Diario de Sesiones 94/2021, de fecha 29/9/2021
Punto 12

10L/DL-0036 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE ALERTA SANITARIA Y LAS MEDIDAS PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Y por lo tanto ahora vamos con el último, que sería el séptimo, que estamos hablando, en este caso, de la convalidación o derogación de decretos leyes.

En este caso, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia del COVID-19 en Canarias.

Tiene en primer lugar la palabra el Gobierno.

Adelante.

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (Valbuena Alonso): Muchas gracias, señor presidente.

Vengo en nombre del Gobierno a defender la necesidad de tener que convalidar este decreto ley que hoy sometemos a su consideración.

Yo creo que en pocas ocasiones nos hemos encontrado ante la necesidad de la convalidación de un decreto ley que reúne necesidades de extraordinaria y urgente necesidad. Y eso es garantizar la salud ante una pandemia que aún no ha terminado.

Algunos empiezan a hacer posicionamientos pensando que esto ya ha acabado. En una lectura miope, local, donde es cierto que el mundo civilizado tiene unas dosis de vacunación elevadas, por encima del setenta por ciento. Y esa ha sido la mejor herramienta, la que nos proporciona la ciencia, para poder atajar la COVID en Canarias, en España, en Europa y, por lo tanto, poder empezar a revertir las consecuencias sociales, en primer lugar, y económicas en segundo lugar, que dicha COVID ha ocasionado.

Pero no nos olvidemos que la pandemia sigue activa, que los datos en las mutaciones del virus, que por el momento la vacuna pueda hacerles frente, cada vez que se ha producido una mutación la incidencia se ha multiplicado. El número de casos desde la primera onda hasta la última quinta ola se ha ido multiplicando de forma exponencial, la diferencia entre la cuarta y la quinta ola es casi el doble de casos, con las repercusiones que eso tiene en el número de hospitalizaciones, en número de casos ingresados en la UCI y en números de muertes, en definitiva, de vecinos y vecinas que lo pasan muy mal. A nivel global, la vacunación no alcanza ni el 45 % en la primera dosis suministrada, por lo tanto tenemos un riesgo latente.

Y frente a las barreras que nos aporta la ciencia tenemos que poner las barreras jurídicas, y la única barrera que tenemos es un decreto ley, pero no porque lo diga este Gobierno sino porque también ha sido opinión reiterada y manifiesta tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal Supremo.

La legislación actual sanitaria a nivel nacional no está concebida para una pandemia que lleva con nosotros dieciocho meses, está concebida para actuaciones y crisis sanitarias puntuales, limitadas y acortadas en el tiempo, y con certidumbre de cuándo empiezan y cuándo terminan.

Actualmente vamos a ir pasando a momentos de relajación en nuestros hábitos sociales, y eso lleva aparejado que si se produce una mutación que pueda agravar la situación sanitaria esa relajación de nuestro día a día social puede desencadenar en una crisis sanitaria nueva. Y ante eso necesitamos un cuerpo jurídico que nos arme, que nos dote de seguridad, que establece límites máximos, no límites de obligado cumplimiento en los cuales nos tengamos que modular.

Tenemos que dejar los actos administrativos sencillos, órdenes, acuerdos de Consejo de Gobierno, que continuamente están siendo interpretados por otras instancias judiciales. Y necesitamos este instrumento, un instrumento similar al que han hecho otras comunidades como el País Vasco, Cataluña o Galicia, gobernada por el Partido Popular. Un decreto ley que es similar al gallego, es similar al gallego, que sí, hombre, que sí, si yo entiendo que ahora que ustedes están relajados intentan buscar elementos de crispación, pero es similar al gallego, y ustedes están planteando objeciones a este decreto de la misma forma y planteándolas a este también las están planteando al gallego.

Por lo tanto, yo lo que les pido es altura de miras. Necesitamos esta cobertura, porque de no convalidarse este decreto ley las consecuencias a las que nos exponemos, los riesgos que podemos correr, son serios. Yo no quiero que la relajación, porque estamos venciendo la crisis sanitaria, nos lleve a una relajación desde el punto de vista normativo. Tenemos que seguir estando atentos. Y por eso este decreto ley, que responde a lo que están haciendo otras comunidades, pero, sobre todo, responde a los posicionamientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo. Es la única herramienta de la que disponemos y además con un amplio consenso social, porque define claramente cuáles son las reglas del juego si se vuelve a reproducir la pandemia. Ojalá no se reproduzca, pero si se vuelve a reproducir tenemos una salvaguarda para la sociedad canaria.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

Turno de intervención para los grupos parlamentarios, en primer lugar el Grupo Mixto.

Adelante.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente.

Señorías, el objetivo de este decreto es contener el virus y el objetivo es necesario y yo me sumo a él, lo comparto. Pero la forma empleada no es la adecuada y no solo es que no sea la adecuada, es que directamente invade competencias del Estado e, incluso, vulnera derechos y libertades consagrados en la Constitución, como señala el Consejo Consultivo en un informe que creo que es demoledor para este decreto.

Así que, señorías, por mucho que queramos contener el virus, un decreto del Gobierno de Canarias no puede coartar derechos y libertades fundamentales de los canarios, ni siquiera este Parlamento, donde tienen depositada su soberanía, tenemos la capacidad para hacerlo.

Ya les adelanto, por tanto, que no puedo convalidar el decreto en el que nada menos que trece artículos y la disposición transitoria segunda presenta vicios de inconstitucionalidad. Ni el Gobierno de Canarias ni este Parlamento tienen capacidad en nuestro ordenamiento jurídico para obligar a nadie a vacunarse o a someterse a una prueba diagnóstica, como recoge el decreto, no tenemos legitimidad ni competencias para obligar a nadie a someterse a cribados en su puesto de trabajo, sea este un empleado de una empresa privada o un empleo público, no podemos obligar a que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre los que no somos competentes, tengan que velar por el cumplimiento de este decreto. Tampoco podemos ordenar que la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan acceder a datos sanitarios de los canarios que tengan que ver con el COVID. No podemos vulnerar la intimidad y protección de estos datos, no podemos obligar a los trabajadores, a las empresas o a quienes acudan a un establecimiento o una actividad a que los faciliten.

Tampoco podemos aplicar las mismas medidas o restricciones a todos los canarios con independencia de la tasa de incidencia del virus o de su evolución. Tampoco puede el Gobierno saltarse los tribunales en la ratificación de estas medidas, como según el propio Consejo Consultivo en su informe dice que es lo que pretende hacer el Gobierno de Canarias con este decreto.

Las medidas que se impongan en caso de pandemia tienen que motivarse en cada supuesto, acotarse temporalmente y adecuarse al principio de proporcionalidad, precisamente para no vulnerar derechos fundamentales. Contener el virus es necesario, pero hay que hacerlo bien. Nosotros no podemos legislar en esa materia, compete al Congreso de los Diputados, y el hecho de que otras comunidades autónomas hayan aprobado medidas o decretos similares no significa que este esté bien, significa que ellas también han invadido competencias que no son suyas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Adelante.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar por el final. Ciudadanos no apoyará y votará en contra de la convalidación de este decreto ley.

No alcanzo a comprender cómo el Gobierno de Canarias con unos servicios jurídicos que dispone ha podido aprobar este decreto ley que, desde el respeto pero con la contundencia de las palabras, es una auténtica chapuza legal.

Este decreto ley nacía, y fue el propio Gobierno el que de una manera (ininteligible) manifestó, con la intención de esquivar la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Como si de un enemigo se tratara y no el garante de las leyes y derechos de los ciudadanos. Creo que es el primer decreto ley desde que empezó esta pandemia que no votaré a favor, si bien algunos de ellos, debo decirlo, entendía que ante esta pandemia había, o cualquier situación de catástrofe, había que estar al lado del Gobierno y en la unidad de los partidos. Este decreto ley no debería ser convalidado hoy y devuelto al Gobierno para que presente otro ajustado a derecho y que no contenga 18 advertencias de inconstitucionalidad. Esto, señorías, no se arregla con una tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia y lectura única, que no es lo... no es sino lo que el propio decreto dice en su exposición de motivos. Es decir, el Gobierno reconoce que se debe tramitar como proyecto de ley para mejorarlo. Entonces me pregunto por qué no viene como tal a esta Cámara, presentado por uno o por los cuatro partidos que apoyan al Gobierno. Y gracias señores del Gobierno por indicar al Parlamento cómo debe hacer su trabajo.

Señorías, afortunadamente la evolución actual del COVID, las cifras oficiales y la tendencia en Canarias no justifican en ninguna circunstancia un decreto ley lleno de fallos y donde se atribuyen competencias de normativa de ámbito estatal. Como muestra, este decreto ley invade competencias y supone la imposición de limitaciones y restricciones al derecho constitucional, a derechos constitucionales. Esto, sin (ininteligible) duda, un informe del Consejo Consultivo más duro y crítico en lo que llevamos de legislatura.

Por motivo de tiempo y para terminar, resumiendo, por lo dicho por el Consejo Consultivo, que ya sé que no es vinculante, pero es un órgano imparcial que vela por la legalidad de las decisiones que aquí tomamos. No se aprecia la existencia extraordinaria y urgente necesidad que habilite un decreto ley. El contenido del decreto ley excede en los límites materiales propios de las fuentes normativas establecidas constitucionalmente y estatutariamente. Y al menos 18 preceptos tienen viso de inconstitucionalidad.

Este decreto ley no tiene un pase y por eso el voto en contra de Ciudadanos a su convalidación y, en su caso, también... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional). Decía, señor presidente, este decreto ley no tiene un pase y por eso el voto en contra de Ciudadanos a su convalidación y, en su caso, también a la tramitación como proyecto de ley. Este decreto ley merece ser devuelto al Gobierno por méritos propios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ricardo.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera.

Señor Ramos Chinea, adelante.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente. Señorías.

Estamos ante un decreto ley que ha presentado el Gobierno de Canarias por responsabilidad para fijar unas medidas para el control y gestión de la pandemia de la COVID-19, que no ha desaparecido de Canarias y a la que hay dar respuesta y solución a las necesidades especiales que requiere.

Ahora bien, hay que reconocer que desde que acabó el estado de alarma ha sido virtualmente imposible para las comunidades autónomas el conformar unas medidas restrictivas de derechos en aras de fortalecer las medidas de seguridad sanitaria. Porque las mismas requieren de un tratamiento normativo restringido a la ley orgánica. Y por lo tanto entramos continuamente en un conflicto competencial que no podemos resolver desde Canarias, por mucha necesidad que tengamos de hacerlo. Es por ello que en el cajón de sastre en el que nos ha dejado la falta de una normativa estatal lo que se ha producido es un continuos reparos y suspensiones de la justicia a las medidas que tratábamos de poner en marcha, que sin embargo sí son aceptadas en otras comunidades autónomas, demostrándonos que el tratamiento adecuado hubiera sido la modificación de la normativa sanitaria estatal. Sin embargo el escenario es el que es, y desde el Gobierno de Canarias se han explorado otras vías normativas con rango inferior al legal, lo que nos ha dado problemas a la hora de ponerlas en práctica, y esto nos lleva a este decreto ley, que va a tener difícil encaje y que debemos modificar a través de una tramitación como proyecto de ley, en la que esperamos que nos pongamos de acuerdo en su tramitación urgente y en la de lectura única.

En cuanto a las consideraciones que nos hace el Consejo Consultivo de Canarias de este decreto ley, recoge aspectos tan importantes como respecto a las medidas de control y gestión de la pandemia de la COVID-19 en Canarias hay que decir que nos ha puesto bastantes reservas a esta norma y el dictamen del Consultivo ha establecido que varios de estos preceptos incumplen la Constitución o que no se encuentra o se distingue la urgencia o necesidad del mismo. Desde nuestro grupo parlamentario hemos de decir que la materia que se está tratando en este decreto ley sí requiere de una solución normativa urgente, quizás el Consultivo no lo ha visto con esa urgencia, pero nosotros desde nuestro grupo parlamentario entendemos que debemos legislar en Canarias con respecto a esta cuestión, por lo que les decía antes, que la pandemia no ha finalizado y hace apenas unos meses teníamos los peores datos de contagios.

Por eso, manteniendo el máximo respeto institucional a la profesionalidad del Consejo Consultivo, reconocemos que el texto debe tramitarse como proyecto de ley en esta Cámara para hacer cuantas enmiendas sean necesarias para reconducir la norma de forma que no puedan entrar en conflicto con ningún derecho fundamental o con el rango competencial que le corresponde al Estado.

En este sentido, lo que va a apoyar la Agrupación Socialista Gomera es la convalidación de este decreto ley y su posterior tramitación como proyecto de ley en esta Cámara de forma que todos los parlamentarios podamos enmendar aquellas cuestiones que deben reconducirse y en la medida de lo posible mantener el espíritu de este decreto ley que no es la restricción de derecho sino la seguridad sanitaria de los canarios y lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Marrero.

Adelante.

El señor MARRERO MORALES: Buenas tardes, señorías.

De nuevo nos enfrentamos en esta Cámara a un debate sobre si prima intentar desde los gobiernos salvar vidas o si prima garantizar derechos y libertades sin constreñirlos en absoluto, es decir, y ese debate a lo largo de los últimos meses con la pandemia encima hemos visto como distintos tribunales se han ido posicionando de manera diferente, incluso contraria. Por tanto, desde la perspectiva del Grupo de Sí Podemos Canarias y en apoyo a este decreto elaborado por el Gobierno de Canarias consideramos que se ha intentado, dentro de lo posible, con toda la legalidad en la mano, y tomando en cuenta las referencias a nivel estatal, tanto en normativa autonómica como en normativa estatal, pues, engarzar un decreto que caminara en la dirección de marcar para el futuro, dar garantías, dar estabilidad, dar normas concretas que puedan, de alguna manera, sustentar el asunto.

Desde el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia internacional la grave emergencia de salud pública y el decreto ley ha sido el instrumento que los gobiernos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, se han dotado por necesidades de urgencia, de absoluta necesidad para afrontar esta crisis sanitaria, económica y social que estamos padeciendo como sociedad. La ciencia ha sido capaz de producir vacunas, los gobiernos han planteado normas siguiendo las recomendaciones científicas y la mayoría de la población, pues, la ha respetado y se ha vacunado. Se han impuesto normas como higiene, distancia y protección que se nos han convertido ya en ámbitos para nuestra vida, ya vemos que los niños pequeños lo tienen asumido totalmente, cuando van a tocar simplemente la llave de una luz que la tocan con el codo directamente. Hemos vivido en este tiempo dos estados de alarma y sus respectivas prórrogas, en algunos casos a pesar del no apoyo de grupos de la Oposición a nivel de Estado, y que dieron paso a que la gestión de la crisis correspondiera luego a las comunidades autónomas, que también algunos que lo reclamaban en un principio luego decían que no, es decir, no se puede pedir una cosa y la contraria a la vez porque son imposibles de que se den. Por tanto, eso lo hemos vivido en la política española durante estos últimos años.

Las actuaciones del Gobierno de Canarias han estado amparadas por legislación estatal, autonómicas para poder adoptar medidas preventivas, prórrogas, medidas especiales y cautelares que ofrecen suficientes precisiones objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas, como dice la exposición de motivos del presente decreto ley. Es lógico que hay que mantener ese difícil equilibrio donde las responsabilidades políticas a veces han sido desautorizadas por los tribunales y en política hay que optar y el Gobierno de Canarias ha decidido optar por elaborar este decreto ley para salvaguardar los intereses de la población ante la crisis que nos afecta, es decir, esa opción, hay otra gente que tiene otra opción, pues bien, entonces, en consecuencia con esas cuestiones a veces no es por discrepancias de tipo jurídico sino por opciones de cómo afrontar esta crisis.

Satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto, la libertad de circulación: ese ha sido uno de los elementos controvertidos.

El presente decreto ley persigue dotar al ordenamiento jurídico de una norma que defina el régimen jurídico necesario para la gestión de la pandemia ofreciendo la máxima seguridad jurídica. La actuación de los gobierno ha abarcado la protección civil, la asistencia sanitaria, la garantía de los derechos sociales o de la educación, el desarrollo de un escudo social protegiendo el derecho a la vivienda o a la energía eléctrica para los más vulnerables o, por último, los ERTE para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Si no se hubieran adoptado todas estas medidas, ¿qué hubiera ocurrido con esta crisis? Es decir, en el aspecto social y económico, pero es que en el aspecto sanitario si no se hubieran adoptado las demás medidas que se han adoptado de perimetración, de cierre, de horarios, etcétera, ¿qué hubiera ocurrido?

Es evidente que desde los gobiernos y, de manera específica, desde los parlamentos tenemos la obligación de desarrollar leyes para ordenar el comportamiento de las instituciones, agentes públicos y privados y ciudadanía, con prontitud y con la inmediatez que requieren los problemas de salud pública, por eso se debe dotar, desde el derecho, de la máxima certeza y previsibilidad a las decisiones de la autoridad sanitaria evitando generar inquietudes y transmitir inseguridad a la población, porque la inseguridad jurídica en esta situación cuesta vida, y eso se afirma también... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marrero.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias...

¡Ah, quiere terminar!

Disculpe. No le escuché. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe.

(La Presidencia le concede un tiempo adicional).

El señor MARRERO MORALES: En este caso el régimen jurídico debe ser claro, operativo y seguro, que permita a la autoridad sanitaria actuar de manera eficaz con la inmediatez que las medidas de contención requieren y que esté impregnado de certeza, previsibilidad y seguridad.

La mayor preocupación de los gobiernos ha sido y sigue siendo el derecho a la vida y a la protección de la salud, y esa también es la mayor preocupación del Gobierno de Canarias con este decreto. Y, además, se ha apostado por ejercer esta competencia de forma irrenunciable ya que de lo contrario sería absolutamente imperdonable que no la hubiera ejercido.

Por tanto, nos reafirmamos en el apoyo del Grupo de Sí Podemos Canarias a este decreto ley por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y la gestión de la pandemia, apoyaremos su convalidación y su pase a proyecto de ley, que ya lo mejoraremos con todos los consejos que nos da el Consultivo.

El señor PRESIDENTE: Ahora sí. Gracias, señor Marrero.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señor Campos.

Silencio, señorías.

Gracias.

Señor Campos, adelante.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente. Señor consejero.

Nosotros vamos a apoyar la convalidación del decreto ley y obviamente vamos a apoyar que se tramite como proyecto de ley porque no podemos estar al margen de muchas de las apreciaciones planteadas por el Consejo Consultivo, pero sí que creemos que era necesario primero la elaboración de un decreto ley que agrupara muchas de las decisiones que hasta ahora se habían ido tomando, pero, sobre todo, porque estamos en un momento distinto al que nos encontrábamos hace apenas unos pocos meses.

Se plantea el Consultivo precisamente el elemento habilitante de un decreto ley, y es la urgente necesidad.

Yo creo que hay cuestiones que en ocasiones responden obviamente a una consideración claramente jurídica e interpretación clara de la ley y en otras ocasiones a un planteamiento que puede ser más subjetivo, este es uno de ellos. No voy a entrar a discutir otros apartados. Pero ayer murieron dos personas por COVID en Canarias, hay 38 personas todavía en nuestras UCI y el COVID sigue estando ahí y va a seguir estando ahí durante mucho tiempo, además en un territorio donde nuestra economía depende fundamentalmente de que mucha gente siga llegando de cualquier lugar del mundo, por tanto tenemos una exigencia clara, y así se le ha exigido en este Parlamento a este Gobierno de manera reiterada de actuar, y esta es una forma de actuar.

Evidentemente que dictar un decreto ley de estas características no es un punto único para modificar un pequeño artículo sobre una cuestión puntual, todos somos conscientes que desde el primer instante a nivel no de Canarias ni del Estado español ni de la Unión Europea sino a nivel global hemos estado en el límite de derechos fundamentales, pero es que probablemente hemos estado ante la crisis sanitaria más importante del mundo en los últimos cien años como poco.

Han sucedido tantas cosas que parece que olvidamos, tan excepcionales, como que durante un mes ni un solo avión aterrizó en nuestra tierra, o durante semanas no podíamos salir fuera de la puerta de nuestras casas.

Y todo eso no se hizo ni por capricho ni por voluntad de unos pocos, se hizo porque lo que primaba era salvar vidas. Bueno, fue cuestionado luego también por el Tribunal Constitucional tiempo después.

Y el hecho de que se plantee ahora y no hace algún tiempo es porque tuvimos el amparo de ese estado de alarma, y cuando cae, porque empezamos a operar con una serie de decisiones que el Tribunal Superior de Justicia iba tirando abajo, entre otras cuestiones porque decía que no había una ley. Y es por eso que toca, ahora y con urgencia, sí, con urgencia, habilitar este decreto.

Tiempo tendremos ahora, que espero que sea también de forma rápida, para en la fase de ponencia, si sale adelante como proyecto de ley, mejorar el texto en lo que sea mejorable, corregir aquellos aspectos que sin lugar a dudas pudiera haber que realmente colisionan con nuestra Constitución o cualquier otra norma de carácter básico, pero también creo que es esencial entender que lo que aquí se está dictando, por cierto, igual que en Galicia, pero muy similar que en Navarra o que en el País Vasco, y yo no sé es que allí también están equivocados, pero todas las leyes, todas, al final pasan el filtro también del Estado en cuanto a la invasión de sus competencias, y cuando así sucede se suele recurrir. Ninguna de esas normas hasta ahora así ha sido.

Por tanto, nos queda un trabajo por delante para mejorar este decreto ley, pero es fundamental que Canarias, su Gobierno, que el conjunto de la ciudadanía tenga herramientas para seguir combatiendo algo que sigue costando vidas a día de hoy, que va a seguir enfermando a mucha de nuestra gente, que impacta de manera notable en nuestra salud y en nuestra economía.

Yo he llegado a escuchar, no voy a dar nombres, pero a la pregunta de si usted obligaría a vacunarse a alguien, a diputados de esta Cámara decir que sí. Ahora resulta que se plantea algo no estrictamente en ese sentido, pero sí que cuestiones que asumimos perfectamente a la hora de subirnos a un avión para ir a un tercer país que si vas sin alguna vacuna no te permiten entrar, aquí estamos atentando contra lo más.

Creo que debemos racionalizar ciertas cosas, porque igual que decíamos esta mañana no es lo mismo vivir o legislar para causas normales que para la erupción de un volcán, evidentemente no es lo mismo legislar para cosas normales como para lo que hemos vivido hasta ahora con el COVID.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular, señora Reverón. (Rumores en la sala).

Silencio, señorías.

Adelante, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente, y buenas tardes ya, señorías.

Vamos a ver. Señorías, nos tienen otra vez acostumbrados a lo que el Gobierno hace creo que mes tras mes, y es a convalidar decretos leyes que desde el Partido Popular no solamente tildamos de chapuza sino de la gran chapuza, esta es la gran chapuza de este... de este decreto ley.

Mire, lo que ya advertimos cuando se publicó este decreto ley ha venido a confirmarlo el Consejo Consultivo de Canarias, el Gobierno excede de su ámbito competencial, donde se declara de los 28 preceptos que tiene el decreto ley 18 tienen vicios de inconstitucionalidad. Todo esto sin mencionar esa falta, que existe, que no la tiene, que no tienen el presupuesto habilitante para poder dictar este decreto ley, que es la urgencia y la necesidad.

He tenido que escuchar que es verdad que hay leyes que se han copiado, bien, pero habrá que comparar una ley y este decreto ley, porque ya le digo yo que yo sí he hecho esa comparación y no se ha copiado todo el articulado. Este decreto ley va mucho más allá y, por tanto, se ha declarado por parte del Consejo Consultivo de Canarias que tiene visos de inconstitucionalidad.

Miren, señorías, esta norma limita derechos fundamentales, ya se ha dicho, tanto como la intimidad, la libre circulación y la protección de los datos de carácter personal. Y, por ejemplo, esa exigencia del confinamiento sin que exista una ratificación judicial, por ejemplo la necesidad de tener que obligar a solicitar información a usuarios, por ejemplo, que estén en un restaurante, o también se le niega el derecho a aquellas personas que puedan decidir si se quieren hacer o no una prueba poniendo en peligro su puesto de trabajo. Y dentro de todas estas incertidumbres jurídicas y vicios de inconstitucionalidad, con la aprobación de este decreto ley lo que se ha hecho ha sido un uso torticero de la potestad legislativa con una única finalidad, que es saltarse los controles de los tribunales.

Así lo dijo el presidente del Gobierno, abro comillas: "Es, por tanto, darle rango de ley a las medidas que aplica la comunidad autónoma para adoptar las actuaciones de la comunidad que no tumben los tribunales". En definitiva, desde el Partido Popular tenemos la obligación de denunciar lo que pretende hacer el pacto de las flores con este decreto ley, que es violar nuestros derechos fundamentales, saltándose, como he dicho, los controles judiciales.

Señorías, miren, desde que se decretó el estado de alarma, desde el Partido Popular hemos trabajando con responsabilidad, solicitando medidas para controlar el virus, tendiendo la mano a este Gobierno y, sin embargo, la respuesta siempre ha sido no, o casi siempre ha sido no. Propusimos, por ejemplo, hacer accesibles las mascarillas a todos los colectivos más desfavorecidos, y se negaron. No se han revisado esos protocolos tan necesarios en los brotes que han existido tanto en los hospitales como en las residencias de ancianos, lo que ha provocado que en el mes de enero de este año tuviésemos el mayor número de fallecidos de Canarias, y así podría estar toda mi intervención recordándoles lo que hemos propuesto y ustedes no han hecho, o cuando lo han hecho lo han hecho tarde y mal.

Y lejos de recoger el guante, señorías, el Gobierno de Canarias, en ese talante de arrogancia, no solo nos restringe los derechos fundamentales con este decreto ley, sino que nos conmina a que se deba de tramitar como un proyecto de ley, por tanto, si ustedes sabían que esto se tenía que tramitar como una ley, tenían que haberlo hecho así, tal y como les ha reprochado también el Consejo Consultivo.

En definitiva, señorías, ni nos hemos adelantado al virus, ni lo hemos vencido, y digo esto porque esto fue lo que afirmó en esta sede parlamentaria el presidente del Gobierno de Canarias. Llevamos meses viendo como el ejecutivo dicta decretos que lo único que han generado es inseguridad jurídica y varios varapalos judiciales, por cierto, en esta semana ha sido el último. Por tanto, trasladar ese mensaje de falsa seguridad ha contribuido, sin lugar a dudas, a que hayamos tenido una quinta oleada con récord de casos e ingresos en las UCI y de mayor número de fallecidos en Canarias.

Pero no podemos olvidar que estamos ante un mismo virus para todos, pero es verdad que dependiendo de la comunidad autónoma existen diferentes criterios, y este ha sido el motivo, porque desde el Partido Popular, desde mi partido, llevamos solicitando al Gobierno de España la aprobación de una ley de pandemias con un único objetivo, y es proteger la salud de las personas pero, eso sí, dándoles garantías judiciales.

Por eso le pedimos otra vez al presidente del Gobierno de Canarias que abandone esa actitud que tiene de sumisión ante el señor Sánchez para que acepte nuestras propuestas. Ahora bien, sí quiero llamar la atención que en el primer pleno de septiembre en esta Cámara a todos los grupos parlamentarios sin excepción se les llenaba la boca para criticar esa actitud que tenía el Gobierno de España de ninguneo continuo con el Parlamento de Canarias, pero hoy no se ponen ustedes ni colorados para defender lo que hace una semana criticaban.

Señores del Gobierno, retiren este decreto ley y sean igual de combativos con el Gobierno de España y soliciten a sus compañeros del Congreso de los Diputados que aprueben la proposición de ley que el Partido Popular ha presentado.

En definitiva, señorías, desde mi Grupo Parlamentario no vamos a apoyar este dislate porque no seremos... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) no vamos a apoyar este dislate porque no vamos a ser colaboradores necesarios en el blanqueo de los vicios de inconstitucionalidad que ha detectado el Consejo Consultivo de Canarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reverón. (Aplausos y palmoteos desde los escaños).

Turno para el Grupo Nacionalista. Señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente, señorías.

Señores del Gobierno, este es el primer decreto ley relacionado con el COVID que el Grupo Nacionalista no va a convalidar.

En la crisis del COVID hemos tendido la mano al Gobierno, sin renunciar a ser una oposición responsable y constructiva, abiertos al diálogo y aportando y haciendo propuestas. Pero este Gobierno nos pide siempre arrimar el hombro a hechos consumados.

Nos trae este decreto ley que aprueban sin ningún consenso previo, ni consulta, ni diálogo con el primer grupo de la oposición. El dictamen del Consejo Consultivo es durísimo, extemporáneo, no se ajusta a la urgente y extraordinaria necesidad, estima... excede de los límites materiales de la Constitución y del Estatuto, y repara por vicio de inconstitucionalidad cerca de una veintena de artículos por falta de competencia o por invasión o vulneración de derechos fundamentales.

Personalmente yo hubiera sido más implacable que el Consejo Consultivo. Porque este es el culmen de la estrategia absolutamente errática y disparatada de este Gobierno. Ese batiburrillo de medidas y de recomendaciones afecta gravemente a los derechos fundamentales de los canarios, afecta gravemente a la actividad económica de las islas. No son excepciones de este Parlamento ni los grupos de oposición. Mire, no han escuchado ustedes al primer grupo de la oposición, que desde el primer momento advirtió de la estrategia errática del Gobierno, y está la hemeroteca para comprobarlo. No han escuchado los dictámenes del Consejo Consultivo, que es el órgano supremo consultivo de relevancia estatutaria, no son cuatro aficionados que se reúnen. No han escuchado ustedes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y siguen cosechando pronunciamientos en contra, el último el que pone en un lío al ocio nocturno. Tampoco han escuchado al Tribunal Supremo, que les tumbó el toque de queda. ¿Pero no les merece esto un motivo de reflexión, cambiar de estrategia jurídica? Porque no aciertan una. Bastaría con hacer una lectura correcta motivación igualdad y proporcionalidad.

Pero siguen ustedes dando palos de ciego, aprobando un decreto ley, que, de manera elegante, Díez-Picazo lo calificaría como cumplimiento oblicuo de la ley. En román paladino esto cabría calificarlo de auténtico fraude de ley, porque fraude de ley es utilizar la ley como subterfugio para sortear y vulnerar la ley. Dan ustedes una patada hacia adelante, para eludir al TSJ y la indispensable ratificación de las medidas judiciales que afecten a derechos fundamentales, en la creencia que un decreto ley nadie lo va a recurrir. Pero miren, no sean ilusos, los actos derivados de este decreto ley son todos recurribles y les van a caer un recurso tras otro, ya le están lloviendo los recursos, y los van a perder, es cuestión de tiempo que cualquier tribunal eleve una cuestión de inconstitucionalidad. Y se permiten incluir un párrafo diciéndole a este Parlamento lo que tiene que hacer, tramitar un proyecto de ley en lectura única, por trámite de urgencia y en lectura única. Un decreto ley que tiene más de 28 artículos, disposiciones y tres anexos. De este porte ustedes pretenden que lo tramitemos como... por el trámite de urgencia, ignorando que la lectura única está reservada exclusivamente para las disposiciones de escasa complejidad.

En un sistema parlamentario, señorías, señores del Gobierno, es el Parlamento el que da impulso y controla al Gobierno, y no el Gobierno el que le impone al Parlamento lo que tiene que hacer. No le impone el Gobierno lo que tiene que hacer. Y lo más curioso es que los grupos que apoyan al Gobierno permitan y consienten este ninguneo al Parlamento, al órgano supremo de... donde reside la soberanía popular. Porque tratan ustedes a este Parlamento como un apéndice o una consejería más del Gobierno de Canarias.

Miren, no votaremos a favor de la convalidación. Votaremos en contra y votaremos en contra de su tramitación como proyecto de ley. No vamos a ser cómplices, ni corresponsables de la vulneración de los derechos fundamentales de los canarios, a su intimidad, a la salud, a la protección de datos, a la libertad y a la circulación y de reunión. No vamos a ser cómplices de segregar a los canarios entre buenos y malos, entre actividades económicas buenas, favorables al COVID o desfavorables al COVID. No vamos a ser corresponsables, señor... (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) de seguir asfixiando a los sectores económicos porque le han puesto la soga al cuello a la hostelería y a la restauración demonizándolos, asfixiándolos y la gente solo quiere poder trabajar y sacar adelante su negocio, no vamos a ser cómplices porque se cargan ustedes hasta las fiestas populares de Canarias. El COVID sigue aquí, pero el Gobierno ha sido incapaz de justificar la utilidad y la relación de causalidad entre sus medidas y la mejora y la contención del COVID, seguridad jurídica, medidas adecuadas, proporcionadas y que den confianza a la ciudadanía. Tienen la oportunidad de no apoyar esto derogando este decreto ley. Han degradado ustedes hasta los inspectores de salud pública en el momento que más se necesitan.

Señorías, reflexionen sobre su estrategia jurídica, que no sé quién la...

El señor PRESIDENTE: Se le ha acabado el tiempo, le dejo que concluya, señora Beato, si quiere.

Concluya.

La señora BEATO CASTELLANO: ... en ninguna de las medidas que el Gobierno trae a este Parlamento hay una firma de un jurista, hay un acta de la Comisión de Secretarios, en ninguna, ¿quién está dirigiendo esto?, ¿acaso es un político el que está dictando medidas jurídicas que comprometen la seguridad jurídica y la salud de los canarios?, ¿acaso lo está haciendo un político y no un jurista?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beato.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, presidente. Señorías.

Ya tenemos el titular para mañana, el grupo de Gobierno maléfico de Canarias ha interrumpido las fiestas populares de Canarias, de verdad que es un sustento que, señora Beato, creo que no le caracteriza, pero en ese afán por elevar el tono creo que le perdió también y perdió un poco el contenido. En todo caso, vamos a centrarnos aquí en lo que nos compete en el día de hoy.

El Gobierno de Canarias, al igual que en las restantes comunidades autónomas, han venido actuando sobre la base de sus competencias estatutarias en materia sanitaria y también en otras muchas materias implicadas en la lucha contra la pandemia. Algunas comunidades autónomas ya han acometido la tarea de empezar a legislar para incorporar seguridad jurídica con la intención de definir con claridad los conceptos jurídicos, indeterminados puestos de manifiesto por el Supremo porque ante una situación sin precedentes históricas ni científicas, así como la novedosa y también situación sanitaria nos obligan a que esa seguridad jurídica quede perfectamente definida.

En la Ley General, del 86, de Sanidad, General de Salud, constituye para nosotros y para el conjunto la primera ordenación que habilita a las comunidades autónomas para regular en materia sanitaria, legislar sobre la misma, que permita al legislador autonómico plasmar la política pública sanitaria para poder atender a las situaciones en las que se produce riesgo grave o inminente para la salud de las personas. Convendrán conmigo que esta es la situación actual que vivimos porque alguien escuchando los discurso podría pensar que esta comunidad autónoma no tiene competencias en materia sanitaria. Por eso le corresponde al legislador autonómico adoptar las medidas que se consideren necesarias para luchar contra los riesgos de transmisibilidad que hay, que hoy vivimos y que le corresponde concretar el alcance de las medidas que pueden considerarse necesarias para reducir los riesgos para la salud pública. Para más ahondamiento, también nuestro Estatuto de Autonomía, en sus artículos 19 y 141, recoge la competencia legislativa en materia sanitaria interior, entre otras la vigilancia epidemiológica. Por tanto, no queda duda sobre la competencia que ampara al Ejecutivo para elevar este decreto ley.

Hemos oído que no se aprecia la existencia de la extraordinaria y urgente necesidad para este decreto ley, esto me obliga a pensar, y no me gustaría pensarlo, pero me obliga a pensar que todo ese gran debate de todas las fuerzas políticas en esta Cámara durante todo este año y medio ha sido un debate vacío y lo interrogo por lo siguiente, habrá que recordar que han sido muchísimas ocasiones en que hemos instado al Gobierno de Canarias a la adopción de medidas con carácter de urgencia frente a la pandemia, hemos instado a la adopción para atajar la epidemia y evitar la propagación para proteger la salud de la población atendiendo a los datos, en este caso, los datos de morbimortalidad y no lo hemos hecho de forma complaciente sino siendo exigentes en la prontitud de cada una de las medidas. Me imagino que eso no correspondería a una mera oportunidad política, entiendo que no es así. Por tanto, por supuesto que está más que justificada la necesidad de la aprobación de este decreto ley.

No vayamos a creer, como se decía antes, que esto ya ha finalizado -como decía el señor Campos-, esta pandemia no ha finalizado, por tanto adoptemos nuestro marco legal, de ahí que hayan sido varias las comunidades autónomas que han optado, como decía anteriormente, por la vía legislativa para empezar en este caso a recuperar las medidas de lucha contra la pandemia ante el vacío producido por la finalización del estado de alarma.

Sin duda la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID determina la concurrencia de motivos de salud pública que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas, y sería una irresponsabilidad por parte del Gobierno de Canarias y de la autoridad sanitaria no ejercer cuantas competencias contribuyan a hacer frente a esta crisis sanitaria. Si el Gobierno tiene que legislar en circunstancias ordinarias cuanto más ha de serlo en una situación de estas características tan excepcionales frente a una pandemia en cuya lucha están comprometidos todos los gobiernos. Y apunto: se intenta legislar ante una realidad que es cambiante, y frente a este nuevo paradigma que ha supuesto esta pandemia tenemos que ser capaces de adaptarnos, no podemos estar con los viejos esquemas para (ininteligible) problemas actuales de esta dimensión.

Y recordaba o querría recordar lo que ocurrió por ejemplo con las hipotecas y las cláusulas suelo, cuando los tribunales inicialmente decía que no y finalmente dieron la razón a los clientes por esas cláusulas abusivas.

Señor presidente, si me permite.

Voy finalizando.

(Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Adelante.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Por tanto...

Y tampoco... Permítase... Disculpe.

Y quería solamente entrar en unas, sin entrar en disquisiciones, pero algunas cuestiones, no quiero, y desde luego el Grupo Socialista va a cuestionar el trabajo institucional que representa el Consejo Consultivo, pero de forma, repito, genérica, facilitar la trazabilidad de contagios y contactos ha sido clave en esta pandemia. Resulta contradictorio continuar con esta estrategia o entendemos importante que el personal sensible -entiéndase maestros, médicos, profesores- tenga la posibilidad de estar vacunados, porque además así lo exige la población, ¿eso es entrar y limitar derechos fundamentales? Entiendo que no y entendemos que no es así.

Tampoco -me va a permitir otro segundo, señor presidente-, termino ya.

El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya, señor...

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: ...votar en contra en este caso de la convalidación del decreto porque de verdad ha habido un acuerdo base, por ejemplo con empresarios y sectores como los bares, como la restauración, como el ocio nocturno, que sí que están de acuerdo con este principio. Por qué no aunamos los esfuerzos, por cierto en un documento que ya hemos dicho, claro que lo vamos a tramitar como proyecto de ley, lo hemos hecho en varias ocasiones, porque vamos a permitir precisamente la posibilidad de mejorar sustancialmente, si así lo quieren sus señorías, lógicamente este texto normativo en todo caso busca la seguridad y es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos.

Muchas gracias.

(La señora Beato Castellano solicita intervenir).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández.

Sí, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Le agradecería que me diera un minuto para hacer referencia a una contradicción que me ha hecho, que me han hecho, y que quisiera aclarar.

El señor PRESIDENTE: Por alusiones.

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Sí. Por hechos contradichos respecto a las fiestas...

El señor PRESIDENTE: Adelante.

La señora BEATO CASTELLANO (desde su escaño): Yo, señorías, a veces es bueno hacer el trabajo uno mismo y no fiarse de las notas que les pasan.

Mire, el decreto, el decreto ley, en su artículo 25.9 relativo a las medidas aplicables en el nivel de alerta uno dice literalmente "Las fiestas, verbenas y otros eventos populares no se podrán celebrar", así sucesivamente en el 26.9, en el 27.9 y en el 28.9 relativo a los distintos niveles de alerta, luego lo que he dicho es cierto, este decreto ley se carga las fiestas populares, y este Gobierno tiene que reconocerlo. Y se lo ha tomado usted a risa y convendría el decreto ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.

No sé si alguien quiere responderle a la señora Beato.

Sí, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN (desde su escaño): ...Beato, este Gobierno no trabaja para cargarse absolutamente nada ni fiestas populares ni otros elementos.

Solamente usted tiene que ser capaz de ponerse en el lugar de la situación epidemiológica que se ha vivido y que se sigue viviendo, y que este marco regulador, este marco legislativo, lo que pretende precisamente anclar y tener las herramientas suficientes para hacer frente a ese tipo de situaciones y, por tanto, lo que es es previsor en esas situaciones. Lo hemos vivido, lamentablemente, en este año y medio a nadie nos ha hecho gracia vivir estas circunstancias, pero por eso hoy ese marco legislativo se hace más perentorio que nunca. Simplemente hago referencia a eso, claro que las situaciones son complicadas, pero no solo ha sido las fiestas populares, también han sido otros elementos, sobre todo en la economía, que se ha visto muy dañada, eso también lo pretende recuperar y, desde luego, corregir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández.

Señorías, hemos finalizado los turnos de intervención de los grupos parlamentarios, así que, señorías, llamo a votación. Vayan acudiendo a sus escaños. (El señor presidente acciona el timbre de llamada votación. Pausa).

Gracias, señorías.

Vamos a votar la convalidación del decreto ley 0036, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.

Señorías, votamos. (Pausa).

Señorías, 61 votos emitidos, 35 votos a favor, 26 votos en contra.

Por tanto, queda convalidado el decreto.

A continuación, señorías, y habiendo resultado convalidado, y según como establece el Reglamento de la Cámara en el artículo 160.3 y 4, consulto a la Cámara sobre la tramitación de este decreto ya convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Señorías, votamos. Adelante. (Pausa).

Gracias, señorías.

61 votos emitidos, 35 votos a favor, 26 votos en contra.

Por tanto, queda aprobado, señorías, la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Hemos agotado -ya les veo levantarse-, hemos agotado el orden del día, señorías.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las quince horas y treinta y un minutos).

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  • 10L/DL-0036 Sobre Por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.