de Canarias.

Es una situación compleja, sí, señorías, lo sabemos, pero estamos todos en la obligación de buscar soluciones y por eso el motivo de esta proposición no de ley para que dentro del marco de lo que es la negociación colectiva y en un plazo temporal hasta el 31 de diciembre del 2021 se estudie una oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización de este empleo temporal.

Ahora bien, dado que esta proposición no de ley va a ser aprobada, porque ha sido refrendada, entiendo, por todas las formaciones políticas, desde esta tribuna quiero hacer un llamamiento al Gobierno, todos somos conscientes, señorías, que las proposiciones no de ley, a día de hoy, si no se cumplen no pasa absolutamente nada, por eso desde esta... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Gracias.

Por eso, como decía, desde esta tribuna sí invito al Gobierno a cumplir con los compromisos que se adquieren en esta Cámara.

Señorías, hace pocos meses, cuando estábamos en una pandemia todos los días a las siete de la tarde salíamos todos a nuestras ventanas o a nuestros balcones a aplaudir por la gran gestión que estaban haciendo todas las personas que se encontraban al frente de la pandemia, motivo por el cual, y sobre todo al personal sanitario, mi partido político trajo una proposición no de ley para ayudar al personal sanitario y a todo lo que es el personal estatutario a que se hiciera una OPE extraordinaria y concretaba solamente a ese sector.

Es cierto que esa PNL fue aprobada por todas y cada una de las formaciones políticas pero a día de hoy entendemos que no se ha cumplido, y para muestra un botón, creo que en breve a lo mejor se va a convocar una huelga del personal sanitario y entiendo que entre todos tenemos que evitar esa situación.

Por tanto, señorías, en definitiva, el primero que tiene que ser consciente del problema es el Gobierno para que después busque las soluciones adecuadas, por tanto esperamos que esta proposición no de ley no vuelva a caer en saco roto y se cumpla.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Reverón.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías. Señores y señoras invitados en la tribuna, representantes sindicales y de la plataforma de empleados públicos en fraude de ley. Buenas tardes a todos.

Agradecer, antes que nada, esta iniciativa a la señora Reverón, que es la que ha impulsado la iniciativa y que ha logrado que sea suscrita por todos los grupos parlamentarios. Coincide con lo que solicitó nuestro grupo parlamentario a preguntas de esta misma diputada en comisión al señor consejero de dotarnos de tiempo para estudiar. Eso es lo que solicita esta PNL, ganar tiempo, ganar tiempo pero para solucionarlo, no para que pase el tiempo sin que se resuelva nada. Tiempo para encontrar una solución justa y una solución viable jurídicamente a la luz de la Directiva 99/70 y a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de este año, que es posterior a los acuerdos Administración-sindicatos de los años 2017 y 2018, por lo tanto, merece ser estudiada esta sentencia. Y tiempo para negociar con todas las organizaciones sindicales, absolutamente con todas. Y tiempo, también, para lograr que el Estado mueva ficha a la luz de esa sentencia y modifique la legislación estatal, porque hay sobrada jurisprudencia del Tribunal Constitucional declarando que las directivas de la Unión Europea son vinculantes incluso antes de su trasposición por el Estado cuando el Estado incumpla ese plazo de trasposición.

Ahora es imprescindible reforzar los servicios públicos, y para ello son esenciales trabajadores que llevan muchos años trabajando en la Administración, algunos más de veinte años, con una media de edad que ronda los 55 años, en su gran mayoría mujeres, que han demostrado sobradamente durante ese tiempo solvencia y capacidad en su trabajo, y no podemos desaprovechar esa experiencia y es conocimiento ni poner en peligro sus puestos de trabajo. Ahora necesitamos a este personal al cien por cien, necesitamos a los sanitarios con su cabeza puesta en luchar contra la pandemia y no con la espada de Damocles y la incertidumbre de si se le saca o no un proceso selectivo; y también al personal de Educación, uno de los sectores más afectados, porque cómo le vamos a pedir a una cocinera que está, lleva años cocinando en un centro de trabajo, que nos recite ahora un artículo de la Constitución para saber si merece o no ese puesto de trabajo. Y no les estoy simplificando las cosas porque a eso es a lo que los abocamos, sí, los abocamos a una oposición.

El Gobierno tiene... estamos pidiendo tiempo para arbitrar soluciones que hagan justicia y acabar con la precariedad.

El Grupo Nacionalista seguirá haciendo propuestas como hemos hecho hasta ahora y le vuelva a tender la mano al Gobierno para arbitrar procesos garantistas y justos en los que nadie pierda su puesto de trabajo.

Es necesario, y así lo hemos planteado incluso en las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos, negociar, ir de la mano con las organizaciones sindicales para negociar y arbitrar soluciones a través del consenso, con todas las organizaciones sindicales, teniendo en cuenta la directiva del 99 y la sentencia del Tribunal Europeo de... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Sí.

¿Desea finalizar señora...?

La señora BEATO CASTELLANO: Sí.

El señor PRESIDENTE: Continúe, continúe.

La señora BEATO CASTELLANO: Unos segundos, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Sí, sí.

La señora BEATO CASTELLANO: ... y si es necesario modificar las leyes, la ley estatal o la ley canaria, para garantizar este proceso.

Estamos planteando soluciones justas, soluciones que van en la garantía de puestos de trabajo pero también en la garantía de la calidad de los servicios públicos que les prestamos a los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Beato.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista Canario, señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a los representantes de los trabajadores.

Estamos ante un problema que ha creado la propia Administración, todos los partidos políticos han tenido responsabilidades y este problema quien lo ha creado es la propia Administración, el mal uso de la temporalidad con una ley que establece el 8 % del límite a esa temporalidad.

La temporalidad en el sector público en estos momentos es ya 6 puntos mayor que en lo privado. Las plantillas públicas tienen casi un 27 % de temporalidad frente a un 21 % en las empresas y esta diferencia viene aumentando desde el 2019. Los criterios fijados por Europa con políticas conservadoras en la crisis del 2008 fue el recorte del empleo público, lo público se consideraba como un gasto que lastraba a la economía y apostó por los ajustes de plantilla y las limitaciones para reemplazo de las vacantes. Las limitaciones establecidas para la tasa de reposición han impedido que los puestos que se han quedado libres por jubilación hayan sido ocupados. Estas decisiones incrementaron que la situación de empleados públicos temporales se convirtiera prácticamente en indefinida. Como ya hemos dicho en otras intervenciones, en estos momentos la decisión ha sido contraria a la anterior crisis, al menos hemos aprendido en algo la lección, en estos momentos se contratan más médicos, más sanitarios y necesitamos más medios humanos para poder desarrollar el plan de Europa de recuperación que tienen previsto, pero tenemos que buscar la manera que esos trabajadores temporales pasen de procesos selectivos para que pasen a ser fijos. En Canarias tenemos un treinta y ocho por ciento, aproximadamente, de temporalidad, en el País Vasco es del 53, 55,8, una situación que ha sido denunciada, como bien han dicho muchos de los intervinientes, por la Comisión Europea y recientes sentencias que ante la carencia de medidas sancionadoras en el sector público para garantizar el cumplimiento de la directiva considera que los trabajadores temporales que se han extendido más allá del periodo establecido por la ley deben de ser considerados como trabajadores indefinidos. En Canarias, también ya lo han dicho muchos de los que han intervenido, esta situación se encuentra entre el 30 y el 40 % que llevan más de veinte años desarrollando su trabajo; y entre el 58 y el 65 % tienen una edad superior a los 50 años; y el 90 % más de 40.

Pero no nos llevemos a engaño, señorías, el indefinido no es lo mismo que el fijo, no garantiza que los empleados públicos que fueron contratados como temporales, pero que han realizado labores indefinidas, vayan a ser fijos, seguirán ocupando unas plazas sustituyendo, entre comillas, a su dueño o que no ha podido convocarse oficialmente. Desde el momento que se haga la convocatoria para ocupar esa plaza por un funcionario de carrera perderían su puesto. Por mucho que haya voluntad política de buscar una solución todas las propuestas para acceder a la función pública, ha de regirse por los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En el apartado 2, del artículo 23 de la Constitución española ya hace mención al principio de igualdad, el apartado 3, artículo 103 de la Constitución, a los principios de mérito y capacidad. Estos principios constitucionales son básicos para buscar una solución a esta situación.

Ayer mismo el señor diputado don Ricardo Fdez. de la Puente le preguntaba al señor consejero por las ofertas extraordinarias de estabilización del empleo público y a esa contestación... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) le contestaba que iba el Gobierno a ralentizar dicha situación a la espera de lo que estableciera los presupuestos generales del Estado a nivel nacional.

Desde el Partido Socialista siempre hemos defendido a los empleados públicos, y lo digo con motivo, las dos leyes que se han aprobado en la historia de la democracia española tienen el sello del Partido Socialista, en el año 1987, en el 2007, y ya lo ha anunciado la actual ministra que para principios del 2021 podría llegar al Consejo de Ministros la nueva ley de función pública, un proyecto de ley que abordará, entre otras cuestiones, la figura del personal directivo, la evaluación, el desempeño y el desarrollo de la carrera del empleado público. El Partido Socialista siempre ha buscado soluciones justas y que beneficie tanto a la Administración como a los afectados, pero siempre dentro de las normas constitucionales, como no podría ser menos.

Apoyaremos esta PNL que inste al Gobierno de Canarias a estudiar las posibilidades nuevas que emanen...

Ya concluyo, señor presidente.

Ya decía la diputada del PP, refiriéndose al Gobierno actual de Canarias, señora diputada y también de Coalición Canaria, ya el Gobierno lo estudió, lo ha negociado, lo ha parado pendiente de los presupuestos generales del Estado, pero no lo va a dejar en el olvido.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.

Hemos concluido, señorías, los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. Señorías, ruego a sus señorías que acudan a sus escaños en el salón de Plenos y en la sala Europa.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías. Vayan ocupando sus escaños.

Gracias, señorías.

Señorías, llamo a votación. Votamos, señorías.

Gracias, señorías, 63 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 63 votos favorables, señorías.

Queda aprobada por unanimidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

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