Diario de Sesiones 73, de fecha 8/4/2025
Punto 21

11L/DL-0015 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETO LEY. DE MEDIDAS URGENTES RELATIVAS AL DEBER DE ATENERSE AL USO TURÍSTICO Y POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TURÍSTICA DE CANARIAS, Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO 85/2015, DE 14 DE MAYO

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Pasamos al punto número 2 del orden del día: convalidación o derogación de decreto ley. De medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su reglamento, aprobado por el Decreto 85/2015, de 14 de mayo.

Interviene en primer lugar el Gobierno, la consejera de Turismo.

La señora CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO (De León Verdugo): Buenos días, señorías.

Comparezco hoy con el firme compromiso de este Gobierno de explicar con claridad, responsabilidad y total transparencia el contenido y la finalidad del Decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, así como a responder a algunas de las inquietudes que han surgido en los últimos días.

Desde el inicio de esta legislatura, en la Consejería de Turismo nos comprometimos a gestionar, y gestionar es hacer, y hacer es actuar, y actuar conlleva tomar decisiones que, a veces, son difíciles. Quizás por eso estamos donde estamos, lo dejo como reflexión.

Y este decreto ley, que hoy les presentamos aquí, responde a una problemática compleja heredada de muchos años de inacción, que ha generado una grave inseguridad jurídica para los propietarios y que afecta especialmente a residentes en parcelas ubicadas en suelos de uso turístico o en suelos de usos mixtos, pero con licencia turística, y esto lo explicaré después. Pero hagamos historia antes.

En los años 70-80 muchos canarios invirtieron en la industria turística -hoy también muchos extranjeros- y se compraron su apartamento o su bungaló en aquellas urbanizaciones incipientes. Canarias, en aquella época, avanzó primero hacia el principio de especialización de uso y, después, hacia, además, la unidad de explotación.

Ese principio de especialización de usos permanece vigente no solamente en la normativa turística, sino también en las leyes que ordenan el territorio, y ojo, señorías, en las sentencias del Supremo y en una reciente del Constitucional.

Por tanto, la ley del 95 recogía el deber de atenerse al uso y, además, el principio de unidad de explotación, un principio que hasta el año 2010 tenía mucho sentido y que, con el nacimiento de la economía de plataformas, ha dejado de representar a una gran mayoría de los propietarios. Y no solo se rompió el principio de unidad de explotación, sino que también muchos canarios usaron ese apartamento como vivienda habitual, una situación que obvió la Ley 2/2013, que además introdujo otro elemento: el artículo 24 o, lo que es lo mismo, una expropiación encubierta del propietario.

Conscientes de esta problemática en aumento, particularmente en islas como Gran Canaria, en el 2017 se aprobó la Ley del Suelo, y en su disposición final quinta, en su apartado 2, dejaba en situación de consolidación a aquellos usos residenciales ya existentes a 1 de enero del 2017. El cambio de uso de las parcelas, como saben, es una competencia de los municipios y, por ello, desde el inicio de la legislatura los ayuntamientos afectados han incoado expedientes para la aprobación de ordenanzas o la modificación de planes generales, lo cual agradezco.

Pues bien, cuando llegamos, qué nos encontramos: miles de expedientes sobre la mesa sin firmar. El jefe de la inspección fue directo y me preguntó: "Consejera, ¿usted va a prevaricar?". Yo les traslado hoy la pregunta a sus señorías: ¿Ustedes prevaricarían, señores diputados?

La inspección no actúa de oficio; ningún inspector va a por nadie, como se ha dicho alguna vez. Hay denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores, y es deber de la inspección actuar y resolver, y esta problemática no ha hecho más que ir en aumento.

Estos inspectores, durante la tramitación de la consulta, siempre hacen diligencias en sus ayuntamientos, y los ayuntamientos contestan si esta licencia se otorgó para uso turístico, y cuando la respuesta es afirmativa, que sí, que la licencia tiene uso turístico, se incoa el expediente.

¿Se ha perdido ese uso? ¿Creemos que hoy la ley es abusiva? Pues cambiemos la ley, que eso es lo que ha dicho este Gobierno.

Y mientras tanto, ¿qué?, ¿qué hace este decreto? Pues, en primer lugar, suspende los procedimientos sancionadores que están en curso, y lo hace no para castigar ni obligar a nadie a declararse ilegal como se ha dicho, sino para proteger temporalmente a los afectados mientras se da tiempo a los ayuntamientos para adaptar sus instrumentos de planeamiento. Es una medida de respiro, que además es voluntaria, no de castigo.

Señorías, hemos tenido que escuchar cómo se afirma que el decreto abre la vía para expulsar a 100 000 familias de sus viviendas, mientras lo dice alguien que miró para otro lado durante su mandato en Gobiernos municipales cuando era no solo su responsabilidad, sino su competencia, y también en el Gobierno, cuando tuvieron la oportunidad de cambiar la ley.

No vengan aquí a buscar votos con el sufrimiento de la gente. No se les expulsa, se les protege. El decreto no exige ninguna autoinculpación, sino que ofrece la posibilidad de solicitar voluntariamente la suspensión del expediente mientas se promueve, si se desea, el cambio de uso. Y no, no tiene que ir al Consejo Municipal, puesto que no se invoca ninguno de los preceptos recogidos en el artículo 2 del reglamento del Consejo Municipal, ni afecta a la financiación, ni a las competencias, como ha dicho el propio Consejo Consultivo.

Otra afirmación grave que quiero aclarar: este decreto coloca a los propietarios en una situación de desprotección. Señorías, los propietarios llevan 13 años desprotegidos, pero ¿por qué no derogamos la ley? Pues porque 10 000 empleos dependen del principio de unidad de explotación, porque miles de propietarios cumplen esta ley y porque las explotadoras... (Corte automático del sonido).

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señora consejera. (Palmoteos).

Sí, se lo doy (dirigiéndose a la señora consejera), pero hubo una discusión amplia en la Junta de Portavoces, donde estaba el viceconsejero del Gobierno, pero como hoy está siendo todo como es, le voy a dar un minuto, y seré generosa también con los portavoces. Tiene usted un minuto.

Espere un momentito. Ya.

La señora CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO (De León Verdugo): Gracias, presidenta, por su generosidad. Utilizaré la mitad del tiempo.

Les decía que los propietarios llevan 13 años desprotegidos y que por qué no derogábamos la ley, pues porque 10 000 empleos dependen del principio de unidad de explotación, porque miles de propietarios conviven con sus empresas explotadoras, elegidas por las comunidades de propietarios cumpliendo la ley.

Y quiero poner también de manifiesto una realidad silenciada. Mirar para otro lado durante 13 años nos ha costado 3500 millones de euros, nos ha costado 943 millones en recaudación fiscal y 88 000 puestos de trabajo. Les pido el apoyo a este decreto, vamos a mirar de frente el problema.

Gracias (aplausos y palmoteos).

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señora consejera.

Bueno, a ver... Por el Grupo Mixto, Agrupación Herreña, tiene la palabra el señor Acosta Armas.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta, buenos días, señorías; buenos días, señora consejera. Creo que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias y nosotros ahora aquí también, en este Parlamento, estamos intentando, precisamente, no mirar a otro lado, como ha dicho usted, sino dar respuesta a un problema muy complejo técnicamente, pero que ha venido provocando distorsiones y perjuicios a muchos propietarios con viviendas en zonas turísticas, siempre bajo la espada de Damocles de las sanciones por no atenerse al uso turístico que mandatan las normas hoy en vigor.

Me he reunido en diferentes ocasiones con representantes de estos afectados. Entiendo sus temores, entiendo sus dudas y entiendo también que quieran que los dejemos fuera. El problema está, ¿y con eso se resuelve? Les planteaba la duda de: ¿con eso la Administración puede dejar de actuar? ¿Pueden los inspectores mirar para otro lado? ¿Pueden dejar de ir? La pregunta que hacía usted me parece acertada: ¿quién va a prevaricar? Nosotros aquí lo tenemos muy fácil, pero quienes están en posiciones ejecutivas, ¿esos van a mirar para otro lado? Pero también es verdad que les tenemos que dar una garantía a estas personas, y creo que, en parte, se les está dando una posibilidad de residencializar, de arreglar una situación, que hasta ahora vivían en un limbo. Y creo que, independientemente de los riesgos que entraña, las partes, en su mayoría, pueden salir beneficiadas, incluyendo el interés general.

Se trata, como bien señala la propia exposición de motivos, de paliar en cierta medida el déficit de la oferta de vivienda para residencia habitual y permanente en las zonas turísticas, ya que la medida de forzar el abandono del uso residencial actualmente existente lo que haría, precisamente, es agravar el problema. Y, por otro lado, el posibilitar la incorporación de edificaciones -actualmente, que están destinadas, según el planeamiento, a un uso turístico no competitivo y de baja calidad- al uso residencial permite, tal y como se ha señalado, aumentar la oferta residencial, precisamente en dichas zonas, que están tan necesitadas de ello. Un decreto ley que, por otra parte, y según los informes que obran en el expediente, no interfiere en la autonomía local. Por lo tanto, nosotros entendemos que se ha cumplido con los requisitos mínimos para traerlo hoy aquí.

Aunque sí es verdad, también, que la observación técnica que se hace en el sentido de trasladar al actual texto de la disposición sexta del proyecto de ley que se está tramitando sobre vivienda vacacional... Y, por ello, que la suspensión del procedimiento sancionador previsto se produzca a instancias del propietario, que previamente ha solicitado el cambio de uso del ayuntamiento, y que dicha solicitud de cambio de uso en el ayuntamiento sea presentada a la Administración autonómica..., se sancione, para proceder a suspender el procedimiento sancionador.

Creo que también esa recomendación tenemos que acogerla. Nos parece acertada, y, por lo tanto, vamos a convalidar y vamos a apoyar este decreto; estamos de acuerdo en que así se haga. Esperemos que con esto también se resuelvan las dudas de todos esos propietarios, todas esas personas que están pendientes y en vilo, de qué va a pasar con su situación.

Y yo creo que también su consejería, independientemente de la aprobación de esta norma, también en cierta medida tiene que dar tranquilidad y hacer cierta labor pedagógica con esas personas, intentar ayudarlas, asesorarlas, abrir las Administraciones públicas para que no todo se resuma en un "expone y solicita" y que sus dudas sigan ahí, sino que tengan cierta clarividencia de cómo va a ser la aplicación práctica una vez entre en vigor. Ahí residirá parte del éxito de que esta norma no genere un conflicto, sino que genere tranquilidad, que es lo que creo que debemos ver.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señor diputado.

Como dentro... y hay que avisar a miembros del Gobierno, el secretario ha puesto una propuesta en el chat de portavoces para las comparecencias. La pueden ir mirando los portavoces y contestando, y los miembros del Gobierno también.

A continuación, tiene la palabra, por la Agrupación Socialista Gomera, la señora Mendoza Rodríguez.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, también, a la señora consejera.

Señorías, este decreto ley introduce dos disposiciones claves en el ámbito del uso turístico de la vivienda que, desde Agrupación Socialista Gomera, en este caso, consideramos que son pasos importantes hacia una regulación más equilibrada.

La primera de estas medidas es la derogación del artículo 24 de la Ley 2/2013, un artículo que establecía un régimen sancionador que incluso este propio decreto reconoce como drástico, radical y desproporcionado, adjetivos que desde Agrupación Socialista Gomera compartimos. Su eliminación supone un avance real en términos de seguridad jurídica, especialmente para aquellos propietarios que, pese a haber cumplido con los requisitos legales para el uso turístico, se veían expuestos a la posibilidad de poder perder su propiedad. Esta derogación responde, por tanto, a una necesidad real de corrección y también de equilibrio.

La segunda medida, también, que contempla este decreto ley se refiere a un fenómeno que conocemos muy bien en Canarias: la residencialización de las áreas turísticas. Es una realidad compleja, con múltiples causas y consecuencias y que tampoco puede abordarse desde una única perspectiva ni con tampoco soluciones homogéneas. Por eso nosotros valoramos positivamente que se habilite un marco legal que, en este caso, permite a los ayuntamientos, como Administraciones competentes en materias urbanísticas, definir la especialización de usos cuando se detecte que esa residencialización, pues, es irreversible.

En paralelo, y mientras se produce esa adaptación del planeamiento municipal, el decreto también permite que los propietarios puedan instar a la suspensión del procedimiento sancionador de recursos administrativos y, también, de la ejecución de esas sanciones. Con esto lo que se logra es un equilibrio razonable entre la necesidad de ordenar el suelo, el uso del suelo, y la de evitar la persecución arbitraria de quienes actuaron de buena fe y dentro de un marco legal que era ambiguo o contradictorio. Además, también se establecen plazos claros, como ha dicho la consejera: una suspensión inicial de seis meses, prorrogables por tres años, siempre que el ayuntamiento acuerde las modificaciones necesarias en el planeamiento.

Desde nuestra formación entendemos que este decreto ley camina en una buena dirección, que se aborda con realismo y sentido común una situación que es muy compleja, ofreciendo herramientas tanto a las Administraciones como, en este caso, a los ciudadanos, y apostando así por una convivencia más justa entre lo que es la actividad turística y también el derecho a la vivienda.

Por tanto, Agrupación Socialista Gomera va a apoyar este decreto.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Muchas gracias, señora diputada.

Por el Grupo VOX tiene la palabra la señora Jover Linares.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señora consejera.

Me alegro de verla hoy aquí. La echamos en falta el otro día en la Comisión General de Cabildos Insulares, que esa sí se convocó, aunque los cabildos insulares no tienen ninguna competencia que sea afectada por este decreto ley. Pero, sobre todo, la he echado en falta en el expediente de tramitación de esta norma. Yo no sé si usted conoce el artículo 74 en la Ley 4/2023, de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Dice que los proyectos de decretos leyes se someterán a la aprobación del Gobierno a propuesta de los titulares de los departamentos que los hayan elaborado. Si usted lo conocía, igual estamos prevaricando, porque no consta en el expediente administrativo ninguna firma de usted. Consta la firma de dos directores generales, de dos secretarios generales técnicos, y no consta la firma de la consejera. Desde VOX no vamos a permitir que se prevarique, y vamos a seguir insistiendo en ese documento, por si se traspapeló o, en su caso, que se convalide por el Gobierno este defecto de forma.

Pero, además, vamos a seguir condenando lo que este Parlamento no ha querido hoy escuchar, y es que pretendíamos que, efectivamente, se pospusiese el debate de este decreto ley, porque hay otro vicio también muy relevante, y es que el Consejo Municipal de Canarias no ha sido escuchado. Dice usted que este decreto ley no afecta a la autonomía local. ¿Está segura de que, en ese aluvión de 16 000 solicitudes, que pueden llegar a municipios como San Bartolomé de Tirajana, no se verán afectados esos municipios por todas esas solicitudes que tendrán que tramitar en un determinado plazo de tiempo, que además incluirán instrumentos de ordenación urbanística? ¿Que, además, esta norma implicará a futuro que esos instrumentos de ordenación urbanística no se podrán modificar, porque ya ha habido una residencialización?

Señora consejera, creo que es muy imprudente decir que este decreto ley no afecta al Consejo Municipal de Canarias. Y, de hecho, ya en el pasado el Gobierno sí que ha solicitado la intervención del Consejo Municipal en otros tres decretos leyes. Con lo cual, condenamos la actitud del Gobierno y también la de este Parlamento de Canarias, que no ha sido lo suficientemente fuerte y firme y serio como para posponer este debate.

Entramos ya en esa campaña de marketing en que ustedes han alardeado de suspender las sanciones a los ciudadanos, casi cien mil familias. Aquí ustedes no han suspendido nada. Si usted hubiera querido suspender estas sanciones, lo que hubiese hecho era derogar. Muy sencillo: menos burocracia, menos hiperregulación, suspender los artículos del 23 al 25 de la ley de 2023 de modernización y renovación urbanística. No lo ha hecho, sino que ha creado un galimatías, pero ya no me extraña: es la cuarta vez que usted tiene la oportunidad de darle altura, de estar a la altura de demostrar que el Gobierno lo está en materia de urbanismo y de conciliación del urbanismo con la ciudadanía, y no lo ha hecho.

Le recuerdo cómo en febrero de 2024 yo le planteaba qué valoración hacía de estas sanciones y qué soluciones iba a dar, y usted respondió que iba a empezar por aquellos a los que les han atropellado las normas, es decir, a los residentes. Usted no ha empezado con ellos ni por ellos, sino contra ellos. Después vino, vino también esa iniciativa legislativa popular al Parlamento de Canarias por una nueva ley turística. Y usted..., ¿qué hizo su Gobierno?, ¿qué hizo su departamento? Dijo que no debía tomarse en consideración esa norma porque esa norma impedía la participación social e iba en contra de la estructura que tenían ustedes en mente para el turismo en Canarias. Después vino un tercer proyecto: esa ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, que también es una condena y una... (ininteligible) a miles de canarios que tienen una vivienda vacacional en explotación. Además, nos impusieron ustedes aquí en este Parlamento la tramitación urgente, y resulta que, como no se consiga su modificación, probablemente todas esas viviendas que reclaman los turistas que no quieren alojarse en resorts desaparezcan. Así nos encontramos.

También metieron en esta norma con calzador, nuevamente, a los afectados por la ley turística, y, como tienen miedo de que pueda ocurrir algo y que eso no salga adelante, han traído por la puerta de atrás un decretazo. Un decretazo que nos vemos ahora en disposición de convalidar o derogar. Desde luego que nosotros no vamos a participar de esta trampa, una trampa que, además, han hecho ustedes, Coalición Canaria y Partido Popular, a sus electores. Les recuerdo y les pido que revisen sus programas electorales en los que en todo momento hablan de una reconciliación entre el sector turístico y la ciudadanía, en una protección al derecho de la propiedad, cosa que en absoluto ustedes aquí tienen en consideración.

El otro día, en la Comisión de Cabildos Insulares, se decía que la gente sabía lo que había comprado. Y sí, les recuerdo... Como estos hay decenas de miles, sabían que compraban una vivienda y no un apartamento turístico, y eso es la licencia de primera ocupación que sigue vigente (mostrando un documento). Y que ustedes, cuando están tramitando estos procedimientos sancionadores cada vez más, y ahora que está en trámite esto y en el que siguen..., no están suspendiendo nada, sino dándose mucha prisa. Esta última notificación de 28 de marzo usted...

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Espere un momento, que le voy a poner un minuto, ¿vale?

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Espere, espere, espere, espere, espere, porque es que, como esto no está previsto, tengo que quitar aquí...

Tiene usted la palabra.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidenta.

Ustedes no están teniendo en cuenta, en absoluto, ni las alegaciones ni la documental de estos legítimos propietarios. Usted hablaba de expropiación encubierta. Pues, muy bien, si estamos ante una expropiación, por qué no los indemnizan, por qué no se los compensa por modificaciones en el planeamiento. Desde luego, esto es todo un sinsentido, y esperemos que se reconduzca la situación.

Es un decreto ley trampa. Nosotros por lo que abogamos desde VOX es por que se respeten esos usos consolidados. Ya la propia Ley del Suelo introdujo una disposición transitoria en la ley de 2013 para que se respetasen esos usos del suelo. Téngaselo en cuenta a estas personas que están presentando sus alegaciones y su documental y dejen de coaccionarlos para que presenten una solicitud de futuro incierto que, además, requiere la unanimidad de todo un complejo turístico y que, además, debe ir acompañada de un estudio pormenorizado que ronda en torno a los sesenta mil euros.

Por favor, nos consta que...

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista tiene la palabra la señora González González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Señorías. Consejera.

Me subo a este estrado con una enorme decepción y una gran dosis de indignación. Como bien sabe, si alguien ha defendido la necesidad de regular y de poner coto a la vivienda vacacional en las zonas o en los núcleos residenciales ha sido mi formación política, Nueva Canarias-Bloque Canarista. Pero, como le dije hace poco menos de un mes, regular y ordenar sí, pero esto que usted propone ni regula ni ordena, condena.

La convalidación que propone, pues, no es más que una separata de esa PL-10 de vivienda vacacional, pero, eso sí, con una fórmula aún más perversa, restrictiva y lesiva para los propietarios de viviendas que las usan como primera vivienda o como segunda residencia en zonas turísticas de las islas. Más perversa, más restrictiva y más lesiva que lo que ya venía en la disposición del proyecto de ley y con un contenido que nada, nada tiene que ver con lo que usted vendió a la ciudadanía.

Con usted hemos pasado de poner al canario en el centro de la política turística y de la reconciliación de Canarias con su industria a expulsar a nuestra gente de las zonas turísticas, porque los canarios y las canarias ya no podemos residir en nuestra tierra. Gracias a usted va a haber una parte de ella donde solo puedan pernoctar los de fuera.

Y respecto a la reconciliación, qué quiere que le diga, señora De León. Rugió usted mucho con sus titulares, pero lo único que ha conseguido son dos manifestaciones y una huelga convocada para la Semana Santa. Y como los titulares, pues, se le iban diluyendo entre los dedos, qué hace: pues anunciar a bombo y platillo que, con este nuevo decreto ley, Turismo suspendía las sanciones hasta que se ordenaran los usos por parte de los ayuntamientos. Pero la realidad es que ese decreto ley no suspende nada, se siguen incoando expedientes sancionadores y a los que.... Y lo que sí hace con este decreto ley es obligar a los residentes a realizar un trámite que entendemos diabólico, que es ir al ayuntamiento a declararse ilegales y a pedirles por favor el cambio de uso, pero no para su vivienda, sino para el conjunto, el conjunto, repito, de la parcela, anulando, además, así cualquier derecho indemnizatorio.

Y, en palabras de uno de los residentes en una zona turística, y le abro comillas: "Soy canario y propietario de un apartamento que utilizo como segunda residencia hasta mi jubilación, cuando pensaba disfrutarlo con tranquilidad. Sin embargo, ahora descubro que tengo menos derechos que un turista. El Gobierno de Canarias me impide vivir en mi propio apartamento, pero si pago en la recepción, entonces sí que me lo permite. ¿Cómo es posible que mi derecho a usar mi vivienda dependa de pagar o no a una empresa? Al final, el llamado 'interés general' en Canarias parece haberse convertido en el beneficio de las unidades de explotación, es decir, en facilitar que los empresarios rentabilicen propiedades ajenas. Así, una escritura notarial que dice que compré un apartamento libre de cargas y sin limitación de uso parece valer lo mismo que si lo hubiera hecho un astronauta o un electricista: absolutamente nada. Ahora resulta que lo que compré no fue un apartamento, sino una unidad alojativa. Tendré que revisar también la compraventa de mi coche, no vaya a ser que tenga, sin saberlo, que cedérselo a un rent a car". Cierro comillas.

Ese, consejera, es su proyecto para los canarios, y no es casualidad. Recordará a su secretaria general, a la señora doña Cuca Gamarra, diciendo, respecto a cierto partido político, que eran los mayordomos de los poderes extranjeros. Y esa idea de mayordomo, pues, también al PP canario le pilla bastante de cerca, porque el mayordomo de los poderes fácticos del sector turístico lo tiene usted en su casa. Y, además, lo que me da tristeza, como antes le dije, es ver en qué la ha convertido a usted, porque la ha convertido en el ama de llaves, fiel ejecutora de las instrucciones que ese mayordomo le da.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señora portavoz.

Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Morales Déniz.

El señor MORALES DÉNIZ: Gracias, presidenta, y gracias, señora consejera.

Señorías de Nueva Canarias y del PSOE, que hablan de inacción, de inadecuación o de no necesidad de la urgencia: les recuerdo que en la anterior legislatura ustedes vicepresidían y presidían el Gobierno de Canarias, respectivamente. ¿Pueden explicar a la ciudadanía por qué, mientras nos encontrábamos en la pandemia, su Gobierno fue el precursor, el primero desde el año 2013, en dar curso a procedimientos sancionadores y de imposición de multas, por el motivo de que ciudadanos y ciudadanas estuvieran usando sus apartamentos turísticos como viviendas, con expedientes sancionadores validados por ustedes entre los años 2020, 2021 y 2022, y que supusieron sanciones de entre 2250 y 9000 euros?

Señorías, se les podría reprochar la conveniencia temporal del momento de la imposición de dichas sanciones, en plena pandemia y con miles de trabajadores y sus familias afectadas por un ERTE, pero nada puede objetárseles desde un punto de vista legislativo y ejecutivo al haberse limitado sencillamente ustedes a hacer cumplir la ley. Sin embargo, ahora no solo se convierten en adalides defensores contra el aún preceptivo y vigente proceso sancionador al que ustedes mismos abrieron la puerta, sino que, además, sorprendentemente, manifiestan su rechazo o pretenden desvirtuar semántica, temporal y hasta jurídicamente este decreto ley. Un decreto ley de medidas urgentes con dos objetivos precisos que, metafóricamente, dado los tiempos que corren, suponen erradicar para siempre o aminorar duros aranceles punitivos a las familias canarias sin necesidad de la interlocución de VOX con Donald Trump. Dos objetivos que atienden con pulcritud y precisión quirúrgica, jurídica y legislativa -al igual que todo el decreto en su desarrollo-, tanto a la realidad social surgida del fenómeno de la residencialización de propietarios en complejos turísticos como a toda la jurisprudencia normativa preestablecida en lo referente a la figura del interesado, al reconocimiento de las competencias propias de la comunidad autónoma y al respeto de la autonomía municipal en lo que a la planificación urbanística de su territorio y a la especialización en los usos de su suelo se refiere. Propietarios y familias que, sobre la residencialización, solicitan dos cuestiones muy concretas: que se los deje de sancionar por estar residiendo en sus unidades alojativas ubicadas en suelos turísticos -especialmente en el sur de las islas de Gran Canaria y de Tenerife y en zonas de Fuerteventura y de Lanzarote- y que se elimine para siempre de la Ley 2/2013 ese principio de sustitución casi decimonónico que, en verdad, anacrónicamente, facultaba a cualquier Gobierno en nuestras islas a hacerse de facto con esas propiedades en suelo turístico, en caso de que no se estuvieran destinando a dicha actividad económica.

Pues bien, primera medida urgente de este decreto ley: la derogación del artículo 24 de la Ley 2/2013, que recordemos que indica que se podrá proceder a la declaración de incumplimiento del deber de atenerse al uso efectivo del establecimiento y, por tanto, la sustitución de inmuebles al régimen de sustitución. Con ello, adiós para siempre a ese lógico temor de las familias canarias expresado como rechazo a la expropiación.

Segunda medida urgente: suspensión temporal de los procesos sancionadores por incumplimiento del deber de atenerse a los usos turísticos, en plazos que van de los seis meses hasta los tres años. Una suspensión de sanciones -se reitera- tendente a la adaptación del planeamiento urbanístico local que permita abordar la situación de manera flexible y respetuosa, tanto respecto a los derechos de los propietarios como..., desde la óptica del interesado, perdón, y al mencionado respeto de la autonomía municipal.

Señorías, permítanme acabar con un símil. Recientemente, el prestigioso cirujano español doctor Diego González Rivas realizó una exitosa intervención quirúrgica tumoral a 8000 kilómetros de distancia de donde se encontraba su paciente, gracias a la robótica y a un entorno especial de conectividad 5G. A las preguntas de los periodistas, cuando estos le incidieron sobre qué hubiera pasado si hubiera fallado la wifi, el doctor González respondió: "El plan A era el más urgente para salvar la vida al paciente, pero también teníamos un plan B y un plan C. Aun con estas dos últimas opciones, los riesgos para el enfermo se incrementaban".

Señorías, este decreto ley de medidas urgentes es el plan A de este Gobierno y debería serlo también para la totalidad de este Parlamento. Los ciudadanos residentes en sus propiedades turísticas nos lo demandan con urgencia, aun cuando exista la posibilidad de trabajar, eso sí, con más demora y con mayores riesgos para ellos en un plan B o en un plan C.

Muchísimas gracias (aplausos y palmoteos).

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra el señor Barragán Cabrera.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señora presidenta; señorías, buenos días.

Señorías, lo que estamos intentando, fuera de todo el artificio y los fuegos artificiales que he visto en algunas intervenciones, es abordar la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas. Eso es lo que se está intentando con este decreto ley. ¿Por qué? Porque tenemos dos casuísticas: la gente que reside, 16 000 o más personas en esos municipios y en esas zonas turísticas y en esos complejos turísticos que estaban habilitados como zona turística, y eso es lo que se intenta resolver.

¿Se puede resolver a dos, uno a uno? Parece que no, y por eso este decreto ley establece una fórmula para hacerlo. Se da un plazo de tres años para que los interesados puedan dirigirse a su ayuntamiento y decir: "Oye, donde tenía una calificación turística hemos llegado al acuerdo de que no nos interesa y la queremos pasar a residencial". Y eso es a lo que estamos intentando darle forma.

¿Es perfecta? Bueno, ya esta idea, prácticamente la misma idea, estaba en la disposición transitoria sexta de la ley de vivienda vacacional que habíamos tramitado. Se ha dicho: "Es que los ayuntamientos no sabían nada". Sí lo sabían, porque lo teníamos en la ley de vivienda vacacional. Ahora se ha perfeccionado en un decreto que, además, en la página 16 y 17 del informe del servicio jurídico -que seguramente sus señorías habrán visto- se ha dicho que es de una mejor técnica legislativa esta, este decreto ley, regulado de forma específica, que la otra que iba dentro de la ley de vivienda vacacional.

¿Se puede perfeccionar? En principio, tenemos dos informes en cuanto a la competencia municipal, tanto el informe del servicio jurídico como el del Consejo Consultivo. Y es verdad que el Consejo Consultivo hace la salvedad en un artículo concreto: el 3.6 de esta norma, o de este decreto ley. Bien, es posible que, efectivamente, tengamos que mejorarlo y perfeccionarlo. ¿Por qué no se va a hacer?

Y, en ese sentido, tenemos un decreto ley, podríamos tomar la decisión: "Oye, pues venga, vamos a tramitarlo también como proyecto de ley para hacer esa salvedad". Pero queda perfectamente claro que, si ya la ley de vivienda residencial para uso turístico se iba a dedicar a este tema... (ininteligible), esa disposición transitoria sexta, ¿por qué no aprovechar esa tramitación, que es perfectamente legal, para que, si tenemos que hacer alguna perfección de este decreto ley lo hagamos ahí? ¿Cuál es la pega? ¿Por qué queremos una burocracia más de tener otro proyecto de ley más tramitándose si, además, vamos a poder hacerlo? Es decir, cuando se plantea "no, es que se quiere impedir perfeccionar" no se va a poder hacer, y yo creo que, seguramente, lo haremos de la mano de la consejería y de la mano de los servicios jurídicos para intentar perfeccionarlo si eso fuera posible.

Señorías, hay que arreglar ese problema. Y esta es una buena fórmula para hacerlo. Ahora, sí es verdad, señorías, puede haber casuística, y ustedes me pueden traer una casuística específica de que, efectivamente, hubiera calificaciones de suelos mixtos en ayuntamientos y de que esa persona tenga un derecho que está fuera de este decreto ley. Esas personas no se van a regular por esta cuestión.

Estamos hablando de los que compraron sabiendo que compraban en un complejo turístico, y no me diga que no, porque todos en todas las islas hemos visto cómo complejos turísticos que estaban... Se hizo la división horizontal y se empezaron a vender apartamentos, y allá se las componga el que compre. Y eso es lo que estamos intentando evitar, es decir, esto era turístico, se gestionaba como turístico, quieren pasar a residencial, vamos a buscar una fórmula para que esas personas puedan vivir sin ningún problema porque se pasa a residencial. Es tan simple como eso lo que estamos planteando, y no entiendo, de verdad, algunas algarabías en torno a esta cuestión, cuando, insisto, lo que estamos intentando poner sobre la mesa es una solución en un periodo de tres años.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Socialista Canario tiene la palabra el señor Santana Martel.

El señor SANTANA MARTEL: Gracias, presidenta.

Antes de ahondar en una cuestión más de carácter técnico, incluso político, que usted ha querido citar hoy aquí, consejera, sí me gustaría hacer una pregunta, una pregunta que sí tiene un fondo político. La pregunta sería: ¿para quiénes gobiernan ustedes? Si para aquellos colectivos que muestran mayor fragilidad, mayor debilidad en una situación que les afecta personalmente, económicamente y a sus vidas, o si por el contrario gobiernan para ciertos sectores económicos, no puedo decir todos, pero ciertos sectores económicos que a veces utilizan su influencia y su fuerza para, entre comillas, someter a personas que están siendo afectadas por decisiones de carácter político e, incluso, de carácter legislativo.

Mire, no se lo digo por una cuestión que pueda interesar -que también- al Partido Socialista, sino porque se lo dicen precisamente los afectados de esta situación, la plataforma, que en una entrevista llegan a citar que "nos sentimos maltratados por una Administración que trabaja en contra de los canarios". Incluso dicen que no van a cumplir el decreto ley, que es un insulto a la inteligencia.

Por lo tanto, este decreto ley, que nace muerto, no va a tener los efectos que persiguen con la norma. Lo que extraña es que sigan adelante con la norma. Porque ustedes no son ajenos a lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo. Hace un año, aproximadamente, aquí vinieron los representantes de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, y aquí se llegó a decir en tres minutos que no admitían a trámite el debate de su proposición legislativa popular porque usted iba a tramitar una ley de turismo. No ha esperado ni a la ley de turismo, lo ha incluido en una disposición adicional sexta... transitoria sexta en la ley de vivienda vacacional para hacer un copia-pega y empezar una suerte de procedimiento administrativo en el que los afectados tienen que reconocer lo que de facto no pueden reconocer, porque hoy ahí sus señorías han mostrado algunos de los títulos que habilitan y certifican que en el origen de esas construcciones eran absolutamente residenciales. Y mi pregunta sería: prevaricar, ¿qué es prevaricar? Porque aquí se habla alegremente de esto. ¿Prevaricar para actuar, a lo mejor, no queriendo prevaricar, y terminar prevaricando contra afectados que tienen pruebas suficientes para decir que lo que está haciendo el Gobierno es recaerle con toda su fuerza ejecutiva y normativa para hacerles ceder incluso en su dignidad personal y económica y social? Eso habría que preguntárselo.

Porque no solo es una suerte de procedimiento administrativo, usted utiliza la política del palo y la zanahoria, usted descarga la responsabilidad en los ayuntamientos. Ahora, menuda bronca le acaba de echar usted al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, cuando usted dice que qué habrán hecho esos ayuntamientos durante los últimos 13 años. Y la pregunta sería: ¿usted conoce la historia política de San Bartolomé de Tirajana y quién ha estado gobernando durante todo este tiempo, si no con la Alcaldía con la Concejalía de Urbanismo? Pues menudo rapapolvo, a quien precisamente... a mí me empieza a preocupar de forma intensa, porque también se ha deslizado aquí que no existe el informe de inicio de tramitación de esta norma por parte de la Consejería de Turismo. Y la pregunta es si usted está cómoda con esta norma o no, porque aquí hay incluso una primera página (mostrando un documento a la Cámara) en donde se hace alusión a que, gracias al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que le ha pedido a usted la aplicación de este decreto ley para suspender las sanciones a los afectados... Pero inmediatamente sale después el socio de Gobierno, que es el mismo Gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana el que gobierna en Canarias, diciendo que no, que esto no es así, que gracias a Clavijo... El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana agradece a Clavijo la suspensión de los procedimientos sancionadores. Por lo tanto, a mí lo único que se me ocurre es que aquí sucedió, en un afán de protagonismo y de ocupar un espacio político en lugar de resolver la situación, que usted podía hacerlo fácilmente, no solo derogando el artículo 24, sino derogando otros artículos, que acabara con esta locura y poder buscar una solución, incluso equilibrada, a lo que proponían los afectados en su ley de turismo.

Pero usted, ni una cosa ni la otra. Usted adelanta un procedimiento en la ley de vivienda vacacional, que la tenía reservada para la ley de turismo, y aquí lo que a mí se me ocurre que puede haber sucedido es que el presidente del Gobierno -que el señor Clavijo, donde quiera que esté, a ver si nos escucha- le dijo: "Oiga, tramite esto. Usted no está cómoda, no informó del inicio de la tramitación, y hoy se encuentra con esta papa caliente". Porque si no, no tiene sentido.

Pero mire, usted por lo menos es coherente, pero ¿Coalición Canaria es coherente? Porque no se puede decir lo mismo y lo contrario según en qué Administración, porque me empieza a resultar una especialidad, incluso de Coalición Canaria, de que, aunque de forma coordinada por un interés electoral en momentos determinados, es capaz de activar cualquier tipo de política para engañar a los afectados, porque esto es un absoluto engaño para...

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Espere un momento, que le pongo un minuto. ¿Quiere un minuto? (Risas en la sala ante el asentimiento del señor diputado con la cabeza).

El señor SANTANA MARTEL: Y esto...

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Espere. Ya.

El señor SANTANA MARTEL: Gracias, señora presidenta.

... por esto es un absoluto engaño de los afectados.

Mire, usted ha reconocido aquí un absoluto desconocimiento de la historia de la planificación turística y urbanística en San Bartolomé de Tirajana, uno profundo. Y ha generado una indefensión absoluta a los afectados, que ya le han dicho que no van a cumplir con este decreto ley, se lo han dicho. Le han dicho que es reconocer de facto que lo que están cometiendo es una ilegalidad, y no lo van a hacer porque sería vender su dignidad, como he dicho hasta ahora. También le han dicho que es una especie de ratonera, y le han dicho que, como no van a cumplir esto, lo van a luchar hasta el final. Ahora bien, yo le pregunto a este grupo de Gobierno, como empecé -que más que un grupo de Gobierno parece el camarote de los hermanos Marx, sí-: ¿ustedes para quiénes gobiernan, para aquellos colectivos más débiles de la sociedad o para ciertos sectores económicos?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Al señor diputado, le aclaro, porque el Parlamento tiene comunicación oficial, que sí se sabe dónde está el presidente. El presidente está en la reunión de regiones ultraperiféricas en la isla Reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, ¿vale? Para que usted lo sepa. Muchas gracias.

(Suena el timbre de llamada a la votación).

Votamos. (Pausa).

Bien. Presentes, 64: sí, 34; no, 30; abstenciones, 0.

Queda aprobado.

A continuación, preguntamos a la Cámara si es favorable a que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Se vota. (Pausa).

Presentes, 64: sí, 24; no, 40; abstenciones, 0.

No se tramitará como proyecto de ley.

Pasamos... Como ha habido tantos cambios ya y hay diputados que lo saben y miembros del Gobierno que sí y otros que no, les voy a decir en este momento, con la hora que es, la previsión que tenemos.