Diario de Sesiones 90, de fecha 17/8/2021
Punto 1
10L/DL-0035 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CUBRIR EL COSTE DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES SOPORTADO POR EMPRESAS TITULARES DE LA EXPLOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO DE CANARIAS, AFECTADAS POR LA CRISIS DERIVADA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, Y POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO LEY 9/2021, DE 28 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO A CAUSA DE LA COVID-19.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos, señorías, con esta sesión plenaria, con el orden del día, que tiene, como ya saben y consta en la convocatoria, punto del orden del día, la convalidación o derogación de decretos leyes. En este caso, el Decreto Ley 0035, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del impuesto de bienes inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, y por el que se modifica el Decreto Ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19.
Gracias, señorías.
Comenzamos, como saben, con turno de intervención a cargo del Gobierno para la explicación y defensa del decreto.
Tiene la palabra la señora consejera.
Cuando usted quiera, señora consejera. Adelante.
La señora CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO (Castilla Herrera): Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Hoy comparezco ante ustedes para dar cuenta de un decreto ley que sometemos, como no puede ser de otra manera, a su convalidación en esta Cámara. Un decreto ley aprobado en Consejo de Gobierno, en sesión del 22 de julio, que viene a regular la concesión directa de subvenciones a los alojamientos turísticos, en el sentido de lo que es la cuota que ellos paguen por el IBI correspondiente al ejercicio 2021. Una medida para la que se dispuso desde la Consejería de Hacienda de una transferencia de crédito de 63 millones de euros a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, desde donde nos encargaremos de gestionar todas estas ayudas por concurrencia no competitiva, de forma que serán atendidas siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos exigidos y también por orden de entrada y hasta agotar los recursos existentes. Como saben, la concurrencia no competitiva es un procedimiento sumamente ágil que permite la tramitación de un número elevado de solicitudes en tiempo récord, lo que resulta además coherente con la necesidad perentoria que pretendemos solventar con este decreto ley.
La propuesta de este decreto ley que sometemos a su consideración se fundamenta en la grave situación por la que atraviesan las empresas del sector turístico alojativo en Canarias y que podemos además observar en tres aspectos fundamentales: una enorme pérdida de ingresos, graves problemas de liquidez y, lo que es aún más importante, una tremenda merma de empleo.
Como ustedes recordarán, el Plan Reactiva Canarias, en el punto 5.4, establecía la necesidad de establecer medidas de apoyo a las empresas a fondo perdido y a través de subvenciones directas. Al respecto, también en este sentido cabe recordar que las empresas de alojamientos turísticos de Canarias no fueron incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones a las pymes y autónomos. Por este motivo se acordó el compromiso de ayudar a este sector en este sentido, gravemente afectado por la paralización de la llegada de turistas. Paralización de la llegada de turistas que, como muchos de ustedes saben, hay en torno al treinta por ciento de la planta alojativa que no ha abierto y, por otro lado, aquellos que han abierto lo han hecho siguiendo, aún en cuestión de mínimos, siguiendo con el cumplimiento de sus obligaciones de costes fijos y con independencia de la actividad que pudieran tener en cada momento, y entre ellos, por ejemplo, el pago de los impuestos locales, como en este caso los municipales, y el impuesto del IBI, que es el que nos trae aquí a colación.
En este sentido me gustaría hacer un alto en el camino, porque me gustaría recordarle a sus señorías las siguientes cuestiones: que esta es una medida consensuada con el sector, así como el momento en el que se produce, y me explico. Pese a que esta medida se anunció a principios de año, también se acordó con el sector, a raíz de que nos llegaron los 1144 millones de euros y teniendo en cuenta que dentro de esos 1144 millones de euros se podría cubrir el IBI correspondiente al año 2020, se acordó, en el momento de la reprogramación de los 80 millones de euros, que lo lógico sería que a partir de ahora, se acordó con ellos, en tiempo y forma, que este decreto ley viniera a suplir el abono de ese IBI del año 2021, en este sentido.
Y, por otro lado, me gustaría también aclarar, por algunas declaraciones que he visto hoy en prensa, que es necesario, conforme a la Ley General de Subvenciones, para poder pagar el IBI, que este haya sido abonado previamente en tiempo y forma a las administraciones locales competentes, para poder ser considerado como un gasto subvencionable en tiempo y forma y que, por tanto, la administración competente pueda dar este tipo de ayudas como las que pretendemos.
Por eso hemos articulado esta medida específica para este sector de concesión directa de subvenciones con la finalidad de inyectar liquidez a un sector gravemente afectado, como es el del alojamiento turístico, destinada fundamentalmente a cubrir el coste de la cuota líquida o íntegra, en su caso -depende de...-, devengada el 1 de enero de 2021, pero correspondiente al ejercicio 2021, que, como bien ustedes saben, grava el valor del inmueble en este sentido, también tienen que estar localizados los inmuebles en el archipiélago de Canarias; y, por otro lado, tienen que estar afectos al desarrollo de la actividad de alojamiento turístico, tanto en su modalidad hotelera como extrahotelera, y, por tanto, también haber sido abonado previamente a la administración local competente.
En este sentido podrán optar a esta línea de ayudas los titulares de empresas que desarrollen de forma principal algunas de las actividades que se contemplan en los siguientes CNAE; por ejemplo, los CNAE 5510, de hoteles y alojamientos similares; 5520, de alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. Y además deben estar inscritos en el Registro General Turístico antes del 15 de marzo de 2020, por razones obvias que todos conocemos. Con estas condiciones, nosotros consideramos que estarán en torno a dos mil quinientas-tres mil empresas las que puedan beneficiarse de esta convocatoria.
Las subvenciones previstas por este decreto ley se acogen, entre otras normativas vigentes, al Marco Nacional Temporal, relativo a las medidas de ayudas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID, aprobado mediante Decisión del Parlamento Europeo, de 2 de abril, al amparo del Marco Temporal Europeo, así como de sus sucesivas modificaciones normativas. Por lo tanto, entre los requisitos hay que tener en cuenta que para acceder a esta convocatoria las empresas deberán acreditar haber sufrido al menos o más del 30 % de una reducción respecto al volumen de operaciones del año 2019. Y también hay que destacar que la ayuda con cargo a este programa podrá llegar al 100 % de la cuota, si ha sido abonada, y siempre y cuando no esté cubierta por otras fuentes, como pueden ser seguros o como por otras ayudas derivadas del marco temporal del que estamos hablando.
Asimismo, esta subvención también debe cumplir con el condicionante del límite máximo de fondos al que se puede optar por empresas, puesto que, como saben, están sujetas a los marcos temporales nacionales y europeos.
Y los beneficiarios de subvenciones directas deberán acreditar en su petición, bajo declaración responsable, los siguientes extremos: por un lado, o bien que no superan el importe máximo de 1 800 000 euros por empresas en la totalidad de subvenciones recibidas directas en esta u otra convocatoria con cargo al marco temporal, o, por otro lado, si se han acogido a la modalidad de ayudas en forma de costes fijos no cubiertos, hasta un tope de 10 millones de euros en la suma de los apoyos recibidos, y siempre que no se supere el 70 % de los costes fijos no cubiertos, salvo en el caso de las pequeñas y microempresas que tienen el tope del 90 %.
Por otro lado, el plazo de presentación de solicitudes, que se realizará exclusivamente de forma electrónica, será de 25 días naturales, para lo que está previsto, si no pasa, que se inicie el 10 de septiembre de este año y finalice el 4 de octubre de 2021, ambos días inclusive.
La subvención consistirá en un único pago, cuyo abono se realizará previa justificación de su abono ante la administración competente de los requisitos exigidos.
En el caso de que la persona beneficiaria... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -muchas gracias-, en el caso de que la persona beneficiaria de la subvención no se corresponda con el sujeto pasivo del impuesto, este deberá acreditar, además de justificar su abono y los requisitos, que el impuesto lo soporta de forma directa o indirecta.
Y, por último, tal y como consta en el enunciado de esta comparecencia, el Gobierno ha aprovechado también la estructura de este decreto ley para modificar, en su disposición adicional primera, determinados preceptos del Decreto Ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, conforme a lo señalado por el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del 12 de julio, fundamentalmente en aspectos señalados como el salario mínimo interprofesional y otra variante que tiene que tener en cuenta la misma como tope para tenerlo en consideración y evaluar cada situación.
Por lo tanto, sometemos a su convalidación el presente decreto ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.
Comenzamos con los turnos correspondientes a los grupos parlamentarios.
Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor don Ricardo Fdez. de la Puente.
El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente. Señora consejera, señorías.
Déjenme empezar con tres frases hechas del acervo popular: nunca es tarde si la dicha es buena, bien está lo que bien termina y no hay Gobierno que cien años dure.
El decreto que hoy se trae a este Parlamento viene a dar respuesta a una petición que el sector hizo hace más de un año, cuando demandaba auxilio por señas ante el tsunami que se avecinaba en forma de crisis consecuencia de la COVID-19. El sector pedía ayuda a todos los niveles para evitar cierres y pérdidas de empleo ante lo que se convirtió en un cero turístico durante muchos meses, sin ingresos de ningún tipo y teniendo que hacer frente a costes fijos, como la tasa de basura, la luz, el agua, seguros, el impuesto de bienes inmuebles -el IBI-.
El sector solicitaba medidas concretas a los ayuntamientos para poder mantener las explotaciones, lo mismo que se demandaba a cabildos, lo mismo que al Gobierno de Canarias o al de España, cada uno en su ámbito, para que se pudiese ayudar, ya que esta situación así lo requería.
Como ya he dicho en múltiples ocasiones en este mismo Parlamento, la situación no ha mejorado, pese a los continuos anuncios que desde el Gobierno de Canarias se han hecho, especialmente por parte de su consejera de Turismo, pero también por parte de su presidente, don Ángel Víctor Torres. Claro que tampoco nos podemos olvidar de la ministra de Turismo, también, que ha anunciado en múltiples y reiteradas ocasiones ocasiones, todas ellas adornadas con bonitos titulares, pero que todas ellas han sido fallidas.
Ateniéndonos a los datos de empresas inscritas en la Seguridad Social según actividades económicas turísticas, publicados por el Istac, se constata que, tras la fuerte caída en marzo de 2020, el sector todavía acusa el golpe de la pandemia. Así, en diciembre de 2019 se registraba un total, incluyendo tanto personas físicas como jurídicas, de 16 161 empresas turísticas en Canarias, un 20 % del total de las empresas, que ascendían a 61 947. En marzo de 2020, con el estallido de la crisis del coronavirus, el número de empresas que desarrollaron alguna actividad turística descendió en un 14,2 %, 2295 empresas menos, en términos absolutos, frente al -8,7 % del total de actividades.
El sector de los establecimientos turísticos ha sido uno de los sectores más golpeados, tanto en los compases iniciales de la pandemia como en los rebrotes posteriores. Si bien los indicadores apuntan a una recuperación del sector, esta todavía es débil e insuficiente para recuperar los niveles previos a la pandemia. Además, se encuentra sujeta a incertidumbres, como el avance de las nuevas cepas del coronavirus, las nuevas restricciones a la movilidad o la evolución de la vacunación. Por ello es previsible que la recuperación no se produzca hasta el último trimestre de este año, en el inicio de la temporada de invierno 2021-2022 turística, poniendo todavía en riesgo la solvencia y liquidez de muchas empresas del sector.
Entrando en el decreto ley que hoy nos ocupa, algunas consideraciones. En primer lugar, una de las restricciones que evita que las empresas puedan acceder a las subvenciones es estar al corriente de los pagos a Hacienda y la Seguridad Social. En este caso, entendemos que es esencial mantener las obligaciones con las administraciones públicas, pero también debemos ser magnánimos ante las diversas realidades que ha dejado la pandemia y no podemos olvidar que las restricciones impuestas por la COVID-19 han sido declaradas recientemente inconstitucionales. Es por ello por lo que se debería permitir el acceso a estas ayudas a aquellas sociedades que, desde la irrupción de la pandemia, hubiesen cumplido con sus pagos a las administraciones públicas.
En segundo lugar, queremos citar a aquellas empresas que estuvieron activas en 2020, que cumplieron con sus obligaciones y demostraron su viabilidad económica antes de la pandemia, pero se han visto incapaces de subsistir, viéndose abocadas al cierre. Estas sociedades deberían poder beneficiarse de esta subvención para poder aspirar a continuar nuevamente con el negocio.
En tercer lugar, existen requisitos restrictivos que no afectan por igual a todas las empresas. En este caso me refiero a aquellas empresas que no han tenido un descenso de facturación superior al 30%, pero sí han sufrido pérdidas y han tenido un descenso importante en el volumen de sus operaciones. Se debería también establecer un descenso de facturación variable.
En cuarto lugar, la existencia de empresas que realizan diversas actividades económicas y cumplen con los requisitos esenciales, salvo que su actividad principal no es la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento, sino que es una actividad secundaria que reporta un volumen de operaciones a la empresa.
En otro orden de cosas, es necesario también nombrar a aquellas sociedades que decidieron incorporar otras actividades económicas en 2020 para incrementar su volumen de operaciones y subsistir como empresa, pero que no pudieron acceder actualmente a la subvención porque las restricciones del descenso del 30 % así lo impiden.
De la misma forma, cabe destacar que existen numerosas sociedades que han tenido que soportar el pago de impuesto de bienes inmuebles, pero no pueden percibir esta ayuda dado que únicamente está destinada a la explotación de alojamientos turísticos, por ejemplo, actividades destinadas a la cultura o al deporte. Es necesario, por tanto, plantear que aquellas actividades económicas donde la mayoría de su importe neto de cifra de negocio dependa directamente de la actividad turística también puedan acceder a estas líneas de ayudas.
Finalmente -y voy terminando, señor presidente-, aquellas empresas que hayan realizado proyectos de inversión para poder mejorar el rendimiento a largo plazo de la empresa, donde se pueda demostrar que la inversión conlleva varios años para poder recuperar los recursos gestionados y que en el pasado tuvieron varios ejercicios positivos, demostrando así, por tanto, su viabilidad económica, empresarial, estas también deberían ser beneficiarias de esta subvención. Además, se estaría apoyando a aquellas empresas que decidieron arriesgar su patrimonio para mejorar sus prestaciones como entidad y fomentar la incorporación de agentes... de empleo al mercado laboral.
Señorías, este decreto ley es evidentemente una ayuda para buena parte del sector turístico canario, pero deja fuera actividades igualmente vinculadas con la marcha del turismo, que no pueden acceder a esta ayuda.
Este decreto ley es evidentemente mejorable y por eso nos gustaría que fuese tramitado también como proyecto de ley. Ciudadanos votará a favor de la convalidación del mismo, pero espero que se tenga en cuenta en próximos decretos la necesidad de dar respuesta a los que hoy no pueden beneficiarse de esta ayuda, pese a sufrir las consecuencias y la restricciones por la COVID-19 y por el cero turístico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ricardo.
La palabra para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.
Adelante.
El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías, muy buenos días, señor presidente; también muy buenos días, señora consejera y señor consejero.
Me alegra verlos a todos bien y volverlos a ver, y obviamente yo creo que este pleno está más que justificado, este pleno extraordinario, precisamente por la importancia que tiene el turismo en nuestra economía. Y precisamente este decreto ley que estamos tratando se refiere a dos cuestiones de bastante importancia. La primera es la concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del impuesto de bienes inmuebles de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias afectados por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. Hablamos de una cantidad de 63 millones de euros, pero con la posibilidad de ser ampliable.
El IBI es un impuesto municipal al que están obligados y que le supone un coste importante a la hostelería, y a pesar de todos estos meses en los que han tenido que sufrir estos establecimientos una reducción de la afluencia de clientes y, por supuesto, también ese cero turístico que hemos tenido que vivir, y también la baja actividad del sector debido precisamente a la COVID-19.
Hablamos de una demanda que nos hizo precisamente el sector, como usted decía, señora consejera, y desde mediados del año pasado ya lo venían reivindicando y en la mayoría del arco parlamentario todos hemos estado de acuerdo. Se ha estado negociando con los ayuntamientos y se ha decidido financiar el coste con recursos propios, porque las entidades locales han tenido ya un importante recorte en la recaudación y no se les podía pedir un esfuerzo adicional. Creo que es de aplaudir que lo haya asumido este Gobierno de Canarias, y no olvidemos que son precisamente también esos municipios turísticos los que más han visto mermada también su recaudación.
En este año, desde finales de enero se estaba buscando una salida operativa a la tramitación de estas subvenciones directas, primero se intentó a través de la Consejería de Hacienda, que ha tenido problemas de operativa, y ahora finalmente se hará a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, y se ha planificado su gestión a través del uso de tecnologías digitales, de forma que estas subvenciones tengan una tramitación más ágil y lleguen cuanto antes a las empresas.
El decreto ley es muy completo e impecable jurídicamente y regula, como es obvio, cuestiones como el objeto y finalidad, pero también el régimen jurídico de estas subvenciones directas, las empresas beneficiarias y sus obligaciones, la cuantía de las subvenciones, la financiación y el destino, además también de fijar las entidades colaboradoras. Además, regula también las condiciones para la justificación y, en su caso, el reintegro de las subvenciones, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos, la compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones, así como el régimen aplicable a la prescripción y a las infracciones y sanciones, además de establecer en las disposiciones finales segunda y tercera las facultades de desarrollo y establecer también la entrada en vigor del presente decreto ley.
Por otro lado, la segunda cuestión que regula este decreto ley es que, siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo de Canarias, se corrigen determinados preceptos del Decreto Ley 9/2021, del 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19.
Una de las modificaciones es la corrección de apartado 3 del artículo 6 del citado Decreto Ley 9/2021, suprimiendo la referencia de "salario correspondiente neto previo al ERTE" por la de "salario mínimo interprofesional", que viene a ser la referencia base que se toma en consideración en el citado Decreto Ley 9/2021, tanto en su exposición de motivos como también en su contenido.
Y se añade igualmente en dicho apartado, como parámetro a tener en cuenta, la base reguladora a que hace referencia el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al ser una variable cuantitativa que determinará que el mayor importe de la subvención a otorgar vaya dirigida al colectivo más vulnerable.
Las modificaciones previstas en el Decreto Ley 9/2021 son urgentes, pues había que acometerlas antes de que se terminara el plazo de concesión y resolución de estas subvenciones, que se fijaba en solo tres meses, por lo que se ha usado esta vía como la más adecuada para que las personas en situación de vulnerabilidad que estén en ERTE no tengan ninguna complicación en la obtención de estas cantidades.
Y, señorías, termino agradeciendo desde nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, la implicación y responsabilidad de todos los grupos a la hora de tramitar este decreto ley urgente, a pesar de las fechas estivales en las que nos encontramos, y esperamos que se convalide y que pueda desplegar sus efectos de forma ágil para dar cobertura a las empresas y personas que más lo necesitan en estos momentos.
Y en cuanto a las apreciaciones del Consultivo, las ponemos en consideración y este órgano claramente se manifiesta a favor de la urgencia y la necesidad del decreto ley, por lo que pediremos su mera convalidación y no su tramitación como proyecto de ley, ya que la resolución de las subvenciones será en breve, y además para no poner en riesgo también la modificación que hacemos del Decreto Ley 9/2021, ya que son urgentes y estábamos hablando de un plazo de tres meses.
Por tanto, creo que es acertado tramitarlo únicamente como, ya dije, como decreto ley, convalidarlo, y agradecerles a todos que estén hoy aquí, como ya dije anteriormente, me alegro de verlos. Espero que estas medidas realmente ayuden a incentivar el sector turístico, obviamente dependen de todo tipo de ayudas, esta es una de ellas. Seguiremos trabajando en buscar cualesquiera otros apoyos, cualquier otra medida, en lo que podamos seguir impulsando al sector de la hostelería en general, y que obviamente muchísimos puestos de trabajo de canarias y canarios dependen de que este sector se reactive, y en ese cometido está este Gobierno de Canarias y por supuesto con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.
Adelante.
El señor MARRERO MORALES: Buenos días, señorías. Buenos días, señor y señora consejera. Buenos días, señor presidente.
Este decreto ley que hoy vamos a convalidar cumple, plantea dos objetivos. Uno de ellos es la concesión directa de subvenciones para cubrir el coste del IBI de empresas turísticas de alojamientos afectados por la COVID-19 y el otro es la cuestión de modificar un decreto ley, el 9/2021, por recomendación del Consultivo, por el que se regulan las subvenciones directas a las personas trabajadoras ajenas afectadas por ERTE.
Está claro que este Gobierno, tanto el del Estado como el de Canarias, ha planteado, a lo largo de medidas diversas, su preocupación por el empleo, por la liquidez y por la recuperación de la economía, que a su vez va a generar de nuevo cierta estabilidad en el empleo y, por tanto, también mayores beneficios de carácter social.
Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. Eso nos dice la Ley General de Subvenciones, la Ley 38 de 2003, y este decreto pretende acudir a subvencionar algo que ya las empresas han financiado a partir del 1 de enero de 2021. El IBI, al ser un impuesto directo dentro del sistema tributario local, es un impuesto subvencionable, de manera concreta, en esta situación, con carácter excepcional.
La COVID-19 ha ocasionado, por la falta de actividad económica, entre otros perjuicios, falta de liquidez en muchas de las empresas y eso ha motivado que haya ayudas del Estado. Por tanto, con el amparo de las decisiones de la Unión Europea, trasladado al Estado español a través de reales decretos y traspuesto en Canarias mediante diversos decretos leyes, se podrán conceder ayudas temporales a empresas y personas autónomas. Y además, para su tramitación, se ha optado por el régimen de concesión directa y sin convocatoria, es decir, atendiendo al orden de entrada de las solicitudes hasta que se agoten las existencias, Régimen de concurrencia no competitiva que podría ser más ágil, como decía la consejera en su intervención.
La corrección referida a los ERTE del Decreto Ley 9/2021, por el que se regulan las subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por ERTE a causa de la COVID, es, como decía anteriormente, una recomendación del Consultivo respecto a dicho decreto que viene recogida en este y que hace referencia al salario mínimo interprofesional, de tal forma que el cómputo total de la prestación contributiva máxima por desempleo mensual bruta y del importe de la subvención que le corresponda, prorrateada mensualmente, no podrá ser superior al salario mínimo interprofesional.
En el caso del informe del Consultivo referido a este decreto no aparecen objeciones importantes, más allá de algunas correcciones formales, cuantía total de las subvenciones, reconoce los informes favorables de los diversos órganos del Gobierno en los informes que se adjuntan; y cuenta además, según el Consultivo, con todos los requisitos necesarios: justificación de las medidas, concurrencia del presupuesto habilitante, efectos económicos y sociales, evaluación del impacto económico de las empresas y su entorno, evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos autonómicos, impacto sobre fiscalidad, recursos humanos, estructura organizativa, por razón de género, sobre infancia y adolescencia, sobre la familia y por razón de cambio climático.
El marco en el que se produce este decreto es la incidencia de la COVID-19 sobre nuestra economía y directamente sobre el sector del alojamiento turístico no incluido en anteriores decretos, lo que representaba , antes de comenzar esta pandemia, el 35 % del PIB y el 40 % del empleo, y que se ha visto afectado en el último año por un descenso de visitantes, que llegó a ser cercano al noventa por ciento.
También se recoge en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, consensuado con las organizaciones más representativas de la sociedad canaria, que establece, en su punto 5.4, la necesidad de implementar medidas de apoyo a las empresas a fondo perdido, a modo de subvenciones, para hacer frente a la crisis y que han tenido que sufragar pese a la nula o la reducida actividad de sus empresas, y el IBI devengado el 1 de enero de 2021 es una de ellas.
Esto se ha hecho junto con medidas de apoyo al mantenimiento del empleo en las empresas y en las personas autónomas, medidas de carácter fiscal, etcétera, tanto por el Gobierno del Estado como el de Canarias, lo cual ya se hizo con los 84 millones de euros procedentes de los fondos React-EU, donde no se incluyó al sector del alojamiento turístico. Y del mismo modo de los 7000 millones que el Estado distribuyó en su momento para apoyar la subvención empresarial en líneas de ayudas directas a autónomos y empresas a Canarias le correspondieron 1144 millones, que fue la mayor dotación de las comunidades autónomas.
El informe del Consultivo concluye que la comunidad autónoma ostenta competencias suficientes para desarrollar lo previsto en este decreto, y así hace referencia al artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía, por el cual se regula el régimen general de ayudas y subvenciones; también concluye que la comunidad autónoma ostenta la habilitación jurídica suficiente para el contenido de este decreto; se entiende, según el Consultivo, que está motivada la concurrencia de la situación de urgente y extraordinaria necesidad como presupuesto habilitante para el desarrollo de este decreto ley; se entiende también que existe adecuación entre la urgencia definida y la medida concreta a adoptar; no sobrepasa tampoco los límites materiales, no afectando a institución ni norma alguna que requiera mayorías cualificadas para su modificación.
En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias apoyaremos y votaremos a favor de la convalidación de este decreto ley, que esperemos que sirva para los objetivos previstos por este Gobierno, que son la recuperación del empleo, la reactivación de la economía y la mejora en todo lo que son los derechos de la ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marrero.
Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidente. Señorías, presidente del Gobierno, consejeros, consejera, buenos y calurosos días, por lo menos fuera.
Hoy, en esta sesión de pleno, sometemos a convalidación el Decreto Ley 10/2021, regulador de la concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste, el coste o el cargo, del impuesto de bienes inmuebles soportado por las empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos alojativos en nuestras islas, un asunto del que ya hemos hablado y debatido en numerosas ocasiones a lo largo del año 2021. Un decreto ley que complementa lo ya regulado en el Decreto Ley 2/2021, de subvenciones al mantenimiento de la actividad de autónomos, pequeñas y medianas empresas, en los sectores más afectados por la crisis y en las que no se incluyó a las empresas explotadoras de establecimientos turísticos alojativos, porque, como ya han manifestado varios miembros y en varias ocasiones, el Gobierno se comprometió a establecer ayudas directas y específicas para estas empresas, subvencionando, como viene en su título, exclusivamente el importe del IBI soportado mientras la actividad turística estuvo paralizada por los efectos que las medidas restrictivas para atajar la pandemia supusieron, sobre todo, para la movilidad. Una ayuda directa que desde Nueva Canarias apoyamos porque permite inyectar liquidez a las empresas y, de esta forma, ayudar a paliar la difícil situación vivida por el sector turístico canario en un momento en el que se redujeron drásticamente sus ingresos mientras que sus costes se mantuvieron estables.
Y, al igual que hicimos en el Decreto Ley 2/2021, apoyamos en el decreto ley que hoy debatimos la fórmula novedosa utilizada, destinada a imprimir la máxima agilidad en el trámite de las ayudas directas, para que en un breve plazo de tiempo estén a disposición de los beneficiarios, evitando así el procedimiento habitual, indudablemente mucho más lento y que hubiera obligado, primero, a aprobar unas bases de subvención y, posteriormente, a llevar a cabo la convocatoria.
Un decreto ley que entendemos singular porque no tiene vocación de permanencia normativa, sino que su vigencia nace y muere con el objeto que da su razón de ser: disponer de una convocatoria de ayudas directas y urgentes en un contexto económico como el que estamos viviendo y ante la urgencia de que las ayudas lleguen de inmediato a las empresas a las que van destinadas.
Un decreto ley fundamental, necesario e imprescindible con el que se cumple el compromiso de aportar los 165 millones de euros en ayudas directas a las empresas, pymes y autónomos, con la posibilidad, incluso, de ampliarlo a 180 millones de euros.
Y quiero destacar, quiero insistir en que estamos ante un compromiso que tanto el Gobierno de Canarias como los grupos parlamentarios que lo apoyamos asumimos y, en el día de hoy, damos por cumplido. Porque en eso estamos: en aportar soluciones, en trabajar, en ayudar a las empresas, en ayudar a los empleos, en definitiva, en ayudar a nuestra gente.
Buena noticia, entendemos, la estimación del número de instalaciones alojativas beneficiarias, entre 2500 y 3000.
Desde Nueva Canarias, por supuesto, compartimos también que en este decreto ley se establezcan similares condiciones a las exigidas en el Decreto Ley 2/2021. Me refiero a hechos como que, para acceder a esta convocatoria, las empresas deben acreditar haber padecido una reducción igual o superior respecto del volumen de operaciones realizadas en el 2019, o también que la subvención se materialice en un único pago, cuyo abono debe realizarse previa justificación de los requisitos exigidos.
Apoyamos también que la ayuda prevista pueda cubrir hasta el 100% del importe del IBI abonado correspondiente al año 2021 y que no..., parte que no esté cubierta por seguros o por otras medidas de ayuda temporal.
Y también, por supuesto, apoyamos que el destinatario de la subvención sea efectivamente el que soporte el impuesto y no exclusivamente el sujeto pasivo.
Y en el caso del alquiler vacacional, también viene subvencionado a través de este decreto ley, pero siempre que ese alquiler vacacional esté o tribute como actividad económica y no así cuando la tributación sea como ingresos de arrendamientos urbanos.
Por último, también valoramos desde Nueva Canarias positivamente que este decreto ley que hoy convalidamos contemple la modificación del Decreto Ley 9/2021, que regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo causados por la crisis de la COVID-19, para, por una parte, corregir lo señalado por el Consejo Consultivo en su dictamen, el número 370/21, y, por otra, llevar a cabo modificaciones orientadas a clarificar su aplicación, concretamente en lo que se refiere al plazo para resolver de oficio la concesión de subvenciones con la finalidad de reducir los efectos negativos que los ERTE tienen sobre las personas trabajadoras de renta baja.
Y con base en todo lo expuesto, porque el Grupo Parlamentario Nueva Canarias asume y cumple sus compromisos, vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto ley. De igual manera decir que no vamos a votar a favor, o que vamos a votar en contra, de que este decreto ley se tramite como proyecto de ley, pues por las mismas razones que esgrimimos en el Decreto Ley 2/2021 y en el Decreto Ley 6/2021, porque entendemos un contrasentido que la concesión de ayudas directas en un plazo mínimo de tiempo y la tramitación de un proyecto de ley con el mismo objeto, pues, se contradice, porque a buen seguro, cuando este proyecto de ley pase a ser ley, las subvenciones ya no solo estarán concedidas sino incluso pueden estar abonadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.
Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor don Carlos Ester.
Adelante.
El señor ESTER SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera.
Bueno, han tardado siete meses desde que anunciaron que iban a poner en funcionamiento este decreto, y yo no digo que llegue tarde, porque las ayudas al final no llegan tarde, pero sí ustedes gestionan mal y tarde, y volvemos a presenciar un acto más de falta de gestión, de reacción y de insensibilidad de este Gobierno de Canarias para con el turismo y la economía canaria, por su lentitud a la hora de redactar decretos, y eso hace que al final sea muy tarde cuando llegan las ayudas y cuando muchas empresas ya no pueden ni siquiera seguir, bueno, desarrollando sus funciones o sus actividades. Y es que el sector turístico de Canarias, señorías, ha sido el gran abandonado por parte de este Gobierno de Canarias, pero también por parte del Gobierno de España, por parte del señor Sánchez. Que, por cierto, está aquí de vacaciones y no se ha dignado en ningún momento, señor Torres, y usted está aquí como presidente, a ver la situación y darse un paseo por Canarias, para ver no solamente la situación turística sino la grave situación humanitaria que tenemos y que estamos sufriendo hoy en Canarias. Una vergüenza y una falta de respeto, con todas las letras, para con todos los canarios, donde no solamente es responsable el señor Sánchez sino también este Gobierno de Canarias, a la cabeza con su presidente, Ángel Víctor Torres.
Bueno, dicho esto, señorías, el Gobierno de España, como he dicho, no ha hecho absolutamente nada. Le habíamos pedido también un plan de rescate para el sector turístico, que prometieron justamente en junio del año pasado y que todavía no sabemos nada de nada. Y no me vengan con la ayuda de los 1144 millones de euros, porque a día de hoy lo que se ha ejecutado y lo que se ha dado a las empresas es una auténtica vergüenza. Desde marzo solo se ha abonado el 2 %, 2 o 3 %, del presupuesto de los 1144 millones de euros, unos 30 millones de euros. Las empresas siguen agonizando y siguen cerrando, señorías. Si hubiesen escuchado al Partido Popular, cuando el Partido Popular les dijo y les puso sobre la mesa las diferentes medidas para salir adelante, con menos burocracia, con menos impuestos y con más reformas, para que la economía saliese a flote, otro gallo hubiese cantado y a buen seguro no se hubieran cerrado más de diez mil establecimientos, empresas, pymes y autónomos en el año 2020. Y como dato de diferencia, complementando lo que decía el señor Fdez. de la Puente, de diciembre del 2020 a junio de 2021 hay 271 empresas menos, turísticas, en Canarias. Esto es un auténtico desastre, señora consejera.
Con respecto al decreto que va a ayudar a pagar ese IBI en el año 2021 -entendemos que en el del año 2020 no van a hacer absolutamente nada, ya lo han dado por perdido y no van a ayudar a las empresas-, bueno, a nuestro entender, es un decreto evidentemente necesario, porque nosotros, el Partido Popular, también lo puso sobre la mesa, que era una demanda, el pago del IBI, la ayuda del IBI a los diferentes hoteles, pero es un decreto -y ahora lo explico- totalmente desilusionante y totalmente restrictivo por lo que viene ahora.
Y tiene muchos inconvenientes, señora consejera, porque ustedes presupuestan nada más que 63 millones de euros y ha dicho hasta que se consuman. Se puede ampliar según el artículo número 6 del propio decreto, ¿pero usted cree que si el señor Rodríguez le ha quitado 15 millones para el bono turístico a los... (ininteligible) que venía aquí, el IBI, le va a dar más dinero? Pues claro que no se le va a dar más dinero. No les va a dar más dinero, los primeros que cojan el IBI lo pagarán y los que lleguen más tarde, pues, evidentemente, como va por ese orden de preferencia, se quedarán sin presupuesto. No está dentro del ADN de este Gobierno y menos de un Gobierno de izquierdas ayudar a las empresas, y lo dijeron, en otras ocasiones, los señores de Podemos, que decían, evidentemente, señora consejera, que el Gobierno no estaba para pagar al sector privado, y ahí está el ejemplo, y son los que gobiernan con ustedes. Pues ya lo digo, señora consejera, no creo que llegue a todo el mundo y van a dejar a mucha gente atrás.
Por lo tanto, entrando en otra segunda observación, una vez consumido el presupuesto y además por ese orden de llegada, la consideración que tenemos que poner de manifiesto también es que aquellas empresas que no hayan pagado el tributo tampoco se podrán acoger a esta ayuda. ¿No se podía haber buscado otra manera para llegar a todos? Fíjense que hay poco presupuesto, hemos dicho 63 millones de euros, hay más de trescientos hoteles en Canarias, hay más de mil seiscientos establecimientos alojativos, si hacemos una media de entre 60 y 100 000 euros cada uno, estamos hablando de más de cien millones de euros que deberían pagar en IBI los diferentes establecimientos alojativos. No da, señora consejera, y si encima les ponemos la traba de que tienen que estar al día en Seguridad Social y en obligaciones tributarias y estatales, cosa que ya han quitado en otros decretos, que podían haber quitado en este... Podíamos haber ayudado y ayudamos mucho más a las empresas y no hacemos que tengan que abonar con antelación el impuesto del IBI pidiendo créditos a bancos y endeudándose aún más sin saber si lo van a cobrar o no. Por lo tanto, poniéndole de nuevo la zancadilla al sector empresarial y agobiándolo y agonizando o aumentando su agonía con el tema económico y con su liquidez. Por lo tanto, ¿habría otro camino para hacerlo?, por supuesto que sí. No han querido hacerlo, han querido ser más restrictivos; pues, evidentemente ni van a llegar a todos ni todos van a conseguir tener el objetivo de poder cubrir ese IBI o tener la liquidez suficiente para ayudarlos.
Por último, también, señora consejera, decirle que con todos estos hechos probados, le volvemos a reiterar que llegan totalmente tarde y totalmente ajenos a la realidad que tiene Canarias. Por supuesto vamos a apoyar esta convalidación, pero también vamos a pedir que se haga a través de proyecto de ley, porque evidentemente podemos corregir todas estas cosas que le acabamos de comentar, todos estos aspectos, que van a ayudar muchísimo más a rescatar o ayudar a las empresas canarias a salir de este bache económico.
¿Qué es lo que ha demostrado esta pandemia, señora consejera, señorías? Bueno, es evidente que la realidad que viven ustedes como Gobierno de Canarias no está a la altura de las circunstancias; que el Gobierno socialista, tanto canario, y de izquierdas, tanto canario como el de España, esos que dicen de grandes progresistas, bueno, no han estado a la altura de estas circunstancias. Tanto al señor Sánchez, que, como repito y digo, está aquí de vacaciones, le ha importado un comino Canarias, sus empresas, el turismo y por supuesto todo el sector empresarial, dejándonos a nuestra suerte... Tenemos que decir que, si hubiesen hecho, y repito y quiero ser reiterativo, caso al Partido Popular, con sus medidas, otro gallo nos hubiese... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
El señor PRESIDENTE: Señor Ester, le añado un minuto.
Adelante.
El señor ESTER SÁNCHEZ: Sí, simplemente para terminar.
Y estoy totalmente convencido, señora consejera, de que vamos a salir de esta, por supuesto que sí, vamos a salir de esta, pero no gracias a la ayuda ni a las medidas del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España, vamos a salir de esta... (ininteligible) este Gobierno, gracias a los ciudadanos de Canarias, a sus empresas, porque gracias a su sacrificio, a su esfuerzo, a su entrega y a su trabajo ellos sí van a salir de esta crisis económica, no gracias a las medidas ni a las ayudas que han dado tanto el señor Sánchez como este Gobierno de Canarias, que desde luego llegan, como hemos dicho, mal, tarde y poco, que han propiciado este descenso y sobre todo cierres, como hemos visto, en las empresas y en la economía canaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Dávila.
La señora DÁVILA MAMELY: Gracias, señor presidente. Señorías.
Un año y medio después del cero turístico, señora consejera, un año y medio después de la paralización de la economía de Canarias, del desplome del turismo y de sus consecuencias sobre el paro y el desempleo en Canarias, llega este decreto, un 17 de agosto. Un decreto para pagar el IBI a los sectores hoteleros y alojativos de Canarias, un año y medio más tarde; siete meses más tarde del anuncio que hiciera el presidente del Gobierno allá por enero en el que anunciaba la ayuda para que pudieran pagar los impuestos, el sector más golpeado por la crisis del COVID.
Señorías, este no es el decreto para pagar el coste del IBI, este es el decreto del sálvese quien pueda, el que llega antes se lleva la pasta. Usted habla de concurrencia, de que no hay concurrencia competitiva y que es una ayuda directa, pero se extingue y se acaba cuando se acaba el dinero, y ustedes han recortado 15 millones sobre una ayuda que anunciaron de 85 millones. Mire, a fecha de hoy, usted debería saber cuánto es el IBI devengado por las empresas alojativas y turísticas en Canarias y poner la partida presupuestaria que corresponde al IBI devengado. Pues a fecha de hoy no lo pone, no lo sabe o ni siquiera quiere atender a esa realidad. La realidad es que este Gobierno es un lastre para la recuperación de la economía de Canarias, ustedes son el lastre: burocracia, obstáculos... Toda una suerte de dificultades que enumeran, además, en el propio decreto. Todo el alfabeto, casi, hasta la letra O. Lo único que les faltó decir es, "virgencita, que me dejen como estoy, a pesar de este Gobierno".
Mire, estas son, señorías, las primeras y únicas ayudas que ustedes han dado al sector turístico. Yo no sé, señora consejera, qué hace su departamento, un departamento que atiende al mayor sector turístico de toda España, al sector que más ha sufrido y que más consecuencias ha tenido sobre la economía de Canarias y sobre su desempleo. A día de hoy todavía hay más de cuarenta y cinco mil personas en ERTE, casi todas dependientes del sector turístico.
El sector no se recupera desde luego por ustedes, ni por sus corredores seguros ni corredores verdes y desde luego no se va a recuperar por el anuncio tan aplaudido del establecimiento en Canarias de una agencia europea del turismo, de la que nada se sabe, nada se conoce y que es el resultado de una resolución del Parlamento Europeo del mes de febrero, que todavía está por ver que pueda ser operativa, pues, probablemente, y bienvenido sea, allá por el 2025.
A día de hoy, y usted lo debería saber, señora consejera, Canarias tiene un gran cartel en su entrada de "Canarias está en venta", "Canarias se vende". Cuarenta y siete establecimientos hoteleros están a día de hoy a la venta, porque no han podido superar la crisis del COVID, porque no han tenido ni una sola ayuda, y esto es simplemente para paliar el pago de impuestos a los que ustedes han sometido a los sectores, en este caso al sector turístico y, muy concretamente, al alojativo turístico. Nada han dicho de las consecuencias del pago del IBI de otros sectores vinculados con el sector turístico, que también han pagado su IBI.
Mire, otra cuestión, ¿sabe que hay, a día de hoy, empresas alojativas que están yendo a los bancos a pedir un crédito para pagar el IBI, que habían solicitado su aplazamiento, para ver si, con los dedos cruzados, les toca la ayuda, si son los primeros, los segundos, los quintos o el número que sea en llegar? Pues, miren, se podría haber hecho de otra manera y por eso nosotros vamos a pedir que este decreto ley se tramite como ley, porque, como ustedes en siete meses no han sabido poner negro sobre blanco en el decreto, lo que tenían que poner, y que además se lo ha dicho el sector, pues, lo vamos a intentar, al menos lo vamos a intentar corregir solicitando que se tramite como ley.
Lo primero de todo, sí existe la posibilidad en la ley de subvenciones de que se abone, se abone una ayuda, una subvención directa, aunque no se esté al corriente de las obligaciones tributarias, como lo han demostrado ustedes en el anterior decreto, en el que sí lo pusieron así. Lo segundo, puede tener usted aplazado, aplazado, el impuesto, el pago del impuesto, solicitar la subvención, que se le conceda, y en ese momento la Administración le da quince o veinte días para, con la subvención que le han dado y concedido, pagarlo. Pero es que ahora mismo lo que están haciendo las empresas es ir al banco a pedir un crédito. En este momento en que no tienen liquidez, que han abierto para ver si pueden sacar a Canarias adelante, porque desde luego, si esperan por este Gobierno y por su presidente, pues, vamos aviados.
Muchísimas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Dávila.
Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Doña Rosa Bella Cabrera tiene la palabra.
La señora CABRERA NODA: Gracias, señor presidente, buenos días, señorías.
Me parece curioso y hasta divertido oírle hablar aquí de lastre de este Gobierno, señora Dávila, la persona que dijo que las empresas tendrían con 10 millones de euros para soportar esta situación. Me parece llamativo y diría que hasta de risa, si no fuera porque la situación es demasiado grave.
A estas alturas del debate yo creo que hemos escuchado casi todo sobre este decreto, además de otras cuestiones más veraniegas y diversas en las que no voy a entrar, porque no hemos venido a hablar de eso, sino que me voy a centrar en el tema que nos ocupa y dejar el histrionismo y el folclore para otras arenas que no sean las parlamentarias.
Me gustaría matizar algunos aspectos que tiene este decreto. Y me gustaría empezar por decir que aspectos como acertar y equivocarse son caras de la misma moneda y que también ambos son consecuencia de la toma de decisiones y, si algo ha hecho este Gobierno de Canarias, este Gobierno de Canarias, le guste a quien le guste, es tomar decisiones, es gestionar y es trabajar y apostar a ganar en una carrera en la que ya sabíamos que salíamos con desventaja. El virus, que es la causa principal de esta situación, aunque algunas de sus señorías en sus intervenciones insistan sistemáticamente en obviarlo, es el que ha obligado a estar en guardia y a tomar decisiones complicadas, complicadas por los efectos que tienen en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ni más ni menos, pero es que esa dificultad se ha asumido por parte del Gobierno de Canarias y se han tomado esas decisiones con valentía y siempre con buena fe, porque yo a todo el mundo le presupongo la buena fe cuando hace algo por Canarias. Si sale mal, pues, ya lo remediaremos.
A veces no obtenemos todo lo que queremos ni cómo lo queremos, pero lo importante es intentarlo y encontrar el camino para llegar a ese resultado que todos queremos. Por eso digo que este Gobierno de Canarias está siendo valiente en una situación en la que el rumbo no lo marcamos ni nosotros ni el Gobierno ni a nivel internacional, el rumbo lo marca una pandemia. Deberíamos siempre tenerlo en cuenta cuando salimos aquí a hablar de la situación y a hablar de las decisiones que se toman en otras instituciones.
El presidente del Gobierno de Canarias es cierto que dijo que el IBI llegaría, el IBI turístico, y lo dijo y aquí está. ¿Qué plazo, qué tiempo? Yo creo que han sido las ayudas que más rápido se han dado, y se han gestionado y se han organizado, y es un ejemplo más de la labor incesante de este Gobierno.
Decreto que ha explicado ampliamente la consejera y que nace con la finalidad, como ya decían mis antecesores en el uso de la palabra, de proporcionar liquidez a las empresas de alojamiento, tanto la modalidad alojativa como la extraalojativa, justificado por la situación que atraviesan las empresas de alojamiento turísticas debido a la prolongación de los efectos de las restricciones a la movilidad y que ha repercutido en la pérdida de ingresos y ha ocasionado graves problemas de liquidez. Todo eso lo sabemos.
Decreto que está avalado, además, por el Consejo Consultivo y al que se destina una cuantía de 63 millones, ampliables a los 80 millones de euros, tal como se acordó en su momento con las patronales turísticas, porque recordemos que este es un acuerdo de las patronales turísticas con el Gobierno, que parece que el Gobierno se lo ha sacado de su manga; pues, no es así, está todo acordado y organizado, cuando decidieron reprogramar esas ayudas y destinar una partida, de la partida inicial, 15 millones de euros para la creación del bono turístico, otra medida que ha contado con gran aceptación, alcanzando los 130 000 inscritos.
No son pocas las medidas de apoyo a las empresas y a los autónomos que se han ido poniendo en marcha a lo largo de estos meses con el objetivo único y exclusivo de proteger el tejido productivo y evitar un... (ininteligible) impuesto estructural sobre la economía, medidas que quiero y creo que vale la pena resaltar por si hay alguno que se haya olvidado, como acabo de comprobar. Medidas como la aprobación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, conocido como el Plan Reactiva Canarias, el pasado octubre de 2020, y que contó con el consenso de partidos políticos, agentes institucionales, económicos y sociales de las islas. Además, el pasado marzo se aprobaba el Decreto Ley 2/2021, del 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas de los sectores más afectados por la crisis, con una dotación de 84 millones de euros con cargo a los fondos de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa.
Por su parte, el Gobierno central aprobó el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia, dirigido a reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020 y reforzar la solvencia de las empresas, dotado con 7000 millones de euros, de los que se determinaron para Canarias 1144 millones de euros, la mayor dotación de las comunidades autónomas. Que llegarán, señor Ester, seguro que llegarán, y al final van a tener que volver a tragarse sus palabras, como ya lo hicieron con los 84 millones de euros que se aprobaron previamente.
Tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno central han sido conscientes en todo momento de que la recuperación tendrá mayor éxito manteniendo al tejido productivo en condiciones de volver a generar riqueza cuando se recupere la actividad productiva, y eso requiere medidas como estas que he detallado y que se han puesto en marcha a lo largo del 2021 y que vienen a sumarse a las aplicadas a lo largo de 2020. Las de 2020 eran la línea de avales del ICO, también les recuerdo, la línea de financiación de AvalCanarias, el endeudamiento público para la financiación de los ERTE y la autorización del uso del superávit, entre otras.
Al margen de la crítica monótona y subjetiva, señorías, constatamos que se trata de todo un despliegue de acciones que responden al reto urgente de mantener el tejido productivo y la supervivencia de las empresas y los empleos, acciones que harán posible que el crecimiento tras el impacto inicial sea dinámico y sostenido en el tiempo.
Establecer medidas correctas como está haciendo hoy el Gobierno de Canarias asegurará el crecimiento del mañana y este debería ser el objetivo por el que trabajar juntos en un entorno de crisis en el que el sector servicios se ha llevado la peor parte, y creo -y esto es una opinión personal-, creo que es fundamental alejar al sector, al sector turístico sobre todo, al que utilizamos siempre, alejarlo de la confrontación política. Una cosa es discutir de política económica, de diversificación de nuestra economía o incluso de nuestro modelo turístico, que ideas para todo hay, y otra cosa es el oportunismo político y la demagogia en el contexto de la mayor crisis económica desde el siglo pasado y que decididamente está poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia como sociedad. Para salir de esta situación deberíamos priorizar lo que nos une, al margen de ideologías, y ese es, quiero creer, el interés de Canarias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señorías, hemos finalizado el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Por tanto, señorías, vamos a proceder a la votación. Ruego que ocupen sus escaños. (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).
Muchas gracias, señorías.
Someto a votación y a la consideración de la Cámara la convalidación o derogación del decreto ley, conforme a lo establecido en el artículo 160.3 y 4 del Reglamento de la Cámara. Señorías, votamos. (Pausa).
Señorías, 64... ¿Sí, señor Marrero?
El señor MARRERO MORALES (desde su escaño): (sin micrófono) ... salido aquí un voto más de don Francisco Déniz, diputado. (El señor presidente consulta con el señor letrado-secretario general de la Cámara). (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Déniz, tiene que ocupar el escaño que está debajo, que es el que está habilitado para que pueda votar.
Si les parece, no repito la votación, consta en acta su voto a favor, por unanimidad. Ahora ya podrá votar en la siguiente votación. ¿De acuerdo?
Bien, señorías, decía 64 votos emitidos: ningún voto en contra, ninguna abstención y 64 votos a favor.
Por tanto, queda convalidado el decreto ley.
Una vez convalidado por la Cámara, señorías, pregunto al pleno del Parlamento de Canarias si es favorable a que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, conforme a lo establecido, como ya les dije, en el artículo 160.3 y 4 del Reglamento de la Cámara. Señorías, votamos. (Pausa).
Muchas gracias, señorías.
65 votos emitidos: 30 votos a favor y 35 votos en contra.
Por tanto, la Cámara rechaza, señorías, la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto que acabamos de convalidar.
Señorías, hemos finalizado el orden del día. Se levanta la sesión.
(Se levanta la sesión a las doce horas y ocho minutos).
