Diario de Sesiones 75, de fecha 29/4/2025
Punto 21

11L/C/P-0626 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, SOBRE ACUERDOS CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA APLICACIÓN EN CANARIAS DE LA LEY ORGÁNICA 1/2025, DE 2 DE ENERO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CCA)

La señora PRESIDENTA: Como habíamos planteado, la comparecencia 626, de la señora consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre acuerdos con el Gobierno de España para la aplicación en Canarias de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Es una comparecencia a solicitud del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, interviene la señora Socorro Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera.

En los primeros días del mes de enero de este año se publicaba en el boletín oficial la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Somos conscientes de que ya usted en alguna iniciativa anterior, a iniciativa de algún grupo parlamentario, ha dado respuesta sobre la implantación, la aplicación de esta ley en Canarias, pero hoy queríamos profundizar un poco más en cómo está trabajando el Gobierno para hacer efectiva la correcta aplicación de esta ley en las islas. Una ley que a priori representa una oportunidad para mejorar nuestro sistema judicial, dar respuesta a la demanda ciudadana, de modernizar el servicio público de justicia y una mayor eficiencia para reducir los tiempos de espera y consolidar el derecho a los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Es una norma que introduce cambios estructurales muy relevantes para la Administración de Justicia. En primer lugar, porque crea una nueva estructura con la creación de los tribunales de instancia que van a sustituir a los juzgados unipersonales, que permiten una gestión más flexible y eficiente de los recursos humanos y materiales de los órganos judiciales, también contempla las oficinas judiciales y en esta nueva estructura de estos cambios estructurales también las oficinas de justicia municipal, que vienen a ser los que van a sustituir a los actuales juzgados de paz. Por otra parte, en materia procesal se da una nueva regulación y un impulso a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la conciliación como vías alternativas para reducir... un mecanismo para reducir la litigiosidad y aliviar la carga de los tribunales. Y, finalmente, una transformación digital de la justicia con la creación de un nuevo modelo de justicia digital abierta orientada, también, al ciudadano y a la mejora de la gestión procesal electrónica, en resumen. Y todo esto en unos plazos que marca la ley que son muy perentorios.

En resumen, como decía, cambios complejos estructurales, nuevas formas y métodos de trabajo y de resolución de conflictos y todo ello en un tiempo récord.

Y esto, la implantación de las medidas, requiere de un enorme esfuerzo de planificación, de formación del personal, de dotación de medios tecnológicos, de cambios en la sedes judiciales y también los cambios en las RPT, en las relaciones de puestos de trabajo, que exigen, además, una colaboración y una coordinación con todos los operadores jurídicos, con el Estado, con el Tribunal Superior de Justica de Canarias, con los letrados de la Administración de Justicia, con los sindicatos, los trabajadores y también, por lo que respecta a los antiguos juzgados de paz, con los ayuntamientos a través de la Fecam.

Por eso le queremos preguntar qué pasos concretos ha venido dando el Gobierno desde la publicación y entrada en vigor de esta ley para preparar esa implantación de la nueva estructura; si tiene previsto, como la ley determina, en qué fases van a implantarse esos tribunales de instancia; cuántos tribunales están previstos en Canarias, cuántas oficinas judiciales están previstas y, también, cuál es el trabajo que se está coordinando con la Federación Canaria de Municipios para las oficinas de justicia municipal; qué acuerdos o instrumentos de colaboración se van a llevar a cabo con el Estado, porque es una ley que no tiene ficha financiera, y si hay algún compromiso del Estado, qué reclamación ha venido haciendo el Gobierno de Canarias para financiar todos estos cambios. Y, finalmente, la estrategia con los operadores jurídicos con los sindicatos para los cambios de las RPT, cómo se llevan esas negociaciones, y la estrategia, como digo, con los operadores jurídicos para ese cambio de cultura en la utilización de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Desde nuestro grupo entendemos que la modernización no puede quedarse en una mera teoría, esta implantación de la ley exige rigor, exige trabajo, exige disciplina y exige la colaboración de todos. Y eso es lo que queremos que nos explique hoy.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Señora consejera de Justicia, Presidencia, Administraciones Públicas, tiene usted la palabra.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

Señora Beato, como bien dice usted, la ley de eficiencia viene a ser una ley transformadora de la Administración de Justicia, que viene para mejorar no solo el servicio, sino también para mejorar la relación del ciudadano con la Administración de Justicia, para modernizarla y para darle un sello de calidad, pero también es cierto que viene, como bien dice, sin ficha financiera, con una carga de trabajo, no solo para la Administración prestacional, que somos nosotros, sino también para la propia estructura judicial y también para las organizaciones sindicales en la parte que les toca, que es la de la negociación, en este caso, de los modelos y de las RPT. Y supone que, pasado un tiempo de su completa entrada, de su completa aplicación -no entrada en vigor, porque el grueso entró en vigor el 3 de abril-, permitirá conocer todos esos cambios y beneficios que puede plantear.

De la ley orgánica nosotros destacaríamos tres aspectos principales: por un lado, el que usted ha mencionado de cambio en la estructura organizativa, también el de la introducción obligatoria de los medios adecuados de solución de controversias y también las medidas de agilización procesal, que tienen que ver especialmente con los delitos respecto de las mujeres.

Destaquemos algunos aspectos principales, resumidamente, de cada uno de estos asuntos que he destacado.

En cuanto al cambio de estructura organizativa, el fundamental es transformador, no es innovador; no creamos nuevos órganos judiciales en Canarias, lo que hacemos es transformar los que tenemos: los juzgados unipersonales en órganos colegiados de toma de decisiones, los tribunales de instancia, transformando los doscientos... en torno a doscientos veinte órganos judiciales unipersonales en diecinueve tribunales de instancia, uno por cada partido judicial, que tendrán, a su vez, una o varias secciones en función de cada uno de ellos. En cuanto a los juzgados de paz que conocemos hoy, que están en nuestros ayuntamientos, 69 juzgados de paz que tiene Canarias pasarán a ser oficinas judiciales municipales, también una por, en este caso, unas oficinas judiciales que se transformarán y que darán apoyo a la oficina judicial general. Y las oficinas judiciales que también tendremos que transformar, que serán una por cada tribunal de instancia.

El cambio de estructura, como decía, es organizativo y se establece en tres fases. El grueso de la ley entró en vigor el 3 de abril y establece tres fases para la aplicación o para la conversión de los juzgados de primera instancia e instrucción en tribunales de instancia: la del 1 de julio, la del 1 de octubre y la del 31 de diciembre. En cuanto a las fases, es importante destacar que en esta primera fase entrarían, afectaría a nueve partidos judiciales: uno en El Hierro, uno en La Gomera, uno en La Palma, uno en Gran Canaria y cinco en Tenerife. Estamos hablando de los juzgados de Valverde, San Sebastián de La Gomera, Los Llanos de Aridane, Arucas, Granadilla, Güímar, Puerto de la Cruz y La Orotava, que la ley ya los unifica -sin embargo, para poder unificarlos hay que hacer una modificación de la planta judicial, algo que todavía no se ha producido-, y el de Icod de los Vinos, al que hay que añadir el de San Bartolomé de Tirajana, que lo crea, pero no le asigna, en este caso, órgano judicial.

¿Qué supone eso? Supone una carga de trabajo, no solo para la Administración, sino también, como decía, para el resto de operadores judiciales. En cuanto a la oficina judicial, dará apoyo con la estructura que ya existe, o sea, con el personal que ya existe. Tendrán que estructurarse nuevos modelos que darán apoyo a los tribunales, y lo mismo ocurre con las oficinas judiciales municipales, que pasarán a desempeñar otra serie de funciones y de las que nuestra consejería tendrá que hacerse cargo en lo que tiene que ver con, en este caso, los equipos informáticos y la dotación, por lo tanto, de aquellas que necesiten nuevos equipos para poder desempeñar las funciones.

La ley impone numerosas obligaciones, que suponen carga económica: desde adaptar algunos edificios judiciales, cambio de señalética, el sistema de gestión procesal -que hay que modificarlo-, así como otros de transformación digital, dotar a las oficinas municipales de equipos y sistemas informáticos, y los complementos específicos para aquellas jefaturas de servicio que hay que crear obligatoria o potestativamente. Por supuesto, sin un euro de financiación, algo que hemos reclamado de manera reiterada al Ministerio de Justicia y también en la reunión que hubo con las comunidades autónomas, que no se celebró conferencia sectorial por falta de quórum, pero sí que hubo reunión, también se les trasladó allí.

En cuanto a los medios alternativos de resolución de conflictos, se convierten en una herramienta fundamental para reducir la litigiosidad en Canarias si logramos que tengan, que lleguen al puerto que deben llegar, que es el de los acuerdos. En este caso, requisito obligatorio de procedibilidad para poder acceder a numerosos procedimientos de jurisdicción civil y mercantil, nuestra labor es la de asumir el coste del acompañamiento, en este caso, en aquellos en los que tenga que ver con justicia gratuita. Una carga económica añadida que tampoco está prevista, en este caso, con ninguna partida por parte del ministerio.

Estamos trabajando en la modificación, ya, de la orden, de los módulos y de las bases de compensación, que es necesaria para poner en marcha los MASC. Y, como saben, llevamos tiempo apostando por la mediación como un método de resolución, de, en este caso, de baja litigiosidad y en esto seguiremos.

Las medidas de agilización procesal, como he dicho, tienen que ver con la creación de secciones de violencia para los tribunales de instancia, pero que, además, podrán asumir nuevas competencias en lo que tenga que ver con delitos contra la mujer.

¿Qué hemos hecho hasta ahora? Le digo brevemente: puedo decirle que el trabajo que hemos desempeñado desde las primeras reuniones que se produjeron el 3 de febrero con la Sala de Gobierno, posteriormente comisión mixta de letrados, con los secretarios coordinadores y de Gobierno, con los sindicatos, con la Fecam, con la Fiscalía y los representantes de la misma en la comunidad autónoma. Numerosas sesiones de trabajo casi semanales con el ministerio y con departamentos de nuestro Gobierno nos han permitido llegar a tener una propuesta de modelos organizativos de las oficinas judiciales, también de modelos de RPT, que mañana comenzarán con las negociaciones en la mesa de negociación colectiva con los sindicatos para terminar de tener una propuesta definitiva que nos permita, pues, en las sesiones que sean necesarias de negociación -que esto sabemos que requiere su tiempo- aprobar las RPT de esta primera fase, que estamos hablando de 26 RPT en total antes del 1 de julio. Como pueden comprender, es una carga de trabajo inmensa, que no solo corresponde a esta consejería, sino también al resto de operadores...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Inician su intervención los grupos no proponentes. Como siempre, Agrupación Herreña Independiente, señor Acosta.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Muchas gracias, consejera. Señorías.

Creo que todos estaremos de acuerdo en que uno de los aspectos fundamentales de esta ley es, precisamente, el mejorar la eficiencia mediante una mayor proximidad de los servicios que se prestan en la Administración de Justicia a la ciudadanía. Una justicia que tiene que ser más cercana al ciudadano, siempre que esa cercanía no sea meramente geográfica, sino también más amigable en los trámites o servicios. Decirle a un ciudadano que haga un apud acta le suena a chino y muchas veces ignoramos lo fácil que sería explicárselo de otro modo o hacer más simple el sistema de apoderamientos en la sede electrónica para que sea así más eficaz. Ocurre, sin embargo, que adaptar esta megaestructura tan compleja a su arquitectura de medios materiales y humanos y procedimientos está claro que no es sencillo, menos cuando se incorporan al puzle nuevas piezas de las administraciones, como la municipal, y menos cuando aún los plazos son -como ha comentado usted o la propia consejera en alguna ocasión- inabordables.

La creación de oficinas judiciales -que respaldarán a cada uno de los 19 tribunales de instancia en los que se van a agrupar los juzgados ya existentes, uno por partido judicial- obliga a un esfuerzo organizativo sin precedentes que no será viable sin la máxima cooperación institucional y también la colaboración entre todos los operadores.

Como se ha dicho, en una primera fase entrarán nueve partidos judiciales, que se van a convertir el 1 de julio en tribunales de instancia, entre ellos, el de Valverde. Y usted ha comentado unas cuestiones que creo que son muy interesantes, empezando por el equipamiento. Quiero felicitarla por el pliego que sacó para hacer una contratación de algo tan sencillo como era una segunda pantalla: cuánto ha aligerado a la Administración de Justicia que, por ejemplo, un tramitador, un gestor o un letrado de la Administración de la Justicia o su señoría, un juez, pueda tener en una pantalla los escritos de parte y en otra la resolución, el auto, la providencia que está escribiendo; cuánto ha agilizado el tener unos escáneres que sean más eficientes, no unos mamotretos de medio metro, que muchas veces van a cinco páginas por minuto haciendo casi inabordable que se puedan digitalizar los copiosos expedientes judiciales para luego subirlos al gestor correspondiente.

También la resolución de conflictos. Me parece muy oportuno que Canarias, uno de los sitios con mayor tasa de litigiosidad, pueda tener mediación, conciliación o arbitraje, pero también esto se ve, con cierto recelo, como un embudo que se ha puesto en la ley, precisamente para que al ciudadano le cueste más o dificulte el acceso a la justicia. Por lo tanto, tenemos que convertir esto en una oportunidad y no, precisamente, en un cuello de botella que impida el acceso a la tutela judicial efectiva. Creo que ahí estará el gran reto de la Administración de Justicia en Canarias: aprovechar que estas medidas de resolución de conflictos alternativas sean verdaderamente eso y no, simplemente, un mero trámite para no caer en una imposición de costas por parte de un juzgado si no se ha seguido los plazos que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil con esta reforma, como es mandar un burofax y luego poder iniciar alguno de estos procedimientos de resolución de conflictos.

En esa situación y en ese apoyo a este tipo de medidas, ahí nos va a encontrar, porque creemos firmemente en ellas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, don Raúl.

Interviene la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera.

Bueno, como han dicho quienes me han precedido en la palabra la aplicación de esta ley, la Ley Orgánica 1/2025, pues, va a modernizar y a simplificar y creo, también, y espero que a mantener esas garantías de nuestra justicia.

Yo veo positiva la coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España y que estén teniendo consecutivamente todas esas reuniones para intentar aplicar esta ley en los plazos correspondientes. Pero me preocupa, como usted decía, la falta de financiación. Yo creo que aun así este Gobierno de Canarias ha mantenido ese compromiso para continuar con la implantación de esta ley, una ley que, como usted muy bien dijo, también ha creado una reforma organizativa, va a simplificar la... va a reorganizar 220 juzgados en 19 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial, y cada tribunal, pues, tendrá secciones especializadas según la materia y será asistido administrativamente por una oficina judicial propia, lo cual yo creo que puede agilizar y simplificar mucho más los trámites también.

Importante la oficina de justicia en los municipios. Me imagino que contará también con la colaboración de la Fecam, de los diferentes municipios. Pasan de esos 69 juzgados de paz a ser cambiados por oficinas de justicia municipal. Ya existe un proyecto piloto, y con buen -de momento- funcionamiento, que es en Guía de Isora, donde se ha acercado la justicia a la ciudadanía y luego, imagino que viendo cómo va funcionando, pues, se desplegará a los diferentes juzgados de paz.

Los recursos y financiación, como usted ya decía también, pues, no tenemos una ficha financiera. Los fondos asignados son fondos europeos, fondos Next Generation, que acaban, como todos sabemos, a finales del año 2026. También del plan de Justicia 2030, que establece 325 millones para 11 regiones, pues, de ahí me imagino que tendremos algún montante para esta implantación de la Ley Orgánica 1/2025. La adaptación de las sedes existentes importantes sin necesidad de nuevas construcciones; me preocupan esos plazos de implantación -el 1 de julio de 2025, el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025- precisamente por esa falta de financiación.

Me gustaría saber cómo vamos a abordarlo, señora consejera, y si hay previsión de que realmente podamos contar con los fondos necesarios, porque, además, tenemos que solucionar problemas tecnológicos valorados en más de veinticinco millones de euros, y creo que ese es uno de los principales inconvenientes. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la línea que vamos a seguir de aquí en adelante.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Grupo Parlamentario VOX, interviene la señora Jover.

La señora JOVER LINARES: Gracias, señora presidente. Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes, señorías.

El balance que hace VOX de las gestiones que desde su departamento se están haciendo en materia de justicia a finales de 2023 es que se ha hecho un gran esfuerzo, que, además, debe ser considerado. Cerramos 2023 con el fin de una estrategia para la transformación digital del servicio público de justicia en Canarias que logró que por fin hubiese dobles pantallas en todos los puestos de trabajo, que logró, también, esas PDA que están pendientes de un pequeño trámite, que logró que todas las salas de vistas estuvieran con las infraestructuras necesarias para realizar tramitaciones a distancia y también que las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales y las entidades y corporaciones fueran totalmente telemáticas. Pero, como usted misma ha dicho en alguna ocasión, todavía queda mucho por hacer. Y no solo está esa nueva estrategia para el periodo -en Canarias- 2025-2027 que se publicó el mismo 31 de diciembre, sino que también queda aún por implementar gran parte del Real Decreto Ley 6/2023, de medidas urgentes para la ejecución del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -una norma que, por cierto, sí que cuenta con ficha financiera-.

Nos encontramos ahora con la nueva norma que hay que implementar, la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del sector público de justicia, una norma que cambia totalmente la forma de trabajar de los juzgados, desaparecen los tradicionales juzgados de paz para convertirse en oficinas de justicia municipal, el ingente número de juzgados unipersonales -220- pasan a -seguirán existiendo, en cierta medida- estar tutelados bajo 19 tribunales de instancia en los que cada uno de ellos contará con un oficina judicial nueva.

¿Y cuáles son aquí los dos grandes desafíos? A mí me preocupa, porque usted ya lo ha dicho en alguna ocasión, que los plazos son casi inabordables -a mí me da que le gustaría quitar el casi, pero no se atreve- y, por otro lado, que no se cuenta con ningún tipo de ficha financiera. Y ahí va mi primera pregunta: ¿qué estrategia hay para ese supuesto de que no llegue la ficha financiera?, ¿hay alguna reunión prevista para solventar este problema?, ¿no será posible si no hay presupuestos del Estado?, ¿en qué situación está?

Me preocupa también la situación del personal al servicio de la Administración prestacional: miles de funcionarios que se van a ver expuestos a esta conversión de plantillas en RPT. ¿Se va a asegurar que no va a haber traslados forzosos?, ¿se van a asegurar sus retribuciones y complementos?, ¿se va a asegurar que en el paso a RPT no hay reducciones de plantillas? Cuestión de personal, me gustaría que hiciese algún comentario.

Y también esa oficina, modelo de oficina judicial que ha presentado, si cuenta con el beneplácito de todos.

Usted se enfrenta a ese reto de que nos encontramos en una zona o región archipielágica, también a esos mayores costes y tiempos de desplazamientos que se precisan, también a una mayor litigiosidad que vamos a ver si se solventa con esas medidas alternativas y, desgraciadamente, la presión migratoria que ya sabemos que supone grandes costes...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Nueva Canarias-Bloque Canarista, interviene la señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, presidenta.

Sin duda, el Estado desde el año 2023 ha emprendido una senda de trabajo legislativo, bueno, para provocar en el sistema judicial español -y, por tanto, también en el canario- una reforma profunda, ambiciosa -lo hablábamos el otro día en comisión-, fundamentalmente con la premisa de la modernización necesaria.

Está claro que para que una justicia sea verdadera tiene que ser ágil y tiene que ser accesible y tiene que responder a las necesidades de una mayoría, de la mayoría social; una justicia que, además, debe adaptarse a los diferentes territorios y a las singularidades de un estado como el Estado español.

Nosotros estamos totalmente a favor de lo que plantean estas normas, como decía, de modernizarse a través de la digitalización, de la eficiencia en el servicio público de justicia. No voy a profundizar en las medidas que propone esta norma, ya se han dicho, pero sí que es cierto que cada vez que nosotros oímos hablar de normas que, bajo el paraguas de la eficiencia o de la sostenibilidad... ya nos generan una cierta inquietud, porque, probablemente, vivimos aquella experiencia de la famosa Ley, de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que, bajo ese paraguas, lo que provocó en la práctica fueron importante recortes, porque la eficiencia a veces supone poner como prioridad el ahorro de costes, la recentralización de servicios y no la mejora de los servicios públicos. Eso nos crea a nosotros inquietud. La especialización y la eficiencia en la gestión nunca, desde nuestro punto de vista, puede suponer ahorrar costes, porque entonces dejamos de poner el foco en las personas, que es lo que para nosotros es fundamental.

Usted hablaba, sin duda, es importante que el Estado se comprometa y se implique en cofinanciar el desarrollo de estas normas. Yo quería también preguntarle si en ese trabajo coordinado con el Estado Canarias ha podido expresar las singularidades de nuestro sistema judicial, que es claramente distinto al del resto del Estado. Muchas veces parece que el Estado legisla de manera homogeneizadora, olvidando las singularidades territoriales, al menos las archipielágicas, y nuestra condición de región ultraperiférica, y eso nos parece muy importante, lo hemos hablado en otras ocasiones.

Usted hablaba de la financiación. A mí me parece bien que el Estado cofinancie y ayude económicamente en el desarrollo normativo, pero es cierto, consejera, que la comunidad autónoma, en el marco del sistema de financiación, tiene recursos específicos dedicados y que este Gobierno tiene capacidad presupuestaria. No podemos exigir más autogobierno si luego cuando tenemos que presupuestar priorizamos otras cuestiones.

El sistema judicial, junto con el sistema sanitario, con la educación y las políticas sociales, son, sin duda, servicios públicos esenciales y deberían tener un reflejo contundente en el presupuesto de la comunidad autónoma, que refleje nuestra apuesta. Usted sabe perfectamente que los informes, tanto de la memoria anual del TSJ como la memoria de Fiscalía, denuncian el estado...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Ahora inicia su intervención el Grupo Parlamentario Popular y lo hace la señora Muñoz Peña.

La señora MUÑOZ PEÑA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señora consejera, la Ley Orgánica 1/2025, impulsada por el Gobierno socialista, supone una de las mayores reformas del modelo judicial de las últimas décadas. Una reforma que, lejos de basarse en el consenso y la responsabilidad, se ha impuesto de manera unilateral ignorando a los operadores jurídicos y a las comunidades autónomas.

Hoy nos encontramos con un cambio estructural profundo: la transformación de los juzgados en tribunales de instancia, la creación de nuevas oficinas municipales y la reordenación de servicios, pero todo esto sin el respaldo financiero que requiere.

Nos dicen desde el ministerio que la implantación de esta ley solo costará unos 15 millones de euros entre todos los territorios y que en diez años se logrará un ahorro de 300 millones. Pero ¿mientras tanto? Mientras tanto somos las comunidades autónomas quienes debemos improvisar con los medios que tenemos; no existe ficha financiera real, no existe un compromiso de financiación claro, no existe un calendario fiable de apoyo económico. Se legisla desde Madrid con euforia, pero se traslada la carga económica a los territorios, a las comunidades, como Canarias, que ya deben hacer frente a enormes retos de gestión pública, tendrán que improvisar con recursos propios para adaptar infraestructuras, modernizar equipamiento, formar personal y poner en marcha esta transformación judicial.

Y no lo decimos solo nosotros: los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores y los expertos han alzado la voz. Todos ellos denuncian que la ley se ha aprobado sin un análisis realista, sin debate suficiente y sin garantía de sostenibilidad; un modelo que puede terminar agravando en lugar de resolver los problemas de saturación y lentitud que sufre nuestra justicia.

Desde el Grupo Parlamentario Popular denunciamos esta irresponsabilidad. No es serio transformar toda la arquitectura judicial del país a base de eslóganes ni cargar sobre las espaldas de los canarios, de los jueces, de los fiscales y los funcionarios el peso de unas reformas que ni siquiera se han debatido de manera adecuada.

No basta con decir que la ley traerá eficiencia; sin inversión inmediata y suficiente lo único que traerá será más saturación, más precariedad y más desigualdad en el acceso a la justicia. La justicia no puede ser víctima de experimentos políticos ni de reformas sin financiación.

En Canarias defenderemos un modelo de justicia eficiente, pero digno, sostenible y respetuoso con nuestros ciudadanos y nuestros profesionales.

Señora consejera, el Gobierno de Canarias debe ser claro: o se garantiza la financiación completa de la implantación de esta ley o estaremos ante un nuevo ataque a la igualdad y a la sostenibilidad de los servicios públicos en nuestras islas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.

Grupo Socialista Canario, señora Cabrera.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Como han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, ya sabemos todos que esta Ley Orgánica 1/2025 no es solo un avance jurídico, sino que es una apuesta política del Gobierno de Pedro Sánchez por una justicia más moderna, más cercana y más eficiente. Una ley que viene a suponer un cambio de modelo que permitirá crear tribunales de instancia, impulsar la digitalización y facilitar un acceso ágil a la justicia para la ciudadanía, especialmente en territorios como el nuestro, que requieren de una especial atención por nuestra condición de insularidad.

Desde el Gobierno de España se ha cumplido, se ha liderado la mayor transformación del sistema judicial en décadas y, aun sabiendo que modernizar la justicia exige recursos económicos, también hay que recordar que exige proyecto, exige capacidad y exige compromisos, y eso es lo que esperamos nosotros también del Gobierno autonómico: gestión. Al fin y al cabo, gobernar es gestionar, al menos, se supone.

Y aunque es legítimo que se pidan esos recursos económicos -además, es exigible y obligatorio-, no puedo dejar de recordar que dejaron de invertir, este Gobierno autonómico, más de mil millones de euros en el pasado ejercicio de 2023, más de mil millones de euros de fondos públicos que no se invirtieron, que no se transformaron en servicios que mejoraran la vida de la gente; o sea, tampoco puedo dejar de recordar que su consejera de Hacienda abandonó la Mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera sin tan siquiera escuchar la propuesta de condonación de deuda para Canarias, que suponía y supone 3259 millones de euros, ahí es nada. O sea, me parece perfecto pedir más dinero, me parece perfecto pedir más financiación, pero cuando se deja sin ejecutar lo que ya tiene y se abandona la negociación de los recursos, me parece simplemente una irresponsabilidad y una contradicción política.

Como ya decía, esta es una reforma estructural concebida desde el interés general, lo que conlleva, por un lado, que las instituciones tengan que estar a la altura y, por otro, más responsabilidad y lealtad institucional.

Y como decía anteriormente, es fantástico y estupendo -permítanme las expresiones- pedir más financiación, pero también es adecuado pedir la agilidad en su gestión.

Tengo que recordar, antes de terminar, que este Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, es el que más ha aumentado la financiación de las comunidades autónomas en la historia.

Muchas gracias. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.

Iniciamos el tiempo de réplica. Inicia la señora Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, antes que nada, queríamos trasladar nuestro reconocimiento, el del Grupo Parlamentario Nacionalista, al esfuerzo que está haciendo su consejería, la Viceconsejería de Justicia, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, para la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 1/2025 en materia de eficiencia del servicio público, y también nuestro reconocimiento al esfuerzo que están haciendo el resto de operadores jurídicos, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia, los sindicatos y el personal de la Administración de Justicia, también la Fiscalía y la Fecam a través de los ayuntamientos. Nuestro reconocimiento porque es un esfuerzo importantísimo el que están haciendo para cumplir con la aplicación de la ley y cumplir con los plazos. Evidentemente, es un trabajo coordinado y de colaboración que está realizando la consejería implicando a todos esos actores, porque no es fácil realizar estas reformas estructurales de calado que exige la ley, los cambios en la estructura, la transformación en esos 19 tribunales de instancia, las 19 oficinas judiciales y las 69 -ha cifrado usted- oficinas de justicia municipal para sustituir a los antiguos juzgados de paz. Y no es fácil planificar e incorporar todas esas medidas de acompañamiento para la incorporación real de los medios que van a descargar esos tribunales y ofrecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos -la mediación, el arbitraje y la conciliación- y, sobre todo, crear los mimbres para que esos métodos, efectivamente, cumplan la función que la ley les prevé, ¿no? Y, finalmente, también la complejidad que entraña ese impulso de la transformación digital de la justicia.

Y somos conscientes de que desde la consejería se han dado pasos firmes en los últimos meses para preparar ese camino. Los estudios, esos modelos para los estudios de las actuales... los cambios que necesitan las actuales sedes judiciales, los contactos con la Sala de Gobierno del TSJ, con todos esos operadores jurídicos para planificar la puesta en marcha de la nueva estructura.

Y la consejería -hoy usted lo ha demostrado- ha mostrado siempre una actitud proactiva, de máxima responsabilidad para aplicar lo que es una ley orgánica que vincula a todos.

Y, como bien ha señalado usted, la aplicación de esta ley no puede hacerse exclusivamente con el esfuerzo exclusivo de la comunidad autónoma, no puede ser que el peso de este cambio en la Administración de Justicia, de esta modernización de enorme calado, la sufrague en exclusiva la Comunidad Autónoma de Canarias. Esto requiere colaboración institucional, pero, sobre todo, compromiso financiero por parte del Estado.

Y aclárense, señorías, porque unas veces dicen que la comunidad autónoma deja de ejecutar y que debía ejecutarlos en más sanidad, en más educación y en más servicios públicos. Esta mañana decían una cosa totalmente contraria: afirmaban que, realmente, lo que se ha dejado de ejecutar son cantidades finalistas que van destinadas a los... al mecanismo de... de... de... los, los fondos europeos de... resiliencia, y que realmente esos fondos todavía tienen un plazo para ser ejecutados, no tienen... tienen un plazo para ejecutarse. Por tanto, aclárense, señorías.

Miren, lo claro, lo que está claro es que esta ley viene sin ficha financiera, que requiere una implantación de una nueva estructura que requiere inversiones importantísimas en infraestructuras judiciales para adaptar la sede; inversión en medios tecnológicos para hacer los sistemas interoperables, seguros y que cumplan todas esas funciones; inversión en recursos humanos, porque, si bien no va a significar más recursos humanos, sí va a ser necesaria una formación para los recursos humanos, para que tengan, para que se adapten a esta nueva, a esta nueva ley, y también la carga adicional de esos complementos retributivos, puntuales, que hay que dotar a ese personal que asuma las responsabilidades.

Y la adaptación de las RPT. Esperemos que esa negociación que comienza mañana con esa propuesta de modelos de propuesta organizativa y de RPT que se llevarán mañana a esa mesa con los sindicatos, que esa negociación empiece bien y que llegue a un buen puerto y puedan culminarse esas negociaciones para la aprobación de esas RPT en tiempo.

Y también requiere una inversión importante para impulsar esos medios alternativos de resolución de conflictos y ese acompañamiento, que será un complemento más a la ficha financiera de la justicia gratuita para, eh... unas cantidades económicas adicionales a las que ya prevé el Gobierno de Canarias para justicia gratuita. Y, señorías, sin financiación adecuada y suficiente corremos el riesgo de que la ley quede como una reforma incompleta, generando desigualdades entre territorios y frustrando las expectativas, todas las expectativas que esta modernización está generando, ¿no?

Y sin ficha financiera, cuando ya el presupuesto de Canarias estaba aprobado. Porque la ley se aprueba el 1 de... entra, se aprueba en enero y entra en vigor en enero, y el presupuesto de Canarias, como una comunidad responsable que aprueba sus presupuestos en tiempo, como le exige la ley, pues ya estaba el presupuesto aprobado. Por tanto, apoyamos la reclamación del Gobierno que ha hecho la consejera ante el ministerio: que concrete cuanto antes el ministerio cuál va a ser la financiación plurianual para hacer efectiva, que se aseguren esos fondos necesarios para adaptar las infraestructuras, que se garantice la cobertura presupuestaria y los medios alternativos... para los medios alternativos de resolución de conflictos.

Y, señorías, no es una cuestión política, se trata de que los ciudadanos de Canarias puedan beneficiarse en igualdad de condiciones de un servicio público de justicia más ágil y accesible. Y tampoco podemos olvidar que es importante que se pongan de acuerdo. No se pudo realizar la conferencia sectorial porque comunidades no acudieron a esa reunión, al final se quedó en una mera reunión, y lo que deseamos es que se pueda llegar a consenso en el seno...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Señora consejera, tiene usted la palabra.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Gracias, señora presidenta. Señorías.

Decía, señora Jover, que lo de casi inabordable... no voy a retirar el casi, porque es que esto, los plazos, dependemos de muchas partes. En esto no solo trabaja la comunidad autónoma a través de nuestra consejería, trabajan también los operadores judiciales, trabajan los operadores jurídicos, trabajan los sindicatos; somos muchas partes las que tenemos que cumplir unos plazos que, como le decía, son bastante complicados de cumplir, independientemente de toda la carga de trabajo que esto lleva detrás, que la lleva.

La hoja de ruta que hemos puesto en marcha, ¿por qué pasa? Pasa por distintas acciones que tienen que ver con cambios normativos. Hay que hacerlos para poder poner en marcha, por ejemplo, algo tan sencillo como -decíamos antes- los medios alternativos, a través de modificación de la orden que regula los módulos, y otra serie de modificaciones. Requiere adecuaciones de sedes, en algunos casos, no se trata de tener nuevas sedes judiciales, se trata de utilizar las que tenemos y sabemos que en esto la mayor complejidad organizativa la vamos a tener en el partido de Santa Cruz de Tenerife, porque tenemos muchos órganos judiciales que conforman los distintos juzgados y que van a conformar el tribunal de instancia, puesto que no hay un único órgano centralizado, y eso requiere mayor complejidad para la comunidad autónoma, pero también mayor complejidad para los propios trabajadores. Formación, mucha para el nuevo sistema, requiere nuevas... desde medios tecnológicos, pero también formación en materia tecnológica, coste, en ese sentido, y requiere, por supuesto, negociación, en este caso, para no solo la que hemos tenido con los distintos operadores, sino también para poner en marcha las distintas relaciones de puestos de trabajo.

Nosotros hemos intentado cuantificar en varias ocasiones el coste que nos va a suponer esto. Ayer por la tarde teníamos una reunión, otra reunión interna, para ver si podíamos definir el tema de los... (ininteligible) y todavía somos incapaces de poner un coste económico aproximado de lo que va a suponer. Hemos conseguido... tenemos un informe ya de la Fecam que le solicitamos sobre las infraestructuras de los juzgados de paz que se transformarán. La Fecam nos ha pasado ese informe de cómo está cada infraestructura, en ese caso, lo único que tiene que hacer la comunidad autónoma es implementar los medios tecnológicos, ordenadores, etcétera, que necesiten, y allí donde hubiera que reforzar, por las nuevas competencias que tienen, que ya en ese caso está ya identificado, también hacerlo. Pero supone coste económico, supone coste económico adaptar los programas informáticos que tienen, empezando por Atlante; supone coste económico desde lo más básico, que es la señalética, a todo lo demás que requieren los nuevos tribunales; supone coste económico las nuevas jefaturas que hay que crear, porque así lo determina la ley; supone un coste económico importante acudir -y la justicia gratuita en este caso- para el acompañamiento de los medios alternativos, que no está cuantificado, y nada de esto está presupuestado, por mucho que queramos decir que tenemos que asumir la obligación presupuestaria, pero es que no está presupuestado. La ley es de enero, el presupuesto, como ustedes bien saben, se elaboró en octubre y estaba presupuestado con el incremento que se consideró en ese momento con estas previsiones no con el coste de esta ley.

Yo no... creo que como Gobierno, pero creo que también como Parlamento -y si me lo permiten, señorías- no se puede en ningún caso renunciar a exigir la financiación de algo que es absolutamente nuevo, la financiación de los fondos europeos, la financiación de los fondos europeos para implementar las medidas que ya estaban en marcha, no para esta ley. Y esto de que querernos vender una moto cuando no es una moto, yo creo que como diputados y como Gobierno no podemos aceptarlo.

Claro que exigimos financiación para esta ley: lo hemos hecho por escrito y lo hemos hecho en reuniones y lo hemos hecho reiteradamente, y lo hemos hecho porque también tenemos las circunstancias que tenemos diferentes en nuestra comunidad autónoma. Y creo que en esto no tenemos que ser tibios, mucho menos este Parlamento. Nada tiene que ver el sistema de financiación, que, por otra parte, como ustedes bien saben, no responde a nuestra realidad, con una ley que se aprueba en enero de este año, nada tiene que ver.

No va a suponer.... Algunas de sus señorías planteaban temas de personal: la ley, la puesta en marcha de esta ley y nuestro planteamiento en ningún caso pasa por reducción de personal; eso no entra, no nos pasa por la cabeza. Es verdad que las oficinas judiciales se montan con el personal que tenemos.

El modelo de oficina judicial y unos modelos que el Estado ha utilizado y que los hemos utilizado todas las comunidades autónomas y que ahora pasan a negociación, pues, saldrán esos o saldrán mejorados, pues ya veremos cuáles salen. La cuestión es que nosotros, hecho todo este trabajo, lo que sí queremos es poder llegar al 1 de julio, y para eso necesitamos aprobar las 26 RPT de la primera fase; luego vendrá la segunda y vendrá la tercera. En teoría, esta primera fase es la menos compleja, pero hoy nuestro principal objetivo, en el momento en que entra en vigor esta ley, es estar preparados para que podamos comenzar la negociación y para que el 1 de julio tengamos todo listo para comenzar. Bueno, igual nos queda alguna cosa, pero que la mayoría de los asuntos puedan quedar listos.

Decía alguien de ahorrar costes. No es una ley para ahorrar costes, todo lo contrario: nos va a costar mucho más y, como decía, dinero que no está presupuestado, que no está en nuestro presupuesto de la consejería y que pasa por tener que -una vez que lo tengamos cuantificado- dirigirnos a Hacienda para que nos lo transfiera.

Y yo concluyo con una cosa, agradeciéndoles el interés que han mostrado por esta ley, porque en varias sesiones parlamentarias de comisión se ha preguntado, dará para muchas más preguntas, puesto que tendremos que seguir trabajando en las distintas fases.

Decía la señora Cabrera, hablaba de lealtad institucional. La lealtad institucional es por ambas partes, no solo por una, y se le tiene que exigir a ambos. Y hablaba usted de algo así como agilidad en la gestión. Yo creo que hemos demostrado agilidad en la gestión, pero a mí me gustaría decirle que agilidad en la gestión también es haber utilizado los cuatro años de la pasada legislatura para sacar el plan de igualdad cuando se dejó el diagnóstico hecho, para iniciar el plan de prevención de riesgos laborales, para impulsar la estabilización y no haberla tenido que asumir prácticamente en este año y medio, para sacar las OPE 2020, 2021 y 2022, que nos las encontramos sin iniciar, o para poner en marcha nuevos juzgados, los nueve nuevos del 2022 y 2023, de los que no se había movido ni un papel. Eso también era haber hecho agilidad en la gestión, y no fue así.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.