Diario de Sesiones 99, de fecha 25/11/2025
Punto 57

11L/I-0083 INTERPELACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SI ENTRE LOS PROPÓSITOS QUE SE MARCA A PARTIR DE AHORA EL GOBIERNO ESTÁ EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN EL DECRETO 46/2025, DE 21 DE ABRIL, QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, PRESTANDO ATENCIÓN A LOS CONTENIDOS MÁS CRÍTICOS, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y TOMAR MEDIDAS CORRECTORAS SI FUERA NECESARIO, DIRIGIDA A LA SEÑORA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS

La señora PRESIDENTA: Hemos finalizado las comparecencias y ahora pasamos al debate de las interpelaciones. La 83, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre si entre los propósitos que se marca a partir de ahora el Gobierno está el seguimiento de las medidas recogidas en el Decreto 46/2025, de 21 de abril, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, prestando atención a los contenidos más críticos, para garantizar la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia y tomar medidas correctoras si fuera necesario. Esta interpelación va dirigida a la señora consejera de Bienestar Social.

Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario. La señora Máñez.

La señora MÁÑEZ RODRÍGUEZ: Señora Delgado, seguimos hablando de dependencia, seguimos hablando de los derechos de las personas en situación de dependencia. No hablamos de trámites ni hablamos de estadísticas, sino de vidas que dependen de la gestión de su consejería y de las decisiones políticas de este Gobierno. Un Gobierno que aprobó un nuevo decreto de reconocimiento de la dependencia, que está en funcionamiento desde el mes de mayo y desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos querido esperar un tiempo prudencial para hacer una valoración de los resultados y el impacto que está teniendo este decreto.

Hay que recordar que este decreto nació sin diálogo real, porque lo que ustedes en su momento llamaron participación fue el trámite administrativo de información pública, además por urgencia, siete días para alegaciones. Este atropello ha sido recurrido por sus compañeros y compañeras de los colegios de trabajo social y han presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, porque es un atropello para las personas en situación de dependencia y sus derechos.

Vamos a analizar la solicitud, señora Delgado, y la solicitud es larga y compleja. Yo me he puesto a mirarla con detenimiento. Personas mayores, vulnerables, con limitaciones cognitivas, con necesidades de apoyo se enfrentan a un formulario complejo, donde les piden gran cantidad de datos, datos sanitarios, datos familiares, sin aclarar ni el cómo ni para qué se van a usar. Eso genera dudas, reticencias y en muchos casos puede conllevar el abandono de la solicitud. Yo les pido que se pongan en su lugar. Alguien vulnerable no puede ser convertido en gestor y responsable de trámites que no entiende. Su obligación, señora Delgado, es facilitarle la vida, no complicársela aún más.

En segundo lugar, el trámite ya de valoración, lo que antes se hacía el grado y el PIA, ahora en una sola visita de hora y media, en hora y media se tiene que hacer todo el trámite, porque es la instrucción de la consejería. La persona tiene que decidir qué servicio, qué prestación quiere, sin tiempo para informarse, para contrastar, se le obliga a elegir los servicios, se le fuerza a elegir en circunstancias de estrés y sobrecarga emocional.

Nos han trasladado casos -porque nos hemos reunido con los colegios, con los comités para ver cómo estaba funcionando el decreto- de personas que no han podido facilitar el IBAN en el momento de la visita y los han descartado para la opción de la prestación económica vinculada al servicio, o personas hospitalizadas que se les envía un requerimiento a su casa, en la que no están, y ven caducar su expediente. Se fuerza al personal también, porque todo tiene que estar tramitado, terminado, mandado, transferido en esa hora y media de trabajo en el domicilio, sin poder contrastar las circunstancias de la persona, si hay elementos que requieren una nueva valoración.

Y las consecuencias son dramáticas y verificables objetivamente con los datos del Imserso: 1613 personas desaparecidas del sistema.

Las prestaciones vinculadas al servicio, que según la ley son excepcionales, se han incrementado un 65 % en lo que va de año, de 15 000 en enero a 25 611 personas. En octubre ya suponen el 37 % del total. Vamos a llegar a un momento en el que la mayoría del sistema de la dependencia en Canarias está sostenido por las prestaciones económicas, también las prestaciones por cuidado familiar. En definitiva, señora consejera, usted está colocando el sistema en Canarias como un modelo low cost. Se reconocen derechos que después no pueden ser ejercidos, se les oferta, se les obliga a tomar soluciones que convienen más a la Administración.

Este Gobierno presume ahora de incrementar de forma absolutamente única el número de PIA. Lo criticábamos cuando no lo hacía. Los PIA son importantes, pero usted oculta, omite la otra parte de esa realidad: detrás de todos esos PIA que están aprobando hay 15 505 personas que tienen el PIA, pero no lo pueden hacer efectivo. Se han incrementado un 96,32 % las personas que en Canarias no pueden hacer efectivo... ¿Para qué les sirve ese derecho si al final van a seguir en un limbo del que no van a poder salir?

Y se lo vuelvo a decir: no ha puesto ni un solo euro en el presupuesto deL 2026 para que se puedan abrir nuevas plazas. Ningún cabildo va a poder abrir plazas, plazas que muchos ya tienen disponibles, que son necesarias para reducir esa falta de recursos, y mientras tanto, claro, vamos a lo barato, vamos a seguir dando prestaciones o bien que cuiden los familiares, que suele ser mayoría de mujeres.

Estos no son los presupuestos ajustados a las necesidades de los canarios y canarias del que presumía el señor Clavijo, cuando tenemos un déficit de 9000 plazas sociosanitarias. Y usted no es responsable de lo de atrás, pero sí de lo de aquí en adelante, y es responsable de que no se hayan abierto plazas en 2025, que hay plazas disponibles para 2026 y que no se van a abrir porque usted no ha puesto ni un euro.

El plazo de tres meses, señora consejera, es bastante lesivo. ¿Qué va a pasar con esas 15 000 personas si no pueden hacer efectivos los recursos en el plazo de tres meses? Sus compañeros y compañeras de trabajo social lo han definido como maltrato institucional.

Mire, en marzo este Parlamento aprobó una moción a instancias del Grupo Parlamentario Socialista -también la apoyaron los grupos que apoyan al Gobierno-, donde pedíamos que se creara una mesa de seguimiento con los trabajadores, con los colegios, con los cabildos, con el tercer sector, porque es lógico que ante un nuevo modelo surjan dificultades que tienen que irse resolviendo, y esa mesa que aprobó este Parlamento a día de hoy usted no la ha puesto en marcha. Le exigimos que cumpla con el mandato de este Parlamento; si no, yo no sé para qué aprobamos aquí mociones y PNL si después el Gobierno desde luego hace oídos sordos a la voluntad de este Parlamento.

Vamos a incluir una enmienda en el presupuesto para modificar lo de los tres meses, le pedimos que simplifique la solicitud, que respete las preferencias, que ponga recursos y plazas, porque sin oferta no hay derechos efectivos. Proteja al personal, señora Delgado. No se trata de mejorar datos en el informe del Imserso, se trata de vidas; no se trata de priorizar gestión administrativa, se trata de priorizar a las personas, hablamos de personas, de sus derechos y no de meras estadísticas. Ponga en marcha esa mesa, que estamos a tiempo de corregir las consecuencias nefastas de este decreto.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Máñez.

Señora consejera de Bienestar Social, tiene la palabra.

La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Señora presidenta, señores diputados, señora diputada.

Señorías, agradezco la oportunidad de poder explicar con claridad qué está consiguiendo este nuevo decreto de dependencia, qué pretende, cómo lo estamos siguiendo y qué medidas estamos dispuestos a adoptar si algo no funciona como debe.

El punto de partida es conocido por todos, durante años hemos sufrido en Canarias un sistema de reconocimiento de la dependencia que era formalmente muy garantista, pero que en la práctica llegaba tarde a demasiadas personas. Teníamos un procedimiento en dos fases, cuando ya el consejo territorial de la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal estableció en el año 2012 que se tenía que hacer en un único procedimiento, o sea, monofásico y no bifásico. Esas dos fases, de reconocimiento del grado y segunda fase para elaborar el programa individual de atención, entre una y otra podían pasar nueve, diez y once meses y las personas y sus familias seguían esperando. Sabemos que no se generaban solo incomodidades administrativas, hablamos de personas, como usted bien ha dicho, que sencillamente no llegaban a ver reconocido en vida un derecho que tenían. Por eso el Decreto 46/2025 introduce lo que ya han introducido la mayoría de las comunidades autónomas, un modelo en una sola fase, es decir, en un único procedimiento y sobre todo en una única visita a domicilio, donde se recaba la información, se aplica el baremo, se propone el PIA y se deja encarrilado el expediente. Se puede terminar después, no hace falta terminarlo en el domicilio. No se trata de recortar fases de reflexión técnica, sino de evitar duplicidades que alargaban de forma injustificada los plazos y generaban una lista de espera que nadie en esta Cámara puede considerar aceptable.

El nuevo modelo se apoya, además, en una modernización tecnológica que ya se está implantando. La aplicación del baremo y la propuesta de PIA se realiza directamente por los profesionales en la visita, lo que permite obtener el grado de dependencia en el mismo momento y reduce notablemente la carga burocrática interna del procedimiento. Donde antes teníamos idas y venidas de papeles, ahora tenemos datos registrados en tiempo real, con trazabilidad y con mayor seguridad jurídica.

La interpelación pregunta precisamente si el Gobierno piensa hacer un seguimiento riguroso de las medidas del decreto, prestando atención a sus aspectos más críticos y corrigiendo lo que sea necesario. La respuesta a su señoría es que sí. El seguimiento se está haciendo a diario desde la Dirección General de Dependencia y, además, de forma absolutamente transparente se refleja en las estadísticas del Istac, accesibles y comparables para cualquiera. Ahí vemos con datos objetivos que estamos cumpliendo con el objetivo fundamental del decreto, que es reducir los tiempos de espera y hacer efectivo el derecho en plazo razonable.

Permítanme responder ahora a una de las preocupaciones que se han planteado. Se afirma que el nuevo modelo desplaza la carga burocrática hacia las personas más vulnerables. No compartimos ese diagnóstico, señora diputada. La documentación que tiene que aportar una persona para solicitar el reconocimiento de la dependencia es prácticamente igual a la que ya se exigía, lo que cambia es el modo en que la Administración organiza su propio trabajo. A la persona usuaria le pedimos lo mismo, con la ventaja de que resolvemos tras una única visita, sin obligarla a esperar meses a una segunda valoración y otros tantos para que se haga efectiva la prestación o el servicio reconocido en su día.

Otra preocupación que se ha trasladado es que parte del personal... (ininteligible) sobre su papel profesional, en este caso de los colegios oficiales de trabajo social. Es lógico que cualquier cambio organizativo genere incertidumbre. Quiero dejar claro que este Gobierno reconoce y valora el papel fundamental que tienen los trabajadores y las trabajadoras sociales en el sistema de la dependencia. Lo que hace el decreto, siguiendo la normativa básica estatal, es sustituir la referencia exclusiva al informe social por un informe de entorno, que puede ser elaborado por distintos perfiles profesionales, por supuesto técnicos, niveles técnicos, manteniendo por supuesto un papel central el trabajador social o trabajadora social. Esto nos permite contar con equipos más amplios en un contexto de escasez de profesionales sociosanitarios, que no solo afecta a Canarias, sino a todo el Estado español e incluso a Europa.

Se ha dicho también que al unificar en una sola visita la valoración del grado y el PIA se degrada la calidad de la atención y se impide un análisis profundo y reflexivo. Tampoco compartimos esa conclusión. Calidad no es sinónimo de hacer dos visitas porque sí, calidad es que el profesional disponga del tiempo suficiente antes de la visita y posteriormente a la visita, con herramientas adecuadas y formación, para conocer la realidad de la persona y su familia, tomar una buena decisión y revisarla cuando cambien las circunstancias. Las ratios que hemos establecido, en las que se prevé que cada profesional realice dos visitas diarias, son asumibles y permiten realizar el trabajo con garantías, sin prisas ni improvisaciones. Y, por supuesto, si en un caso concreto se requiere recabar más información o revisar un PIA, el sistema lo permite.

En cuanto a la adaptación del personal, no estamos negando que el cambio exige esfuerzos. Lo que estamos haciendo es acompañarlo con formación, instrucciones claras, soporte técnico y espacios de intercambio. Y puedo decirles con los datos que ya manejamos que la transición del modelo bifásico al monofásico se está realizando con normalidad y que la gran mayoría de los profesionales están respondiendo con responsabilidad y con una notable capacidad de adaptación.

Quiero aquí hacer una reflexión de fondo. A veces se contrapone una supuesta calidad exquisita del modelo anterior con los riesgos del actual, pero, señorías, eso no es así. ¿Qué calidad real tiene un sistema que permite que un número importante de personas fallezcan antes de que concluya su procedimiento de reconocimiento de la dependencia? De poco sirve en un procedimiento muy solemne sobre el papel si resulta ineficaz e ineficiente y no llega a tiempo a quien lo necesita. El nuevo decreto mantiene todas las garantías de derechos del anterior y las refuerza precisamente al acortar los tiempos de respuesta y asegurar que los servicios llegan dentro de los plazos legalmente establecidos.

Vamos a hacer un seguimiento especial, por supuesto, lo estamos haciendo ya, con datos mensuales, con evaluación interna y con... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Señora Máñez, su tiempo de réplica.

La señora MÁÑEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Señora consejera, le vuelvo a insistir, ¿cumple el mandato del Parlamento? Si eso es así, cree la mesa, que seguramente las compañeras, trabajando in situ, compartiendo la información, va a lograr mejorar el sistema.

Mire, tampoco llega ahora. ¿Cómo define usted que 15 505 personas no puedan acceder a un derecho? Ese es el nuevo limbo de la dependencia en Canarias, se ha incrementado en un 96,32 %, las personas que en Canarias tienen su PIA, pero no pueden hacer efectivo el derecho. Si usted no es capaz de garantizar que hay recursos, que hay servicios, de nada sirve esa PIA. Por lo tanto, el modelo tiene déficits importantes y no los resuelve en el convenio con los cabildos, no los resuelve tampoco poniendo el dinero para las plazas que están disponibles. Mire, van a seguir aumentando las prestaciones por cuidado familiar. Ese es el otro drama, la precarización, porque son las prestaciones baratas. Canarias tiene un sistema low cost de dependencia, precario, basado en prestaciones, que es la excepción según la ley. El 96,32 %.

Mire, otro problema que tampoco ha resuelto usted: las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio están recortándoles las horas a los usuarios y usuarias porque usted no ha vuelto a incrementar el precio de las prestaciones. ¿Quién lo incrementó? El pacto de las flores en 2023, y aquí está el Boletín Oficial de Canarias donde consta ese incremento. Tiene que incrementar las cuantías máximas porque ahora mismo se está abandonando el servicio de ayuda a domicilio, con personas que antes recibían unas horas y ahora reciben menos porque no se ajusta a los precios.

No se está atendiendo en función de las necesidades de las personas, sino en función de las necesidades burocráticas, administrativas, para usted colgarse la medalla de que está reduciendo tiempos, de que está incrementando los PIA, cuando la calidad de la atención está empeorando de forma dramática.

Las instrucciones se dan por WhatsApp, no hay instrucciones estandarizadas, a golpe de WhatsApp, a golpe de presión, de que sí, que en hora y media tiene que estar cerrado. Hay errores, grados que están erróneos. Y no culpo a las trabajadoras, porque, ¿cuál es la formación que les dan?, un día y tres días de visita. Eso no es suficiente cuando hay un nuevo modelo que se ha implantado. Los errores no son culpa de los trabajadores y trabajadoras, son culpa del modelo, son culpa de las presiones, son culpa de las ratios, son culpa de que todo tiene que estar en esa hora y media.

Derechos de papel, en eso se está convirtiendo la dependencia en Canarias, unas estadísticas que lo que esconden es abandono, listas de espera y 15 000 personas, y creciendo, sin acceder a los derechos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Máñez.

Señora consejera de Bienestar Social, para finalizar la interpelación.

La señora CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -que tampoco podrán decir que es alineado con esta consejería-: Canarias es la comunidad autónoma en la que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación, 22,1 %; Canarias es la comunidad autónoma en la que más se incrementan las personas con derecho a una ayuda, 25,2 %. Se observa, asimismo, según el informe, una reducción de 105 días en el número de días en que se tarda en tramitar la dependencia, también es la comunidad autónoma que más mejora en este ámbito. Por su parte, aunque la lista de espera aumentó más de un uno coma ocho en toda España, en Canarias se ha reducido en un menos 21,9 %, lo que supone bajarla en 6564 personas.

Esto significa que esos cambios estructurales que estamos impulsando ya han mejorado ese ritmo de resolución en plazos, con un objetivo muy sencillo: que ningún derecho se pierda por descontrol administrativo y que las personas dependientes en Canarias sean atendidas antes y mejor.

Y, efectivamente, ha habido problemas con las empresas de ayuda a domicilio, sí, y por eso decidimos que esta comunidad autónoma iba a llevar el servicio de ayuda a domicilio, centralizado, dependiente directamente de esta consejería. ¿Por qué?, porque había islas en las que ni siquiera..., no que se bajara el número de horas, es que ni siquiera había empresas que prestaran el servicio. Con lo cual, se quedaban en ese limbo, en ese limbo de la dependencia, donde hay muchas personas, más de ocho mil, que heredamos, heredamos.

Este Gobierno sí tiene una cosa muy clara: vamos a rechazar con claridad las afirmaciones que se han realizado, porque, fíjense, gente opuesta totalmente a nosotros, o que puede estar opuesta totalmente a nosotros, nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bien. Evidentemente, hay que mejorar, por supuesto que hay que mejorar, y si a mí me mejoraran la financiación, si mejoraran la financiación de la dependencia de todos los canarios y las canarias, evidentemente podríamos dar un muchísimo mejor servicio, por supuesto que sí.

Y yo lo que sí quiero es que no dañemos la confianza de miles de familias que hoy nos están escuchando y que bastante tienen ya con la situación que vive cada una en su casa. Se nos ha acusado poco menos de hacer un recorte encubierto de derechos, y eso es rotundamente falso. Hemos cambiado el procedimiento, la forma de tramitar, para que las personas lleguen antes a los recursos, pero no es cambiar sus derechos... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.