Diario de Sesiones 75/2021, de fecha 28/4/2021
Punto 10

10L/DL-0029 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS FONDOS PROCEDENTES DEL INSTRUMENTO EUROPEO DE RECUPERACIÓN DENOMINADO NEXT GENERATION EU, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS TRIBUTARIAS EN EL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19.

El señor PRESIDENTE: Continuamos, señorías, con el último punto del orden del día, correspondiente a la convalidación o derogación de decretos leyes. En este caso, señorías, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado Next Generation Unión Europea, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por el que se establecen medidas tributarias en el impuesto general indirecto canario para la lucha contra la COVID-19.

Tiene la palabra el Gobierno para su presentación y defensa.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS (Rodríguez Rodríguez): Señor presidente, señorías.

Volvemos a esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del decreto ley en cuestión, que pretende, señorías, como bien se expresa en su exposición de motivos, buscar un mecanismo lo más rápido, eficaz y diligente para la gestión de los fondos que Europa destina a paliar el impacto de la pandemia y también a reorientar nuestro sistema económico.

Se trata de un decreto ley que pretende un mecanismo de organización, de autoorganización del Gobierno de Canarias para que en lo que competa a gestión directa de estos fondos se haga en tiempo y forma, con la mayor diligencia posible.

Por tanto, el decreto ley no es el Plan Reactiva, no es el plan de actuaciones, es un instrumento de organización para la gestión, el control y, en definitiva, la dación de cuentas que tendremos que hacer a la Administración estatal y de la Unión.

Pretende, por tanto, el decreto ley un mecanismo de gobernanza específico, excepcional, provisional, con un órgano de dirección política, con un órgano de gestión. La autoridad va a estar en la dirección general de presupuestos, el control lo estará en la Intervención General, y estableceremos un conjunto de medidas destinadas a acortar y simplificar los procedimientos, tanto en materia de gestión presupuestaria, en materia de contratación, en materia también de subvenciones, y hacemos un especial esfuerzo para reorganizar los recursos humanos para tratar de ayudar a los centros directivos que van a tener más cargas de trabajo, con recursos humanos por la vía de la redistribución de efectivos, de funciones y, si fuera precisa, la contratación de personal interino en las distintas categorías para hacer posible esta gestión.

Por supuesto, señorías, haremos también un esfuerzo de cooperación con ayuntamientos y cabildos y ahí se establecen mecanismos simplificados y de adelantamiento de ayudas para la gestión por parte de estas otras administraciones.

Y se hace una referencia a la cooperación público-privada, también en el marco de lo que el mismo Gobierno de España ha hecho, para la gestión por parte de este Gobierno de los recursos de orden estatal.

En definitiva, señorías, un decreto que pretende autoorganización para simplificar, para gestionar de manera eficiente.

Hemos leído con atención, porque es nuestro deber, el informe del Consejo Consultivo de Canarias, informe extenso, que establece con claridad que estamos ante un título habilitante claramente consecuente con el objeto de los decretos leyes. La extraordinaria y urgente necesidad está plenamente justificada por la excepcionalidad, por los recursos importantes que se tienen que gestionar. Es evidente que tenemos competencias estatutarias en la autoorganización administrativa, en los marcos que hemos apuntado en el decreto ley, y es también evidente que hay una alta coherencia del objeto del decreto ley con los contenidos de su articulado y las disposiciones finales y adicionales, señorías. Es cierto que el Consejo Consultivo nos hace un conjunto de recomendaciones, muchas de ellas, la inmensa mayoría, de orden técnico, que nos parecen adecuadas, algunas favorecedoras incluso de las tesis gubernamentales y en otros casos tenemos alguna discrepancia, pero creemos que claramente el informe del Consejo Consultivo es favorable al decreto ley, porque considera, acepta el título habilitante, de extraordinaria y urgente necesidad, sin duda ninguna está en el marco de nuestras competencias y es absolutamente coherente con la razón de ser y su exposición de motivos.

Somos conscientes, señorías, de que los decretos leyes son excepcionales. Este reúne la excepcionalidad. Hemos recibido peticiones de los grupos de la oposición, del Gobierno e incluso de alguna organización externa a esta Cámara para tramitarlo como proyecto de ley. Los grupos hemos consultado ayer por la tarde, los grupos que apoyan al Gobierno, votaremos a favor de que se tramite como proyecto de ley. Sí les pediremos rapidez, diligencia y responsabilidad. Aquí no se trata de diseñar el plan, aquí se trata de gestionar el plan. Esto es una organización para gestionar las decisiones que en otros ámbitos se puedan establecer por los departamentos o en el propio marco del Plan Reactiva, señorías.

Por lo tanto, agradezco de antemano el apoyo seguro a este decreto ley, porque no deja de ser sino un instrumento para responder a este reto nada sencillo, en poco tiempo, muchos... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -... señor presidente- orientados hacia esa gran tarea de la recuperación de la economía, muy dañada, como se ha dicho hoy aquí en varias ocasiones, en esta Cámara, muy dañada por la pandemia, pero también a que estos recursos se pongan al servicio de la reorientación del sistema económico para hacerlo más sostenible, más competitivo y que tenga, sin duda ninguna, un futuro mejor.

Por lo tanto, señorías, creo que la norma que aquí les presentamos es una norma que nos permitirá al Gobierno, a pesar del poco tiempo y mucha tarea, tratar de gestionar de forma eficiente, rápida y al servicio del bienestar y del futuro de Canarias.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Rodríguez.

Turno para el Grupo Mixto. Adelante.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, presidente.

Esta crisis ha incidido en el archipiélago no solo de forma coyuntural sino que ha agravado y acentuado aquellos condicionantes estructurales latentes en la última década. Ha contribuido al incremento de la desigualdad y a la destrucción del tejido productivo, incidiendo de forma negativa en la convergencia de los niveles del producto interior bruto per cápita de Canarias respecto al resto del territorio nacional. En el 2019, el PIB per cápita de Canarias era un 19 % inferior o menor respecto al promedio nacional; en 2020, debido a la intensa crisis económica, se ha estimado que el PIB per cápita de Canarias sea del 28,1 inferior.

El Gobierno de Canarias, de manera análoga a su homólogo, a nivel nacional, el Gobierno de España, propone, por la vía del decreto ley, una serie de medidas urgentes para agilizar y mejorar la planificación y tramitación de la ingente cantidad de fondos que, salvo sorpresa mayúscula, llegarán de Europa para apuntalar la necesaria recuperación y transformación de la economía de Canarias. No obstante, la propuesta adolece de una serie de carencias que hacen necesaria su tramitación como proyecto de ley, destacando por encima de todas la poca participación de los agentes sociales y la escasa rendición de cuentas a los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de los fondos de recuperación. La más que necesaria agilización de los fondos, de la gestión de los Next Generation EU, no puede ser óbice para sustraer al Gobierno de Canarias de sus deberes en materia de transparencia y control, habida cuenta de los antecedentes recientes en materia de contratación por urgencia de aerolíneas de dudosa reputación incluida.

Resulta incomprensible que ni en la Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos Next Generation EU ni en el Comité Director de Planes y Proyectos -decidirán sobre los proyectos que aspiran a reconvertir la economía canaria a medio plazo- no estén incluidos ni los agentes sociales ni el resto de fuerzas políticas del Parlamento de Canarias.

Mención aparte merece la rendición de cuentas de los progresos y avances de los proyectos, donde se recoge una suerte de informes trimestrales de las consejerías al propio Gobierno o habiendo el necesario control parlamentario, toda vez que este se encuentra fuera de los dos órganos de gobernanza y de acción citados anteriormente.

A la falta de transparencia y control se suma una serie de decisiones en materia de personal que no hacen sino empeorar la temporalidad de la función pública. La base de la gestión de los recursos humanos del Gobierno de Canarias debe ser la productividad y la movilidad funcional pactada, no los incrementos artificiales de plantillas con base en criterios poco claros. Esta poca claridad se da especialmente en materia de personal directivo, tal y como señala el informe del Consejo Consultivo de Canarias, en el artículo 17: "sería también oportuno proceder a una mayor concreción -en su caso igualmente (...) reglamentaria- de los criterios selectivos especialmente invocados por esta norma". Si la idea de fondo es incorporar talento y experiencia en los órganos directivos del Gobierno y no asignar puestos a personas afines y colaboradores, sería más conveniente valorar la posibilidad de externalizar estas tareas de gestión y control en las empresas especializadas del archipiélago, toda vez que sirven también como vehículo para la transferencia de conocimientos y el impulso a la actividad de alto valor añadido en la economía canaria.

En materia de contratación pública, si el modelo de gestión busca una actuación... (ininteligible) en la mayor parte del tejido productivo, no resulta congruente con que los anuncios de licitación se realicen exclusivamente en el Perfil del Contratante. Como mínimo, se debería contemplar la posibilidad de que puedan realizarse publicaciones que hagan mención a dicho anuncio en el resto de canales... (ininteligible) de los que dispone el propio Gobierno de Canarias.

Asimismo, la reducción de plazos que se contempla se limita a los procesos internos, dictámenes e informes, no así a los actos externos, plazos de publicación, licitación, etcétera.

La tramitación urgente mediante negociado sin publicidad por imperiosa urgencia que agiliza la ejecución de proyectos críticos no especifica las cuantías máximas o mínimas ni establece la obligatoriedad de remitir los contratos suscritos al amparo de este tipo de contratación al órgano competente.

Por su parte, los requisitos de solvencia económica y técnica en materia de cuantías y periodos deberán tener en cuenta el deterioro continuado y las particularidades que han sufrido y sufren, probablemente, las empresas que ejercen su actividad en Canarias, especialmente las pymes.

A modo de conclusión, resulta constatada la necesidad de introducir reformas que aceleren los procedimientos y trámites en la Administración del Gobierno de Canarias, más si cabe en vista a los bajos niveles de ejecución de inversiones que presenta el Ejecutivo canario.

Los fondos Next Generation EU deben servir como un revulsivo que ponga fin no solo a la crisis económica y social actual sino a la histórica divergencia de Canarias con respecto a España y a Europa.

Dada la magnitud y la importancia para el devenir de varias generaciones de canarios y canarias, resulta necesaria una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos, haciendo partícipes al Parlamento de Canarias, a los agentes sociales y a los miembros firmantes del Plan Reactiva Canarias.

Por su parte, la creación de empleo público debería ser la excepción a la norma y, en todo caso, respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica. En ningún caso, puede acrecentar el problema de la temporalidad y la interinidad en la Administración, apostando decididamente por la movilidad funcional y la mejora de la productividad... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional).

Quisiera, para finalizar, agradecer al Gobierno de Canarias, a su vicepresidente, don Román Rodríguez, así como a todos los partidos que apoyan al Gobierno, que hayan tenido -y sé que no ha sido una decisión fácil- el cambio de opinión y hayan optado por que este decreto ley, que ahora vamos a convalidar, se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia. Creo que es necesario y es importante definir y perfilar algunas de las cosas que aquí yo he comentado y otras que pueda proponer el resto de los partidos, con la mirada puesta en la urgencia, que es evidente que hay que ser urgentes y diligentes en esta tramitación, pero sobre todo en la seguridad jurídica, y porque nos estamos jugando mucho para Canarias en su futuro con estos fondos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera.

El señor RAMOS CHINEA (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Bueno, yo no agotaré todo el tiempo, porque creo que la explicación del señor vicepresidente ha sido bastante clara, bastante concisa, de la necesidad de este decreto ley, de que lo aprobemos.

Ya ha adelantado que se tramitará como proyecto de ley y, por lo tanto, creo que es urgente que lo hagamos cuanto antes, sobre todo porque ya el propio vicepresidente nos adelantaba ayer en el pleno la dificultad que vamos a tener para la ejecución de esos fondos, sobre todo cuando además desde el Estado se ha acortado el tiempo.

Además, tenemos que tener en cuenta, si vemos los antecedentes, por ejemplo, en el periodo plurianual 2014-2020, en Canarias solo fuimos capaces de ejecutar el 36 % de esos fondos europeos. Lo que quiere decir de esa necesidad, pero imperiosa, que tenemos de agilizar esas trabas administrativas y sobre todo la planificación, la gestión y el control de esos fondos.

El informe del Consultivo ha avalado la urgencia de este decreto ley. Es verdad que existen ciertas recomendaciones que podemos obviamente debatir durante el transcurso de las ponencias, pero creo que lo importante es cuanto antes poder tramitar este proyecto de ley, ponernos todos de acuerdo, que salga por consenso, con el texto lo mejor enriquecido posible, porque la realidad es que de estos fondos Next Generation EU no podemos permitirnos dejar de gastar ni un solo euro. Nuestra sociedad lo demanda, nuestra sociedad lo necesita. Estamos en una situación que la verdad es grave: cada vez más desempleo, en nuestra comunidad cada vez es más difícil que nuestras pymes y autónomos continúen con su actividad... Hemos puesto algunas medidas que han sido primordiales -los ERTE, las ayudas directas, los alivios fiscales...-, pero, obviamente, no podemos permitirnos dejar de ejecutar un solo euro de estos fondos Next Generation EU.

Por lo tanto, el voto a favor de este decreto ley de la Agrupación Socialista Gomera y el voto a favor también de que se tramite como proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.

Adelante.

El señor MARRERO MORALES: Buenas tardes.

El informe del Consejo Consultivo da el visto bueno a este decreto ley diciendo tanto que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias para regular el objeto del Decreto Ley 4/2021 y además aprecia la existencia de extraordinaria necesidad en su contenido normativo, y lo considera también ajustado a derecho. Por tanto, en líneas generales, el Consejo Consultivo coincide con el planteamiento que hizo el Gobierno a través de este decreto ley.

No obstante, hace un repaso a una serie de artículos, el Consejo Consultivo, planteando la necesidad de puntualizaciones y modificaciones formales, que no den lugar a equívocos ni posibles inseguridades jurídicas por la interpretación de algunos sinónimos o expresiones, corregirlas para mejorarlas. Por tanto, ya que la decisión es que lo tramitemos por el trámite abreviado, de urgencia, suponemos que ya integraremos la mayoría de las apreciaciones que se han hecho, que mejoren y que disipen la posibilidad de esas interpretaciones varias que podía haber por el uso de palabras incluso que no coincidían unas con otras a lo largo del decreto refiriéndose a lo mismo.

Tanto el Gobierno del Estado como el de Canarias pretenden una rápida recuperación de la actividad económica, impulsando la inversión pública y privada y apoyando al tejido productivo, contribuyendo a la creación de más empleo y que este sea decente y de calidad. Creo que en esencia eso es lo que mueve, ese es el núcleo fundamental, la idea poderosa que tiene este decreto, que es de alguna forma reactivar la economía.

Efectivamente, hay cuestiones de personal y hay alguna queja, que se manifestaba ya en el día de ayer, sobre el asunto de ciertas inseguridades o escasez de diálogo por la manera de producirse los decretos. Sin embargo, lo que hay que ver, a lo que hay que darle importancia es a que si hoy padecemos un déficit en las administraciones públicas es porque desde 2008 en adelante hubo unas políticas de recortes en la Administración pública, que aquí, aunque a algunos no les guste que se hable de este tema, pero es necesario saberlo; es decir, los recortes en las administraciones públicas trajeron consigo la idea de adelgazamiento de las administraciones públicas, porque había una idea fundamental, que era más mercado y menos Estado. Y entonces, ante esa idea, estaba claro que se avanzaba en la dirección de que las administraciones públicas tenían que ser lo mínimo indispensable para ir escapando, pero no necesariamente fortalecerlas. Y en esta situación estamos invirtiendo los términos, porque se están planteando las exigencias que se le hacen a lo público. Y, por tanto, la respuesta que se da desde este Gobierno de Canarias y desde el Gobierno del Estado es que hay que reforzar lo público, porque si no estamos por debajo de la media, muy por debajo de la media, en servidores públicos, a nivel de la Unión Europea y nos tenemos que asimilar al menos para que haya eficacia y eficiencia en lo que es el uso del erario público para el bienestar de la sociedad, y eso se hace a través de trabajadores y trabajadoras independientes que trabajan en las administraciones públicas. Con los cuales en estos momentos, ayer, estábamos tratando el tema del conflicto existente, porque hay 800 000 personas que están en situación de temporalidad, pues también porque durante años no se han puesto los medios suficientes para que esta gente de alguna forma fuera obteniendo fijeza en los plazos adecuados. O sea, ha habido una situación un poco de... Frente a aquellos que dicen que son unos magníficos gestores, pues, no... las consecuencias no vienen demostradas.

Pero, en definitiva, la cuestión está en que este decreto, la pretensión fundamental es que se vaya en línea con lo que es la cuestión del Plan Reactiva Canarias, que se cumpla con los ejes fundamentales que están ahí, que el dinero que venga de la Unión Europea y de los presupuestos generales del Estado y demás entre ahí bajo los ejes que estaban planteados, que era el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias, atención y apoyo a personas vulnerables, mantener y recuperar el empleo, impulsar la actividad económica, agilizar, simplificar las administraciones públicas, ganando en coordinación entre ellas, y fundamentalmente, en definitiva, todo esto bajo el criterio de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible.

Por tanto, creo que es necesario este decreto, el Consultivo también así lo ha visto y nosotros vamos a apoyar no solo su convalidación sino su pase para mejorarlo en la medida de lo posible, cuando lo hagamos por ese procedimiento abreviado en el mínimo tiempo posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marrero.

Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidente. Señorías.

Debatimos hoy aquí la convalidación de un decreto ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación. Estos fondos que a nivel estatal van a conformar el Plan España Puede: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno de España el día de ayer. Un plan que, tal y como manifesté también en el día de ayer, desde Nueva Canarias defendemos en su orientación del gasto, pero no en la escasa participación de las comunidades autónomas en su elaboración, máxime cuando sí que van a tener una participación muy activa en la gestión.

Un plan del que nos preocupa el elevado nivel de generalidad, la escasa concreción de sus actuaciones y la ausencia de territorialización. Pero cierto es que, a pesar de ese elevado nivel de indefinición del plan, no podemos obviar la importancia que para Canarias tienen los proyectos que el Gobierno de Canarias desarrollará en el marco de los fondos europeos de recuperación, proyectos fundamentalmente necesarios para contribuir a superar esta crisis e impactar favorablemente en la economía y en el empleo.

Pero también hemos de ser conscientes de que es en un corto plazo de tiempo en el que el Gobierno de Canarias tendrá que gestionar muchos cientos de millones de euros, adicionales además a los presupuestos propios del Gobierno de Canarias y además a los ingresos que nos vengan del Estado, lo que manifiestamente exige una acertada elección de las propuestas, una buena planificación y una gestión ágil y eficiente, y además lo menos burocratizada posible. Pero también un control adecuado del proceso y un cumplimiento estricto de las exigencias de la Unión Europea.

El Estado ya introdujo cambios legislativos a través del Real Decreto Ley 36/2020 y el Gobierno de Canarias con este decreto ley lo que hace es lo propio en su ámbito competencial para que nuestro archipiélago se encuentre en las mejores condiciones de gestionar estos fondos. Un decreto ley que es de autoorganización; un decreto ley que lo único que pretende es establecer estructuras provisionales de gobernanza, de gestión, de simplificación de los procedimientos de contratación, de los procedimientos de subvenciones y de los recursos humanos. No se habla en este decreto ley ni de planes ni de programas ni de proyectos.

Y desde el Grupo de Nueva Canarias entendemos que las medidas aprobadas por el Gobierno en el decreto ley que hoy convalidamos, dentro de su ámbito competencial, razonablemente permitirán que los recursos gestionados por el Gobierno, los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación, podrán contar con una planificación y una gestión rigurosas, pero a la vez flexible y eficiente, de manera que estos recursos puedan desplegar todas sus potencialidades y contribuir así a los cambios económicos y sociales que necesita esta tierra, siempre, por supuesto, en clave de sostenibilidad, de digitalización y de equidad.

En definitiva, señorías, tratamos de un decreto ley de medidas urgentes y provisionales que establezcan significativos cambios en el funcionamiento de la Administración, adaptando las normas a estas especiales circunstancias. Las medidas aprobadas se sustentan en cuatro pilares: el establecimiento del modelo de gobernanza; la gestión y la formación de los recursos humanos; las medidas de gestión presupuestaria, administrativa, contractual y de gestión de las subvenciones, y la simplificación en la tramitación de convenios con otras administraciones. Además también contiene dos medidas tributarias: la de la aplicación del tipo cero del IGIC para la importación y entrega de los congeladores especiales para la conservación adecuada de las vacunas y, además, también la del tipo cero del IGIC a las importaciones o entregas de mascarillas y de productos sanitarios para incluir determinados tipos de mascarillas que se habían omitido en el texto original.

Razón, todas estas, por la que desde Nueva Canarias vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto ley y, por supuesto, también de que se apruebe o que se tramite a través de un proyecto de ley, por las razones que antes ha manifestado el vicepresidente, simplemente, pues, eso, porque no se hurte la responsabilidad y las competencias de este Parlamento para hacer propuestas e introducir, si fuera necesario, modificaciones al mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.

Turno para el Grupo Popular. Don Carlos Ester.

Adelante.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

El Partido Popular también, y visto el criterio que van a adoptar también tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios que van a apoyar esta convalidación de decreto, va también a convalidarlo, pero también va a apoyarlo como proyecto de ley, porque entendemos que es necesario para mejorar este decreto ley que hoy nos trae aquí el Gobierno de Canarias. Que debería ser un decreto ley, señor Rodríguez, que sirviese como medio para destinar, de manera efectiva, los fondos que llegan a Canarias, y usted lo ha dicho, ha dicho textualmente: es el mecanismo de gobierno, de gestión, de control para poder realizar esos fondos, pero lo primero que este decreto ley traslada a simple vista es una gran falta de transparencia -ya lo dijo el señor Fdez. de la Puente, el señor portavoz del Grupo Mixto-, porque no cuenta bajo ningún concepto, señor Rodríguez, con ningún órgano de trabajo, que no es ni la sociedad civil ni las distintas fuerzas políticas, etcétera, etcétera, solamente el propio Gobierno es el que toma y decide a dónde van a ir, cómo van a ir esos fondos y qué proyectos van a tener en cuenta. Y, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es dar esa cabida y esa participación para que, de manera certera, podamos destinar lo mejor posible todos esos fondos que vienen a Canarias y no sea un decreto de "yo me lo guiso, yo me lo como", al final, y encima pueda llegar a ser incluso errático. Creo que debe ser un decreto plural y debemos contar con todo el mundo, y así lo ha dicho muchísimas veces el propio Partido Popular. Incluso nosotros, en el debate de la nacionalidad, presentamos una propuesta de resolución donde pedíamos la creación de una mesa de expertos para repartir los fondos europeos y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con respecto a este decreto ley, para crear, constituir, un órgano donde entre todo el mundo, entren las distintas fuerzas políticas, entren los distintos colectivos, los distintos miembros de la sociedad civil, patronales, empresarios, etcétera, y podamos desde luego hacer una mejor gestión de todos esos fondos europeos. Porque ahora Europa, más que nunca, está pidiendo transparencia. Europa, más que nunca, está pidiendo negociación, está pidiendo consenso y ustedes hacen todo, evidentemente, menos esto y para muestra un botón.

Y también tenemos que hacer un decreto ley, en este caso ya a través de proyecto de ley, que dé celeridad también a todos los mecanismos para ponerlos en funcionamiento.

Por otro lado, el Consejo Consultivo... hay que modificar, tiene veintitrés objeciones, sobre todo al articulado. Deben corregirse para dar sobre todo seguridad en las distintas acciones. Hace observaciones al personal temporal, a los actos directivos, a la emisión de los distintos informes que realiza el personal dedicado a ello. También observa remisiones, que no pueden sobrepasar diferentes legislaciones estatales, como la ley de transparencia, que debe hacerse referencia expresa y no lo hace en el artículo 8 de este propio decreto ley. O criterios de carácter también de contratación de personal, incluso la disposición adicional primera, que modifica o interpreta la modificación de la ley de la función pública, en contraposición con lo que viene incluso diciendo, a la hora de dar, bueno, estabilidad incluso en el empleo de Canarias, que tanto dice el señor Pérez y este decreto ley lo contradice.

Por lo tanto, señor Rodríguez, señores diputados, señorías, simplemente, el Grupo Popular va a apoyar la convalidación de este decreto ley, va a apoyar que sea a través de proyecto de ley para dar mucha más transparencia, mucha más celeridad y sobre todo para saber dónde van a ir y el mejor criterio para repartir esos fondos europeos, porque Canarias es una de las comunidades autónomas más perjudicadas por esta pandemia y debemos ser certeros a la hora de invertir, de recuperar su economía, de recuperar sus empresas y de recuperar también a la sociedad, que desde luego con esta pandemia ha quedado bastante tocada y hundida, y hay que hacer mucha más y mejor gestión.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señor Barragán.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

No se trata de que se hurte al Parlamento un debate. Hemos coincidido en más de una ocasión en que algún decreto ley pase el trámite del Parlamento y sea convalidado y no admitido su trámite como proyecto de ley porque vemos clara la urgencia de las cosas; se trata de que haya determinados temas que sí lo requieren, y este es uno de ellos, y me explicaré por qué. Primero, porque no es solamente, como ha dicho el vicepresidente, un simple decreto ley de gestión, de modelo de gobernanza de cómo se va a hacer, en este caso, la atención a los fondos europeos; no es solamente eso, no estamos solo ante una técnica de departamentos de cómo se articulan los fondos europeos. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que tiene que existir un mecanismo como este, lo reivindicamos en julio, si lo recuerdan, en el pacto de reactivación, lo introdujimos como enmiendas al pacto de reactivación cuando se puso aquí, o al Plan Reactiva, lo metimos de nuevo en la Ley de Presupuestos y llevamos insistiendo al Gobierno muchísimo tiempo en que este era un mecanismo necesario desde hace bastante tiempo.

Pero este documento, tal y como se ha planteado, tiene algunas deficiencias que a nuestro juicio hay que corregir. Una de ellas es también la parte política de este documento, de este decreto ley. Ya les hice la referencia en el pasado pleno de que solo hacía referencia a un acuerdo, a una declaración institucional del día 29 de mayo del año pasado. No, han pasado muchas cosas. Esa declaración institucional dio lugar a un acuerdo, a un pacto, el 30 de mayo, y dio lugar a un plan de reactivación, con quinientas y pico medidas, y que decíamos ahí que ahí se iban a tomar decisiones sobre los fondos de reactivación europeos y que era una hoja de ruta que estaba perfectamente alineada para acogernos a los fondos europeos y a los fondos del plan de reestructuración de España. Por lo tanto, es necesario, señorías, hacer esa referencia al plan de reactivación, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado ayer por el Gobierno, que es otra hoja de ruta que vamos a tener que seguir sí o sí, y nosotros creemos también que se debe hacer una referencia en el proceso de enmiendas a lo previsto en el Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de octubre, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Desde el punto de vista técnico, es bueno que la gente que va a redactar los planes estratégicos en cada consejería lo tenga en cuenta.

No existe ningún mecanismo de participación. ¿No les extraña? Si vemos el real decreto ley u otros decretos leyes de otras comunidades, ¿por qué hablan de mecanismos de participación? El Estado tiene las conferencias sectoriales y un mecanismo de participación de empresarios y sociedad civil organizada: ¿por qué no existe en este, si es el mecanismo que va a repartir los fondos? Y yo no les estoy pidiendo que cumplan en este caso la enmienda número 29 del Partido Popular, que aprobaron 50 diputados de este Parlamento, entre ellos ustedes, que decía que se tenía que crear un órgano de gestión y gobernanza con la oposición, con todos los grupos del Parlamento, una locura, pero fuimos los únicos que no votamos eso por coherencia. Ahora, sí debe existir algún mecanismo de conferencia sectorial para darles cabida a los cabildos y a los ayuntamientos, lo mismo que tiene el Estado con las comunidades autónomas, y, si no quieren eso, por lo menos utilizar algunos de los mecanismos en este caso de participación en la toma de decisiones. Y no estamos hablando de elegir los proyectos, eso corresponde al Gobierno una vez que tenga las decisiones, pero, hombre, la estrategia, si está alineada, si está alineada con el plan de reactivación en Canarias, si está alineada con lo que son los planes estratégicos de España, de los que podemos meter alguno de los proyectos en Canarias, sí, eso sí, y para eso tiene que existir un foro, y no hay absolutamente nada en el documento referente a esto.

Después, la otra referencia, vicepresidente, que le hice sobre los convenios y transparencia, en alguno de los dos sitios tienen que quedar reflejados los convenios.

Y después, en las necesidades de personal, las referencias a la función pública. Nos preocupa, nos preocupa, porque es verdad que los sindicatos no pueden recurrir la ley ni el decreto ley, pero sí que después, en la toma de decisiones, en las acciones para desarrollar este decreto ley... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

Si me da un minuto, termino, presidente.

El señor PRESIDENTE: Adelante.

El señor BARRAGÁN CABRERA: ... y nos preocupa que ahí podamos errar y que todo el avance que podamos conseguir se nos complique por no tener una buena sintonía con los representantes de los trabajadores a la hora de aplicar la parte que tiene que ver con la función pública, y ahí creo que hay algunas observaciones hechas por los sindicatos y alguna recomendación de seguridad jurídica hecha también por el Consejo Consultivo de Canarias que deberíamos tener en cuenta.

Y hago una última referencia al propio informe del dictamen del Consejo Consultivo. El dictamen del Consejo Consultivo, no se me vayan por los cerros de Úbeda simplemente diciendo que la comunidad autónoma tiene capacidad para desarrollar el real decreto ley, eso lo dicen todos, en todos los reales decretos leyes que llevamos, pero sí hay una serie de observaciones, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, alguna de ellas que incluso el Gobierno la debería tener en cuenta a la hora incluso de garantizar... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barragán.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Don Mauricio Roque tiene la palabra.

El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, señor vicepresidente, consejero.

El Gobierno de España ya aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que ya el reloj ha empezado a correr. En esta semana irá para que se apruebe en Bruselas y a partir de ahí, al menos hasta final del 2023, las diferentes administraciones públicas harán las convocatorias de concursos públicos, subvenciones, ayudas y las ayudas orientadas a cumplir los objetivos del plan de transición ecológica, digital, cohesión territorial, social e igualdad de género. En ese sentido, como ya ha expuesto el señor vicepresidente, de lo que se trata con este real decreto es de gestionar con eficacia y eficiencia los fondos que van a venir de Europa, dentro de un ámbito exclusivo de organización y gobernanza.

No se pueden hacer reformas legislativas al margen de los parlamentos. Por lo tanto, la participación en ese aspecto legislativo de todos los grupos de la Cámara está más que garantizada, porque hay que hacer reformas e inversiones.

En segundo lugar, la participación está asegurada. El artículo 50 del decreto ley la recoge; el artículo 5 del real decreto ley, Directrices de coordinación; el artículo 12, foros y grupos de alto nivel; el artículo 18, principios en los que se han de realizar estos proyectos; incluso tiene un capítulo VII que dice: instrumentos de participación. Por lo tanto, al ser el real decreto ley aprobado por el Gobierno de España de aplicación supletoria al decreto ley que estamos aprobando, convalidando en esta Cámara, son de aplicación todos y cada uno de esos artículos, porque son complementarios en su aplicación.

No obstante, también hay que recordar que cuando se firmó el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias no existían estos reglamentos, encontrándonos en un escenario ahora exhaustivamente diferenciado y definido por el marco jurídico europeo. Este marco viene enmarcado por dos reglamentos: uno del Consejo, de final del año pasado, y uno de febrero de este año, del Consejo y del Parlamento. No obstante, en ese sentido, si lo que les preocupa es la transparencia también y el control suficiente, vamos a dirigirnos a la casilla de salida del marco en el que nos encontramos, en un régimen de control, seguimiento, fiscalización exhaustivo y concluyente que puede originar hasta incluso la suspensión total y parcial de los compromisos de gasto por parte de la Comisión Europea, verbi gratia, amén de la Intervención General del Estado y la comunidad autónoma, de forma coordinada... Tenemos que, a más tardar, el 31 de octubre del año 2022, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre progresos realizados en la aplicación del instrumento y la utilización del apoyo asignado. Otro concepto que tenemos que ir asimilando es el de semestre europeo, el proceso establecido en el artículo2 bis del Reglamento 1466/97 del Consejo, que hace referencia al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas. El informe de Estado debe estar realizado dentro de este marco del semestre europeo.

Pero también tenemos que ir familiarizándonos con el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia. El cuadro de indicadores constituirá un sistema de información sobre el rendimiento del mecanismo. Aparte de eso, la Comisión realizará un informe ex post, es decir, después de realizarse todo el proceso, con la transparencia que se recoge en el reglamento europeo en los artículos 25 y 26.

Por lo tanto, podemos ir concluyendo que está todo recogido y realmente para lo que tenemos que trabajar es para tener un mecanismo. Y aprovecho para pedirles que, dada la complejidad técnica que supone articular la gobernanza de estos fondos, dejen de hacer -a la oposición- eslóganes engañosos sin fundamento ninguno con el único propósito de confundir, porque esto es un reglamento de gestión. No estamos en la fase, que esa será la siguiente que vendrá, determinada por una vez aprobado por Bruselas el plan presentado por España, que a partir de ahí tendremos que contestar a cuatro preguntas fundamentales: quién, cómo, dónde y cuándo, a través de reformas e inversiones. Para eso se han articulado diez políticas palanca y treinta componentes. Y todos los hitos, objetivos, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el calendario indicativo... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). Decía que tenemos que tener previsto un calendario indicativo para la realización de las reformas y las inversiones en los plazos, que finaliza para el mecanismo en el año 2026 y para el React-EU, en el año 2023.

Por lo tanto, de lo que nos tenemos que estar preocupando, y ahí llamo a todos los grupos de la Cámara, especialmente a los de la oposición, porque ya los del Gobierno estamos convencidos de esto, este proyecto de ley, que vamos a tratar por el carácter de urgencia, tendremos que darle este verdadero carácter de urgencia, a la hora del proyecto de ley, de tratarlo por el carácter de urgencia. ¿Por qué?, porque ya el trámite ya está, y el reloj, ya está corriendo y todo lo que hagamos tarde es solo en nuestro perjuicio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señorías, hemos finalizado los turnos de intervención. Llamo a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Ocupen sus escaños, señorías. Gracias, señorías. Ocupen sus escaños.

Vamos a votar la convalidación, como les decía, del decreto de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado Next Generation Unión Europea, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por el que se establecen medidas tributarias en el impuesto general indirecto canario para la lucha contra la COVID-19.

Señorías, votamos. (Pausa).

Señorías, gracias.

64 votos emitidos: ningún voto en contra, ninguna abstención y 64 votos a favor.

Queda convalidado por unanimidad el decreto.

Señorías, tal y como establece el Reglamento, una vez convalidado el decreto, consulto a la Cámara sobre la intención favorable o no a la tramitación del mismo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Señorías, votamos. (Pausa).

Gracias, señorías.

62 votos a favor, 2 votos en contra.

Por tanto, señorías, la Cámara ha aprobado la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

(La señora Alemán Ojeda solicita intervenir).

Sí, señora Alemán.

La señora ALEMÁN OJEDA (desde su escaño): Disculpe, presidente.

Ha habido un error en una de las votaciones de un miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Quisiera que constase que el voto era a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Son votos favorables, ¿no, señora Alemán?

La señora ALEMÁN OJEDA (desde su escaño): Sí.

El señor PRESIDENTE: Bien.

Pues, señorías, con la precisión que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como les digo, 62 votos a favor, 2 votos en contra, que ya ha quedado constancia de que son votos favorables a efectos del acta, señorías, la Cámara ha manifestado su parecer favorable a la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto convalidado.

Señorías, hemos agostado el orden del día, así que se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las catorce horas y cinco minutos).

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  • 10L/DL-0029 Sobre De medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19.