Diario de Sesiones 102, de fecha 10/12/2025
Punto 1

11L/PPL-0011 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, PARA EL IMPULSO DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CANARIAS MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LOS GRANDES TENEDORES Y EL REEQUILIBRIO FISCAL

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.

Reanudamos la sesión plenaria, y lo hacemos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario para el impulso del derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal.

Paso la palabra al secretario a los efectos de la lectura del criterio del Gobierno.

Silencio, por favor.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Nieves Lady Barreto Hernández, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes en Canarias, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 24 de noviembre de 2025 figura, entre otros, el siguiente acuerdo cuyo tenor literal se transcribe:

"Propuesta de acuerdo por el que se fija la posición del Gobierno sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario para el impulso del derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal.

Teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente, el Gobierno, tras deliberar, acuerda manifestar el criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista Canario para el impulso de la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y reequilibrio fiscal".

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario.

Inicia la intervención para la defensa de la proposición de ley el Grupo Socialista, el señor Chano Franquis.

El señor FRANQUIS VERA: Gracias, presidenta.

Señorías, traemos hoy a este parlamento una proposición de ley que responde a una realidad incontestable, en Canarias el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y de expulsión residencial. No es una impresión, señorías, sino un hecho respaldado por datos claros y contundentes.

Los datos del Catastro y los registros turísticos muestran que al menos el 14 % de las viviendas en el archipiélago están en manos de grandes tenedores, el doble que en otras comunidades autónomas. El último informe de Provivienda, publicado este fin de semana, el domingo, en La Provincia y en El Día, eleva esta cifra al 20,6 % de las viviendas disponibles y confirma un crecimiento constante en nuestra comunidad año tras año. Hablamos, por ejemplo, de cuatro personas que acumulan más de 600 viviendas, 73 sociedades que suman casi veinte mil viviendas en Canarias y un mercado donde los precios no han parado de subir en los últimos 45 trimestres en nuestra comunidad. Por eso, presentamos esta ley, señorías, una ley que garantiza el derecho a la vivienda, para poner transparencia donde hoy hay opacidad, para reequilibrar la fiscalidad donde hoy hay privilegio y para permitir que Canarias, su suelo residencial, haga frente a las dinámicas especulativas que están afectando claramente a nuestra gente, a nuestras ciudades y a nuestra economía.

El primer objetivo de esta ley es conocer para poder actuar. Por eso, planteamos y proponemos en la ley la creación del registro de grandes tenedores de viviendas en nuestra comunidad, una herramienta imprescindible en cualquier territorio que tiene la concentración inmobiliaria que existe en nuestra comunidad y que está produciendo, sin duda alguna, un incremento de los precios. No podemos diseñar políticas públicas si no sabemos cuántas viviendas están en manos de grandes estructuras económicas, cómo se articulan esas titularidades y en qué municipios o islas se concentran. Esto no es un registro, no es una ocurrencia, es una necesidad, señorías. Ni el Catastro ni los registros turísticos ni los registros de propiedad permiten identificar estas estructuras económicas.

El segundo gran objetivo de esta ley es reforzar la capacidad pública para ampliar el parque de vivienda, es ampliar el derecho de tanteo y retracto que tiene la propia comunidad cuando sean viviendas transmitidas por grandes tenedores, cuando estén en zonas tensionadas o cuando provengan de una subasta. No estamos interviniendo el mercado privado, como alguno se ha planteado, soltando esa ocurrencia, respetamos siempre el precio del mercado, garantizamos seguridad jurídica, acortamos los plazos, que es lo que pretendemos, para incrementar el parque público de vivienda.

El tercer gran objetivo es el reequilibrio de la carga fiscal, que tiene mayor capacidad económica. En plena crisis residencial, como está viviendo Canarias -y no hay que olvidar que tenemos una emergencia habitacional-, no podemos tratar a una familia que compra una vivienda por primera vez para vivir... a una sociedad que adquiere edificios completos para destinarlos a vivienda vacacional. Esa es la enorme diferencia que hace fundamentalmente esta ley. Esta ley elimina el impuesto de transmisiones para viviendas de menos de 200 000 euros, destinadas a la primera residencia o al alquiler estable; establece una tarifa progresiva a partir de esa cifra; eleva el 20 % del gravamen cuando compra un gran tenedor, salvo que esa vivienda se destine al alquiler de larga duración o a vivienda protegida. Además, incrementamos los gastos jurídicos documentados en operaciones que hoy prácticamente no se desarrollan y no tributan en nuestra comunidad autónoma porque se realizan fuera de esta comunidad.

El cuarto gran objetivo es garantizar que cada euro que se recaude se destine exclusivamente a construir vivienda pública.

Señorías, esta es una ley jurídicamente sólida, fiscalmente viable y plenamente constitucional, está amparada por nuestras competencias exclusivas en materia de vivienda y por nuestra competencia normativa en tributos cedidos, respeta la libertad de empresa, porque no impide que se adquieran viviendas, solo ordena, regula, equilibra y cumple con los principios de buena regulación, y, sobre todo, responde a un mandato social y moral, que es proteger el derecho constitucional del derecho a la vivienda.

Concluyo, señorías. Canarias no puede seguir siendo un territorio donde el acceso a la vivienda dependa de la suerte, de la especulación o de la capacidad de competir con fondos que compran edificios enteros para dedicarlos a vivienda vacacional. Canarias necesita recuperar el control democrático de un recurso tan especial como escaso. (Corte automático del sonido. La Presidencia le concede tiempo adicional).

Hoy, decía, el Parlamento tiene la enorme oportunidad de decidir si estamos al lado de la ciudadanía o estamos al lado de los que quieren convertir nuestra tierra, nuestro archipiélago, Canarias, en un gran territorio de negocio inmobiliario. Esa es la diferencia y esa es la decisión que tenemos que adoptar hoy en este Parlamento. ¿Esta ley es valiente? Sin ninguna duda. ¿Es equilibrada? También. Pero, sobre todo, es profundamente justa. Por eso, les pido a sus señorías el apoyo a esta propuesta, porque busca la garantía de que en esta tierra, en Canarias, vivir no sea un privilegio, sino que sea un derecho.

Y acabo. No tengo tiempo para contestar los informes que ha planteado el Gobierno de Canarias, pero algunos nos parecen razonables y otros nos parecen temerosos, por no decirlo de otra forma, especialmente los que ha hecho el Instituto Canario de la Vivienda, que no tiene nada que ver con lo que planteamos, que sustentan errores muy muy muy muy importantes y que no responden al criterio, al objetivo que persigue esta ley.

Insisto, tenemos la gran oportunidad de hacer frente, de regular una situación que es fundamentalmente tener un registro de grandes tenedores para actuar y saber las políticas públicas que tenemos que desarrollar en esta ocasión. Insisto, es una ley técnicamente y jurídicamente sólida y fiscalmente equilibrada.

Por eso, pido a todos ustedes el apoyo a esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Franquis.

Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario, y lo hace la señora Beato Castellano.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor presidente de Canarias.

Debatimos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que... (fallo del sonido) y que no se sustenta en ningún análisis riguroso, y yo... El señor Franquis decía que no había tenido tiempo de comentar los informes del Gobierno. Yo le hubiera recomendado, señor Franquis, que los leyera con detenimiento. Son informes serios, son informes sólidos y contradicen esta proposición de ley. Pero, mire, además, porque esta proposición de ley se presenta el 8 de octubre; el presupuesto entró en este Parlamento, el proyecto de ley de presupuesto entró en el Parlamento más tarde. Entonces, esta proposición de ley ignora las medidas fiscales que el Gobierno de Canarias ha propuesto para paliar el problema de la vivienda.

Mire, ustedes se centran en un registro de grandes tenedores, pero no plantean para qué quieren ese registro. Ese registro lo único que plantea es más burocracia para los ayuntamientos y ninguna utilidad real para combatir el fenómeno de los grandes tenedores, que, estamos de acuerdo, hay que abordarlo, y veremos si podemos abordarlo en el proyecto de ley que estamos tramitando, el proyecto de ley de agilización de licencias, vamos a ver si ahí podemos colocar alguna cuestión; pero no improvisemos con una ley que no se sustenta en ningún informe jurídico y que contradice los informes del Gobierno.

Y las medidas fiscales tampoco se sostienen, porque, miren, ustedes, pretendiendo ir contra los grandes tenedores, contra quienes están yendo es contra los pequeños, el ciudadano medio, que no puede acceder a una vivienda en condiciones normales con los grandes tenedores porque tiene que tener una hipoteca, tiene que tener unas cantidades, tiene que asumir unos impuestos. Y, si ustedes tocan en el rango en el que los grandes tenedores... Y usted citaba el informe de Provivienda, usted lo tiene, salió en la prensa, yo lo busqué por todas partes y no lo encontré, usted lo tiene. Yo la prensa la leo, me informo, pero prefiero tener el informe para tener un criterio.

Ese informe que yo no he encontrado lo que dice es que los grandes tenedores se hacen con las viviendas más asequibles, las viviendas que ellos pueden tener para especular, no se hacen con grandes viviendas. Esas viviendas más asequibles son a las que puede tener acceso el ciudadano medio, pero si agravamos las condiciones para que el ciudadano medio las adquiera, les estamos haciendo el caldo gordo a los grandes tenedores en contra del ciudadano medio. Entonces, tampoco podemos apoyar esas medidas por esa circunstancia, con base precisamente en ese informe que yo no conozco, pero que usted tiene.

Por tanto, este tema es una prioridad del Gobierno, es una prioridad del Grupo Nacionalista, es una prioridad en los presupuestos. El Gobierno ya ha dictado dos decretos leyes para contribuir a esto. Lo que se está trabajando es, en realidad... lo que puede contribuir de verdad a solucionar el problema es que haya más vivienda en el mercado. Hay más de 2500 viviendas en construcción en este momento, hay unas medidas fiscales en el proyecto de presupuestos que van a ayudar a las familias, a las personas más vulnerables, con deducciones en el IRPF, con deducciones en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, y facilitar que haya más vivienda en el mercado, proteger al propietario que tiene una vivienda y que se ha retirado para que la vuelva a poner en alquiler. Hemos, además, aprobado la ley de alquiler vacacional para ordenar el sistema y que las viviendas no se vayan al alquiler vacacional.

Por tanto, estamos en esa línea, creemos que podemos seguir trabajando. Le invito a, si podemos, en ese proyecto de ley futuro, la PL-13, de agilización de licencias, incorporar alguna cuestión, pero no podemos votar a favor de la toma en consideración de un proyecto de ley, sobre todo con los informes que se incorporan en el expediente y que el Gobierno ha hecho, que son informes rigurosos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Es el tiempo de intervención para el Grupo Parlamentario Popular, y lo hará la señora Curbelo Trujillo.

La señora CURBELO TRUJILLO: Presidenta, gracias. Muy buenos días.

Señorías, con esta proposición de ley presentada por el Partido Socialista volvemos a ser testigos de un Partido Socialista enfrascado en las recetas intervencionistas aplicadas por Sánchez y que han estrangulado el mercado de la vivienda, eliminando la cada vez más escasa oferta de casas, tanto para alquilar como para comprar, y que dispara los precios. La receta de la intervención y el control no funciona, la mayoría de este país no las quiere. Lo que sí quieren los canarios y la mayoría de los ciudadanos es tener seguridad jurídica para poder alquilar sus casas y que sus derechos no sean vulnerados, que no tengan que pasar años peleando en los juzgados por recuperar su vivienda mientras tienen que pagar agua, luz, comunidad, tasazos de basura, etcétera. Lo que quiere la mayoría de este país es tener una vivienda digna, en la que poder desarrollar su vida, llegar a fin de mes, poder elegir estar y vivir cerca de su trabajo, del cole de sus hijos, un lugar en el que poder salir de casa de sus padres y emanciparse. Eso es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos, no registros, no más intervencionismo, no más burocracia.

Señorías, desde junio del 2018 el Partido Socialista -al menos lo intenta- gobierna en España. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno desde hace siete años y durante todos estos años la vivienda se ha convertido en el principal problema de este país. En toda España faltan viviendas, la vivienda es inaccesible para la mayoría de la población, se ha convertido en el principal gasto a afrontar para los ciudadanos y, además, el factor principal de empobrecimiento general, insisto, de todos los ciudadanos. Sánchez se ha pasado siete años prometiendo viviendas que no se construyen, con una política nacional de vivienda dedicada a proteger al okupa y, además, a proteger a su círculo de imputados, a tapar a presuntos acosadores, presuntos cobradores de mordidas, a los Koldos, a los Ábalos, a los Salazar.

Señorías, sinceramente, ¿esto no les hace que pensar? Si después de siete años gobernando el Partido Socialista en España el problema va a peor, ¿no se dan cuenta de cuál es realmente el problema, y ustedes están gobernando en España? Después de cuatro años gobernando el pacto de las flores y su nefasta política de vivienda, ¿qué nos vienen a contar aquí hoy? ¿De qué están hablando?

Miren, el acceso a la vivienda es el principal problema, insisto, que tienen los españoles y, en especial, los canarios. Hace falta mucha más oferta, construir más vivienda pública y también vivienda privada, que permita bajar la tensión de la demanda y se disminuyan los precios. Hace falta tener seguridad jurídica, sí, garantía para los propietarios, defensa clara del derecho de propiedad de los ciudadanos, propiedad privada, sí, señor. Hace falta que cada uno se dedique a lo que se tiene que dedicar, la vivienda para vivir y el vacacional con orden y rigor, con una ley aprobada por este Gobierno.

En eso estamos. En estos dos años de legislatura este Gobierno se ha centrado en eliminar trabas, en poner facilidades para incrementar la construcción de vivienda, en poner en orden el alquiler vacacional. Lo que ustedes no hicieron, y miraron para otro lado, lo hemos hecho nosotros, hemos sido valientes, no ustedes cuando gobernaban, no ustedes. A ustedes lo que les toca es cambiar la nefasta ley de vivienda, eso es lo que puede hacer el PSOE canario si quiere ayudar al problema de la vivienda, derogar de una vez la ley, eso es lo que tienen que hacer en Madrid.

Miren, sobre esta proposición, todos los informes son desfavorables, crean un registro inoperativo de grandes tenedores, suben los impuestos al más estilo Partido Socialista, incrementan el ITP y los actos jurídicos documentados, implantan un derecho de tanteo y retracto inasumible para cualquier Administración, mucho menos para Canarias. Con su propuesta suben la carga impositiva de las viviendas de segunda mano, mientras que las de obra nueva mantienen la regulación del IGIC... (fallo del sonido)... el equilibrio fiscal. Con sus propuestas harían más difícil que se rehabiliten las viviendas de segunda mano, otra dificultad innecesaria. Además, es incongruente en muchos aspectos. Esta propuesta se presenta sin base, sin rigor y sin un estudio económico solvente, no aborda el principal problema, que es incrementar la oferta de viviendas y proteger al arrendador. Reitero, ustedes solo proponen más regulación, más burocracia, más impuestos y más intervencionismo, cuando necesitamos lo contrario. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Curbelo.

Nueva Canarias-Bloque Canarista. Intervendrá la señora Hernández Jorge.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Hoy debatimos un asunto relevante para esta tierra, sin duda, el mayor problema social y laboral de Canarias. Y a la diputada del Partido Popular quiero decirle que lo que no quieren los canarios es vivir en cuevas, lo que no quieren los canarios es vivir en coches ni en casetas ni en el bajo de edificios públicos en condiciones precarias. Lo que quieren los canarios y las canarias es un Gobierno que resuelva el problema de la vivienda. Y le recuerdo: artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias, esta es una competencia de este Gobierno, y, si son incompetentes, y, si son unos incompetentes porque no son capaces de resolver el grave problema de la vivienda, sean honestos y díganlo, dejen de escudarse en Pedro Sánchez.

Bueno, hoy este Gobierno se pone a prueba, hoy los canarios vamos a saber de parte de quién están Coalición Canaria, el Partido Popular, los herreños, el diputado herreño y los diputados y la diputada gomera. Tienen que elegir bando, señorías: o están al lado de la gente, de los que sufren porque no tienen una vivienda, de esos jóvenes que han tenido que regresar a su casa porque no pueden pagarse un alquiler, o están al lado de nuestra gente, esa es nuestra gente -qué pena que no esté aquí el señor Clavijo. Cuando habla de nuestra gente, siempre pienso: "Será su gente, porque mi gente no tiene vivienda"-, o están al lado de los especuladores, y hoy se han puesto al lado de los especuladores. Se esconden detrás de falsos mantras técnicos de un rigorismo ideológico. Hablan de rigor. ¿Qué rigor, si ustedes aquí se saltan el rigor legislativo cuando les da la gana, traen leyes sin ficha financiera y un largo etcétera? Que no me da tiempo, porque la verdad es que es lamentable que, para un asunto tan relevante, dispongamos de cinco minutos, porque yo en cinco minutos no puedo defender por qué es tan importante que Canarias legisle a favor de la vivienda, legisle a favor de la gente que lo está pasando realmente mal con este asunto. Y los que les ponemos cara a los demandantes del registro de vivienda, porque los conocemos, porque los hemos tenido que atender, sabemos que esto es un drama muy serio con el que no se puede banalizar.

Miren, lo decía la prensa (mostrando un documento). Por cierto, Provivienda no es cualquiera, Provivienda es una institución, es la asociación que más sabe de vivienda en esta tierra, que lleva décadas trabajando con la población vulnerable, que el Gobierno ha trabajado con ella. Por tanto, no devaluemos ahora los informes de Provivienda. Campeones, megacampeones de la especulación, somos el territorio, por encima de Madrid y de Barcelona, donde hay más gente que amasa viviendas, y esos son a los que no quieren molestar. ¿Qué problema hay en que sepamos quiénes son los grandes tenedores? ¿Será que a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa y... algún gran tenedor en esa bancada? ¿Será eso? Porque a lo mejor puedo pensar eso. O algún amigo de ustedes. ¿Será que no quieren pisar esos callos de los grandes tenedores? ¿Qué problema hay en que tengamos un registro? ¿Qué problema hay en subirles los impuestos a esos extranjeros que vienen a comprar edificios completos? Eso es lo que propone esta iniciativa. También lo ha propuesto Nueva Canarias cuando recientemente traíamos una moción para bajarle los impuestos a nuestra gente joven, que también han dicho no. Mire, ustedes como Pedro, que negó a Jesús tres veces, pues ustedes les niegan a los canarios el derecho a la vivienda una, dos, tres, cuatro veces con esta ley. Les negaron a los canarios el derecho a la vivienda cuando dijimos: "Vamos a aprobar un programa canario de alquiler seguro, vamos a movilizar la vivienda vacía, vamos a animar al propietario de la vivienda a que alquile, vamos a incentivarlo con premios fiscales". Para eso sirve la fiscalidad, es un instrumento al servicio de la población, pero no de los ricos, de los superricos, que son a los únicos a los que ustedes atienden.

Y dijeron no, dijeron no a cambiar la ley de la vivienda, a poner una ley que reconociera el derecho subjetivo, como tienen los catalanes, porque tenemos competencia, si fueran un Gobierno competente, claro. Se han autodeclarado incompetentes, por eso miran a Sánchez, porque son incapaces de resolver el problema de la vivienda. Y dijeron no por segunda vez.

Dijeron no por tercera vez cuando trajimos una moción para resolver el problema de la juventud, que es un problema grave, porque están condenando a nuestra gente joven a no tener esperanza. Y nosotros decimos que sí se puede resolver el problema de la vivienda.

Y, por cuarta vez hoy, también le niegan el derecho a la vivienda, un derecho constitucional, diciendo no a penalizar fiscalmente a los grandes tenedores, a poner bonificaciones fiscales a la gente normal que quiere acceder a una vivienda y también el derecho de tanteo y retracto, que, por cierto, se hace en Cataluña, no es nada extraño ni ninguna innovación ni ninguna innovación legislativa. Porque, además, a lo que le están diciendo hoy "no" no es a esta ley, le están diciendo no al trámite interno, es decir, a poderla mejorar, porque nosotros la mejoraríamos, señor Franquis. Creemos que es una ley muy enfocada a la compra y creemos que también hay que apostar por el alquiler asequible.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Es tiempo de intervención ahora para el Grupo Parlamentario VOX. Interviene la señora Jover.

La señora JOVER LINARES: Buenos días, señorías. Gracias, presidente.

La semana pasada tenía lugar el I Congreso canario de Vivienda y todos, absolutamente todos los expertos, que no políticos, coincidían en atacar la nefasta Ley 2/2023, por el Derecho a la Vivienda, del Gobierno de coalición del Partido Socialista, partido que hoy nos trae una proposición de ley supuestamente para aliviar la emergencia habitacional en Canarias.

Entonces, en ese congreso el catedrático Nasarre decía que esa ley estatal dificulta el acceso a la vivienda de los que no la tienen, ampara la situación de los que la tienen de manera ilegal, es decir, los okupas, y les quita la propiedad a los que la tienen para expropiársela y, además, concluía que con ello el Estado había renunciado a cumplir con el artículo 47 de la Constitución, ese que, señorías del PSOE, les recuerdo que regula el principio rector del derecho a la vivienda digna. Por más que el Partido Socialista titule una ley "por el Derecho a la Vivienda" o por más que diga querer vivienda digna para toda la población, esta formación política no puede ocultar su total incompetencia para gestionar el problema de la vivienda y tampoco puede ocultar su enorme responsabilidad en una emergencia habitacional que no para de empeorar cada vez que impone una de sus medidas.

Por eso, VOX no apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley para, supuestamente, atacar a los grandes tenedores, porque esta ley no es un impulso al derecho a la vivienda, sino un nuevo castigo a la propiedad privada, a la inversión y, en última instancia, a los canarios más vulnerables que buscan un piso donde vivir. Porque el problema de la vivienda en Canarias no son los propietarios, sino que falta vivienda disponible, falta seguridad jurídica y sobran impuestos y trabas. Y ello lo atestigua que, pasado un tiempo más que prudencial tras su entrada en vigor, la ley estatal de vivienda, la oferta de alquiler habitual se ha hundido, mientras los precios siguen al alza, después de que hace tiempo superaran su máximo histórico. Y también aumentan los alquileres de temporada y de corta duración, mucho más caros. El resultado, más intervención, menos oferta y precios más altos, justo en lo que ustedes quieren profundizar en Canarias con esta iniciativa normativa. Además, sin acompañamiento de una memoria económica y de la previsión de los medios necesarios para su despliegue.

Ustedes plantean crear una lista negra o registro de grandes tenedores de vivienda en el que no se incluyen solo los fondos, sino también familias que hayan ahorrado durante años, pequeños patrimonios familiares o herencias compartidas, que ustedes convierten en sospechosos por el simple hecho de haber invertido en ladrillo. Por supuesto, todos ellos merecen, según ustedes, ser sancionados si no suministran datos o no facilitan la inscripción en ese registro. Con eso no se contribuye a favorecer lo que queremos, es decir, que se construyan viviendas y que donde hay solares haya grúas.

También aumenta la ley la lista de supuestos en los que operarían los derechos de tanteo y retracto hasta lo ingobernable, y lo ingobernable no solo para la Administración, sino para los ciudadanos. ¿O cómo llaman ustedes el plazo de meses que se otorga a la Administración para que ejercite esos derechos? Esto no ayuda a crear un mercado inmobiliario dinámico, que es lo que necesitamos, y convierte cada operación en una carrera de obstáculos, donde la Administración tiene la última palabra durante meses, generando ello una parálisis indeseable en el tráfico inmobiliario.

A esta inseguridad jurídica e incertidumbre regulatoria, que expulsa la inversión del mercado residencial, se une lo que la ley presenta como un reequilibrio fiscal, pero que en realidad implica la subida de impuestos, que, según los informes que acompañan al del Gobierno, penalizarían especialmente a las familias de tres o cuatro miembros, que necesitan viviendas de un tamaño adecuado, cuyo precio puede exceder del umbral establecido, lo que nos parece totalmente rechazable.

Hoy votaremos en contra de que en Canarias se instaure un modelo que está condenado al fracaso. Como se recoge en uno de los informes que se ha emitido desde el Gobierno en relación con esta norma, lo que subyace son restricciones severas a la propiedad privada que resultan desproporcionadas, invasivas y contrarias a principios constitucionales esenciales. Defender el derecho a la vivienda no es perseguir al propietario, sino garantizar que en Canarias haya más suelo, más vivienda, más libertad económica y más seguridad jurídica para todos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Antes de dar la palabra a la Agrupación Socialista Gomera, sí que quiero dar la bienvenida a la alcaldesa de Teguise, doña Olivia Duque Pérez. Bienvenida, encantada.

Muy bien. Agrupación Socialista Gomera. Interviene la señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Señora Hernández, tiene un rostro (risas de la oradora), es que tiene un rostro... (Palmoteos). O sea, yo creo que no se cree lo que usted dice ni usted misma, o sea, es increíble. Pero bueno, Agrupación Socialista Gomera no va a entrar en su juego, se lo aseguro, por muchas veces que suba a este atril a nombrarnos, no vamos a entrar en su juego.

Señor Franquis, la PPL que debatimos hoy está claro que está cargada de buenas intenciones, no lo dudamos, pero está claro también que nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores, que es la de evaluar, la de evaluar con rigor, la de evaluar con responsabilidad, en este caso, si una propuesta nos acerca o nos aleja de los objetivos que compartimos. Y esta proposición de ley no garantiza un marco mejor de acceso a la vivienda ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista técnico ni tampoco desde el punto de vista jurídico. Voy a explicar por qué.

Primero, hablamos de un texto con un impacto fiscal enorme, usted lo sabe, que no viene ni siquiera acompañado de una memoria económica ni tampoco de una cuantificación clara, algo que señala expresamente la Dirección General de Planificación y Presupuesto. Y esto no es un detalle menor, cualquier norma tributaria de este calado debe ser evaluada con precisión, porque, además, como usted también sabe, puede comprometer los ingresos públicos, puede comprometer la estabilidad financiera y, en consecuencia, también podría comprometer los servicios esenciales que dependen del presupuesto autonómico.

El informe señala con claridad que la propuesta generaría una pérdida recaudatoria muy importante para los inmuebles de menos de 570 000 euros, una pérdida que, según afirma, debería ser compensada por los tipos incrementados del 20 % aplicables a grandes tenedores, pero es verdad que esto es una previsión teórica, es una previsión que no está demostrada y, además, que está basada en un comportamiento del mercado difícilmente previsible en un territorio insular y además en un territorio tensionado como el nuestro.

Segundo, también la parte fiscal de la PPL presenta efectos distorsionadores, para nosotros muy relevantes. El propio informe técnico de Hacienda lo explica, y lo explica muy bien. Si no ha tenido tiempo de leérselo, yo creo que debería leérselo, porque pasar del 6,5 % vigente al 10% o 13 % en transmisiones ordinarias nos explica claramente que supone situar el ITP por encima de la tributación del IVA e IGIC, creando una simetría fiscal que no existe en ninguna otra comunidad autónoma y que podría generar no solo inseguridad jurídica, sino también desincentivar operaciones básicas del mercado inmobiliario. Y, más aún, viviendas de 400 000, 450 000 o incluso 500 000 -que esto no son viviendas, esto son grandes viviendas- terminarían pagando menos impuestos de los que pagan ahora, lo cual es difícil para nosotros también de justificar desde los propios principios de progresividad fiscal que la ley dice perseguir.

Tercero, también el registro de grandes tenedores que plantea la PPL presenta enormes dudas de proporcionalidad, de eficacia y de gestión. Lo dice claro el Instituto Canario de la Vivienda, dice que la iniciativa adolece de falta de justificación estadística y técnica y, además, que generaría un registro de dudosa utilidad práctica, con un coste administrativo que sería muy alto y sin las garantías suficientes para evitar problemas de seguridad jurídica.

Cuarto, también los derechos de tanteo y retracto se amplían de manera tan extensa que pueden poner en riesgo el propio tráfico jurídico. Hay un informe del Icave que lo advierte, dice también claramente: "Extenderlo a transmisiones indirectas, participaciones societarias o paquetes accionariales puede generar inseguridad jurídica, ralentizar operaciones legítimas y superar incluso los límites constitucionales de esta figura".

Señorías, desde Agrupación Socialista Gomera no rechazamos la idea de actuar frente a la concentración especulativa ni tampoco la de revisar la fiscalidad; de hecho, lo hemos defendido en varias ocasiones también en este Parlamento, pero también creemos que debe hacerse a través de instrumentos que sean eficaces y, sobre todo, proporcionados, no en medidas que pueden generar efectos no deseados; en este caso, para quienes más necesitan las soluciones.

Nosotros agradecemos la voluntad del Partido Socialista en este caso, pero, desde la responsabilidad y desde el respeto, anunciamos que vamos a votar en contra de esta PPL, y lo hacemos porque creemos que la vivienda merece certezas, no incertidumbres, medidas que ayuden, no que ayuden a tensionar el mercado, instrumentos que sumen y no que arriesguen nuestra estabilidad fiscal.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Y finaliza el debate el Grupo Mixto, señor Acosta Armas.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías.

La verdad es que da gusto ver la clarividencia que se tiene cuando se está en la oposición y la falta de convicción y clarividencia que se tiene cuando se gobernaba. Si era tan fácil, no sé por qué no se arregló; si las recetas las tenían tan claras, no sé por qué no las aplicaron, y, si esto fuera tan fácil, no sé por qué en Cataluña, por ejemplo, no hay un problema hoy de vivienda. Pero lo cierto es que es un problema que afecta a todo el territorio nacional, partidos de diferente color, de diferente ideología, con recetas unas iguales, otras similares y otras totalmente diferentes, y todos, casi todos, topamos a veces con el mismo resultado, que es un problema difícil de abordar desde una sola óptica. Y esta ley, que no dudo de toda la buena voluntad que pueda tener, sin duda, no va a ayudar a corregir este problema ni va a ayudar a desatascarlo. Eso es una realidad tan real y tan objetiva como que la ley de vivienda estatal está paralizando precisamente que se alquile y que la gente promueva la vivienda. Y esto no es una opinión, esto es un hecho, un hecho contrastado con las propias encuestas a propietarios, con los propios tiempos de resolución de los procedimientos judiciales, que se han torpedeado y entorpecido y tardan más de un año y medio en resolverse y, por lo tanto, esta no es la forma. Y somos plenamente conscientes de que todavía tenemos mucho que hacer en esta materia y hacer políticas que amplíen la oferta y que den respuesta a la ciudadanía, pero esta proposición de ley ni es el instrumento adecuado ni es una propuesta que esté suficientemente fundamentada.

El propio Gobierno de Canarias, a través de la consejería competente y del Instituto Canario de la Vivienda, ha señalado la necesidad de un estudio más profundo en el contenido de la iniciativa. No estamos ante una regulación menor. Crear un registro de grandes tenedores exige un desarrollo reglamentario que es complejo, un análisis serio del encaje que tendría con la normativa estatal y, además, se ha planteado aquí que, bueno... Y, si quieren ver qué amigos o qué empresas se tienen, no hace falta tampoco crear un registro; ustedes van a la página de registradores, que es un registro público, ponen los datos del supuesto amigo, de la supuesta empresa, ponen el ámbito territorial en el que quieren esa nota simple y les salen todas. ¿Cuántas quieres? 5, 10, 15, 20, 30; pagas 9,80 por cada una de ellas y te las dan todas. Si esto lo pueden hacer. Por lo tanto, tampoco entiendo la dificultad que quieren expresar con algo que al parecer tampoco es tan opaco como ustedes dicen.

También las modificaciones que plantean en AJD y TPO, sin una memoria económica que respalde su impacto, pues puede generar distorsiones, ya lo comentaba la señora Mendoza, incluso hacerlo totalmente asimétrico si lo comparamos con otros tributos, como puede ser el propio IGIC, o si nos comparamos con cualquiera de las otras comunidades autónomas. Y establecer derechos de tanteo y retracto sin garantizar los medios económicos y operativos para ejercerlo ¿a qué conduce? ¿Vamos a hablar de las 19 000 operaciones de compraventa que se han hecho hasta el mes nueve de este año?, ¿las 24 000 que se hicieron en el año 2024? ¿Vamos a hacerlas todas? ¿Solo unas? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Hasta qué punto vamos a ejercitar ese derecho de tanteo y retracto? ¿Eso queda claro? ¿Eso da seguridad jurídica? ¿Aquellas personas que quieran comprar y puedan no lo van a hacer porque va a venir la Administración y se las va a quitar? ¿Qué vamos a incentivar con ese tipo de medidas?

A todos estos elementos técnicos también se suma una reflexión política que no podemos obviar: el Grupo Socialista tuvo responsabilidad de gobierno en el 2019 y en el 2023, durante cuatro años dispusieron de los instrumentos normativos y también de la capacidad de gestión para impulsar un registro de grandes tenedores, para activar mecanismos de tanteo y retracto o para implementar las reformas fiscales que incentivaran el acceso a la vivienda. No hicieron nada de esto y ahora desde la oposición presentan esta PPL que pretende resolver en una semana lo que no se abordó en cuatro años. Señorías, las políticas públicas, y más en materia de vivienda, requieren coherencia y continuidad, y esta falta de coherencia de quienes antes gobernaban resta la credibilidad a esta propia iniciativa.

Desde AHI creemos que la política de vivienda en Canarias exige seriedad, seguridad jurídica y, sobre todo, planificación. Necesitamos más vivienda pública, más rehabilitación, más colaboración con el sector privado porque, si no, no vamos a levantar viviendas, y más incentivos a la construcción y puesta en uso de las propias viviendas vacías. Lo que no necesitamos son iniciativas precipitadas, populistas, sin memoria económica, que pueden generar inseguridad jurídica y que no contribuyen de una manera real a aumentar la oferta de viviendas, que es el problema central que tenemos.

Señorías, estaremos siempre abiertos al diálogo y a construir soluciones de consenso, pero no podemos apoyar una propuesta que nace sin el rigor técnico necesario, que ha generado dudas incluso en el Gobierno y que llega tarde por parte de quienes sí tuvieron responsabilidades de actuar y no lo hicieron.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Muy bien, pues ahora llamamos a la votación. (Suena el timbre de llamada a votación).

Bien, votaremos si tomamos o no en consideración el proyecto de la proposición de ley. Votamos.

Votos totales emitidos, 67: sí, 27; no, 40; abstenciones, 0.

Queda, por tanto, rechazada.