Diario de Sesiones 114, de fecha 9/3/2022
Punto 3

10L/PNLP-0430 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE GARANTIZAR UNA PRÁCTICA SEGURA Y LEGAL DEL ABORTO BASADA EN LA SALUD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

El señor PRESIDENTE: Vamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre garantizar una práctica segura y legal del aborto basada en la salud y los derechos de las mujeres.

Perdonen, que me adelanté.

Tiene la palabra la señora González.

La señora GONZÁLEZ VEGA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Señorías, la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada el 3 de marzo de 2010, por lo que acaba de cumplir doce años. Esta ley tiene entre sus objetivos garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones a los poderes públicos. Además... (Rumores en la sala).

El señor PRESIDENTE: Sí. Señora González, disculpe. Disculpe, señora González. Un minuto.

Señorías, yo es la quinta vez que les pido, por favor, un poco de silencio.

Por favor, señora González, continúe.

La señora GONZÁLEZ VEGA: Gracias, presidente.

Además, como decía, entre sus principios recoge que todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva y reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta ley por motivos de origen racial o étnico, religión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por otro lado, en su artículo 4 también recoge que el Estado velará por que se garantice la igualdad en el acceso y las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en el ámbito de la aplicación de esta ley. Pues bien, señorías, a pesar de que han pasado ya más de doce años desde la aprobación de esta ley y de que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en nuestro país, doce años después seguimos sin poder ejercerlo con libertad porque grupos ultraconservadores contrarios al aborto acosan y hostigan a las mujeres que toman esa decisión y a los profesionales que las asisten a la entrada de los hospitales donde se practica, obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, por la que se despenalizaba el aborto, y lamentablemente cuarenta años después seguimos sufriéndolo.

El pasado mes de junio se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión Europea. En ella se insta a los Estados miembros a que garanticen el acceso universal a una práctica segura y legal del aborto y el respeto al derecho a la libertad, a la intimidad y a la mejor atención sanitaria posible.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud recomienda dotar de discreción el entorno del centro sanitario para asegurar la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y su derecho a un aborto seguro. Por ello, desde el Grupo Socialista se ha impulsado en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley para que sea delito obstaculizar el ejercicio de un derecho reconocido como es la interrupción voluntaria del embarazo mediante el acoso a las mujeres que toman esa decisión. Esta proposición de ley, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal, tiene como objeto garantizar las condiciones de intimidad y confidencialidad en las que debe producirse la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta proposición no de ley, por un lado, para mostrar el apoyo de este Parlamento a la tramitación de esta proposición de ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo y, por otro lado, para impulsar, en el ámbito de las competencias autonómicas, programas para la educación sexual y prevención de embarazos no deseados.

Señorías, los avances en igualdad no solo son lentos y nos cuesta mucho alcanzarlos, sino que además debemos protegerlos y blindarlos para que se nos reconozcan y se nos garanticen los derechos a las mujeres.

Señorías, ¿por qué las mujeres tenemos que ser insultadas o agredidas porque se nos reconozca el derecho a la entrada de los hospitales?, ¿por qué tenemos que agachar la cabeza y escondernos para abortar? No hemos avanzado tanto, señorías, si todavía las mujeres tenemos que escondernos para que se nos haga un aborto.

Frente a quienes niegan, atacan y vulneran los derechos de las mujeres, desde el Partido Socialista no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás ni que se cuestionen los derechos que tantos años de lucha nos ha costado conseguir ni que sigamos agachando la cabeza. Por eso, señorías, debemos tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el acceso universal a una práctica segura y legal del aborto, respetando el derecho a la libertad y a la intimidad de las mujeres. Por eso espero contar con el apoyo de todos los grupos en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el grupo enmendante. Señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas.

Bueno, esta enmienda va solamente con la intención de fortalecer el espíritu de la propia proposición no de ley enriqueciéndola, porque, como usted bien ha dicho, las mujeres seguimos sin sentir garantizados nuestros derechos sexuales y reproductivos, especialmente con la reciente aparición en España de esos grupos antielección que se manifiestan a las puertas de las clínicas donde se realizan las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo. Las acciones de esas organizaciones, entre las que se encuentran 40 Días por la Vida, Derecho a Vivir, Aborto Cero o Hazte Oír, señalan y estigmatizan a las mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su propio cuerpo e incomodan al personal sanitario que trabaja en estos centros. Todo sin olvidar que existen zonas del país en las que acceder a un aborto libre, seguro y gratuito es casi imposible debido a la objeción de conciencia, una cuestión pendiente de resolver, pues si bien la objeción de conciencia es un derecho constitucional de las y los profesionales sanitarios, también el derecho a la interrupción del embarazo, es un derecho que tenemos las mujeres, igualmente debe ser respetado.

Es un problema a nivel de todo el Estado, pero afecta también a Canarias, y es que el derecho al aborto no se está haciendo efectivo para muchísimas mujeres. Hay comunidades como Madrid, Extremadura o Castilla-La Mancha donde no se ha notificado la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo y, sin embargo, sabemos que hay mujeres que lo han solicitado. Esto quiere decir que hay muchas mujeres que tienen que desplazarse de sus comunidades autónomas y a veces hacer cientos de kilómetros. En Canarias pongo de ejemplo a Lanzarote, que también tienen que coger un avión para desplazarse a Gran Canaria, con lo que esto implica para muchas mujeres en esta situación, porque no se hace el aborto allá. Piensen en una mujer que tenga un trabajo precario, que a lo mejor tiene que pedir uno o dos días en el trabajo para abortar y que a lo mejor puede perder el empleo a consecuencia de ello, y tiene que tomar una difícil decisión.

Por ello, junto a la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, objeto de esta PNL, presentamos esta enmienda, en la que instamos a que se apruebe también la reforma de la ley de derechos sociales y reproductivos para asegurarlos como derechos fundamentales, de forma que, cumpliendo de forma escrupulosa el derecho a la objeción de conciencia, se garantice también el derecho a la interrupción voluntaria de forma efectiva.

Quería decir algunas cosas más, pero me voy a centrar en algo que no..., porque no quiero terminar esta intervención, que es algo que a mí me parece importante. En estos momentos de tensiones, de polarización, que también afecta a parte del movimiento feminista, no quiero cerrar ahora sin agradecer el compromiso, el talante y el apoyo de una compañera y hermana en este camino de lucha por los derechos de las mujeres, Pino González, del Partido Socialista, con la que es un gusto trabajar siempre, y ha sido especialmente en estas dos iniciativas que compartimos en este pleno. Quiero agradecer especialmente su sensibilidad y generosidad, porque son muchas las cosas que nos unen y que ponemos por delante como feministas, más allá a veces de nuestras siglas, buscando siempre el acuerdo por encima de las diferencias que podamos tener.

Tenemos muchísima suerte en Canarias de contar con un feminismo bastante unido y de salir de la dicotomía de los bloques polarizados que alguien en algún lugar decidió y que no nos representa. En Canarias, y ojalá sea así por mucho tiempo, somos una mayoría las que defendemos un feminismo trans inclusivo, que consideramos que las mujeres trans son mujeres, que además abogamos por la abolición de la prostitución y que nos posicionamos en contra de los vientres de alquiler o gestación por sustitución como lo llaman. Estamos ahí, queremos demostrarlo, somos muchas y vamos a seguir para adelante con esto y con todo nuestro derecho.

Muchas gracias, Pino, de verdad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señora González, respecto a la enmienda.

La señora GONZÁLEZ VEGA (desde su escaño): Sí. Gracias a la señora Del Río, por supuesto, por sus palabras y sí, efectivamente, también agradecerle la enmienda, porque mejora el contenido de la proposición no de ley y, por lo tanto, la vamos a aceptar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.

Señorías, continuamos con los turnos de los grupos no enmendantes.

Grupo Mixto, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, señorías, gracias, señor presidente.

Para empezar, me gustaría señalar, explicar que la decisión de abortar para una mujer no es una decisión fácil, es una decisión muy dura y muy difícil, tiene un impacto no solo físico en el cuerpo de la mujer, sino un impacto psicológico. Y, por tanto, nuestro sistema, tenemos una ley que garantiza ese sistema de plazos, una Ley Orgánica del año 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y lo que se propone en esta proposición no de ley es otro cambio legislativo, un cambio en el Código Penal para que sea delito, para que esté penado cualquier tipo de acto molesto, ofensivo, intimidatorio o coercitivo a la mujer que dé ese paso, tome esa decisión de interrumpir su embarazo.

Me parece que la proposición no de ley es una buena propuesta, pero que llega tarde, en el sentido de que la ley ya se ha modificado. Ya hubo una votación en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de febrero y con 204 votos a favor y con 144 en contra se aprobó esta modificación del Código Penal y, por tanto, se establecen penas de entre 31 y 80 días para aquellos -y también la prohibición de acudir a determinados lugares-, para aquellos que, como digo, molesten, ofendan, intimiden a las mujeres que vayan a abortar y también, incluso, que puedan acosar a los médicos o a los directivos de estos centros habilitados para la interrupción del embarazo. Por tanto, la modificación legal ya se ha producido, entiendo que esto es un apoyo a esa modificación, que va a ser recurrida en los tribunales, según lo anunciado por algún partido político.

Y, aunque en el caso de Canarias es cierto que no tenemos constancia de que se produzca este tipo de actos intimidatorios, es algo que no se ve o por lo menos no sale en los medios este tipo de denuncias, sí que es verdad que desde la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo se han quejado en general de que este tipo de conductas se producen y, por tanto, deben ser perseguidas y condenadas.

Así que incluso entiendo que la propuesta que hace en este caso Podemos de garantizar la accesibilidad, la gratuidad y la equidad territorial en relación... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede tiempo adicional) -gracias-, entiendo que la enmienda de adición que hace Podemos, que lo que pide es garantizar esa accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, sí que puede ir en la línea de avanzar algo más, si hubiese alguna dificultad en este asunto, pero, como digo, la proposición no de ley, lo que se pretende es que ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Aun así, yo votaré a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señorías.

Señora Del Pino, por supuesto que Agrupación Socialista Gomera se va a unir al apoyo de la tramitación de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas por la interrupción voluntaria del embarazo.

No hay discusión de que cuando una mujer decide abortar debe ser una decisión respetada y se le deben poner a su alcance los medios necesarios para poder hacerlo, porque además es brutal el impacto no solo físico, sino también psicológico que sufre. Y por eso también creemos que se deben poner todas las herramientas adecuadas a su disposición para que también estén bien informadas y no se sientan solas. Son momentos donde las dudas invaden cualquier decisión y deben estar acompañadas por profesionales que les ayuden a disiparlas. Ayudar no significa en ningún caso convencer, solamente ayudar y acompañar. La mujer debe, en todo caso, decidir libremente. Es un derecho que bajo ninguna circunstancia debe ser violado.

Obviamente, no podemos admitir que las mujeres que se someten a este procedimiento o que acuden a informarse sean acosadas a la entrada de estas instalaciones sanitarias. Por eso apoyamos el incluir dentro del Código Penal estas conductas como delito por acoso. Afortunadamente, ya se va a recoger.

Y también nos parece acertado que el Gobierno de Canarias lleve a cabo programas de educación sexual también y de prevención de embarazos no deseados. Actualmente hemos tenido comparecencias y presencias en comparecencia en este Parlamento hablándonos de los altos índices de embarazos no deseados en nuestras islas.

Por todo ello, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y también, por supuesto, con la enmienda que ha propuesto la señora Del Río, que indudablemente mejora el texto inicial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señora Hernández Jorge.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días. Gracias, señor presidente.

La verdad es que resulta... no sé cómo definirlo, que tengamos hoy que reclamar que se pueda ejercer un derecho fundamental, un derecho humano, reconocido internacionalmente, y que incluso haya grupos que se opongan. Esto en cualquier otra esfera de la vida pública, de la vida de la colectividad sería impensable. Hablamos de una dictadura moral de quienes quieren imponer su visión de la vida, su visión de la moral, sus creencias a la colectividad. Porque, como decía, no hablamos... el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a que se pueda ejercer este derecho en condiciones de libertad y de privacidad, preservando la intimidad de la mujer, no es un derecho residual, no es un derecho marginal, como decía, es un derecho reconocido en la Unión Europea y así los Estados miembros además nos interpelan a garantizar el acceso universal a una práctica segura y legal del aborto y al respeto del derecho a la libertad, a la intimidad y a la mejor atención sanitaria posible. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud recomienda dotar de discreción al entorno del centro sanitario para asegurar la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y su derecho a un aborto seguro. Quedan en entredicho a causa de estos actos que hoy se manifiestan aquí, ofensivos, intimidatorios o coactivos.

Sigue resultándome llamativo que aquellos que siempre han señalado el escrache, la intimidación en otros momentos ahora apelen o sigan amparando el escrache a las mujeres que deciden ejercer un derecho básico, un derecho a su salud reproductiva, el derecho a ejercer en libertad y a interrumpir su embarazo. Insisto, pura y meramente dictadura moral.

Por tanto, señora González, vamos a apoyar la iniciativa, estamos completamente de acuerdo y ojalá marginemos nosotros, la democracia, desde la democracia, desde la libertad, marginemos a los que imponen su moral.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ponce.

El señor PONCE GONZÁLEZ: Gracias.

Señora diputada, lo primero que le quiero decir es que la libertad de la mujer para elegir está garantizada en nuestro país. Hay legislación suficiente para que la mujer pueda elegir y ninguna mujer tiene que agachar la cabeza para tomar una decisión en plena libertad.

En este sentido, ya en este Parlamento se ha hablado sobre este tema, desde el Grupo Popular queremos hacer especial hincapié en el segundo punto de su proposición no de ley, que es la prevención. Queda mucho por hacer en la prevención de los embarazos no deseados, acaban de comentar algunos compañeros diputados el número elevado de interrupciones del embarazo. En este sentido, mire, ya en el 2018, en este Parlamento, se aprobó por unanimidad, también con el apoyo del Grupo Popular, una PNL sobre salud sexual y reproductiva, para impulsar la estrategia nacional en el programa de atención sobre la salud afectivo-sexual del Servicio Canario de la Salud. Incluso se hablaba de incluir los nuevos anticonceptivos de larga duración, como son los anillos y los parches, para mayor comodidad de las mujeres, precisamente para evitar lo que al final es la situación incluso más sanitariamente arriesgada, que es la interrupción del embarazo. Tiene sus riesgos sanitarios y eso también hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, todo lo que sea apostar por prevención y por educación sexual, y aquí en Canarias tenemos cifras en torno al treinta por ciento de interrupciones voluntarias del embarazo, es la clave.

El desarrollo de una vida sexual y reproductiva satisfactoria es un derecho básico universal, efectivamente. En este caso, la planificación familiar, el asesoramiento y facilitar los métodos anticonceptivos, su financiación -que ustedes votaron en contra de una proposición no de ley recientemente, que el Partido Popular trajo una enmienda-, creo que es algo que también hay que poner en valor en su proposición no de ley.

Mire, el aborto y el acoso están regulados, de cualquier tipo, de cualquier tipo, son completamente inaceptables y, como bien comentaba la compañera, la señora Vidina Espino, se ha hecho un cambio legislativo recientemente, y además en el 2015 fue el Grupo Popular el que modificó el Código Penal para que cualquier conducta de acoso fuera considerada delito. Por lo tanto, este tema está completamente regulado.

Por lo tanto, en ese sentido -treinta segundos-... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Adelante.

El señor PONCE GONZÁLEZ: ... Popular, que además esto también ya fue votado en el Congreso de los Diputados, le vamos a pedir una votación por separado, porque los puntos 1 y 3 ya están regulados, ya están aprobados, y queremos insistir sobre todo en el punto número 2, que es el punto que hace relación, como le digo, todavía al gran trabajo que hay que hacer, que es en materia de todo lo que se relaciona con los derechos sexuales y reproductivos y con todos los métodos anticonceptivos para que la... (Nuevo corte automático del sonido).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, muchas gracias, señor Ponce.

Turno para el Grupo Nacionalista.

La señora BAYARRI MARTÍN: Gracias, presidente. Señorías.

Nos preocupa el incremento de casos de acoso organizado a clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias del embarazo, un auge de estos grupos organizados y financiados que se autodenominan como rescatadores y que han aumentado al calor del preocupante avance de la ultraderecha en este país. Exponen pancartas en las puertas de las clínicas, abordan o increpan a las mujeres y amenazan al personal sanitario. Esto es intolerable y desde nuestro punto de vista no puede ampararse de ninguna manera bajo el derecho a la libertad de expresión. Aquí se trata de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y es un derecho innegociable e incuestionable que debemos poder ejercer tranquilas y, sobre todo, con libertad. Por tanto, manifestamos aquí, como manifestó en el Congreso de los Diputados nuestra compañera Ana Oramas, nuestro apoyo a la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir de manera voluntaria su embarazo.

Al respecto del segundo punto de esta PNL, que también votaremos que sí, decirles que nos preocupa especialmente. Quiero recordar que, a instancias del Grupo Nacionalista, expertas del colectivo Harimaguada comparecieron ante la Comisión de Sanidad, hace tan solo tres meses, para hablar sobre el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito sanitario en Canarias. Tras once años de vigencia de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las expertas denunciaron la enorme distancia que existe aún entre los que garantiza el texto legal y su puesta en práctica por parte del Gobierno estatal y por parte del Gobierno de Canarias. Quedan muchas deficiencias que subsanar y en la tarea que debería estar haciendo el Gobierno de Canarias no se ha dado ni un solo paso para avanzar en los acuerdos de la PNL aprobada por unanimidad en este Parlamento en octubre de 2018. También está pendiente la comparecencia de las expertas del colectivo Harimaguada ante la Comisión de Educación, pero, debido al atasco de los temas en esa comisión, ha sido imposible por el momento y puede que no lleguemos a tiempo para meter las propuestas de su informe en los currículos del próximo curso, y nos llama la atención que, estando ambas consejerías, la de Sanidad y la de Educación, gestionadas por el Partido Socialista sea precisamente el Grupo Socialista el que inste al Gobierno de Canarias a promover... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional), promover programas para la educación sexual y prevención del embarazo no deseado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señorías, hemos finalizado los turnos de intervención. Llamo a sus señorías a votación. Ruego, por favor, que ocupen sus escaños. (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).

(El señor Ponce González solicita la palabra).

Sí, señor Ponce, dígame.

El señor PONCE GONZÁLEZ (desde su escaño): Que a lo mejor no se entendió bien, pero le pedía a la ponente de la PNL una votación por separado de los puntos 1 y 3 y el punto número 2 de la PNL.

El señor PRESIDENTE: Separados 1 y 3.

El señor PONCE GONZÁLEZ (desde su escaño): 1 y 3 por un lado y el punto 2 por el otro.

El señor PRESIDENTE: Sí, separado, el 1 y 3 en una votación y el punto 2 en otra, ¿no? Bien.

Señora González, ¿está de acuerdo?

La señora GONZÁLEZ VEGA (desde su escaño): Por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Socialista ponemos en valor lo que nos une y no lo que nos diferencia, y abogamos por el acuerdo en esta Cámara (aplausos), abogamos por el acuerdo, como decía, abogamos por el acuerdo en esta Cámara y a pesar de que ellos no van a aceptar el total del acuerdo...

El señor PRESIDENTE: Señora González, solamente le pregunto si acepta la votación separada o no.

La señora GONZÁLEZ VEGA (desde su escaño): Sí, aceptamos la votación separada.

El señor PRESIDENTE: La aceptan. Muchas gracias, señora González.

Muy bien, vamos a votar, señorías, entonces. Primero votaremos el punto 1 y el punto 3 conjuntamente y haremos una segunda votación con el punto número 2. ¿De acuerdo?

Señorías, votamos el punto 1 y 3. (Pausa).

Gracias, señorías.

48 votos a favor, 12 votos en contra y ninguna abstención: quedan aprobados estos dos puntos.

Votamos ahora, señorías, el punto número 2. (Pausa).

Gracias, señorías.

Queda aprobado por unanimidad.