Diario de Sesiones 87/2021, de fecha 14/7/2021
Punto 11

10L/PNLP-0323 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI), SOBRE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD BAJO AMENAZA DE DESAHUCIO DE SUS VIVIENDAS POR LA ACCIÓN DE LOS DENOMINADOS FONDOS BUITRE.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

Continuamos con el punto 3.3 del orden del día, la proposición no de ley 323, sobre familias en situación de vulnerabilidad bajo amenaza de desahucio de sus viviendas por la acción de los denominados fondos buitre, a propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

Tiene la palabra la señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías.

Un recuerdo a los inspectores de Salud Pública, que llevan dos días amenizándonos el pleno. En este momento he podido hablar con ellos. Antes se sacaban los grupos que apoyan al Gobierno, se sacaban las fotos con ellos y echan de menos que alguien se hubiera acercado, ayer u hoy, a saludarlos. Lo que les pedimos es un esfuerzo de entendimiento y un esfuerzo para reunirse con ellos y poder encontrar una resolución al conflicto.

Señorías, 675 desahucios en Canarias en el primer trimestre de este año. Lo dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se lo comunicaban al Diputado del Común recientemente, y a este ritmo estiman que pueda haber más de dos mil seiscientos desahucios en este año.

La moratoria del Gobierno de España no ha sido efectiva. Ni el real decreto del 31 de marzo, que solo cubría los lanzamientos, los desahucios vinculados al COVID, ni la ampliación de diciembre, para algunos casos de ocupación y recuperación de viviendas, ni tampoco el decreto que amplió la medida hasta el 9 de agosto ha cumplido el objetivo de paralizar los desahucios.

El supuesto escudo social ha dejado fuera a cientos de familias, cientos de familias en Canarias. El propio consejero de Obras Públicas, en reciente comparecencia, mencionaba, reconocía que el Gobierno de Canarias había intervenido en los dos últimos años en 505 desahucios. Y mucho nos tememos que esta situación se agrave, porque la moratoria, que vence el 9 agosto, todavía no sabemos si se va a ampliar. El Gobierno de Canarias ha anunciado un posible decreto ley para tomar medidas al respecto. No sabemos qué competencia, con base en qué competencia, pero esto puede dar lugar, podríamos encontrarnos ante una auténtica avalancha de desahucios después de agosto.

Y en el peor de los casos, la amenaza de los desahucios viene de manos de los fondos buitre, la mayoría con sede en el extranjero, y también de entidades financieras, que aprovechando la crisis han copado el mercado inmobiliario y la solución habitacional de cientos de familias depende exclusivamente de la acción, está a la suerte de la acción de estos fondos buitre, cuyo único objetivo es la rentabilidad económica, el negocio, y poco les importa la situación de vulnerabilidad de las familias.

Como decíamos, en el peor de los casos están en manos de fondos buitre y prueba de ello son las diecisiete familias del número 42 de la subida de El Tablero, que están bajo la amenaza de desahucio por parte de la empresa de gestión inmobiliaria, propietaria de los inmuebles, Coral Homes, sociedad limitada, unipersonal, con un desahucio que estaba previsto para febrero, que se ha ido demorando, pero que sus habitantes viven con la amenaza de que sea inminente. La solución desde el Ayuntamiento de Santa Cruz que se planteó fue la misma solución que se tomó en el año 2019 por el Gobierno de Canarias, en la anterior legislatura, de adquirir las 358 viviendas en Añaza y ponerlas a disposición de sus titulares. La situación de estas familias de El Tablero es similar a la que presentaban las familias de Añaza y ya el ayuntamiento ha hecho los informes que certifican la vulnerabilidad de las familias. Desde el ayuntamiento, la junta de gobierno se dirigió al Gobierno de Canarias para que iniciara el proceso de negociación con la entidad Coral Homes, propietaria de las viviendas de la subida de El Tablero, para que intercediera y para negociar un precio justo para su adquisición. Se remitió una carta por el alcalde y se trasladaron los informes de vulnerabilidad, que certifican la vulnerabilidad de las familias. Y tenemos que lamentar, en el día de ayer, una reunión, que se tomó con mucha esperanza, en Presidencia del Gobierno para dar una solución a estas familias y la respuesta ha sido la completa decepción por parte de los afectados. El resumen es que no ha habido ni compromisos ni soluciones por parte del Gobierno, únicamente lo definen ellos como un parche, con esa promesa de un hipotético decreto ley que, en el caso de que el día 9 de agosto no haya una ampliación de esa moratoria, el Gobierno de Canarias haga algo, pero nada más, salieron con las manos vacías. Y ya son muchos meses de que el Gobierno de Canarias conoce esta situación, que le trasladó el Ayuntamiento de Santa Cruz, y las familias necesitan una respuesta.

Instrumentos hay, instrumentos hay. Como decía, ponía el ejemplo de las 358 viviendas de Añaza que el anterior Gobierno, en la anterior legislatura, adquirió y negoció con el fondo que las tenía. Además, en la pasada legislatura existía el programa Canarias + Viviendas x Familias, que sirvió también de parapeto y de apoyo para evitar la pérdida de vivienda y encontrar soluciones habitacionales alternativas para las familias afectadas. En esta legislatura, en el plan de viviendas, está el actual programa de Canarias Pro-Hogar. En definitiva, los mismos programas con distintas denominaciones y los mismos objetivos.

Lo que le pedimos al Gobierno a través de esta PNL es que busque una herramienta para identificar a las familias en trámite de desahucio y negociar con los fondos buitre, con las entidades tenedoras de las viviendas, la adquisición con un precio justo, porque el plan de viviendas también permite la adquisición de viviendas ya hechas o sin terminar para poner a disposición de las familias vulnerables.

Hemos llegado a un acuerdo con las enmiendas. Hay enmiendas presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno y enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Hemos llegado a un acuerdo de integrar todas las enmiendas. En definitiva, las enmiendas de los grupos que apoyan al Gobierno lo que hacían era desglosar el punto de la PNL en dos puntos e incorporaba trasladar al Poder Judicial para que haya una comunicación entre el Poder Judicial, los juzgados y el Gobierno de Canarias. Esto nos parece positivo, lo hemos incorporado. Hay ayuntamientos que no tienen la posibilidad de conocer los... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

Si me deja unos segundos...

El señor PRESIDENTE: Sí, concluya.

La señora BEATO CASTELLANO: ... de conocer, porque no todos los ayuntamientos tiene protocolos. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene un protocolo desde hace ya casi una década, el primero, el pionero en toda España, pero no todos los ayuntamientos lo tienen y, por lo tanto, es positivo ese instrumento de comunicación con los juzgados.

Pedimos al pleno el apoyo a esta proposición no de ley para encontrar solución a las familias en situación de vulnerabilidad y con amenazas de desahucio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.

Hay una enmienda conjunta presentada por los grupos parlamentarios de la Agrupación Socialista Gomera, Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Grupo Parlamentario Nueva Canarias y Grupo Parlamentario Socialista Canario. Supongo que van a intervenir todos los grupos (asentimiento).

Muy bien. Adelante.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente.

Señora Beato, le agradecemos que traiga esta iniciativa porque nos da la oportunidad, al Gobierno de Canarias también, de reafirmarnos en nuestro compromiso social en materia de vivienda y la defensa y la cobertura social en todas aquellas personas y familias que, por uno u otro motivo, pueden verse privadas de su vivienda habitual por un desahucio.

Obviamente, hemos hablando ya en el este Parlamento bastante sobre vivienda pero nunca es suficiente hasta que no esté solucionado el problema habitacional de cualquier ciudadano de Canarias. Es cierto que desde los primeros meses de la pandemia, debido a la nueva situación y a la crisis social y económica producida por esta COVID-19, desde el Gobierno de España se activó un escudo social para evitar que la gente que se viera afectada y, en situación de vulnerabilidad social, no fuera expulsada de sus hogares por parte de los propietarios de la vivienda, pero la realidad también es que ese escudo social, si nada lo remedia, se termina el 9 de agosto, y queda menos de un mes, y podría darse el caso de que se produjeran miles de desahucios en los meses y semanas posteriores, por lo que debemos estar preparados para actuar y en la medida de lo posible evitar que ese drama social llegue a ocurrir.

Usted sabe que las fuerzas políticas de este Parlamento hemos firmado un pacto social por la vivienda en Canarias y, además, todos los grupos parlamentarios juntos hemos aprobado un nuevo plan de vivienda en Canarias, lo que nos da el respaldo unánime para que, entre otras cosas, podamos solicitar al Gobierno de Canarias que actúe para evitar esos desahucios, que no han dejado de producirse, por desgracia, porque no todo el mundo está cubierto por ese escudo social del que hablábamos anteriormente.

Y el Gobierno coincide con usted en que es necesario reactivar algunas políticas sociales que se pusieron en marcha en la anterior legislatura, tanto por la señora Hernández como por la señora Valido, que ya les recordará más profundamente luego, cuando hable, seguramente también la señora Hernández. Conoce mucho mejor este tema que yo; de hecho, durante dos años, estuvo al frente del área de vivienda.

Creo que está claro que para conseguir que esta política de cobertura social a los desahucios sea efectiva lo que necesitamos es que se impliquen también, obviamente, todas las administraciones, pero son fundamentales los ayuntamientos para tener un diagnóstico real de esta situación y para ello la Fecam seguramente colaborará con auténtica solvencia al respecto. Creo que, aunque los ayuntamientos no conozcan la situación exacta de esos desahucios, sí conocen quizás, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, en qué situación se encuentra cada una de las familias, qué familias son más vulnerables y, por tanto, creo que también tener un mapa de esa situación puede ayudarnos. Y para que la política sea efectiva debemos intermediar con los fondos buitre y los grandes tenedores de viviendas para ponerlas a disposición de las familias vulnerables y así darles una solución habitacional lo más inmediata posible a esas personas que son desahuciadas y que lo necesitan realmente, así como para tener vivienda protegida.

Debemos también, creo que es fundamental, aumentar las posibilidades o la diversidad de endeudamiento de Visocan para esa adquisición, rehabilitación y construcción de vivienda pública y, sin duda, trabajar y dejar trabajar al Gobierno para que proteja de esta manera a los más vulnerables. Y en este sentido quiero agradecerle que haya aceptado las enmiendas, haya tenido ese talante negociador, porque al final creo que en este cometido nos une un mismo fin, y es que ningún canario o canaria quede desalojado o quede sin hogar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Bueno, la señora Beato, la diputada, la portavoz de Coalición Canaria, tiene razón cuando dice que en la práctica las medidas adoptadas no han surtido todo el efecto deseado en el decreto del que estamos hablando. Desgraciadamente... a veces los avances que se pretenden, los avances en las leyes, los avances democráticos, en definitiva, tienen obstáculos. No siempre las decisiones judiciales permiten los avances democráticos y, además, también, no siempre los bancos, que le deben a la ciudadanía -y se lo recuerdo nuevamente- unos ochenta y cinco mil millones de euros del anterior rescate, no actúan también con ningún tipo de condescendencia.

Yo creo que es necesario exigir el cumplimiento de este tipo de decretos y, sobre todo, ponernos en guardia respecto a lo que usted señala, los famosos fondos buitre, que efectivamente están, digamos, planeando sobre la pobreza, sobre las situaciones de las familias más vulnerables de una manera bastante incívica. Por lo tanto, considero que es necesario aportar todo el esfuerzo institucional posible para que estas injusticias no se cometan. Aquí se plantea una serie de propuestas y nosotros hemos planteado también algunas enmiendas.

Nosotros queríamos decir, de todas formas, que en la Ley de Vivienda de Canarias nuestra organización y otras también hemos planteado y está recogido el derecho de retracto y tanteo, que permite a las instituciones personarse con preferencia en los juicios y en los contenciosos para, digamos, hacer valer la presión institucional sobre la base de compra, sobre un precio, una tasación inicial, una tasación de base. Me parece que es necesario que este aspecto que está en la ley, y que yo creo que también tendríamos que seguir defendiéndolo en los próximos decretos, ejercerlo, porque a veces también las instituciones parece que se inhiben sobre este tema y me parece que es necesario reconocer este articulado sobre el derecho de retracto y tanteo, que nos da preferencia a las instituciones para comprar vivienda.

En segundo lugar, queríamos decir que también nosotros consideramos que las viviendas, para estar mejor protegidas, las viviendas de algún tipo de financiación pública, de protección, deberían estar en régimen de alquiler siempre, porque así están más protegidas y, digamos, las instituciones no pierden tampoco parque público.

Y luego, en tercer lugar, a nosotros nos parece interesante, y puesto que a veces el asesoramiento institucional no es el suficiente, que las familias que están a punto de ser desahuciadas -lo dije de una manera... con un dramatismo lógico-, las instituciones no están al pie del terreno a veces y me parece que es importante reconocer aquí el papel de las plataformas, digamos, las plataformas que hay de apoyo, las plataformas de asociaciones de vecinos contra los desahucios -la PAH, entre otras-. Nosotros consideramos que es importante apoyar desde las instituciones, bien sea con fondos públicos, bien sea con asesoramiento de todo tipo, facilitar los procesos, las personaciones de este tipo de plataformas, porque en el fondo son las que están en primera línea y las que llevan a cabo un montón de asesoramiento, además un asesoramiento sincero, como se ha demostrado en todos estos años que llevamos de desahucios desde la anterior crisis, que se pusieron de manifiesto, y a nosotros nos parece que es importante también que los poderes públicos apoyen este tipo de plataformas. Insisto, son movimientos sociales, movimientos vecinales, que están a pie de calle y, digamos, están ejerciendo, sin ánimo de lucro, un asesoramiento y un acompañamiento a muchas familias que lo necesitan. Y, por lo tanto, también tenemos que comprender el papel importante de la sociedad civil en este asunto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señora Hernández Jorge, tiene la palabra.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Realmente hoy tratamos el problema de los desahucios provocados por los fondos buitre, pero realmente el problema de los desahucios es más profundo y más grave, es un auténtico drama social en Canarias. Hoy, cada día hay una familia que pierde la vivienda porque no ha podido pagar el alquiler y no hay alternativa habitacional. Esa es nuestra realidad. Y viven hoy en infraviviendas, en coches, en casetas de campaña, hacinados, veinte personas en un piso de ochenta metros. Esa es nuestra realidad. Hemos puesto muchas esperanzas en el plan canario de vivienda, pero me temo que este plan está tropezando con las dificultades, las de siempre, las de una Administración lenta y burocrática, que hacen que la emergencia habitacional y el cumplimiento de un derecho constitucional como es vivir en una vivienda digna no se esté ejerciendo. Esto, además, lo vivimos como auténtico drama los municipios, porque no tenemos una, como le digo yo a los vecinos, no tengo una caja de llaves donde darle una vivienda al día siguiente y la Dirección General de Vivienda tampoco tiene alternativa habitacional. Por tanto, este es un problema serio al que tendremos que darle respuesta para ayer, que no puede esperar mucho más.

Y evidentemente a través de esta proposición no de ley pretendemos parar una parte pequeña, porque no es la causa más grave de desahucios que ha crecido a lo largo de los últimos años, que es la que lo provocan los fondos buitre.

Vamos a apoyar esta iniciativa, como no podía ser de otra manera. Tengo que decir que el punto número 1, donde se habla de trabajar con los ayuntamientos, ya los ayuntamientos trabajamos, de manera permanente, directamente con la Dirección General de Vivienda para buscarle soluciones a esta problemática. Permanentemente, por correo electrónico, con llamadas, con coordinación permanente de los técnicos, pero siempre nos encontramos con el mismo muro, que es que no hay viviendas, salvo para algunos programas que se han creado, como el Programa Pro-Hogar, pero que, al menos en algunas ciudades de gran población, no llegan a la problemática. Pero, bueno, nos parece que hay que intensificar, pero que ese no va a ser la solución al problema, es más complejo.

Y sí que nos parece importante la iniciativa del Gobierno, recientemente anunciada, de, dentro de nuestras competencias autonómicas, favorecer un decreto canario que complemente o sustituya, en el caso de que el estatal expire definitivamente, ese decreto para paralizar los desahucios.

Y esa coordinación que ya existe intensificarla con los juzgados, con el Poder Judicial, a través de Función Pública, para que los jueces sean sensibles y, a través de los informes sociales de vulnerabilidad oportunos, paralicen los desahucios de aquellas familias que acreditan, a través de los servicios sociales municipales -es otra tarea extra que tenemos-, que son familias vulnerables.

Insistir en que estamos ante, desde mi punto de vista, el problema social más grave que tiene hoy Canarias, entre otras razones porque la vivienda es un elemento fundamental para la estabilidad y para el proyecto de vida de las familias y de las personas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Doña Patricia Hernández tiene la palabra.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, valorar la conveniencia de esta iniciativa, que la verdad es que los grupos que apoyamos al Gobierno en algún momento hemos dicho, "bueno, esto se está haciendo", pero es verdad que, pues, igual hay que llegar a todos y por eso se añade "la Fecam", quitando municipios en concreto, por si algún municipio está más descolgado, y, en cualquier caso, no somos muchos de, como... (ininteligible) votamos que no. No, vamos a intentar complementarlo y mejorarlo.

Y creo que va por dos líneas. En primer lugar, abordar, afrontar, la situación de las personas cuando van a sufrir un desahucio o un lanzamiento. Decía la diputada Beato que hay instrumentos, apuntaba al ayuntamiento de Santa Cruz, un protocolo antidesahucios, pero yo que lo he vivido es, le pides un aplazamiento mientras el ayuntamiento busca una solución habitacional, y aquí estamos hablando de cuando ya está el lanzamiento fechado. Nuestra intención con esto era retomar un convenio que se estaba tramitando con el Consejo General del Poder Judicial para que, en el mismo momento en que se inicia, en el que el propietario de la vivienda la reclama, o todavía no y tendrán que decirlo los juzgados, sino cuando... (ininteligible) propiedad o de alquiler, cuando la reclama, cuando inicia el procedimiento, en ese preciso instante comunicarlo a las administraciones públicas, para que no estemos siempre al borde del abismo, para que tengamos unos meses para ver en qué situación está y, en fin, ganar procesos a... dar un solución habitacional muchas veces alternativa a esa vivienda. Porque es verdad, apuntaba, que ha seguido habiendo desahucios, a pesar de que hay un decreto que lo prohíbe y que ha sido modificado, porque al principio era para las personas que hayan visto mermados sus ingresos por la COVID y luego se fijaba superior a mil euros de ingresos... inferior a 1400 de ingresos, estaba amparado por eso, por ese decreto, y no se permitía ese lanzamiento. Bien, es verdad que necesitas un informe social, necesitas un informe social que te acreditara esa falta de ingresos y que igual, en algunos de los casos, que no lo sé, o falla, es el juzgado el que se lo comunicaba al ayuntamiento para hacer el informe social y sé de casos en los que nosotros hemos tenido que llamar al concejal, concejala de turno, porque se había, digamos, no se había sido lo suficientemente diligente en un tema tan serio. En cualquier caso, hay que analizar qué es lo que ha pasado para que, en el caso de que haya que tomar medidas, hay que reaccionar en coordinación administrativa, quien legisla, quien gobierna en un ámbito y quien gobierna en otro.

Para nosotros era importante que se añadiera no solo la cuestión de los llamados fondos buitre sino ampliárselo, y el grupo de Coalición Canaria ha tenido a bien, a tenedores de viviendas, porque es verdad que en este caso no estamos ante la posibilidad de retracto, porque fue un promotor inmobiliario que se lo llevó la crisis por delante, se lo quedó una entidad financiera o un promotor inmobiliario individual, se lo quedó la entidad financiera, que se lo vendió a un fondo buitre y este a su vez a otro fondo buitre, que ha impedido además, a mucha gente que tenía un alquiler, la posibilidad de renovar ese alquiler. Y, bueno, también estamos ante otros escenarios, ante otros casos.

Yo no tengo esa percepción de la información, doña Socorro, que nos dice el Gobierno. La información que leemos en los medios de comunicación es que se está planteando, en la adquisición de esas viviendas, en alquileres sociales, en fin, la información que nos trasladan a nosotros, y le debo decir que yo... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -muchas gracias-, del día de ayer a hoy no he tenido la oportunidad de hablar con los vecinos, pero la información que nos trasladan es alquiler social, adquisición de las viviendas, que se están negociando y que luego, por supuesto, estamos hablando de ponerlas a disposición de las familias vulnerables y seguro que el informe social le puede acreditar y también, por supuesto, que sean demandantes de vivienda.

Yo creo que la moción deja claro que todos vamos en el mismo camino, que no es un camino fácil, pero que...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández.

Hemos finalizado los turnos de intervención de los grupos enmendantes de la enmienda conjunta, falta una enmienda del Grupo Popular.

Señora Beato...

Vamos a ver, falta una enmienda, hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, tiene turno de intervención. Por tanto, señor Domínguez, le doy la palabra.

Como veo que la señora Beato... Entiendo que hay una transaccional, ¿no?

Adelante, señor Domínguez.

El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Bueno, si las palabras expresadas por la portavoz de Nueva Canarias hubiesen sido mías, dirían que las digo porque soy la oposición, pero que vengan del lado de un grupo que apoya al Gobierno me parece, pues, no sé si de aplaudir o de agradecer, porque la sensatez se ha impuesto ante el afán de defender lo indefendible.

Ante esa situación, y las veces que he podido subir aquí a hablar de vivienda, lo que hemos dicho es que en la última década, y ahora a eso le voy a añadir más dos años, que son los de este Gobierno, en materia de vivienda hay que dar un gran suspenso, porque se ha reconocido en múltiples ocasiones que el grave problema es que no existen viviendas, que ni se han construido ni se han adquirido ni se han negociado. Y, por lo tanto, yo coincido con que en esta tierra, en Canarias, uno de los principales problemas sociales es la falta de viviendas y que hoy en día los ayuntamientos nos encontramos cubriéndole las espaldas al Gobierno porque no da respuesta. Sí dan respuesta, perdón, la respuesta es, "no nos ha dado tiempo en dos años, no hemos podido hacer nada, la culpa es del Gobierno anterior", del que también formaban parte, y quiero recordarlo con responsabilidad.

Miren, lo que creemos desde el Grupo Popular es que este real decreto, este paraguas, esta situación de protección ha fracasado, ha fracasado para el inquilino y para el arrendador, para el arrendatario y para el propietario, porque, fíjense en un dato, solo en el primer trimestre del año en Canarias ha habido más de seiscientos setenta y cinco desahucios. Es verdad que si buscamos dentro de esos 675 no está el más importante, que es el del Gobierno de Canarias, al que debieron haber desahuciado hace ya mucho tiempo. Porque si este es el principal problema social y no se ha dado respuesta, ¿qué es lo que se debería hacer? Desahuciarles. Y lo digo muy en serio, porque la situación actual es que durante dos años se ha venido hablando de "vamos a hacer, vamos a proponer, tenemos recursos, estamos preparados, en breve saldrán las ayudas a", y ayer el señor consejero respondía a una pregunta mía en la que reconocía que no se ha dado ni una sola ayuda al arrendador. Por lo tanto, ni a unos ni a otros. Se está desahuciando a las familias hoy en día y se está convirtiendo en vulnerables a los propietarios de las viviendas. Eso es un fracaso absoluto de este Gobierno. Por lo tanto, creo que es sumamente oportuna esta proposición no de ley, es sumamente oportuno este debate.

Y quiero agradecer a la proponente que haya aceptado las enmiendas, y las enmiendas van en la línea de que se atienda esa amplia lista que, a pesar de ir renovando con el tiempo para aminorarla, es sumamente amplia en cuanto a demandantes de vivienda se refiere.

Creo que es sumamente importante que algunos compren calculadoras para calcular bien cuáles son los datos y otros se tomen en serio el hecho de que la vivienda es el principal problema social que vive Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domínguez.

Por tanto, hay una enmienda transada, que ha sido facilitada a los servicios de la Cámara. Por lo tanto, señorías, hemos finalizado el debate y llamo a votación. (El presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Muchas gracias, señorías. Ocupen sus escaños.

Bien, señorías, votamos. (Pausa).

Gracias, señorías. Silencio, por favor.

59 votos emitidos: ningún voto en contra, ninguna abstención y 59 votos a favor.

Queda aprobada la proposición no de ley por unanimidad.

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