Diario de Sesiones 100, de fecha 26/11/2025
Punto 5

11L/PNLP-0352 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE LA TRAMITACIÓN DE UN DECRETO LEY PARA LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO A LAS PERSONAS QUE RESIDEN EN SUS VIVIENDAS EN ZONAS TURÍSTICAS

La señora PRESIDENTA: La siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la tramitación de un decreto ley para la suspensión inmediata de las sanciones impuestas por la Consejería de Turismo y Empleo a las personas que residen en sus viviendas en zonas turísticas. Tiene enmienda.

Inicia su intervención el Grupo Socialista Canario, el señor Santana Martel.

El señor SANTANA MARTEL: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Me van a permitir que para defender esta proposición no de ley primero haga una cronología de los hechos.

No me voy a referir dentro de esa cronología al decreto ley de atenerse al uso turístico de la vivienda, aprobado en febrero del 2025, el cual no fue tramitado ni como proyecto de ley, ni a la disposición transitoria sexta, que contiene la ley que regula la vivienda vacacional, que, curiosamente, todavía no ha sido ni publicada en el Boletín Oficial de Canarias, a pesar de que han pasado dos semanas. Me voy a referir concretamente a la cronología de hechos previos a la aprobación de la ley de uso turístico de la vivienda, más concretamente al 29 de octubre, cuando en este Parlamento conocimos a través de los medios de comunicación que se celebró una reunión entre la consejera de Turismo y el primer teniente alcalde de San Bartolomé de Tirajana, el señor Alejandro Marichal, de Coalición Canaria, en que tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, como en las páginas web de Coalición Canaria definía que se había llegado a un acuerdo. El acuerdo, según las redes sociales del señor Marichal, dice así: Acordamos dos medidas concretas, la primera, modificar el decreto de suspensión de los procedimientos sancionadores a residentes en zonas turísticas. Hay que recordar que esto fue el día antes de la aprobación del dictamen de la ponencia que había tenido, había dado lugar a lo que hoy se conoce como la ley de vivienda vacacional. Cada uno que saque sus conclusiones, a qué se refieren estos tiempos y estos anuncios que salieron en diversos medios de comunicación.

El día 30 se votó el dictamen, a las propuestas que nosotros llevamos desde el Grupo Socialista para intentar resolver esta situación se le votó que no.

Y el día 31 de octubre vino la señora Maribe Doreste, de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, y, bueno, uno interpretó y entendió que había cierta sintonía por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, especialmente por Coalición Canaria, en resolver esta injusticia. Pero lo cierto es que llegamos al pleno, el último pleno, el anterior, y una vez más se votó en contra de nuestras enmiendas, que intentaban resolver esta situación. Pero yo quiero recordar lo que dijo la señora Beato, textualmente, sobre esta situación. La señora Beato dice: Esta ley no podía resolverlo todo, el Gobierno se ha comprometido a abordar estas cuestiones en un futuro decreto ley que ya está preparado y les garantizo que el Grupo Nacionalista Canario va a estar vigilante para que se cumpla. Hombre, nosotros presentamos la proposición no de ley el 3 de noviembre, antes de que se produjera la aprobación en el pleno. No sé si fue olfato político, si fue casualidad, si ya estamos acostumbrados a esa especie de juego de trilerismo político para quedar bien con todo el mundo pero no resolver los problemas, lo cierto es que presentamos la proposición no de ley y, sorprendentemente, el Grupo Nacionalista Canario, a través de su portavoz, dijo esto.

Por lo tanto, lo que estamos trayendo aquí a aprobación es una cuestión que no compromete nuestra palabra, compromete la de ustedes, porque esto solo lo pueden resolver ustedes. Pero no porque lo diga yo, lo dice la propia consejera de Turismo, que hay que leer sus entrevistas, que además, producto de la aprobación de la ley de vivienda vacacional y su disgusto por no haber salido como ella quería, ha provocado este caos que venimos denunciando durante este pleno.

Dice la consejera de Turismo al día siguiente en Canarias7, y atentos, atentos, escuchen bien lo que dice: Los apartamentos turísticos no van a poder cumplir, pero eso lo sabemos desde el minuto uno; hay sentencias que han dejado claro que los apartamentos turísticos no se pueden comercializar como viviendas vacacionales porque no son -y escuchen bien-, no son viviendas. Y he aquí el quid de la cuestión, no son viviendas porque están en suelo turístico con licencia turística y se rigen por el principio de unidad de explotación.

Por eso ustedes son la clave y el obstáculo lo tienen en su propio Gobierno, en la Consejería de Turismo, porque ella no va a permitir que se apruebe este decreto ley ni los contenidos del decreto ley que ustedes llevan reivindicando igual que nosotros, pero quien preside el Gobierno es Coalición Canaria y si la consejera de Turismo no quiere resolver este problema habrá que quitar a la consejera de Turismo, o el presidente del Gobierno imponer su criterio sobre esto, sobre un compromiso de su partido político, que es quien lo respalda principalmente.

Mire, yo no lo digo para que ustedes satisfagan la propuesta del Partido Socialista, del Grupo Socialista. No me lo digan a mí lo que vayan a votar, lo que me ha sorprendido es la enmienda que ustedes han presentado, ustedes han presentado una enmienda para darle una patada hacia adelante a esta situación y decir que van a traer aquí una modificación de la Ley de 1995, de Ordenación del Turismo, cuando el problema es la Ley del 2013, de la modernización turística, cuando saben que un anteproyecto de ley, un proyecto de ley, tiene un recorrido extenso y esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero el problema es ahora. Y le digo que no me lo digan a mí, no me lo tienen que decir a mí, ustedes se lo tienen que decir a quien ya hoy se certifica el sufrimiento en carne propia, y lo ha denunciado la plataforma, ante una sanción que le ha caído a la señora Antonia por residir en su vivienda en el municipio de Mogán, ¡por residir en su vivienda en el municipio de Mogán!, que nunca la ha explotado como vivienda vacacional, que la tiene al 50 % en propiedad con su hija y que la compró hace veinte años al mismo que hoy la denuncia. Y ustedes todavía me vienen a decir a mí que la ley que ustedes han aprobado no favorece a los grandes especuladores, a los grandes tenedores del sector turístico, que hace veinte años le venden la vivienda a la señora Antonia y hoy la denuncian y la sancionan porque quieren recuperar para explotar turísticamente la misma vivienda en la que reside. Díganselo a ella.

De verdad que esto se tiene que resolver aquí, entre los setenta diputados, se resuelve aquí, porque esto es legislación autonómica. Y yo les pregunto: ¿de verdad que no les pesa la conciencia, cuando nosotros veníamos diciendo durante toda la tramitación de la ley que había que... (ininteligible) la ley de vivienda vacacional porque los expedientes administrativos y los expedientes jurídicos iban caminando, hasta que por fin se certifica lo que veníamos denunciando y ustedes han dejado pasar una oportunidad por el criterio único y exclusivo de la consejera de Turismo, que expresa continuamente y que sigue manteniéndola, generando una injusticia de tal calibre? La respuesta la tienen ustedes con nosotros. Esto hoy se puede resolver entre antes mejor. No cabe más tiempo.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santana.

Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente.

Hoy apoyaremos esta iniciativa para defender el derecho a la propiedad, tan vilipendiado por el bipartidismo. Por un lado, y por mucho que hoy presente esta iniciativa, nos encontramos con una izquierda que da soporte a la inquiokupación y que plantea la reducción drástica de los precios del alquiler, la generalización de los contratos de alquiler indefinidos, exigiendo la supresión de otras modalidades, y la expropiación de viviendas vacías o que no estén sujetas a alquiler de larga duración. Ante su incapacidad para ofrecer una solución habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad, la izquierda hace recaer sobre los hombros de los propietarios los fracasos de su política de vivienda.

Por otro lado, nos encontramos con un Partido Popular aquí, en Canarias, que ha traicionado hasta sus bases al dejar vacío prácticamente el derecho a la propiedad con la conocida como ley de vivienda vacacional. Además, y en lo que a esta iniciativa se refiere, es responsable del decreto ley del deber de atenerse al uso turístico de la vivienda y de aquella parte del proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas también referida a los afectados por la ley turística, que no soluciona la inseguridad jurídica que provocó la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, una ley que se está interpretando de tal manera que impide recurrir a la situación de consolidación que proporciona la ley del suelo y espacios naturales de Canarias. Todas las normas mencionadas, de unos y de otros, dan la espalda a los pequeños propietarios, a la clase media española y a los canarios que han invertido sus ahorros en inmuebles, que en la mayoría de los casos han tenido que comprarlos hipotecándose por años.

Y esta clase política pretende imponer su agenda. Recordemos cómo los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno impidieron que este Parlamento tomara razón de la iniciativa legislativa popular, avalada por decenas de miles de firmas ciudadanas, para una nueva ley del turismo, que pretendía conciliar al turismo con la población, y el argumento, siguiendo lo que decía el Gobierno, era que una norma así requería participación, información pública y consenso y, sin embargo, poco después, yendo en contra de sus propias palabras, el Gobierno aprobó ese decreto ley del deber de atenerse al uso turístico de la vivienda, que fue aprobado y convalidado sin consulta, sin participación ni consenso con los afectados. Y, además, para garantizar sus efectos, se vetó su tramitación como proyecto de ley en este Parlamento.

Por tanto, insisto, nos encontramos con un Gobierno que tiene muy clara su agenda y es capaz de legislar a base de decretazos para que nada se interponga en su camino.

Lo acontecido es incoherencia y muestra un desprecio institucional a la participación y a la ciudadanía inaudito. Esta forma de legislar solo genera conflictos jurídicos y sociales, inseguridad y, en este caso concreto, además sanciones injustas, porque no hay calificativo para que a alguien que adquirió una vivienda residencial en una zona que se volvió turística se le imponga, a esa vivienda, la cesión a un tercer explotador o se le aboque a venderla o malvenderla para evitar verse expuesto a la potestad sancionadora de la Administración, sin haber siquiera mediado una indemnización expropiatoria.

Las sentencias judiciales en relación con esta materia muestran una panoplia diversa de pronunciamientos. Una de ellas anuló una de estas sanciones porque el planeamiento municipal no prohibía que los residentes pudieran vivir en sus inmuebles estando en una zona turística. Pero otra, en cambio, sí que ratifica la multa, dejando indefensa a una propietaria que fue denunciada precisamente por quien años antes le había vendido esa vivienda, la que ahora es su casa. El vendedor ahora quiere reclamarla para explotarla.

Estas situaciones requieren una situación contundente por parte de los responsables públicos sin necesidad de colapsar aún más los ya saturados juzgados. Es preciso que en Canarias se eliminen los decretazos y apostemos por la claridad normativa y respeto a la propiedad privada y... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Nueva Canarias-Bloque Canarista. Intervendrá la señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Señorías.

Lo que debatimos hoy no es un asunto técnico ni un matiz jurídico, ni siquiera una disputa ideológica, hablamos de vidas reales, de vecinos que llevan décadas residiendo en apartamentos o en bungalós ubicados en zonas turísticas, en suelo mixto, y que de la noche a la mañana algunos convirtieron en infractores, por una maraña además normativa creada y agravada por el propio Gobierno de Canarias. Esta es la realidad, esta es la realidad que viven muchas personas y que algunos intentan minimizar, y además que golpea duramente a todas esas familias que cada vez que tienen que abrir su buzón van con el pecho encogido por si encuentran una nueva sanción.

La PNL que hoy debatimos busca suspender esas sanciones y está muy bien, es un gesto muy necesario, pero desde Nueva Canarias entendemos que no es suficiente, porque lo que está en juego no es únicamente el castigo, sino además el origen de la injusticia. De ahí la enmienda que desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, hemos presentado. Una enmienda clara, concreta y profundamente necesaria que obliga al Gobierno a hacer lo que hasta ahora no ha querido hacer, que es legislar con rigor, con justicia y escuchando a quienes sufren el problema, no solo observando desde un despacho.

Nuestra enmienda delimita, entendemos que con precisión, sobre lo que debe versar esa proposición no de ley que el señor Santana ha planteado, cuatro puntos que entendemos básicos e imprescindibles. El primero, garantizar la seguridad jurídica a quienes utilizan apartamentos o bungalós en zonas turísticas como vivienda habitual o como segunda residencia. No hablamos, señorías, de irregularidades encubiertas, hablamos de personas con escrituras, con licencias históricas, con reconocimiento municipal durante décadas y que ahora son tratadas como si fuesen okupas.

El segundo, derogar el Decreto Ley 2/2025, que no solo no resolvió el problema, sino, además, lo agravó. Una norma improvisada, sin consenso, que parte de una premisa inaceptable, que vivir en tu propia casa es un uso indebido.

El tercer punto es eliminar la disposición transitoria sexta de la ley de vivienda vacacional, o comúnmente conocida como vivienda vacacional, que de facto no es más que una trampa jurídica para miles de familias.

Y como cuarto y último punto, modificar el artículo 2 de esa misma ley para definir con claridad dos conceptos: el de establecimiento turístico de alojamiento y el de unidad alojativa. Sin esa precisión, señorías, el Gobierno seguirá utilizando interpretaciones cambiantes, según le venga bien, para sancionar a quienes jamás debieron ser sancionados.

Estos cuatro elementos entendemos que garantizan algo muy fundamental, que no se inicien nuevos procedimientos sancionadores por el simple hecho de no dedicar tu vivienda al uso turístico, es decir, que vivir en tu propia casa... dejes de ser tratado como un delincuente.

Señorías, Nueva Canarias ha sido clara desde el minuto uno, clara y coherente, advertimos que esta política era injusta, que las sanciones eran un atropello y que la ley estaba mal construida, y los hechos lo han confirmado, porque obviamente no se puede hablar de sostenibilidad y de diálogo castigando a los vecinos y tampoco se puede hablar de escucha activa mientras se legisla de espaldas a la ciudadanía.

La enmienda que hemos presentado no bloquea nada, corrige lo que está mal y protege a quienes llevan demasiado tiempo desamparados, porque vivir en tu casa debe ser un derecho, no una infracción.

Por todo y, además, por justicia, por coherencia y por dignidad es por lo que pedimos a este Parlamento que repare este error, porque cuando la ley castiga a los que cumplen lo razonable, lo responsable y lo digno es que este Parlamento actúe.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Grupo Nacionalista Canario. Intervendrá la señora Beato Castellano.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Antes que nada, quiero dirigirme a todas las personas que viven en zonas turísticas y que se sienten afectadas por sanciones que consideramos injustas. Su preocupación es legítima y la entendemos. Nadie debería vivir con la incertidumbre de no saber si puede seguir residiendo en su propio hogar y ese sufrimiento merece un respeto, no una utilización política. Precisamente por respeto a esas familias es importante decir la verdad.

Señor Santana, usted me ha citado, pero no ha contado toda la verdad. Le ofrecí una enmienda a la ley de alquiler vacacional que podíamos haber negociado, también teníamos una enmienda in voce para eliminar la disposición transitoria sexta y ustedes se negaron a negociar la enmienda que yo les planteaba y se negaron a admitir la enmienda in voce para eliminar la disposición transitoria sexta. Cuando cuente las cosas, cuente la verdad, pero, claro, usted quería tener el minuto de gloria de su PNL, porque si hubiera admitido mi enmienda, que yo le planteaba, esta PNL no tenía sentido, pero usted ya la tenía registrada, lo ha dicho aquí.

Mire, nuestras enmiendas ahora lo que plantean es una modificación normativa para abordar el problema en su integridad. Hay que modificar el principio de unidad de explotación, que está definido en la Ley 7/1995. No me diga que no. ¿No lo sabe? En la Ley 7/1995. Por eso digo que se modifique la 7/1995. Hay que modificar el problema de la residencialización en zonas turísticas y hay que modificar también el régimen sancionador. Eso es lo que nosotros planteamos, una cuestión con rigor, porque no se resuelven los problemas de la gente con titulares. Hoy usted tiene además otro titular que añadir, ha pedido el cese de la consejera, segundo titular que añadir, pero así no se resuelven los problemas de las personas.

Yo le tendí la mano y usted no la aceptó. Se negaron, en un hecho inédito, a admitir a trámite unas enmiendas in voce, que no iban a solucionar el problema, pero sí que definían el camino para la solución.

Mire, yo no hablo alto, a veces ni siquiera se me ve, pero estoy trabajando. (Palmoteos). Entonces seguimos trabajando y, afortunadamente, creo que los afectados lo saben. Estamos poniendo todos los esfuerzos para que esto pueda resolverse. Nuestro compromiso es claro, seguiremos trabajando para darles una respuesta justa y viable y pueden tener la seguridad de que no vamos a dejarlos solos, pero tampoco los vamos a engañar con propuestas que no resisten el más mínimo análisis. Seamos responsables, pongamos a las personas en el centro y trabajemos para encontrar esa solución.

Desde luego nosotros no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir trabajando porque nos importa encontrar una solución viable y, además, que tenga solvencia jurídica para que realmente resuelva el problema.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Ahora interviene el señor Morales Denis, Grupo Parlamentario Popular.

El señor MORALES DÉNIZ: Gracias, presidenta.

Cronología e injusticia, a ver si les pesa la conciencia. El Gobierno socialista del señor Torres empezó a multar a estos propietarios en plena pandemia, con las seis primeras multas en 2020, 2021 y 2022, con importes de entre 2000 y 9000 euros. ¿Por qué? Prendieron una mecha que ya va por unas quince sentencias contrarias a los afectados y ahora se promocionan como bomberos.

El Partido Socialista Canario votó a favor de la Ley 2/2013, denostada por la plataforma de afectados. ¿Por qué? Votó a favor del precepto que facultaba al Gobierno de turno a requisar las propiedades de la ciudadanía si no las destinaban al uso establecido en el planeamiento urbanístico. ¿Por qué?

El PSOE canario exige ahora la derogación del Decreto 2/2025, de medidas urgentes, aprobado por este Gobierno, que inicia el desmonte de la 2/2013 y su reglamento y que ha servido para paralizar los procedimientos sancionadores y para extirpar para siempre aquel pernicioso derecho de expropiación. ¿Por qué?

Han rechazado la admisión siquiera a trámite, como dice la señora Socorro Beato, de la enmienda de los grupos de gobierno, relativa a derogar la disposición transitoria sexta contenida, esta sí, en la ley de alquiler vacacional, tal y como también ha reclamado la PALT. ¿Por qué?

En la justificación de su PNL apunta las disertaciones de hace año y medio de sus señorías Acosta, Chinea, Barragán y Curbelo y deja de lado las intervenciones de la señora Alemán, Jover y del señor Campos, lo cual me parece injusto, y no lo digo con ironía, porque fueron siete discursos, siete intervenciones coherentes y especialmente muy comedidas, de tratar los asuntos públicos con rigurosidad, como hoy nuestras dos enmiendas, no de panfleto electoralista como esta iniciativa.

El lazo lo puso el apreciado señor Campos -comillas-: Compartimos con este Gobierno la necesidad de regular el alquiler vacacional, no estamos en contra ni en contra de algunos modelos residenciales en zonas turísticas, pero no con un criterio general de turistificación de zonas residenciales y tampoco de residencialización sin límites de nuestras zonas turísticas, apostamos por el respeto al planeamiento y a la distribución de uso, la legalidad no tiene atajos, hay que cumplirla.

Contundente la alcaldesa Carolina Darías para acabar con los ciento cinco años de vida de la panadería Miguel Díaz. Eso sí que es un ejemplo de protección al pequeño propietario y al empresario de toda la vida. (Palmoteos). Aunque no le falta razón a la alcaldesa al señalar que de no actuar el ayuntamiento podía haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque el caso partía de una denuncia vecinal y, además, existía un informe redactado por los técnicos. Se entiende, ¿no?

Pero, miren, al contrario que ustedes con la centenaria panadería, este Gobierno ni acaba con la vivienda vacacional ni expulsa a residentes en zonas turísticas, sino que habilita incluso medidas transitorias armadas técnica y jurídicamente y que equilibran el interés general con el respeto al derecho de la propiedad privada y de la actividad de las economías, también de las familias.

Por cierto, el aplauso social, cada vez más extenso, a la consejera, por ejemplo por su valentía en regular el alquiler vacacional, por parte de las más de cien mil personas que salieron a la calle a gritar que "Canarias tiene un límite", ¿en serio tiene para usted el valor de ser merecedora de la desconfianza por parte del señor presidente de Gobierno, usted que fue viceconsejero de Empleo en la anterior legislatura con una media de 222 449 parados frente a los 161 630 de esta consejera?

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Morales.

Señor Santana, tiene usted un minuto para fijar posición respecto a las enmiendas. Cuando quiera.

El señor SANTANA MARTEL (desde su escaño): Gracias, presidenta.

Sí, de todas las enmiendas presentadas solo vamos a aceptar la de Nueva Canarias, aclarando que la enmienda, el resto de enmiendas, por ejemplo, la de Coalición Canaria, no va en el sentido que nosotros estamos proponiendo, que es que este asunto se resuelva ya a través de un decreto ley, que es lo que ustedes han propuesto, no nosotros. Y recordar que dentro de ese decreto ley otra, como se ha propuesto, de las enmiendas de Nueva Canarias habla de suprimir la transitoria sexta, pero también el Decreto Ley 2/2025, los dos, no solo uno. Lo digo para aclarar, porque aquí se ha deslizado que solo quitar la transitoria sexta era la solución, cuando queda vivo el Decreto 2/2025. Lo digo a efectos, señora Socorro Beato, de que su enmienda siempre ha sido insuficiente.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santana.

Muy bien. Ahora grupos no enmendantes. Agrupación Herreña Independiente-Grupo Mixto. Cuando quiera.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías.

Yo sí la veo, señora Beato, y también veo su trabajo, también veo su talante, también veo las ganas de conseguir cambios cuando usted trabaja en una ley y también vi su brazo tendido al señor Santana, que no quiso recoger.

No voy a incidir en la ignominia que supuso rechazar esas enmiendas in voce, que hubieran puesto una hoja de ruta para arreglar este problema. No quiero yo dar la razón a las personas que dicen que piensa más usted a lo mejor en el cartel que en el fondo de esta cuestión. Yo me voy a centrar en el hecho de que esto es una cuestión que no podemos arreglar desde la improvisación, es un problema que viene heredado del pasado, es un problema que ya, como también comentaba el representante del Partido Popular, ya hubo sanciones en la legislatura anterior.

Desde la AHI compartimos plenamente la preocupación que existe por este asunto. Sabemos que existe un problema real que afecta a personas que residen de manera habitual en viviendas en zonas turísticas y que la actual situación, sin duda, no ofrece la seguridad jurídica ni la proporcionalidad que la ciudadanía merece. Pero es una situación que se ha heredado precisamente por los desmanes que ha habido en el planeamiento, por la falta de actuación muchas veces por las propias entidades locales, por falta de medios o falta de voluntad o ambas en algunos casos. No podemos sin duda, a pesar de ello, dar la espalda a los residentes afectados por unas sanciones que -todos estamos de acuerdo- son desproporcionadas ni a quienes están siendo atrapados en una normativa que es confusa. Pero también tenemos claro que la solución debe ser responsable, equilibrada y también definitiva. No podemos andar con improvisaciones.

Pero creemos que el camino propuesto en esta PNL no es el adecuado, señor Santana. Propone resolver una cuestión estructural, la unidad de explotación, con la dificultad que contiene ese requisito, con la dificultad que ha entrañado llegar a ese principio, para poder definir unos usos residenciales y un régimen sancionador, mediante un decreto ley por urgencia cuando lo que la materia exige es un debate sosegado sobre esta cuestión. No lo podríamos haber arreglado en la ley de vivienda vacacional ni tampoco lo podríamos haber arreglado de una forma ordenada si no lo hubiéramos hecho así. La vía correcta es una reforma legislativa que sea integral y que compartimos en este sentido la enmienda que ha presentado Coalición Canaria, incluyendo también un régimen jurídico para la unidad de explotación, para dar por fin garantías sobre esta cuestión que sin duda es muy controvertida.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Y finaliza el debate la Agrupación Socialista Gomera. Lo hará el señor Ramos.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta.

Yo creo que es la primera vez que finalizo un debate. Normalmente, al ser un grupo no mayoritario, suele tocarme intervenir al principio.

Bueno, les he escuchado a todos con atención -eso es lo bueno que tiene también ser el último en intervenir- y la verdad es que yo creo que estamos todos de acuerdo, lo que queremos es dar una solución a este colectivo, a estas personas residentes en suelo turístico, pero yo no creo que el enfrentamiento y la confrontación sean la forma de hacerlo. Por lo tanto, pongámoslos a ellos por delante, citémolos a esa reforma legislativa, a trabajar todos juntos para resolver ese problema.

Usted en su exposición de motivos, señor Santana, pone un fragmento de una de mis intervenciones en pleno, y es que me ratifico en esas intervenciones. En la isla de La Gomera no existe problema entre residentes y turistas, todo lo contrario. Entonces démosles esa seguridad jurídica para que puedan seguir conviviendo, porque es una forma más también de ofrecerles o de mostrarles a quienes nos visitan nuestro talante, nuestra forma de hospedaje, nuestra forma de ser amables con quien nos visita. Yo creo que pueden convivir perfectamente esas dos formas.

Y el principal problema es obvio, es esa Ley 2/2013, de modernización y renovación turística; y, por lo tanto, yo creo que esa reforma legislativa tiene que hacerse a través de esa reforma de la ley turística, en la que tengamos que trabajar todos juntos y buscar las soluciones.

Ya los colectivos, la Plataforma de Afectados por la Ley Turística hará sus aportaciones en el periodo que corresponda, etcétera, y a nosotros nos tocará hacerlo también en el periodo que toque, en enmiendas o cualquier otro momento específico.

Nosotros no presentamos ninguna enmienda a esta proposición no de ley porque creo que, independientemente de que sea a través de un decreto ley o sea a través de esa modificación de la ley turística, lo que sí tenemos que darles es una solución y una seguridad jurídica a esas personas que están residiendo en sus hogares. Y quiero matizarlo, son sus hogares para la mayoría de ellas.

Por tanto, votaré a favor, o con el mismo sentido del voto que votan los grupos que apoyan al Gobierno, pero tendiéndole la mano, señor Santana, para que trabajemos todos juntos en buscar esa solución y, una vez el Gobierno traiga esa modificación a este Parlamento, podamos sacar la mejor solución posible.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Señorías, votamos. (Pausa).

Votos totales emitidos, 67: sí, 29; no, 38; abstenciones, cero.

Queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.