Diario de Sesiones 76, de fecha 30/4/2025
Punto 13
11L/PNLP-0248 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CCA), SOBRE LA DESVINCULACIÓN DE LA EFECTIVA MATERIALIZACIÓN DE LAS AYUDAS AL TRANSPORTE DE LA COMPLEJA TRAMITACIÓN DE LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES
La señora PRESIDENTA: Siguiente proposición no de ley, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la desvinculación de la efectiva materialización de las ayudas al transporte de la compleja tramitación de la zona de bajas emisiones.
Ahora sí, señor Bermúdez.
El señor BERMÚDEZ ESPARZA: Señora presidenta, señorías.
Para empezar, y para que no haya ninguna duda en esta proposición no de ley que hemos presentado, quiero decir que este grupo parlamentario está del lado tanto de la protección del medioambiente como de la movilidad sostenible.
Pero hoy, una vez más, estamos ante una decisión del Gobierno de España que no solamente es injusta, sino que es profundamente incoherente. ¿Cómo es posible que se vincule una política de movilidad, como la bonificación del transporte público, con la implantación obligatoria de las zonas de bajas emisiones? Son dos asuntos distintos, complementarios si ustedes quieren, pero radicalmente diferentes. Y exigir que uno dependa del otro es una equivocación y, lo que es peor, se podría considerar como una coacción inadmisible. Porque esta vinculación tan arbitraria está contenida en los apartados 4 y 5 del artículo 5 del Real Decreto Ley, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.
Y el Estado, además, pide a los municipios una declaración responsable de que van a implantar las zonas de bajas emisiones a lo largo de este año 2025, y esa es una condición indispensable para ser beneficiario, sin tener en cuenta la alta litigiosidad que está teniendo este asunto y la inseguridad jurídica en la que pueden caer muchos ayuntamientos.
En Canarias tengo que decir que en materia de transporte público se están haciendo bastante los deberes. Hay un incremento del uso del transporte público, por dar unos datos de la ciudad que más cerca me toca, Santa Cruz de Tenerife: en cinco años hay un aumento del 60 % de los usuarios del transporte. Eso es una revolución en la movilidad urbana, es un compromiso con el medioambiente, con la calidad de vida y con la sostenibilidad, que nos afecta a todos. Pero ahora desde Madrid se nos dice que si no tenemos ya implantada las zonas de bajas emisiones los ayuntamientos que tenemos que implantarlas, si no las tenemos implantadas este año, no vamos a poder ser beneficiarios de las ayudas del transporte público. Y eso, sinceramente, ni es razonable ni es justo ni es viable. Esto lo saben los alcaldes y las alcaldesas de todos los partidos políticos, incluidos los del Partido Socialista, que se encuentran en esta situación y que conocen de primera mano las dificultades técnicas, jurídicas y económicas que supone -y, de hecho, está suponiendo- la implantación de la zona de bajas emisiones.
Aquí no estamos discutiendo para nada el objetivo -lo quiero repetir-, porque estamos a favor de reducir las emisiones, de tener ciudades más limpias, más humanas, más habitables y creo que en eso todos los municipios de Canarias están haciendo un esfuerzo importante. Pero lo que no puede hacer el Gobierno de España es agarrarse a una idea y convertirla en un obstáculo insalvable para acceder a algo tan básico como, por ejemplo, el transporte público, transporte público que en el caso de Canarias es transporte público gratuito, ni supeditar esa y otras ayudas a un requisito y a unos plazos que saben muy bien que no dependen siempre de la voluntad de los ayuntamientos ni de quienes los gobiernan.
Me gustaría saber de qué modo van a decirle a La Laguna, a Las Palmas de Gran Canaria o a Adeje, ciudades gobernadas por el Partido Socialista, que si no logran implantar la zona de bajas emisiones pueden perder el acceso a ayudas importantes para la movilidad, y si esos alcaldes o alcaldesas van a explicarle a la ciudadanía que es decisión del Gobierno socialista del Estado español o si van a castigar a toda una isla porque uno solo de sus municipios no llegue a tiempo para presentar o para implantar la zona de bajas emisiones. Eso, desde nuestro punto de vista, no es gobernar, eso es penalizar de manera arbitraria, no ya a los ayuntamientos, sino a los ciudadanos, que son los que más lo necesitan.
Y esto no es algo solamente inviable en Canarias: ya se ha demostrado que en otras ciudades del Estado, como Madrid, Barcelona, como Burgos o Gijón, la complejidad que está presentando la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, que con frecuencia, además, es objeto de denuncia a los tribunales. Es muy importante. En el caso de Santa Cruz de Tenerife tenemos recurrido nuestro plan de zona de bajas emisiones por el Grupo VOX. Incluso, yendo más allá, la Asamblea Nacional Francesa acordó el mes pasado anular su implantación en toda la República Francesa.
Por eso creemos que esta proposición no de ley es de sentido común, porque, insisto, no estamos pidiendo que se eliminen las zonas de bajas emisiones, lo que estamos pidiendo es que se rectifique ese real decreto ley, que se escuche, que se construya política desde el diálogo y no desde la imposición y que no caigamos en una trampa burocrática que nos va a impedir poder acceder a ayudas que son importantes.
Consecuentemente, lo que pedimos es que se elimine estos artículos cuarto y quinto del artículo 5... apartados cuarto y quinto del artículo 5 del Real Decreto Ley de 28 de enero, de manera que se desvincule totalmente la materialización de las ayudas al transporte de la implantación de las zonas de bajas emisiones.
Cuando hablamos de movilidad estamos hablando de derechos, y en Canarias defender el transporte público es defender la igualdad de oportunidades, es defender la cohesión territorial y también, por supuesto, es defender la lucha contra el cambio climático, pero, señorías, no de esta manera.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bermúdez.
Ahora interviene el grupo enmendante, el Grupo Socialista Canario. Lo hace el señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CEREZO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos muy claro, y espero que el resto de grupos parlamentarios también. Así ha comenzado su intervención el señor Bermúdez. No podemos permitirnos ni un solo paso atrás en la lucha contra el cambio climático y una medida fundamental en esa lucha consiste en la implantación de las zonas de bajas emisiones, que son una exigencia legal derivada de la Ley 7/2021, de cambio climático, aprobada, además, por una amplia mayoría en las Cortes Generales, con el objetivo de reducir la contaminación del aire en nuestras ciudades, proteger la salud de nuestra ciudadanía y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, aunque a veces pretendemos olvidarnos de ello.
Señorías, por eso entendemos razonable vincular estas ayudas extraordinarias -¡extraordinarias!-, dirigidas a mantener la gratuidad al transporte colectivo urbano e interurbano en cumplimiento de esta obligación de implantar las zonas de bajas emisiones como lo hace el Real Decreto Ley 1/2025, que, además, fue convalidado por una amplísima mayoría en el Congreso de los Diputados: 315 votos a favor -también contó con el voto a favor de Coalición Canaria-. ¿Y por qué? Porque se pone el foco en la elección modal de la movilidad, proponiendo la sustitución del uso del vehículo privado en favor del transporte público. Esta decisión es una forma de garantizar que el dinero público no solo se utilice para más transporte, sino también para un mejor transporte, para un transporte más justo, para un transporte más sostenible, para un transporte más limpio.
No se pretende castigar a nadie, como usted ha pretendido hoy hacer ver en esta sesión, sino, todo lo contrario, incentivar un modelo que proteja también el futuro de nuestras islas, que, como todos sabemos, están especialmente expuestas a las afecciones del cambio climático.
No obstante, somos conscientes desde el Grupo Parlamentario Socialista que la implantación de las zonas de bajas emisiones, aunque tenía que estar lista en el año 2023, no está siendo nada sencilla para los ayuntamientos, estamos absolutamente de acuerdo. Hay municipios que necesitan apoyo técnico o financiero, hay municipios que están en su fase final todavía de implantación y hay, efectivamente, otros municipios que tienen sus instrumentos normativos, sus ordenanzas las tienen en vía judicial.
Por tanto, la casuística es muy amplia, no cabe ninguna duda, pero lo que no podemos es aceptar que se utilicen, efectivamente, estas dificultades como excusa para renunciar a nuestros compromisos climáticos.
Por eso desde el Grupo Parlamentario Socialista, entendiendo la preocupación manifestada en la proposición no de ley, hemos presentado dos enmiendas que buscan compatibilizar el fortalecimiento del transporte público y el cumplimiento firme de los compromisos climáticos. Por un lado, una enmienda de modificación que tiene como objetivo incorporar criterios moduladores a esos apartados 4 y 5 del artículo 5, proponiendo, además, como decía, que se incorporen criterios flexibles, como, por ejemplo, haber iniciado la tramitación de esas zonas de bajas emisiones, de manera que se reconozcan de forma efectiva los esfuerzos realizados por los ayuntamientos; no se puede valorar por igual a un ayuntamiento que no ha movido un papel que a aquellos ayuntamientos que han hecho esfuerzos para tener en marcha las zonas de bajas emisiones. Y también una enmienda de adición para pedir al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, que dé un paso adelante y que fortalezca los instrumentos de colaboración con cabildos y ayuntamientos en esta tarea.
Con estas enmiendas no renunciamos al cumplimiento de la ley ni al objetivo de tener unas ciudades más sostenibles, con un transporte público más fuerte, pero reconocemos la realidad administrativa y técnica de nuestros municipios. No se trata de flexibilizar para incumplir, sino de acompañar a quienes están trabajando en la dirección correcta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Hernández.
Ahora interviene el Grupo Parlamentario VOX, señora Jover Linares. (El señor vicepresidente segundo, Matos Expósito, ocupa la Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Adelante, señoría.
La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente.
Señor Bermúdez, en Canarias el aumento del número de usuarios de guagua y tranvía es, en parte, gracias a esos fondos estatales que permiten su gratuidad, unos fondos estatales que, como todo lo que plantea el señor Sánchez, no vienen acompañados sino que de chantaje. Un chantaje que, en este caso, se verificó a través de un decretazo Ómnibus, que nos dio la bienvenida en el 2025, el Real Decreto Ley 1/2025, a partir del cual esas transferencias económicas a los municipios que eran susceptibles de albergar zonas de bajas emisiones, se condicionaban a la efectiva implantación de esa zona de bajas emisiones.
Lamentable también que usted intente hoy enmendar el error que cometió su diputada en aquella votación a través de esta proposición no de ley, porque su diputada fue quien aprobó, precisamente, esta medida aquel día en el Congreso. Entiendo que la quiera enmendar, pero lamento decirle que usted es cómplice de ese chantaje.
Lejos de poner en evidencia las maneras de este Gobierno de la nación, lejos de ponerlas en evidencia, a lo que se limitan ustedes es a tratarlo con tibieza: esconde lo malo de estas zonas de bajas emisiones y lo malo de este condicionamiento a las ayudas al transporte a que es que no hay recursos humanos para tramitarlas, a que hay procedimientos judiciales, cuando la realidad está bien clara y es que las zonas de bajas emisiones son malas por sí mismas en su esencia, porque lo único que hacen es, bajo un fanatismo climático, obligar a que los ciudadanos no puedan utilizar sus coches. No será un problema en Santa Cruz para los ciudadanos que venimos, para los diputados que venimos al Parlamento, pero sí para la mayoría del resto de ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, otro problema que le veo a esta proposición no de ley, no nos cita abiertamente -sí lo ha hecho usted aquí-, pero omite, dice que en el caso de Santa Cruz de Tenerife el proyecto ha sido recurrido por un partido político, y yo le digo que ese partido político es VOX, porque estamos muy orgullosos de liderar la lucha contra las zonas de bajas emisiones y haremos todo lo posible para que Santa Cruz no cuente con ninguno de esos 26 puntos de control de acceso a la ciudad. Porque los ciudadanos, las familias, los comerciantes, los transportistas tienen derecho a acceder aquí cuando tengan su ITV pasada y cumplan los requisitos.
Mire, nosotros sí protegemos el medioambiente, pero, ahora, no creemos que porque Canarias en un día contamine o emita CO2 lo que China en una hora debamos dejar de vivir como queremos vivir.
Creemos que estas ayudas al transporte tenían mucho margen de mejora, tenían mucho margen de mejora porque podrían haberse dado no solo sobre las tarifas, sino también a las operaciones o a las inversiones. También había mucho margen porque se podría haber establecido en ese decreto ley que se anticipasen esas ayudas para que no hubiese una carga financiera para el resto de Administraciones públicas, que tienen que avanzar, adelantar ese dinero, y, sin embargo, lo que hizo Sánchez fue condicionar esas ayudas a la implantación de zonas de bajas emisiones.
Rechazamos frontalmente estas zonas y, por tanto, es la razón de la enmienda que hemos presentado: por un lado, eliminar, que es que son complejas, ya hemos dicho que son malas de por sí y, por tanto, hay que eliminarlas, y también que se inste al Gobierno de la nación a derogar toda aquella normativa que regula la zona de bajas emisiones. Y esto no tiene nada que ver con la protección del medioambiente, porque nosotros consideramos y defendemos la protección del medioambiente, pero no el fanatismo climático.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señoría.
Turno para el Grupo Mixto, señor Acosta Armas.
El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidente.
Señorías, mi formación es muy consciente, como creo que lo es toda la sociedad canaria en su conjunto, como comentaba el señor Hernández, de cuán importante ha sido la bonificación de las tarifas al transporte público y de cómo esta ayuda ha incrementado el número de viajeros, repercutiendo, precisamente, en la concienciación de que estamos ayudando al medioambiente a evitar emisiones. Una acción que ha redundado en un mayor uso del transporte público, efectivamente, pero también ha supuesto una mayor exigencia para quienes tienen la responsabilidad de gestionar esos sistemas de transporte, mucho más tensionados y exigidos ahora, precisamente por ese aumento súbito en el número de viajeros.
El ejemplo que usted mismo, el señor Bermúdez, pone de Santa Cruz de Tenerife, evidentemente, con el máximo conocimiento en su condición de alcalde, es muy llamativo: estamos hablando del 60 % de incremento de usuarios en el servicio urbano. Evidentemente, la absorción de ese incremento en un espacio tan corto de tiempo es muy difícil de asumir y directamente imposible de asumir si las ayudas económicas que permitan a los operadores afrontar esa situación prácticamente sobrevenida.
Además, se ha puesto una especie de espada de Damocles sobre las entidades municipales y supramunicipales, en el sentido de que las ayudas que se dispongan, precisamente, están supeditadas al establecimiento de una zona de bajas emisiones en los respectivos municipios o entes supramunicipales. Y, como decía el señor Hernández, no es lo mismo la entidad que no ha movido un papel que aquella que ha intentado ponerse a la orden. Y todos sabemos, también, de las dificultades que a nivel estatal y europeo se están produciendo en este tipo de zonas. Algunos territorios incluso ya se están replanteando la medida, como comentaba el señor Bermúdez.
Por eso creo y considero que es sensato desvincular las ayudas que pueden recibir los entes municipales o supramunicipales recogidas en el artículo 5 del real decreto de la financiación de la gratuidad, cuya titular es la propia comunidad autónoma, tal y como recoge el artículo 59 de ese mismo real decreto. Precisamente por esa razón hemos presentado la enmienda que pretende subrayar esa distinción, y la cual agradeceríamos que tuviera en cuenta el señor Bermúdez.
Y, en última instancia, separar cualquier ayuda que se pueda conceder de la obligación de contar con una zona de bajas emisiones y así no condicionar a las propias entidades con esa espada de Damocles que antes comentábamos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señoría.
Señor Bermúdez, a efectos de las enmiendas, para que los servicios tengan en cuenta su opinión, adelante.
El señor BERMÚDEZ ESPARZA (desde su escaño): Sobre la enmienda del Partido Socialista, ya le he explicado que nosotros no la vamos a aceptar. Nosotros perseguimos la eliminación de esos dos apartados y lo que propone la enmienda es una modificación de criterio de los mismos. Por lo demás, entendemos la voluntad de llegar a un acuerdo y se lo agradecemos profundamente.
En segundo lugar, con respecto a la enmienda de VOX, ustedes están en contra de las zonas de bajas emisiones y nosotros hemos dicho de manera muy clara en nuestra PNL que nosotros no estamos en contra de las zonas de bajas emisiones. Ustedes proponen que se eliminen. Y, por cierto, decirle, simplemente, que si aprobamos ese real decreto en su momento fue porque creíamos que era más importante cobrar las ayudas que el tema del beneficiario-municipio-zona de bajas emisiones, y creo que eso ha sido un acierto, porque es lo que nos permite mantener la gratuidad del transporte.
Por último, respecto a la de la Agrupación Herreña Independiente, la vamos a aceptar porque, evidentemente, incide en algo que también el real decreto establece, que es que la beneficiaria, en el caso del transporte público gratuito, es la comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señoría. Los servicios quedan enterados y si hay alguna duda, podemos consultar con el ponente.
Seguimos con la intervención, en este caso, de los grupos no enmendantes. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Señor Bermúdez, desde la Agrupación Socialista Gomera adelantamos, manifestamos nuestro voto a favor de la proposición no de ley que ha traído usted hoy a debate.
Si algo ha quedado claro en estos últimos años es que la bonificación al transporte público ha sido una medida eficaz y, además, una medida útil para las familias, para los trabajadores y para las personas, también, estudiantes de nuestras islas.
Es absolutamente o nosotros consideramos que es absolutamente injusto que la continuidad y la financiación de estas ayudas dependan de una cuestión tan compleja y controvertida como es la implantación de las zonas de bajas emisiones. No se trata -y también lo quiero recalcar y dejar muy claro- de cuestionar las zonas de bajas emisiones ni de oponernos a su implantación, lejos de eso, pero, señorías, también somos conscientes de que estamos hablando de procesos complicados, que requieren planificación, consenso, recursos técnicos y que en muchos casos, como ya se ha dicho o como hemos visto en muchas, también, ciudades del Estado, se enfrentan a litigios judiciales y también a resistencias políticas que, en este caso, bloquean su avance.
Señorías, ¿vamos a penalizar a nuestras administraciones locales e insulares -hablamos de nuestros ayuntamientos y de nuestros cabildos- por no tener implantadas unas zonas que en muchos casos ni siquiera dependen de su voluntad, sino de los procesos judiciales o de recursos que no siempre tienen? ¿Vamos a poner en riesgo el acceso a las ayudas para reforzar las líneas de guagua, aumentar la frecuencia, justo ahora, justo en este momento en el que el transporte público ha demostrado que está siendo parte de la solución?
Señorías, esta PNL no pide en ningún momento que renunciemos a los objetivos de la transición energética, yo creo que en ese camino prácticamente casi todos los grupos estamos de acuerdo, lo que se pide en esta PNL, y que nosotros respaldamos, es que no pongamos en peligro las políticas que ya están dando resultados, las políticas que sí que están siendo eficaces.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Matos Expósito): Muchas gracias, señora Mendoza.
Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista. Señora González González, tiene la palabra.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señor Bermúdez, desde nuestro punto de vista, es que el propio Real Decreto Ley, el 1/2025, en lo que a transporte se refiere, es una contradicción en sí mismo, ya que mientras en su exposición de motivos manifiesta que el capítulo 4 se ocupa de las ayudas al fomento y la mejora de la oferta del servicio de transporte terrestre de pasajeros, unas ayudas que entroncan con la modificación del paradigma actual, que viene poniendo el foco fundamental en la universalidad del descuento de las tarifas para a través de ellas mejorar la oferta de los servicios de transporte (la señora presidenta ocupa la Presidencia), se incide, además, a mayor, sobre la elección modal de los desplazamientos mediante el trasvase de uso del vehículo privado hacia el transporte público. Pero, además, por otra, vincula la existencia de esos descuentos a la efectiva materialización o implantación de las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50 000 habitantes, el establecimiento de esas zonas de bajas emisiones que están reguladas en la Ley del cambio climático, que se aprobó en el 2021 y que exigía que estuvieran implantadas antes del año 2023. Estamos en el 2025, no se ha cumplido ese precepto legal y, si no se ha cumplido, para que se cumpla se deben buscar mecanismos, efectivamente, para su efectivo cumplimiento, pero, eso sí, sin mezclar churras con merinas, que es lo que entendemos.
Y es que, a todas luces, es incongruente que justamente en momentos de una transición profunda del modelo de movilidad se penalice a los usuarios del transporte público por el cumplimiento de una obligación o el incumplimiento de una obligación de la que no son responsables, máxime cuando, además, lo que se penaliza son los desplazamientos en transporte público colectivo, que, precisamente, son los que mayores beneficios ambientales producen en cuanto a la emisión de CO2, además, en territorios limitados como el nuestro, que permite el transporte público colectivo paliar o ayudar a paliar esos graves problemas de congestión que sufren nuestras calles o nuestras carreteras. De verdad, no nos parece razonable, razón por la que, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista vamos a apoyar a esta proposición de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Finaliza el debate el Grupo Parlamentario Popular, lo hace la señora Curbelo.
La señora CURBELO TRUJILLO: Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías.
Señor Bermúdez, le agradezco la iniciativa que usted ha traído hoy a este pleno.
Y permítame que empiece por contestarle al señor Hernández una cuestión: lo que se pide modificar o que se ha hecho en este decreto ley es un decreto ley Frankenstein, con muchísimas medidas. No es una cuestión con amplio consenso, con mucha letra pequeña y poco margen; un real decreto como las lentejas: o las tomas o las dejas. Pero, claro, cuando lo dice el Partido Popular, cuando criticamos esta forma de legislar marca Sánchez, entonces, claro, ustedes desde la izquierda nos acusan que estamos en contra de los intereses de los canarios, en contra de los intereses de los ciudadanos, que no apostamos por la subida de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que pasa cuando van metiendo subterfugios en medio de medidas que no son operativas.
Y, miren, esta medida, esta concreta medida introducida en este Decreto 1/2025, es claramente contraria a los intereses de Canarias, de los canarios, del transporte público tan aceptado. Y, además, está inadaptada a la situación actual existente en Canarias, refleja lo poco que se conoce la realidad que tenemos en Canarias, a pesar de tener hilo directo en Moncloa.
Miren, me llama la atención su enmienda. Ustedes piden modular los criterios, ¿por qué no lo tuvieron en cuenta cuando se redactó el decreto?, ¿por qué no se valoró esta situación? Que ustedes también tienen compañeros alcaldes y alcaldesas que les va a ser imposible cumplir con esta situación, con este requisito para poder acceder a estas ayudas. Pero, claro, ustedes sí y hay que aplaudirles.
Miren, insisto, el Partido Socialista conocía, evidentemente, la realidad que tenían en Canarias, la realidad que ustedes nos dejaron con leyes, también, como la del cambio climático, ideológicas y poco realistas e inaplicables, pero es que, además, con las zonas de bajas emisiones se dedicaron únicamente a dar subvenciones y se desentendieron, y ha sido este Gobierno y la consejería de mi compañero, Mariano Hernández Zapata, los que se ha puesto manos a la obra, se han reunido con los ayuntamientos y los cabildos para poder llegar a cumplir con la ley y poder establecer estas zonas.
Miren, señorías, yo espero que en la tramitación de este real decreto como proyecto de ley, que así lo ha acordado el Congreso de los Diputados, se pongan manos a la obra y ustedes trabajen para que se incluyan esas supuestas modulaciones o enmiendas que han presentado.
Nosotros, por nuestra parte, este grupo parlamentario votará a favor de su propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Curbelo.
Llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a votación).
Votamos.
Votos emitidos presentes, 63: sí, 44; no, 0; abstenciones, 19.
Queda, por tanto, aprobada la proposición de ley.