Diario de Sesiones 91, de fecha 3/9/2021
Punto 2

10L/AGRI-0002 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA CANARIO, NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI), POPULAR, NUEVA CANARIAS (NC), SÍ PODEMOS CANARIAS, AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA (ASG) Y MIXTO, CONTRA EL REAL DECRETO LEY 12/2021, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD ENERGÉTICA Y EN MATERIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, Y SOBRE GESTIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos, como digo, con el orden del día, que consiste en dos asuntos, dos puntos, que vamos a tratar de forma acumulada, correspondientes a los recursos de inconstitucionalidad planteados por los grupos, en primer lugar, por los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario, Popular, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Mixto, contra la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva de la Unión Europea 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego; y un segundo punto, también, de este orden del día, que trataremos, como ya he dicho, acumuladamente, consistente también en recurso de inconstitucionalidad, en este caso de los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario, Popular, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Mixto, contra el Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Han sido presentadas propuestas por parte de todos los grupos parlamentarios, con lo cual las intervenciones serán del mismo tiempo para cada grupo, en orden de menor a mayor representación, en el caso del Grupo Mixto hay una solicitud de compartir el turno. Y si no hay ninguna otra cuestión, señorías, comenzamos.

Tiene la palabra don Ricardo Fdez. de la Puente, Grupo Mixto.

Adelante.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente. Señorías.

Permítanme, en primer lugar, y sin preámbulos, dejar constancia en esta Cámara del claro y rotundo apoyo de mi formación política, Ciudadanos, al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, un apoyo sin matices y sin fisuras. Ciudadanos ha defendido, defiende y lo seguirá haciendo el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Es este un compromiso de la realidad constatada de Canarias. Una realidad que se basa y fundamenta en tres pilares: supranacionales, nacionales y regionales, pues no en vano está reconocida por la Unión Europea nuestra condición de región ultraperiférica en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, una realidad plasmada por el Estado español en el reconocimiento que se hace de la misma en la disposición adicional tercera en la Constitución española y, por último, pero no menos importante, una realidad recogida en nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 167.1.

Señorías y señor presidente del Gobierno de Canarias, estamos aquí y ahora hablando de una realidad que tiene reconocido el rango de ley y todos somos conscientes, o al menos se supone que deberíamos serlo, de que una ley, una vez debatida y aprobada, solo cabe cumplirla. No hay excusa ni existen atenuantes para no hacerlo. Nada puede justificar que el Gobierno de España no cumpla con Canarias en lo que en derecho tenemos reconocido como ley. El ninguneo, la desidia, la indiferencia, la burla hacia las singularidades de Canarias por parte del Gobierno de España no puede tener más respuesta que la que hoy traemos a este Parlamento de Canarias todos los partidos políticos representados en esta Cámara y que no es sino la triste constatación de que se hace necesario un conflicto legal con el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional para defender nuestros derechos.

Canarias no pide privilegios, no puede considerarse privilegios lo que está reconocido en nuestro REF. Son estas unas medidas compensatorias que tratan de aliviar el diferencial con el territorio continental y hacer de nuestra tierra un espacio competitivo que garantice la igualdad efectiva con el resto de España y de Europa.

Las modificaciones legislativas introducidas por el Gobierno de España revelan un total y absoluto desconocimiento de las particularidades del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, tanto en sus aspectos formales de su modificación como en su concepción, así como el mecanismo a estructurar para potenciar el desarrollo social y económico del archipiélago.

En lo referente a la constitucionalidad o no de la modificación, el Consejo Consultivo de Canarias despeja cualquier duda al respecto. Las disposiciones introducidas tanto en la Ley 11/21 como en el Real Decreto Ley 12/2021 suponen una modificación tanto sustancial como formal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, lo que activa la garantía procedimental establecida en la disposición tercera de la Constitución y en el artículo 167.2 del Estatuto. De esta forma y manera, no solo no se han seguido los cauces legales de la consulta al Parlamento de Canarias ante una modificación sustancial del REF, sino que, una vez emitido el informe desfavorable por las dos terceras partes del Parlamento, se ha omitido completamente la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma, tal y como viene recogido en nuestro Estatuto.

Se ha vulnerado así el principal instrumento de la política económica y fiscal de que dispone la comunidad autónoma de Canarias, más allá de medidas de corte coyuntural, para hacer frente a unos niveles de renta y de actividad económica históricamente menores, una desigualdad agravada por una de las mayores crisis económicas y sociales a las que hemos tenido que hacer frente en las islas. Para muestra, permítanme un ejemplo: el PIB per cápita en Canarias suponía en 1955 el 84 % del nivel del PIB per cápita nacional, en 2019 suponía el 80, mientras que en... ha caído hasta el 72 % y un diferencial de 22 puntos en el 2020.

Ahondando en los aspectos concretos que se modifican en el REF, cabría mencionar los cambios introducidos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, conocido como Rebeca. Si bien el apartado inicial de la modificación tiene el potencial de añadir un mayor número de buques al registro, el segundo apartado modifica y limita los incentivos. Unos límites que antes no se encontraban recogidos y que, por tanto, reducen la capacidad de atraer y consolidar empresas de una industria estratégica para Canarias como es el sector naval y del transporte marítimo. Para contextualizar las cifras, en 2020, según datos de Anave, la patronal de las navieras, había 110 buques inscritos en Rebeca, frente a los 179 en el año 2000, un descenso del 38 %, una tendencia a la baja que se ha mantenido durante los últimos veinte años. Para hacerse una idea, el número de buques mercantes registrados en Madeira ascendía en 2015 a 268.

Los nuevos requisitos y límites que introducen en la reforma añaden una carga administrativa extra a la ya excesiva burocratización de la que adolece Rebeca, por lo que las navieras no lo ven atractivo frente a otros registros especiales cercanos. En este sentido, armadores y navieros prefieren los registros más ágiles como el de Madeira, Liberia, Holanda o Hamburgo, fuera de los llamados registros de conveniencia como puede ser Panamá o Malta.

En lo referente a la modificación de los incentivos al cine, esta situación no tiene más respuesta que la de no querer cumplir con lo estipulado. En un primer momento podríamos pensar, con buena fe, que se trataba de un descuido, pero una vez conocido el fondo de la cuestión podemos decir que nos encontramos ante una negativa de la ministra por no se sabe bien qué razones. Hace unos días el Gobierno de Canarias anunciaba que retomaba la promoción de Canarias como plató para grabar películas y series. Obviamente, eso es una buena noticia y está bien, pero primero debemos recuperar los incentivos y el diferencial, además de la confianza de los productores, que tanto trabajo ha costado conseguir y que tan buenos resultados tangibles nos ha dado hasta la fecha.

Cabría preguntarse qué considera el Gobierno de España que es una extraordinaria y urgente necesidad para aprobar un real decreto que en esencia resulta inconstitucional en lo que atañe a Canarias y que vulnera de manera flagrante el REF y, por extensión, el derecho de todos los canarios y canarias. Así pues, de esta forma queda patente que es total y absoluto el desconocimiento del legislador estatal del fuero canario. El REF es algo más que unas cuantas deducciones y un IGIC al 7 %; el REF no es sino el principal instrumento de que dispone Canarias para compensar la lejanía, los sobrecostes y el menor desarrollo respecto al continente.

Voy terminando, señor presidente.

Señorías, en este tema creo y espero y deseo que todos los partidos políticos con representación en este Parlamento de Canarias estemos de acuerdo. El REF no es un elemento para estar negociando o jugando torticeramente con su cumplimiento, veces sí, veces no, te doy pero te quito, a favor o en contra, según el color político o la voluntad de Madrid, o para afirmar con grandilocuencia, como lo hizo en fechas recientes el presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, que se cumplirá en este año con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Canarias no pide privilegios porque Canarias no necesita privilegios, lo que nuestro archipiélago necesita y demanda son las herramientas y mecanismos necesarios y suficientes para que nuestras islas consigan alcanzar unas condiciones de igualdad con el resto del territorio nacional; un instrumento que permita a nuestra sociedad encarar con ilusión y firmeza un futuro ilusionante tras una etapa aciaga, que la hemos vivido, y que permita a nuestra gente acceder a un bienestar social, económico y laboral como el que demandan y como el que, sin duda, merece.

Por eso anuncio el voto favorable de ciudadanos a todos los puntos que hoy se votan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Adelante, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Señorías, hoy estamos aquí por dos incumplimientos, dos graves deslealtades hacia esta tierra, a este Parlamento y a los ciudadanos de Canarias: el incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía y de la Constitución, tanto por parte del Gobierno de España como por parte de varios grupos en el Congreso de los Diputados, entre ellos, para mi enorme decepción, también el de Ciudadanos.

No hay lugar a dudas, como señala en su informe el Consejo Consultivo de Canarias, de que tanto el Consejo de Ministros con la aprobación del Real Decreto 12/2021 como el Congreso de los Diputados con la votación de la Ley 11/2021 han infringido los mandatos establecidos por la Constitución y el Estatuto con respecto a la protección de nuestro Régimen Económico y Fiscal modificándolo de forma sustancial, sin tener en cuenta el pronunciamiento contundente y contrario a esa modificación expresado unánimemente por esta Cámara. Tras este atropello a nuestros fueros, no tenemos otra opción que la de recurrir al Tribunal Constitucional, que nos dará la razón, como ya lo hizo cuando se modificó el REF sin contar con el informe preceptivo de la comunidad autónoma.

Pero esta vez hay una novedad, damos un paso más allá y reclamamos que se cumpla con el mecanismo aprobado en 2018, en la modificación del Estatuto, para que, en caso de informe desfavorable, como ocurrió, se suspenda la tramitación de la norma y se convoque la Comisión Bilateral Canarias-Estado. Por cierto, señores del Gobierno, ¿cuándo y cómo se va a activar esta comisión bilateral? Seguimos esperando y solo tenemos vagas promesas de la ministra de Hacienda de aumentar las deducciones al cine antes de final de año.

Pero lo que ha ocurrido va mucho más allá del cine: la próxima vez puede suceder que les parezca demasiado caro pagar el 75 % de subvención a los billetes de avión o de barco o que les parezca que sale demasiado cara la factura de la luz, el sobrecoste de producir energía en Canarias. Hoy es el diferencial fiscal de las inversiones en cine el que se han cargado de un plumazo, pero en el futuro puede ser otra cosa, porque no es un problema de huevo sino de fuero, si hoy transigimos nos exponemos a un ninguneo permanente.

Señorías, tras anunciar mi decisión de darme de baja de Ciudadanos en protesta ante este atropello a nuestro REF, muchos de mis vecinos se me han acercado y me han pedido que sea inflexible en la defensa de nuestros derechos. No es cierto que la política no sirva o que los ciudadanos la rechacen, el rechazo, el rechazo, el cansancio es hacia una política que no cumple sus compromisos y que hace promesas falsas y vacías. No podemos seguir defraudando a quienes nos han votado, han depositado su confianza en nosotros para atender intereses o acuerdos partidarios ajenos a nuestro pueblo. Por eso hoy empieza un nuevo periodo de sesiones con la convicción intacta de que debemos cumplir todos nuestros compromisos.

Me entristecen los intentos de Nueva Canarias y de Podemos por silenciarme como diputada. Parecen albergar la esperanza de que alguien esté dispuesto a retorcer torticeramente el Reglamento de esta Cámara para que yo no pueda hablar desde esta tribuna. Sé que les resulto incómoda por mis críticas a Román Rodríguez y a Noemí Santana, pero ya les advierto que no me van a callar, que no me van a silenciar, porque no solo es que tenga la razón, es que tengo la ley de mi parte y quien sucumba a la tentación de incumplirla se enfrentará conmigo en los tribunales a una demanda por prevaricación.

Escuché también a algunos compañeros de partido asegurar que esto del REF fue una excusa que busqué para darme de baja de mi partido. Pues menuda excusa que nos lleva a celebrar un pleno monográfico y que nos va a hacer recurrir nada menos que al Constitucional.

Puedo entender que el REF parezca una excusa sin valor a quienes siempre han vivido en la abundancia. Quizás para sentir lo que significa el REF para las islas se debe haber pasado algún tipo de carencia.

Señorías, yo tengo ya más de cuarenta años y conocí, crecí en una Canarias muy diferente a la actual, crecí en una Canarias donde en mi casa, en mi pueblo de Carrizal, no teníamos agua corriente todos los días y nos teníamos que bañar muchas veces con baldes y palanganas. Gracias al REF, el agua corriente es hoy una realidad en todos los hogares de Canarias, en ese sureste seco de mi isla, de Gran Canaria, o Lanzarote o Fuerteventura, gracias a las ayudas a la desalación. Señorías, para mí el REF es agua corriente todos los días en tu casa, es poder viajar a la península para cursar los estudios que aquí no podía hacer, el REF son las subvenciones del Estado al transporte de pasajeros y mercancías, es que el resto de nuestros compatriotas asuman también parte de la factura energética de Canarias, es tener acceso a internet como todos los españoles, son las ayudas a nuestros agricultores, los planes de empleo específicos para Canarias, los fondos para luchar contra la pobreza y la miseria en nuestra tierra. El REF es la ley que nos permite sobreponernos a nuestra lejanía, insularidad, a la falta de recursos esenciales como el agua o como la energía. El REF es, junto al Estatuto, la ley más importante de Canarias.

Por eso con el REF no se juega. No se burla el REF, nadie modifica el REF sin nuestro consentimiento. Por eso el REF se defiende, el REF no se toca. Acudamos todos juntos al Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.

Adelante.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Muy buenos días, señorías, muy buenos días también, señor presidente del Gobierno de Canarias y miembros del Gobierno.

Hoy se reanuda este nuevo periodo de sesiones, por lo que me gustaría saludar nuevamente, en nombre de mi grupo, la Agrupación Socialista Gomera, y desear que en los próximos meses podamos tener y seguir trabajando a través del consenso y del diálogo para resolver los problemas que tienen las canarias y los canarios.

Y comenzamos este periodo como dejamos el anterior, antes de la pausa estival, luchando por defender nuestros fueros con este debate sobre la interposición de recursos de inconstitucionalidad debido a la vulneración que se ha hecho de nuestro Régimen Económico y Fiscal, concretamente en los límites de las deducciones fiscales al sector audiovisual que opera en Canarias y el diferencial que debe mantener con el resto del territorio nacional. Todos sabemos que este problema se debe a que en su momento se aumentaron las deducciones en el resto de España olvidándose de Canarias y que la solución que pedíamos se retrasó más de un año y, cuando se produjo, no se hizo correctamente. Y no solo por las formas, que han provocado el debate actual sobre si interponemos estos recursos, pues están viciadas de inconstitucionalidad, sino también en el fondo de la solución, pues sigue sin respetarse el diferencial del 80% que deberíamos tener y así llegar, al menos, a esos 18 millones de euros en el límite de las deducciones, comparado con los 12 millones de euros que tenemos ahora y los 10 millones de euros que tienen en el resto de España. A pesar de esto, hay que decir que se aumentó la cifra y se hizo de forma retroactiva, incluyendo el periodo desde el 1 de enero hasta la actualidad, de forma que quienes hicieron alguna producción audiovisual se beneficiaron por encima de las expectativas iniciales, pero por debajo de lo que en justicia les hubiera correspondido. De esto ya en su momento el presidente del Gobierno de Canarias dio datos de los estudios realizados sobre la afección a nuestro sector audiovisual.

Recordemos que el Gobierno de Canarias en este asunto se ha puesto enfrente, liderando la reclamación al Estado, junto a este Parlamento, en un esfuerzo de diálogo y entendimiento, pero también de contundencia en la defensa de nuestros fueros, en lo que se necesita unidad institucional y política si realmente queremos tener éxito. Señor presidente, nuestro grupo parlamentario le agradece una vez más que se haya pronunciado y actuado cumpliendo con su responsabilidad para la defensa de los fueros canarios, algo para lo que fue investido, y debemos reconocérselo.

Sabemos también que actualmente en el Congreso de los Diputados se está tramitando la ley de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario y ahí se tramitará también una enmienda para recuperar ese 80 %, y en gran parte debemos reconocer que es mérito suyo y, obviamente, también respaldado por todas las fuerzas de este Parlamento. Sí me gustaría pedirle que, antes de que se aprobase, ya que es una nueva modificación en nuestro REF, que se le comunique a este Parlamento para así poder emitir un informe favorable al respecto.

En cuanto a la razón de este debate, la oportunidad o no de que interpongamos un recurso de inconstitucionalidad al Estado por este asunto, el Consejo Consultivo de Canarias se ha pronunciado a través de un dictamen favorable a la interposición de recursos de inconstitucionalidad, debido a dos hechos concretos que nos dan la razón: por haber incumplido los formalismos que preceptúan nuestras leyes. La Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen no solo el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, también la obligación legal y constitucional de que, ante cualquier cambio en el REF, se nos debe consultar a esta Cámara. Esto es algo que obliga al Gobierno de España y a sus señorías en las Cortes Generales, porque es parte de la normativa del Estado y del llamado bloque constitucional. Las leyes se deben cumplir siempre y, si se quiere cambiar el REF, en virtud de la potestad legislativa de la que están investidos el Gobierno y las Cortes, aun así, lo deben hacer cumpliendo con las garantías constitucionales de las que nos hemos dotado y, si tienen un pronunciamiento desfavorable de la Cámara, suspender la tramitación que se realiza hasta que se resuelva el asunto en la comisión bilateral oportuna.

Y aquí se ha incumplido por dos vías. La primera porque en la tramitación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se tramitó una enmienda para subir la deducción solo hasta los 12 millones de euros y ante el parecer desfavorable no se suspendió la tramitación ni se reculó, ni se optó por elevar la cantidad hasta la correspondiente legalmente, que serían los 18 millones de euros, por lo que se aprobó esta norma incumpliendo con el REF y dándonos la posibilidad tanto por la forma como por el fondo de interponer un recurso de inconstitucionalidad. La segunda vía es que se tramitó y aprobó el Real Decreto Ley 12/2021, del 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, en la que el Gobierno de España, a pesar de que le constaba nuestra negativa a los 12 millones de euros, los mantuvo y aplicó el carácter retroactivo hasta el comienzo del 2020, pero lo hizo sin consultarlo apropiadamente y sin nuestra aquiescencia, por lo que el Consejo Consultivo también estima que hay base para plantear un recurso de inconstitucionalidad.

Y quizás debamos aclarar el procedimiento de notificación y de consulta con las autoridades estatales, que no es la primera vez que demuestran su desconocimiento asombroso de los fueros canarios para que no ocurran hechos como este nuevamente en el futuro, porque en el caso del real decreto ley no solo no comunicó el Gobierno del Estado al Parlamento de Canarias antes de aprobar la norma para que emitiéramos nuestro parecer previo, sino que lo comunicó al consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias una vez que ya había sido aprobado, no siendo ni el momento ni el destinatario adecuado para ello, incumpliéndose la disposición adicional tercera de nuestra Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Señorías, debemos mantener siempre las puertas de la negociación y el consenso abiertas, pero no admitir este tipo de situaciones. Por eso debemos plantear una batalla judicial, que ganaremos porque el derecho nos ampara, a la vez que defendemos nuestros fueros de forma cohesionada una vez más. Creo que el Estado está a tiempo de reunirse en la comisión bilateral con Canarias, como ya hace con otras comunidades, y que esta reunión ayudaría a resolver nuestras diferencias y, además, reconducir muchos de los asuntos que desde hace meses preocupan a la sociedad canaria y en los que el Estado no ha cumplido hasta el momento con las expectativas del archipiélago. Por ello pedimos, una vez más, unidad y que todas las formaciones políticas de este arco parlamentario y nuestros homólogos en las Cortes Generales vayamos juntos, de la mano, y con el liderazgo del Gobierno de Canarias, apartando nuestras diferencias por responsabilidad política con los canarios y las canarias. Está en nuestras manos hacerlo, ya que, al igual que hemos firmado conjuntamente la petición al Consultivo, tenemos ante nosotros una propuesta de resolución conjunta que vamos a ratificar hoy y presentar los oportunos recursos de inconstitucionalidad.

Señorías, la justicia nos va a dar la razón porque la tenemos y, cuando eso ocurra, habremos sentado la base jurisprudencial necesaria para que en el futuro, gobierne quien gobierne en el Estado, tenga en cuenta cómo hay que actuar de aquí en adelante. Hay que cumplir con la lealtad institucional debida y cada vez que en el futuro se quiera modificar algún aspecto de nuestro Régimen Económico y Fiscal realizar propuestas consensuadas con Canarias, porque el Estatuto del 2018 ha avanzado nuestro autogobierno y autonomía y no somos ya testigos mudos de los avatares de nuestro destino. Ahora tenemos más argumentos normativos para opinar ante las decisiones estatales que afecten a las compensaciones que nos son propias históricamente por nuestra lejanía, insularidad y situación de región ultraperiférica. Y no estamos hablando de privilegios, como podrían pensar algunos que no conocen la realidad socioeconómica de Canarias, estamos ante las medidas económicas y fiscales que nos permiten converger en igualdad de oportunidades con el resto del territorio español, y las tenemos por nuestro hecho diferencial y los hándicaps que supone estar a más de mil quinientos kilómetros del resto del territorio nacional y del continente europeo.

Y defender nuestras singularidades no es una cuestión de nacionalismo ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión de pura coherencia política, pues somos los representantes que han elegido los canarios para que gobernemos y legislemos velando por sus intereses. Y debemos hacerlo siempre, el ciudadano debe ser siempre el centro de nuestras políticas.

Señorías, en este asunto de los recursos, el Parlamento de Canarias no va a estar solo institucionalmente, también el Gobierno de Canarias se ha sumado y liderado esta respuesta judicial ante el Tribunal Constitucional. Hagamos piña y sumemos, elevemos la voz solicitando soluciones dialogadas, a la vez que incoamos e impulsamos estos recursos de inconstitucionalidad, de forma que demostremos una unidad y un convencimiento plenos para resolver este asunto que afecta a las producciones audiovisuales realizadas en Canarias en el presente, así como para sentar las bases que impidan que ocurra algo similar que afecte a nuestro REF en el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.

El señor MARRERO MORALES: Buenos días, señorías.

Hoy asistimos a un debate acumulado de dos asuntos importantes que afectan al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Uno sobre normas de elusión fiscal y normas tributarias y el otro sobre fiscalidad energética y de utilización del agua. Por un lado, una ley y un real decreto ley, respectivamente, a los cuales vamos a interponer recurso de inconstitucionalidad.

Este Parlamento previsiblemente va a acordar, de forma unánime, presentar esos sendos recursos de inconstitucionalidad porque no se han respetado las formas previstas en el Estatuto de Autonomía, sobre la preceptiva consulta por parte de los poderes del Estado a este Parlamento en cualquier asunto que pretenda realizar modificaciones de nuestro REF. Esto ha supuesto una modificación, no solo de las formas sino también del fondo, y se ha activado, en consecuencia, la garantía constitucional y estatutaria que está prevista. Es decir, que actuando conforme tanto a la Constitución como al propio Estatuto de Autonomía ya en junio acordamos, de alguna manera, hacerle llegar, por más de dos tercios, por la totalidad de esta Cámara, al Congreso y al Senado nuestro planteamiento y ante no haber hecho caso al respecto, en fin, hoy estamos interponiendo este recurso, con la finalidad de que se dialogue, con la finalidad de que se llegue al acuerdo.

Esta decisión del Parlamento va a obligar, de alguna manera, a que se retomen las negociaciones al respecto en esa Comisión Bilateral Canarias-Estado para resolver esas discrepancias y poder modificar tanto la Ley 11/2021, de 9 de julio, por la que se transpone la directiva europea del año 2016, la 1164 del Consejo, como el Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, sobre energía y agua. Es evidente que el Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afectan al REF de Canarias. Así lo recoge la legislación y así nosotros, como parlamentarios, nosotros y nosotras, tenemos la obligación de hacer cumplir el Estatuto de Autonomía también, que es una norma del Estado también.

Ya en junio este Parlamento aprobó por unanimidad el informe desfavorable al apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 11/2021, de 9 de julio, por desacuerdo con la modificación relativa a los límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. Sobre la propuesta ministerial de no mantener el diferencial del 80 % en dichas deducciones por inversiones respecto al resto del Estado, con muchos meses de antelación, aunque con escaso éxito por los resultados obtenidos, estuvo negociando con el Gobierno del Estado el Gobierno de Canarias y demás, en especial el viceconsejero de Cultura y Deportes. Por tanto, nos encontramos ante una vulneración del artículo 167.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Hemos manifestado conformidad con determinadas modificaciones, como en el caso del IGIC, mejoran la regulación vigente, reforman y refuerzan las potestades recaudatorias de la Agencia Tributaria Canaria, al igual que la adecuación del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, previsto en la Ley 19/1994, a las directrices comunitarias sobre ayudas prestadas al transporte marítimo contenidas en la Comunicación 2004/43 de la Comisión Europea.

La actividad audiovisual en Canarias, aun en mitad de esta crisis ocasionada por la COVID-19, se ha convertido en un sector estratégico, de alto valor añadido, por ser un elemento generador de empleo y por constituir un factor potencial de internacionalización de la economía canaria. En el año 2020 se incrementó en un 55 % el empleo en Canarias en el sector audiovisual, pasando de 1336 empleos a 2027, potenciado por esas singularidades del REF, pero no solo por el REF como único factor, lo que precisa que sigamos manteniéndolo y dándoles además a los sectores que quieran trabajar en Canarias en este asunto seguridad jurídica suficiente.

Con la normativa estatal vigente se ha incumplido lo recogido en el REF, por el cual la deducción en Canarias debe ser siempre superior a un 80 % respecto al régimen general y con un diferencial mínimo de esos treinta y cinco puntos porcentuales. Al pasar de 3 a 10 millones con carácter general y en Canarias mantener los 5,4 millones, no cumple con la actualización, que debiera llevar al menos hasta los 18 millones de euros. Yo creo que en el futuro debiéramos hablar más que de cantidades de porcentajes, porque sería lo que automáticamente trajera consigo que ante una modificación de carácter general a nivel de Estado también se pueda hacer automáticamente en Canarias, y que debe aplicarse eso con fecha de 1 de enero de 2020 y no del año 2021, que es donde venían las discrepancias con respecto a la norma emitida por el Estado.

También se plantea que se precisan los incentivos previstos para los servicios de posproducción o animación en Canarias, sector incipiente pero que también necesitamos potenciarlo para ganar en autonomía en ese tejido productivo en las islas.

Ni podemos permitirnos inseguridad jurídica ni pérdida de competitividad, porque el sector audiovisual genera empleo en Canarias. Los porcentajes definitivos y las cuantías exactas a definir deberán ser fruto del proceso de negociación que se continúe propiciando en esa Comisión Bilateral Canarias-Estado y a la posterior modificación en el Congreso de los Diputados de la norma al respecto si fuera necesario. Esperamos ahí que lo que aquí se apoya también se haga en Madrid, por parte de todos y cada uno de los grupos que aquí hoy se pronuncian en este asunto.

Es una evidencia que el Régimen Económico y Fiscal reconoce al sector audiovisual como sector estratégico para el desarrollo económico de las islas en tanto en cuanto establece los incentivos fiscales que compensan la lejanía y la fragmentación territorial, además de las dificultades para diversificar el sistema productivo dada la alta dependencia del turismo.

En los últimos años este sector ha incrementado su presencia en el archipiélago y existe unanimidad política en las fuerzas con representación parlamentaria regional para seguir impulsando la atracción de rodajes internacionales, al mismo tiempo que se refuerza el tejido social y al sector en Canarias por sí mismo.

El Régimen Económico y Fiscal es nuestro fuero canario, basado en el reconocimiento de nuestra singularidad como archipiélago atlántico y las luchas de todas las generaciones anteriores por defenderlo y mantenerlo. Nosotros somos un continuo. Por tanto, los efectos de ese reconocimiento tienen que ser generales, extendidos por todo el territorio y disfrutarse por toda la sociedad canaria en plano de igualdad y sin excepciones, y ahí, de alguna manera, quisiera introducir unas reflexiones sobre la utilidad del Régimen Económico y Fiscal y también desacralizar algunos aspectos que lo han ido desnaturalizando.

Quisiera recordar que entre esos cuatro pilares de nuestro Régimen Económico y Fiscal está, por un lado, esa imposición directa menor que la común española, reflejada en el IGIC, sustentada en el hecho de una insularidad que es más costosa. Esa es una de nuestras características.

La otra son las libertades comerciales para poder realizar libre comercio con el resto del mundo, dada nuestra condición de estructura productiva de exportación. Este asunto, con variaciones, se ha mantenido, a pesar de nuestra pertenencia a la UE, está recogido también el Poseican, la tarifa exterior común, etcétera.

El tercer aspecto es el coste de la insularidad, materializado en aspectos como las primas al transporte, los costes de electricidad, el agua potable, y que a veces sufre los vaivenes de quien está en el Gobierno del Estado. Ahora, sin embargo, es el caso de la energía. Sí que disponemos de recursos naturales que nos deberían hacer avanzar hacia mayores cotas de soberanía energética mediante las renovables y a impulsar el binomio agua-energías renovables.

Y el cuarto, en este caso lo llama Antonio González Viéitez, el amigo Toni, lo denomina el pilar particular del REF y que consiste en que ya desde 1992 y, de manera especial, en la modificación del año 1991 se comenzó a perder la extensión generalizada de los beneficios del REF y se ha ido incrementando esa tendencia con la actual modificación última del Régimen Económico y Fiscal. Recuerdo unas jornadas que celebramos en el Foro Agustín de Betancourt, donde estuvo el representante del Gobierno en aquel momento, estuvo Antonio González Viéitez y otras personas, donde se planteaban aspectos críticos al respecto. Se han incorporado una serie de beneficios que se han dirigido a la producción y, de manera especial, a la realización de inversiones en Canarias, como el caso de la Reserva de Inversiones de Canarias, que ya en el 2006 significaba el 6,5 % del producto interior bruto canario. Este pilar particular se ha venido defendiendo, a pesar de no beneficiar directamente a la totalidad de los canarios, porque esa hipotética inversión generaría empleo y nosotros queremos ligar los planteamientos y exigencias de hoy respecto al sector audiovisual o respecto a la energía y al agua potable también con el empleo. Visto lo visto, con los niveles estructurales que ha habido en estos años, de paro, que hemos venido arrastrando, es muy difícil encontrar una relación de causa-efecto entre exenciones y generación de empleo. Y un problema fundamental es que el concepto de inversión en una entidad productiva para incrementarla se ha pervertido convirtiéndose en ahorro, que es otra denuncia que nosotros en determinados momentos hemos planteado.

Queremos aprovechar la ocasión de este debate que se está dando en torno al REF para volver por lo menos a apuntar estos asuntos; es decir, no puede ser que a unas personas se les permita, con exenciones fiscales que están dirigidas a la inversión, que se conviertan en ahorro en detrimento del conjunto de la sociedad, que no puede utilizar esos mismos instrumentos. El más claro ejemplo lo hemos tenido en el hecho de que, con tributos de los que has sido exonerado, puedas comprar, por ejemplo, deuda pública, con una financiación más barata para las instituciones canarias, a cambio de que el Estado perciba menos impuestos y el empresariado no solo no invierta, creando actividad económica y empleo, sino que se le premie por ahorrar, pervirtiendo el concepto de inversión que justifica las exenciones tributarias. Por eso nosotros queremos volver a los orígenes del Régimen Económico y Fiscal reivindicando derechos para el conjunto de la sociedad canaria, para la totalidad, no para unos cuantos, como en los últimos años ha ido esa tendencia incrementándose.

Por eso, desde Sí Podemos Canarias defendemos las fortalezas del Régimen Económico y Fiscal, señalamos como una debilidad el que, frente a los intereses generales, se han ido introduciendo elementos particulares que beneficien a unos pocos, de los recursos estatales que compensan a Canarias por su insularidad, y, desgraciadamente, la tendencia de que se recojan en el REF las peticiones de determinados grupos de presión como si fuera su particular carta a los reyes magos, que ha traído consigo ese debilitamiento del REF.

El REF consideramos desde Sí Podemos Canarias que debe tener como prioridad tanto la apuesta por la diversificación de la economía como la creación de nuevos puestos de trabajo, procurando empleo digno y de calidad, empleo decente. Por tanto, los incentivos fiscales deben estar ligados al mantenimiento y a la creación de empleo, y además en Canarias y no en el exterior.

Desde la solidaridad debemos tener en cuenta que no debiera mermarse la caja única de la Seguridad Social ni perjudicar el presente y el futuro de las pensiones públicas, porque todos colaboramos a ello desde todo el Estado, y a su vez en todos los procesos de negociación interterritorial o bilateral se debe procurar el cumplimiento de la legalidad, no permitiendo que las inversiones estatales en Canarias sean inferiores al promedio del conjunto de las comunidades autónomas.

Las subvenciones al transporte de pasajeros, el transporte de mercancías, la potabilización del agua no pueden estar a la libre discrecionalidad de los gobiernos de turno y ser o no incluidas suficientemente en los presupuestos generales del Estado. Por eso, como en el resto de asuntos, unos incluidos en el REF y otros no, debemos procurar que sigan siendo motivo de negociación y de acuerdo entre dos gobiernos, del Estado y de Canarias, de los cuales formamos parte tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos en el del Estado o Sí Podemos Canarias en las islas, y donde debe primar el acuerdo, el diálogo, desde el mutuo respeto institucional, en las relaciones Canarias-Estado, que no debe ser producto del mercadeo electoral y de los apoyos debidos, sino de unas relaciones de lealtad institucional y de cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés general.

Motivos suficientes -señor presidente, si me deja un momentito más-...

El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Marrero.

El señor MARRERO MORALES: Motivos suficientes los hay, por tanto, para estos recursos de inconstitucionalidad, que obliguen al diálogo... (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo), que fortalezcan nuestro Régimen Económico y Fiscal y, de manera especial, que seamos conscientes de que no debemos seguir protegiendo a unos pocos sino procurando la defensa del interés general, la creación de empleo digno y decente y de calidad y la diversificación de nuestra economía, aspectos esenciales para afrontar con ciertas garantías de éxito esta crisis sanitaria, económica y social a la que nos estamos enfrentando y de la que tenemos que salir todos juntos y el REF es un instrumento fundamental para ello.

Estos recursos cuentan con el aval del Consejo Consultivo para interponerlos ante el Tribunal Constitucional, una vez sean apoyados por al menos los dos tercios de la Cámara. Apoyamos las actuaciones del Gobierno actual y tenemos confianza máxima en el diálogo y en el acuerdo entre dos gobiernos que tienen objetivos comunes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marrero.

Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidente. Señorías, buenos días.

Hoy por fin esta Cámara va a dar el último paso procedimental, hoy daremos el visto bueno para que el Parlamento de Canarias proceda a la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad con el único fin de reparar la innecesaria agresión perpetuada por el Gobierno de España y por las Cortes Generales a Canarias, al fuero canario, a los derechos de la ciudadanía canaria. Un dislate que nunca debió haberse producido.

Y desde Nueva Canarias lo definimos como grave, además de por la vulneración en sí del diferencial canario en cuanto a la deducción por inversión cinematográfica en las islas, también por la deslealtad institucional con la que se ha actuado y por la reiteración de las acciones acontecidas, ya que no ha sido una ni dos sino hasta cuatro veces en que se han empeñado en transgredir nuestras competencias y conculcar nuestros derechos. Y por eso, por desdeñar lo que de todas las formas posibles estuvimos advirtiendo durante trece meses, es por lo que en este Parlamento nos hemos visto obligados a llegar hasta aquí. No porque nos entusiasme, no, sino porque los hechos y las circunstancias así lo han exigido. Y es que desde hace un año y cuatro meses, justamente desde el 5 de mayo del año pasado, cualquier reforma legal que supusiera una alteración de los porcentajes y de los límites de una deducción por inversión a nivel estatal conllevaba en paralelo la adaptación de la normativa canaria, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero en mayo del año pasado el Gobierno estatal modificó mediante un real decreto ley la ley del impuesto de sociedades para incrementar los porcentajes y los límites de deducción por inversión cinematográfica para la península y para Baleares hasta 10 millones de euros; sin embargo, no hizo lo propio con el REF, cuando de acuerdo con la Ley del REF de 1991 debieran corresponder 18 millones. Única cantidad que permite a día de hoy mantener nuestro diferencial fiscal, diferencial que es del 80 %. Y a resultas de esto por primera vez una deducción por inversiones era más favorable para gastos realizados en el territorio peninsular y en Baleares que para gastos efectuados en Canarias, lo que sin ningún género de dudas significó una violación de los principios esenciales de nuestro Régimen Económico y Fiscal.

Y desde Nueva Canarias no nos quedamos quietos, no; de hecho, el primer diputado canario en reaccionar ante este agravio fue el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, el primer diputado en reacción fue Pedro Quevedo, otros reaccionaron más tarde y algunos ni siquiera reaccionaron. Nueva Canarias presentó no una sino dos enmiendas a sendos proyectos de ley, la primera en junio del 2020 y la segunda en febrero del 2021, en un intento de rectificar este incumplimiento.

Pero no solo se movió Pedro Quevedo en el Congreso, también aquí, en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Nueva Canarias se ha estado moviendo y mucho. Por ejemplo, con la presentación de una propuesta de resolución en el debate sobre el estado general de la nacionalidad demandando al Gobierno de España que corrigiera el incumplimiento que había provocado en el REF; o también con la presentación de una proposición no de ley en mayo pasado en el mismo sentido que la propuesta de resolución, y una semana más tarde, además, reiteramos esta petición a través de una enmienda de sustitución a una PNL de Coalición Canaria, enmienda que fue aceptada. Pero después de todas estas demandas, en lugar de que el Gobierno de España rectificara, el resultado fue justo el contrario y mediante la presentación de una enmienda en la Cámara Alta lo que se aprobó fue que el diferencial fiscal determinado en el REF no fuera de un 80 % sino de 2,4 millones de euros, pasando el importe de la bonificación a 12,4 millones en lugar de los 18 millones que exige nuestro REF. Pero, por si esto fuera poco, unos días después el Gobierno estatal, al darse cuenta de que en la enmienda presentada en el Senado el año fiscal era erróneo, el 25 de junio, mediante la publicación de un real decreto ley, el Gobierno de España vuelve a reafirmarse en el incumplimiento.

En definitiva, en tan solo cinco días, entre el 25 y el 30 del pasado mes de junio, Canarias sufrió en carne propia dos graves hechos promovidos por el Gobierno estatal y por las Cortes Generales que significaron un indudable atentado contra nuestro fuero, recortando nuestros derechos, vulnerando los derechos recogidos en nuestro REF. Más aún, estos dos hechos supusieron, además de un incumplimiento de nuestro fuero, una flagrante falta de respeto institucional. Y es que, aunque en muchas ocasiones los dirigentes de las formaciones políticas estatalistas no lo entiendan, lo desconozcan o sencillamente lo desprecien, el REF no es un capricho, el REF no es un regalo, el REF no es un privilegio, el REF es nuestro fuero, el REF es voluntad de ley. Con el REF se trata de responder a la insularidad, a la lejanía, a nuestras especiales condiciones geográficas y a la escasez de recursos con el objetivo de promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las condiciones o las dificultades derivadas de nuestra condición de región ultraperiférica. Razón por la que esta Cámara, de forma inmediata, se puso manos a la obra, aprobó un nuevo procedimiento específico para la interposición de recursos de inconstitucionalidad, proceso que hoy culminaremos y recursos que, por lo menos el referido al real decreto ley, antes del 25 de septiembre tendrá que ser presentado en el Tribunal Constitucional.

El Parlamento de Canarias, en sesión celebrada el 28 de junio, y sobre la base del informe elaborado por la Consejería de Hacienda y aprobado por el Gobierno de Canarias, unánimemente, e insisto, unánimemente, emitió informe desfavorable a la redacción dada a la disposición adicional decimocuarta de la ley del 94, de modificación del REF, en la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Y la razón del sentido desfavorable de este informe no fue otra que el proyecto de ley de fraude fiscal no recoge que el límite de la deducción en Canarias sea del 80 % superior al vigente en el régimen general para el conjunto del Estado. Pero, pese a haber emitido este informe desfavorable, aprobado por unanimidad de la Cámara canaria, por tanto, con más respaldo que la mayoría cualificada exigida en el Estatuto, las Cortes continuaron con la tramitación del proyecto de ley, incumpliendo con lo señalado en el bloque constitucional y ostentando, además, un inaceptable desprecio a esta Cámara. Un informe que evidenció que es Canarias quien se opone a que otros vulneren nuestros derechos, porque los derechos no se pueden infringir, los derechos no se pueden violar, los derechos hay que respetarlos.

Este informe desfavorable supuso también un hito para Canarias, y me refiero a la unidad de acción lograda por el Legislativo y el Ejecutivo para defender los derechos de Canarias ante las instituciones estatales. Además, este informe desfavorable debería haber paralizado la tramitación del proyecto de ley activando automáticamente y por primera vez el nuevo modelo de relaciones bilaterales entre Canarias y el Ejecutivo estatal fijado en el Estatuto del 2018, pero este hecho tampoco se produjo. Con lo que, llegados a este punto, nos vimos obligados a presentar, y nuevamente lo hicimos por unanimidad, la solicitud de interposición de recursos de inconstitucionalidad, que hoy votaremos y estoy segura de que aprobaremos nuevamente por unanimidad. Interposición de recursos de inconstitucionalidad con los que Canarias demostrará que no nos vamos a quedar quietos, demostrará que todos unidos vamos a llegar donde haga falta para defender los derechos de Canarias, para defender nuestros derechos. Y para eso contamos no solo con nuestra determinación, que la tenemos y mucha, sino también con el aval del Consejo Consultivo de Canarias, que no en uno sino en dos dictámenes, uno facultativo y otro preceptivo, concluyó, en primer lugar, que tanto las bonificaciones al REF realizadas en la ley de lucha contra el fraude fiscal como en el real decreto ley de medidas en el ámbito de la fiscalidad energética suponen una modificación tanto sustancial como formal del REF de Canarias, lo que activa la garantía procedimental establecida en la Constitución y en el Estatuto. También, en segundo lugar, que la aprobación del informe desfavorable del Parlamento de Canarias suspende, desde que se notifica dicho informe a las Cortes Generales, la tramitación de las iniciativas legislativas que pretendan modificar el REF. Y continúa diciendo que este incumplimiento vicia la ley de invalidez, por lo que hay motivos suficientes para interponer un recurso contra ella ante el Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del precepto. Y, por último, y en relación con el real decreto ley, dice que el Gobierno del Estado está obligado a solicitar el informe al Parlamento con anterioridad a la aprobación de cualquier decreto ley que pretenda modificar el REF.

En definitiva, dos informes del Consultivo que reafirman que se están vulnerando los derechos de Canarias, y eso las instituciones canarias no lo pueden permitir. No lo podemos permitir, porque, como antes mencioné, los derechos no podemos permitir que se infrinjan, los derechos no podemos permitir que se violen, los derechos tenemos que obligar a que se respeten.

Y cierto es que la cuestión de fondo, el diferencial de la deducción por inversión en producción cinematográfica realizada en Canarias, se va a solventar, porque existe un acuerdo entre mi partido, entre Nueva Canarias, y el Partido Socialista para corregir el incumplimiento, para restituir el diferencial del 80 % a través de una enmienda a la ley de cultura que ya se encuentra en tramitación, pero, en cualquier caso, también está el recurso, que entiendo... (ininteligible) usar, pero está la comisión bilateral. Pero, eso sí, eso no exime a este Parlamento de adoptar todas las medidas posibles para salvaguardar los derechos.

Dicho esto, de la misma manera, señalar también que las cuestiones de forma, que no han sido pocas, el desprecio y ninguneo al que tanto el Gobierno estatal como el Congreso han sometido a esta Cámara no lo van a resolver ni la comisión bilateral ni los acuerdos políticos, porque el mal ya está hecho, porque, no nos engañemos, señorías, a Canarias el Gobierno de España solo la tiene en cuenta cuando necesita nuestros votos. El otro día leía unas declaraciones del señor Casado aludiendo al presidente Sánchez en las que le decía que el REF era ley, que lo cumpliera, y que una vez lo cumpliera ya se vería si los presupuestos podían igualar a los últimos que elaboró el Partido Popular. Lo que se olvidó de decir el señor Casado es que los últimos presupuestos que elaboró el Partido Popular, más bien los dos últimos presupuestos que elaboró el Partido Popular, fueron muy muy favorables para Canarias porque el señor Rajoy, para poder tener presupuestos, necesitaba del diputado 176, que no era otro que Pedro Quevedo, un diputado canario, el diputado de Nueva Canarias.

Para finalizar, decir que el Grupo Parlamentario Nueva Canarias va a votar a favor de la presentación de estos recursos de inconstitucionalidad, incluidas las tres enmiendas presentadas, enmiendas cuyo único fin es perfeccionar y fortalecer la iniciativa presentada, y, eso sí, no perdemos la esperanza, por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, de que esta sea la última vez que tengamos que llegar hasta los tribunales para defender lo que es obvio, para defender a Canarias, para defender nuestros derechos, para que se nos respete como sociedad, para defender a las instituciones canarias, al Parlamento de Canarias, porque es en esta institución, la primera institución de Canarias, en la que reside la soberanía de todas y todos los canarios, aunque algunos en el continente se empeñen en ignorarlo, en obviarlo o en negarlo.

Por último, y en referencia a las alusiones... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -perdón, presidente-, a las alusiones hechas por la señora Espino de que Nueva Canarias estaba intentando silenciarla, decirle que no, que lo que ha dicho es categóricamente falso; que lo que Nueva Canarias ha solicitado a la Presidencia de la Cámara es la petición de un informe del Consejo Consultivo de Canarias a los efectos de aclarar las dudas interpretativas, antinomias jurídicas o vacíos normativos en el Reglamento de la Cámara. Con lo que le digo entonces, señora Espino, no falte a la verdad. Y, por cierto, copiando sus propias declaraciones a su antigua compañera del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde usted le decía que era una tránsfuga y que cada acción que hacía, cada voto, era un tamayazo. ¿No fue eso lo que le dijo?, pues, señora Espino, aplíquese el cuento.

(La señora Espino Ramírez solicita la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.

(Rumores en la sala).

¿Sí, señora Espino?

Silencio, señorías.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Sí, señor presidente, me gustaría pedir un minuto...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Espino. ¡Silencio, por favor!

Dígame.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Me gustaría pedir un minuto por falsedades contenidas en las declaraciones de la señora Esther con respecto a afirmaciones que yo he hecho públicamente...

El señor PRESIDENTE: ¿Por alusiones?

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Sí.

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Señora Esther, mire, debe repasar la hemeroteca porque yo jamás llamé tránsfugas a mis compañeros, lo que les pedí fue que devolvieran, que devolvieran los cargos, los cargos, que habían cogido con un pacto de gobierno no autorizado por la que era entonces mi formación política.

Ustedes han presentado un escrito a este Parlamento, al presidente, saltándose los servicios jurídicos de la Cámara, para que informe de la situación del Grupo Mixto el Consejo Consultivo. Algo muy extraño, que no se consulte a los servicios jurídicos de la Cámara, y llama la atención que lo hagan diputados que abandonaron una formación política como Coalición Canaria para crear su propio partido político, aprovechando los escaños que tenían en el Congreso de los Diputados. Y lo que quiere hacer el señor Rodríguez con todos estos movimientos es silenciarme en esta Cámara y no lo van a conseguir.

(Rumores en la sala).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Espino.

Silencio, señorías.

Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (desde su escaño): Gracias, presidente.

Señora Espino, me entero ahora mismo de que es el señor Rodríguez quien está haciendo estos movimientos, porque ya le digo que fui yo, yo, para que le quede clarito. Primer punto.

Segundo punto, ¡usted le dijo a la señora, a su excompañera en el ayuntamiento, que devolviera el escaño a Ciudadanos! ¡Haga usted lo mismo! (Palmoteos).

Y, en tercer lugar, no es anormal, no es anormal que nosotros... No nos hemos saltado a los servicios jurídicos de esta Cámara, es que entendemos que esto es un tema de interés general, porque esta es la primera institución de Canarias y en el Reglamento... Por eso pedimos al Consejo Consultivo, porque es su misión, o le pedimos al presidente para que pida informe al Consejo Consultivo, para que haga... o sea, en todas aquellas lagunas o antinomias que se puedan producir, manifieste su parecer al respecto. No nos hemos saltado nada, no hemos incumplido nada y no le hemos callado a usted la boca.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.

(Aplausos y palmoteos).

Silencio, muchas gracias. Silencio, señorías, por favor.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señora Navarro.

Adelante.

La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno de Canarias.

Si hoy estamos aquí en una nueva sesión, fuera de calendario, monográfica sobre el Régimen Económico y Fiscal es para hacer el trabajo que el Gobierno de Canarias no ha querido o no se ha atrevido a hacer. Si hoy estamos aquí, por lo menos nosotros, el Grupo Popular, es para defender con todos los instrumentos legales a nuestra disposición nuestro fuero, el fuero canario y los intereses de los ciudadanos de cada una de las ocho islas, que nos eligieron para defender sus derechos. Y es que el REF, señorías, no es un mero documento, es la herramienta, la palanca que nos ha servido para alcanzar el actual progreso económico y social y eliminar las desventajas de nuestra lejanía e insularidad. Es, en definitiva, la plasmación de los derechos de todos los canarios, de todos y cada uno de los canarios, vivan en la isla que vivan.

Por eso hoy deberíamos poner pie en pared ante la peculiar manera del Gobierno de España de entender y atender las especificidades de Canarias: hace oídos sordos a nuestros derechos, se salta a la torera nuestro REF y nuestro Estatuto de Autonomía y, lo que es peor, sin ninguna intención de enmendar esta intolerable provocación. Y si no actuamos ya, señorías, habremos perdido una gran oportunidad, y digo esto porque les recuerdo que el plazo máximo para formular recurso de inconstitucionalidad es de tres meses a partir de la publicación de la ley y del decreto ley que hoy nos ocupa. Por tanto, ya estamos en la cuenta atrás para impedir el menosprecio del Gobierno de España a los procedimientos que garantizan en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía la imposibilidad de reforma unilateral de nuestro fuero económico y fiscal y con ello generar la última vulneración del REF: la modificación unilateral de los límites de las deducciones, en este caso por inversiones, de producciones audiovisuales realizadas en el archipiélago. Un diferencial fiscal al que Canarias tiene derecho y que nos permite atraer inversiones que generan miles de empleos, generan ingresos, crean nichos empresariales propios y ayudan a diversificar nuestra economía.

Unas bonificaciones fiscales del 80 % que, como todos conocemos, han saltado por los aires. Primero a través de la Ley 11/2021, de 9 de julio, y posteriormente a través del Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio. Dos iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno de Sánchez que, como reconoce el dictamen del Consejo Consultivo, suponen una modificación tanto sustancial como formal del REF de Canarias. Por eso a nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, nos resulta incomprensible la inacción del Gobierno de Canarias, que, como otras tantas veces, ni se ha hecho respetar ni ha hecho nada para llegar hasta aquí. Sí, señorías, el Gobierno de Canarias ha renunciado a plantar cara con toda las armas legales a su alcance a quienes, con premeditación y alevosía, pisotean nuestro REF y con ello el derecho de todos nosotros, los canarios. Y es que el Gobierno de Canarias ha renunciado a liderar la defensa de nuestros derechos, dejando en manos de esta Cámara la decisión de presentar el recurso de inconstitucionalidad y ha optado por un incierto diálogo confiando en una más que dudosa convocatoria de la comisión bilateral prevista en nuestro Estatuto de Autonomía. Lo cierto es que nosotros creemos que lo ha hecho para no incomodar al señor Sánchez. Por eso, los socialistas canarios y sus socios de Gobierno han preferido, una vez más, esconderse entre todos nosotros, los setenta diputados, y dejar que sea esta Cámara, este Parlamento, quien lidere el recurso de inconstitucionalidad.

Afortunadamente, señorías, esta Cámara, este Parlamento, el Parlamento de Canarias, no ha hecho dejación de su responsabilidad y, al contrario que el Gobierno o el Ejecutivo autonómico, va a ejercer y está ejerciendo la potestad que le confiere el artículo 162, apartado a), de nuestra Constitución, trayendo a debate hoy sendos acuerdos de interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En definitiva y en resumidas cuentas, señorías, lo que pretendemos hoy con esta propuesta es recurrir tanto la Ley 11/2021, de 9 de julio, de lucha contra el fraude fiscal, como el Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, de medidas urgentes en materia de fiscalidad energética.

¿Y por qué? Bueno, en el primer caso porque la disposición final primera, dirigida a la modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, supone la vulneración del artículo 167.2 de nuestro Estatuto del Autonomía. Un artículo que sé que es de sobra conocido por todas sus señorías, que desarrolla, obviamente, la disposición adicional tercera de nuestra Constitución. Pero me van a permitir destacar hoy dos aspectos. El punto en el que se establece que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias solo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la citada disposición adicional tercera de la Constitución. ¿Previo informe de quién?, pues de este Parlamento, del Parlamento canario, que además ha de ser favorable y además ha de ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. Y también quiero destacar el punto en el que se señala que si el informe fuera desfavorable, votado así por las dos terceras partes de la Cámara, ¿qué es lo que hay que hacer?, pues, que se reunirá la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la de la comunidad, en cuyo seno se adoptará un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación de la propuesta de texto normativo. Y es que, señorías, una vez emitido el preceptivo informe previo de carácter desfavorable por parte de este Parlamento, del Parlamento de Canarias, votado por más de las dos terceras partes de sus miembros, se debió proceder a la inmediata paralización de la tramitación de la iniciativa legislativa hasta conocer los resultados o posibles acuerdos que sobre las modificaciones propuestas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias salieran de esa Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la de la comunidad autónoma. La consecuencia automática de aprobarse el informe del Parlamento de Canarias desfavorable no puede ser otra que la suspensión del procedimiento normativo en curso, con la consiguiente paralización ipso facto de la modificación pretendida del REF. ¿Y qué ha ocurrido, señorías? Ni se paralizó la tramitación del proyecto de ley ni a día de hoy tenemos una fecha, una fecha para esa comisión bilateral.

Permítanme en este punto también resaltar la necesidad de que el indicado informe no solo es preceptivo sino que, además, ha de ser previo, esto es, ha de solicitarse antes de producirse la modificación del REF. En el segundo caso, en el caso del Real Decreto Ley 12/2021, también contiene una disposición, esta vez la disposición final tercera, que igualmente modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, pero en este caso es que además no se solicitó el previo informe preceptivo.

¿Todo esto qué supone? Pues, una flagrante vulneración de la garantía procedimental que se recoge en la disposición adicional tercera de la Constitución, que establece que la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

En definitiva, señorías, como ustedes mismos ven, llueve sobre mojado, tanto por el desprecio del Gobierno de España a las garantías constitucionales y estatutarias de nuestros fueros como por los clamorosos silencios de nuestro Gobierno, del Gobierno de Canarias.

No me voy a extender más en el atropello a nuestro fuero que ha supuesto la aprobación de estas dos normas legislativas, como tampoco en el deliberado y grosero desinterés del Gobierno de España en general y de la ministra de Hacienda en particular para enmendar estos agravios. Son de sobra conocidos, de hecho, llevamos ya tres plenos monográficos y un exhaustivo y esclarecer dictamen del Consejo Consultivo al respecto. Pero sí me gustaría cerrar este apartado haciendo mención, a modo de corolario, a una gráfica expresión contenida en el dictamen -abro comillas-: "es palmaria la modificación del REF en el supuesto que ha dado lugar a la presente consulta parlamentaria" -cierro comillas-. Si me permiten la expresión, señorías, no hay más ciego que el que no quiere ver y si el Gobierno de Sánchez no ha cumplido con el REF es sencillamente porque no ha querido. Para Sánchez y la ministra Montero nuestros fueros siguen siendo una propina canaria, una merced en lugar de un derecho. No reconocen nuestros fueros, se desentienden de nuestro Estatuto y ponen todas las trabas posibles para elevar los incentivos, en este caso a las producciones audiovisuales, al máximo, tal y como establece nuestro REF, nuestro Régimen Económico y Fiscal.

En paralelo, tengo también que decir que la labor del Ejecutivo autonómico, señor Torres, ha sido para enmarcar. Ni recurso de inconstitucionalidad ni fecha para la celebración de la comisión bilateral, bueno, por no conocer -permítame que se lo diga, señor Torres-, por no conocer no conocemos si existe una convocatoria oficial, porque es que no lo conocemos, ni siquiera conocemos si existe una petición formal. La realidad es que a día de hoy, señorías, el Gobierno de Canarias no ha sido capaz de dar ni un solo paso creíble y constatable que nos permita pensar a nosotros, a este Parlamento, que van a arreglar la ilegalidad cometida con el REF. Por el contrario, se conforman con una foto protocolaria en el ministerio, se conforman con la vaga promesa de la responsable de Hacienda de que el diferencial canario se corregirá antes de final de año. La pregunta que nos hacemos todos es por qué no ahora, por qué no ya. Una ministra, por cierto, señor Torres, que considera que la normativa aprobada no incumple el REF, se lo hemos escuchado expresamente decir.

Bueno, y lo último que hemos escuchado es que presumen de tratar el tema durante las vacaciones de Sánchez en Lanzarote, en "un encuentro -abro comillas, así salió en prensa titulado- de descanso para departir" -cierro comillas-. Aunque luego todos nosotros, los canarios, nos sorprendimos cuando vimos que en Moncloa ni se mencionó ni se hizo una reseña de ese encuentro, señor Torres. En definitiva, señorías, nada de nada.

Por eso creo sinceramente, cree mi grupo parlamentario, que el paso adelante que han dado todos los grupos parlamentarios de esta Cámara planteando el recurso de inconstitucionalidad está más que justificado. Insisto en ello, políticamente, aparte de desechar las garantías constitucionales que protegen nuestro fuero, se han ignorado las competencias estatutarias de Canarias en relación con la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago; se ha desdeñado el informe desfavorable de esta casa, de este Parlamento, del Parlamento de Canarias, y sus consecuencias en el trámite parlamentario de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal; y se ha burlado, se ha burlado -hay que decirlo así de claro- el deber que tienen... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). Decía que se ha burlado el deber que tienen las Cortes Generales de pedir el informe al Parlamento de Canarias en la disposición final tercera del Real Decreto Ley 12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía.

Por tanto, señorías, es nuestro deber y nuestra obligación garantizar que lo que nos ha costado lograr a lo largo de seis siglos de historia, un régimen económico y fiscal diferenciado y que reconozca nuestras especificidades, siga siendo respetado. Es nuestro deber y el Partido Popular lo respaldará. Vamos a apoyar hoy la propuesta de interposición de los recursos de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, y contra la disposición final primera de la Ley 11/2021, de 9 de julio.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señor Barragán, tiene la palabra.

Silencio, señorías.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente. Señorías.

Bienvenidos a este nuevo inicio del curso político, que seguramente será bastante intenso ante los grandes retos que tenemos, para valorar si efectivamente en el año 2022 empieza lo que todos queremos, que es la recuperación económica y esa vuelta a la normalidad.

Señorías, resulta paradójico encontrarnos aquí debatiendo la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad en defensa del Régimen Económico y Fiscal cuando este Parlamento ha actuado con lealtad y legalidad, conforme a nuestro Estatuto de Autonomía y la Constitución, en la emisión de sus informes en defensa del Régimen Económico y Fiscal. Parece que se lo han tomado como un juego al que se han hecho trampas ustedes mismos. Pero no estamos ante un juego, estamos hablando de Canarias, de su Parlamento y del resto de las instituciones, de la Constitución española que consagra el Estado de las autonomías; estamos hablando hoy aquí del trabajo esencial que en esta Cámara realizamos como representantes de la ciudadanía en la defensa legítima de los intereses de las islas. Hablamos, señorías, de la defensa de nuestros fueros, tanto del propio Estatuto de Autonomía como del Régimen Económico y Fiscal.

Señorías, setenta diputados y diputadas conforman la voluntad popular de esta comunidad autónoma, setenta diputados y diputadas que nos reunimos y aprobamos emitir un informe desfavorable que contempla tanto la disposición adicional tercera de la Constitución como el Estatuto de Autonomía y el propio Reglamento del Parlamento de Canarias y que fueron ignorados.

Percibo en algunas intervenciones la creencia de que no pasa nada por que en dos ocasiones se haya ignorado y vulnerado el fuero canario, que es el que garantiza que, a pesar de nuestras singularidades, estemos en igualdad de condiciones con respecto al resto de la ciudadanía española. ¿Ustedes creen que no pasa nada por que una ministra de Hacienda y, en consecuencia, el propio Consejo de Ministros, además de los grupos que apoyan al Gobierno en las Cortes Generales, hagan caso omiso a un informe desfavorable de este Parlamento, regulado en el Estatuto de Autonomía?, ¿creen que activando el recurso de inconstitucionalidad contra las decisiones del Gobierno y del Congreso de los Diputados cubrimos el expediente, que aquí paz y en el cielo gloria? Aunque reconocemos aquí y ahora el valor y la trascendencia de la decisión que va a adoptar este Parlamento al respecto de manera unánime, coincidirán conmigo en que no deberíamos haber llegado hasta aquí, porque, como digo, no se trata de un juego.

Señor presidente, señorías, no teníamos que haber llegado a esta situación y la realidad es que hoy existe una ley y un real decreto ley vigente que han incumplido el marco legal, saltándose los procedimientos establecidos en este Parlamento. ¿Qué ha fallado entonces? Ha fallado, a nuestro juicio, la falta de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez, en este como en otros tantos asuntos, y un exceso de soberbia jacobina que representan en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, más de las que nos gustaría, los gobiernos de España desde la Villa y Corte de Madrid. Pero más allá del diálogo se ha sobrepasado una línea que jamás, insisto, jamás, el Gobierno español debió traspasar, la línea, señor presidente, de la lealtad institucional, que siempre desde Canarias, hasta en los peores momentos, se ha respetado. Así que sí que pasa.

Y esto no puede resolverse en la trastienda del Gobierno. Ustedes nos dicen que Pedro Sánchez les ha prometido que lo va a solucionar, que la ministra Montero, a cambio de no se sabe qué, lo va a resolver. ¿Qué les tienen que prometer cuando lo único que tienen que hacer es cumplir la ley? Y, por otra parte, si estaba tan claro que tenía solución, y la tiene, ¿por qué no se hizo antes?, ¿por qué no atendieron alguna de las múltiples soluciones que les propusimos? Y no por contar las emanadas desde este Parlamento, algunas de las propuestas por Coalición Canaria -yo no voy a hacer como la señora Esther de solo nombrar a Nueva Canarias-, por Nueva Canarias en las Cortes y, quiero ser justo, hasta por un diputado socialista en el Congreso de los Diputados, que me consta que estuvo trabajando por que esta, la solución esa que se va a buscar ahora, era la solución que había que buscar desde el primer momento. Y, por lo tanto, no solo un partido se ha preocupado de esta cuestión en las Cortes.

¿Por qué tenemos que recurrir hoy a este recurso de inconstitucionalidad? Ustedes han creado un problema y ahora intentan escenificar una solución a un conflicto que nunca se debió dar. Perdonen ustedes, pero tiene demasiada pinta de un trueque de favores entre partidos políticos, porque el espectáculo ha sido sorprendente, con esas reuniones entre representantes de partidos o entre miembros del Gobierno, muy bien no se sabe exactamente cómo. No se han preocupado de separar lo que es la gestión institucional de la actividad política y entran por la puerta como presidente de Canarias, como vicepresidente en el caso del señor Rodríguez y salen como secretario general de los socialistas o presidente de Nueva Canarias en las notas de prensa posteriores. Y en esa confusión les garantizan al Gobierno de Sánchez su apoyo a los presupuestos generales del Estado a cambio de una solución a un problema que no debería haber existido. Es cuando menos sorprendente. Aacuerdos en el ámbito político -y recalco, en el ámbito político- para la negociación de los presupuestos generales del Estado para el 2022 -esto es completamente legítimo, faltaría más- a cambio del respeto a las leyes que más nos afectan, y esto sí que es inaceptable, esto sí que es la locura de esa reunión.

Señorías, llegados a este punto, si nos quedáramos con la solución de esos supuestos acuerdos, haría desaparecer lo que de verdad ha ocurrido, el ataque a nuestro fuero, como si nunca hubiera sucedido. Es en ese contexto, y ya lo han reiterado también otros portavoces, ninguna acción por nuestra parte, y me refiero al Parlamento, favorecería que el Gobierno de España ninguneara de nuevo, cuando le plazca, nuestro Estatuto y nuestro Régimen Económico y Fiscal. Y no se defiende nuestro fuero a golpe de voluntad, a golpe de buenas palabras, sino a base de respetar la legalidad, que se ha ido armando en estos últimos años tanto en el Estatuto como en el propio Régimen Económico y Fiscal, y es lo que este Gobierno del Estado tiene que defender por encima de cualquier sigla política.

Señorías, recordemos que lo que nos ha traído aquí es el incumplimiento del REF en las deducciones de las producciones audiovisuales. Cierto es que es un sector concreto el que se ve perjudicado, pero que se convierte en un precedente peligroso que se puede repetir en cualquiera de las materias en las que el Régimen Económico y Fiscal incide directamente. Pongo casos como el transporte de personas y mercancías, los precios de la energía, del agua, intentos de armonización fiscal que podrían afectar a nuestro Régimen Económico y Fiscal, por poner sucintamente algunos ejemplos. Por eso, señorías, no se trata de defender solo las deducciones a las producciones cinematográficas en Canarias, no se trata solo de eso, se trata de defender toda la legalidad sobre la que se basa una parte importante de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Vuelvo a insistir, hoy estamos defendiendo el Régimen Económico y Fiscal pero también nuestro Estatuto de Autonomía.

Y esta situación no puede volverse a repetir. Como les decía, el tema que ha desencadenado toda esta situación han sido las producciones audiovisuales, pero mañana qué será. Y tristemente, señorías, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Canarias, es un mercadeo en este asunto en el que valen más las siglas políticas que los compromisos con la ciudadanía, la legalidad constitucional y estatutaria. Parece que valen más los partidos que las normas, las que marcan las relaciones entre instituciones, y que están basadas en la lealtad, el respeto mutuo y la legalidad. Conceptos como la colaboración, cooperación, confianza, lealtad institucional, respeto a la legalidad han dado paso al ninguneo y a la vulneración por parte del Estado y a la actitud, yo creo que grave, lo creo, que puede adoptar el Gobierno de Canarias: la sumisión.

Sumiso, señorías, porque todas las decisiones que toma Madrid, sean perjudiciales o no para Canarias, son sistemáticamente aceptadas y justificadas por ustedes y fían la palabra o a la palabra de otros las soluciones de los problemas. Soluciones que nunca llegan, pero que se anuncian a bombo y platillo para después quedar, muchas de ellas, en nada. Le puedo nombrar ahora solo tres ejemplos dado que no es objeto del debate de hoy.

Miren, en inmigración debieron estar preparados en el 2020 y ahora, en el 2021, ¿tiene usted o Pedro Sánchez, desde Moncloa, algo que decir sobre la tragedia humanitaria que se está produciendo en aguas canarias o en la distribución de menores acompañados más allá de mostrarnos su preocupación? En turismo: ¿dónde están los planes específicos anunciados para esta comunidad? En el Convenio de Carreteras: ¿cuántas veces anunciaron los acuerdos y aquí seguimos?

Con estos antecedentes, hay muchos más, con la actitud de desaire y falta de respeto de la legalidad mostrada ante nuestro Estatuto y nuestro Régimen Económico y Fiscal, está claro: es obvio que no podemos fiarnos de la palabra de Pedro Sánchez ni de sus ministros y ministras y por eso es necesario interponer los dos recursos de inconstitucionalidad que estamos debatiendo esta mañana.

El recurso de inconstitucionalidad iniciará su camino y los compromisos anunciados, otro, pero consideramos que es un error -y esto va para usted, señor presidente-, una prueba más si cabe de esa forma de entender el Gobierno de España. Los asuntos importantes de Canarias, que a día de hoy no haya fecha para celebrar una comisión bilateral Canarias-Estado es preocupante. ¿Cuántas veces la ha pedido, señor presidente?, ¿cuántas veces la han convocado para tratar asuntos propuestos por el Gobierno de Canarias? ¿No es el asunto que nos ocupa, la recuperación económica, la inmigración, las transferencias, asuntos lo suficientemente importantes para por lo menos iniciar las reuniones?

Señor presidente, no sé si se da cuenta, no sé si es capaz de entender el peligro. Los antecedentes que va a dejar si no actúa para mejorar y anclar las relaciones Canarias-Estado y exigir la puesta en marcha de los mecanismos de diálogo y acuerdos establecidos legalmente preocupan. Está renunciando a la estructura que sustenta el autogobierno de Canarias, de la que nosotros mismos nos hemos dotado, con la que usted puede ser presidente de todos los canarios y canarias, en igualdad de condiciones que cualquier otro presidente autonómico.

Señor presidente, finalizo.

Vuelvo a congratularme de que hayamos podido llegar a un acuerdo, que hayamos apreciado todos y todas la gravedad de la situación, aquí, en este Parlamento, y vuelvo a manifestar nuestra poca confianza en el actual Gobierno de España a la vista de los antecedentes que he expuesto en mi intervención.

Señor Ángel Víctor Torres, con este acuerdo de hoy tiene usted una razón más, una más de las que ya le asisten como presidente, para la defensa de nuestro fuero en nombre de todo el pueblo canario. Una razón para actuar más allá de su papel como secretario general de los socialistas canarios. ¡No la desaproveche!, demuestre que, aparte de secretario... (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo) en Canarias, usted es el presidente de Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barragán.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Álvaro Lavandera.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Aprobamos hoy la presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad sobre el proceder de dos normas aprobadas por las Cortes Generales que no alcanzaban lo que entendemos necesario para cumplir con nuestro Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Y subrayo lo de proceder porque el objeto de estos recursos es la no paralización de una norma con informe desfavorable y la no solicitud de informe previo a la aprobación de un real decreto ley.

Además de las formas que hoy recurrimos, debemos recordar el fondo. Se ha hecho referencia por otros portavoces. Y es que la voluntad del legislador fue incrementar los beneficios fiscales en todos sus aspectos con respecto al resto del territorio nac ional, incluidas las deducciones del sector audiovisual, debiendo establecer ese incremento en un 80 % y de forma automática.

Ya en el pleno convocado para informar desfavorablemente sobre la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, desde el Grupo Parlamentario Socialista subrayamos la necesidad de trabajar para la defensa del REF y también para su mejora. La disposición adicional que se incluyó en la normativa de nuestro REF en el año 2014, estableciendo un tope en la cuantía, en la época de los recortes del Partido Popular, a los beneficios fiscales de las obras audiovisuales canarias, llegó a invalidar o, como mínimo, a poner en seria incertidumbre jurídica el diferencial genérico del 80 %, y eso, señora Navarro, también nos ha traído aquí. Hoy podemos decir que ese tope en la cuantía formará parte de la historia, que es la mejora buscada de nuestro REF, y que este Gobierno, con su presidente a la cabeza, ha conseguido después de siete años de vigencia de esa disposición adicional origen del conflicto. El mismo presidente que dio personalmente un paso al frente, compareciendo en un pleno extraordinario sobre este mismo asunto, y que quiero recordar porque siempre ha dado la cara en todo momento, en toda circunstancia, en una legislatura especialmente difícil. Por eso creo que es importante anunciar hoy que el próximo lunes día 6 de septiembre presentaremos una enmienda en las Cortes Generales, en el Senado, que dejará claro y para siempre que el diferencial será del 80 %. Ya saben el cómo y ya saben el cuándo.

También es necesario recordar que los socialistas vamos a defender el REF como siempre lo hemos hecho. En esto no vamos a recibir lecciones de nadie. Sin el concurso del Grupo Parlamentario Socialista ni siquiera hubiera habido los votos necesarios para esos dos tercios del informe desfavorable y activar así las garantías estatutarias, y lo digo para quien quiera dar lecciones de defensa de Canarias al Partido Socialista.

No sería justo tampoco no valorar positivamente la unidad que hoy muestran todas las fuerzas políticas aquí representadas en la defensa del REF, algo que debería ocurrir siempre y que, más allá de lo que digan las leyes, es la verdadera esencia de la fortaleza del REF, la unidad de esta Cámara. Por desgracia, no siempre ha sido así, y no parece casual que sea sobre el mismo asunto, las deducciones fiscales de las obras audiovisuales, que con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2017 también se situaban por debajo del 80 %. En aquel momento no se dijo nada, se miró para otro lado. Había otros intereses políticos, intereses encontrados entre un Gobierno nacionalista que necesitaba del apoyo de la derecha y un Gobierno en minoría de la derecha que necesitaba del apoyo de Coalición Canaria. Miren, ni se informó ni se advirtió, todo lo contrario, se silenció, se escondió, y eso también es una deslealtad institucional por aquel Gobierno de Canarias con este Parlamento de Canarias. A la que hay que sumar la gravedad del perjuicio que supuso para la imagen de Canarias en cuanto a destino de obras audiovisuales, porque sí hubo producciones que se vieron perjudicadas en sus previsiones financieras, cosa que, por cierto, no ha ocurrido en esta ocasión, porque ninguna producción se ha quedado fuera de la mayor intensidad posible de sus deducciones para el año 2020. Y es que, señorías, no se debe entender la defensa del REF en función de los intereses partidistas. Canarias y el interés de su progreso están por encima de ello y todavía no hemos escuchado una mínima autocrítica por aquello ocurrido en el año 2017, ni siquiera pedir perdón a las producciones perjudicadas. Y aunque entiendo que cueste pedir perdón, al menos felicitar al presidente por el acuerdo ya anunciado con el Ministerio de Hacienda, por la enmienda que se va a presentar el próximo lunes y que lo materializará. Les situaría en la orilla de los que quieren lo mejor para Canarias. Porque más allá del relato que se quiere buscar lo cierto es que estamos ante una historia de éxito en la que el Gobierno de Canarias, con su presidente al frente, una vez más, ha logrado situar a Canarias en una posición de ventaja y fortaleza, con un Gobierno de Canarias y un Gobierno de España dispuestos a encontrarse.

Señorías, la defensa del REF no puede ser una cuestión de oportunismo político. En el año 2017, como dije antes, con la aprobación de aquellos presupuestos, había otros intereses. Y es que la defensa del REF es un deber político de todos los que representamos en este Parlamento al pueblo canario y no hacerlo así es no estar a la altura del escaño que ocupamos. No se pueden anteponer los intereses políticos al interés general de Canarias. Hoy desterramos esa forma de hacer política, hoy lo estamos haciendo entre todos.

Dicho esto, se ha llegado a decir que, bueno, restarle importancia, ¿no?, a la presentación de estos recursos, porque lo importante es que haya o no atropello, haya o no entendimiento... Ya les he dicho que el próximo lunes se resolverá para siempre y fortalecerá a Canarias como destino de las producciones audiovisuales, ya no solo a nivel estatal sino más allá de las fronteras nacionales. Pero, dicho esto, la modificación de los beneficios fiscales del sector audiovisual, este conflicto nos ofrece una oportunidad -nosotros lo vemos así-, la oportunidad de poner a prueba, de examinar en el alto tribunal el alcance de las nuevas garantías estatutarias de la última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. No hay que tener miedo para ello, al contrario, hay que creérselo. El papel de este Parlamento, su potestad para interponer recursos de inconstitucionalidad en defensa de las garantías institucionales de nuestro REF no solo no es incompatible sino complementario en la negociación abierta entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Una negociación de la que ya sabemos el resultado final y sitúa a Canarias, una vez más, lo digo con claridad y seguridad jurídica, como el territorio de referencia de la industria audiovisual de España. El objetivo que todos debemos compartir, y es la oportunidad que se nos ofrece, con la tranquilidad de que los beneficios fiscales para el sector audiovisual están asegurados, es que el Tribunal Constitucional confirme que las normas con informe desfavorable que modifiquen el REF se paralicen hasta la conclusión de la negociación política que debe producirse en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación, así como que el preceptivo informe que debe realizar este Parlamento sea solicitado con anterioridad a la aprobación de cualquier real decreto ley que modifique el REF.

El resultado de estos recursos, con la argumentación que nos da el Consejo Consultivo de Canarias y que asume íntegramente el Grupo Socialista, porque es lo mejor para Canarias, y el texto además que elaboren los servicios jurídicos de la Cámara, sin duda abrirá un horizonte de fortaleza para los intereses de nuestra tierra, independientemente de los colores políticos de los que nos sentamos aquí. Es la oportunidad de activar el artículo 167.2 de nuestro Estatuto de Autonomía y las bases de la defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Es una oportunidad para poner no solo en valor nuestro REF sino nuestro propio Estatuto de Autonomía.

Recursos que, desde el Grupo Socialista, esperamos ganar, porque darán más fortaleza a Canarias, a nuestro fuero, a este Parlamento, a este Gobierno y a los que vengan después.

Y por ello queremos terminar dando las gracias al Consejo Consultivo de Canarias por el dictamen, su implicación en realizarlo en tan escaso tiempo y la claridad del mismo, y a los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias, que tendrán que aplicarse -hay tiempo todavía, señora Navarro, hasta el día 25 de septiembre, para presentarlo, hay tiempo- y esperamos que los servicios jurídicos armen bien el recurso, y también agradecer a todas las fuerzas políticas por la unidad mostrada en el día de hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Bien, muchas gracias, señor Álvaro Lavandera, señores diputados y diputadas.

Hemos finalizado las intervenciones de los grupos parlamentarios, así que voy a llamar a votación, voy a tocar la campana. Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños en el salón de plenos, en la sala Europa y también a quienes asisten a través del sistema de videoconferencia. (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Bien, gracias, señorías.

A efectos de las votaciones, voy a proceder a dar la explicación correspondiente para que sea más efectiva y podamos realizarla de manera correcta. Procederemos a hacer las siguientes votaciones, un total de cuatro. La primera votación se corresponde con el punto primero del orden del día y, en este caso, votaremos las enmiendas número 1 y número 2. A continuación, de salir aprobadas las enmiendas, haríamos la votación de la propuesta de acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad, correspondiente al primer punto del orden del día, al AGRI-0001, incorporando las enmiendas que hubieran sido aprobadas. A continuación, señorías, haríamos una tercera votación, en este caso de las enmiendas presentadas en el segundo punto del orden del día, al AGRI-0002. En este caso tengo que comunicarle a la Cámara, antes de la votación, que -¿se acuerdan?- se acordó por parte de la Mesa en el día de ayer la tramitación y su remisión al pleno, como ya estamos tramitando, corrigiendo un error material en la enmienda número 3, de tal manera que donde dice: "en concreto contra su disposición adicional tercera por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias", debe decir: "en concreto, contra su disposición final tercera, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias". Lo comunico a los efectos de los servicios de la Cámara y también para que sus señorías lo tengan en cuenta a la hora de la votación. Una vez efectuada esa tercera votación de las enmiendas presentadas al AGRI-0002, con la corrección de la enmienda número 3, procederíamos, de ser favorables, a una última votación a la propuesta de acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad, AGRI-0002, incorporando las enmiendas que hubieran resultado aprobadas. ¿De acuerdo, señorías? (Asentimiento).

Así que comenzamos con la primera de las votaciones correspondientes a las enmiendas número 1 y número 2 al AGRI-0001. Señorías, votamos. (Pausa).

Señorías, 69 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención.

Quedan aprobadas las enmiendas por unanimidad.

Votamos ahora, señorías, la propuesta de acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad, AGRI-0001, incorporando las enmiendas que acaban de ser aprobadas. Votamos, señorías. (Pausa).

Gracias, señorías.

69 votos emitidos: ningún voto en contra, ninguna abstención y 69 votos a favor.

Queda aprobada la propuesta de acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad AGRI-0001.

Votamos ahora, a continuación, señorías, las enmiendas presentadas al AGRI-0002. Votamos, señorías. (Pausa).

Gracias, señorías.

Ningún voto en contra, ninguna abstención, 69 votos emitidos, 69 votos a favor.

Quedan aprobadas por unanimidad las enmiendas.

Votamos, señorías, la propuesta de acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad, AGRI-0002, incorporando las enmiendas que acaban de ser aprobadas. Votamos, señorías. (Pausa).

Muchas gracias, señorías.

69 votos emitidos: ningún voto en contra, ninguna abstención y 69 votos a favor.

Queda aprobada la propuesta de acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad, AGRI-0002, por unanimidad de la Cámara.

Muchísimas gracias, señorías.

Hemos finalizado las votaciones, también el orden del día y se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las doce horas y veintiún minutos).