Diario de Sesiones 104, de fecha 14/1/2026
Punto 1

11L/PL-0015 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

La señora PRESIDENTA: Por tanto, empezamos con el orden del día del pleno. El primero, el proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tiene dos enmiendas a la totalidad, una del Grupo Parlamentario Nueva Canarias y otra del Grupo Socialista Canario.

Inicia su intervención la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Tiene la palabra, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Buenos días, presidenta. Muchas gracias. Buenos días, señorías.

El Gobierno de Canarias asumió al principio de esta legislatura un reto, entre otros, que era el de, como compromiso, traer a este Parlamento un nuevo marco normativo que dotara de estabilidad, de seguridad jurídica y también de plena operatividad al servicio público audiovisual de Canarias. Hoy podemos decir que damos por cumplido ese paso del Gobierno de Canarias, iniciamos otra etapa dentro de esta sede parlamentaria, que es la que debe llevar a su aprobación definitiva.

El proceso de elaboración de esta ley ha sido riguroso y transparente. Comenzó el 4 de marzo de 2024 con esa aprobación del informe sobre su oportunidad, objetivos y principios generales dentro del Consejo de Gobierno. Posteriormente, se recabaron los informes departamentales y el 20 de enero de 2025 se sometió a información pública, teniendo un plazo para presentar alegaciones hasta el 14 de febrero de ese mismo año. El 10 de diciembre, hace escasamente un mes, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, este que hoy traemos a lectura única, y hoy, 14 de enero, como decía, lo podemos someter ya a la cámara del Parlamento. A partir de ahora corresponde a sus señorías, a los grupos parlamentarios, culminar un proceso de diálogo y definir el texto definitivo que tendrá esta norma.

Esta ley tiene por finalidad un objetivo claro: regular de forma ordenada la asunción, la prestación y el control del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, y hacerlo con el máximo rigor jurídico. Se trata de un texto sólido, el que presentamos hoy, estructurado en 4 títulos, 44 artículos y un conjunto de disposiciones que garantizan su coherencia y su seguridad jurídica. Además, el proyecto cuenta con todos los informes preceptivos, el del Consejo Consultivo y también el del Consejo Económico y Social, que hace una serie de apreciaciones que pasaré a detallar, algunas de ellas, algunas de esas observaciones, la mayoría recogidas y en otras consideramos que se mantiene más el rigor del texto como lo hemos mantenido.

En este sentido, el texto se adecua a las observaciones, en lo que se refiere a la exposición de motivos, a los artículos 10, 17 y 18, apartado 3, así como a las disposiciones adicionales primera, tercera y sexta y a la transitoria segunda. No así en lo que se refiere al artículo 13, ya que el dictamen del Consejo Consultivo establece o considera que el mandato de la Junta de Control y el mandato del Parlamento no deben coincidir. Esa coincidencia no es una apreciación jurídica ni es ninguna infracción de la norma; de hecho, no contradice el reglamento comunitario, que no prohíbe que coincidan ambos mandatos, y consideramos desde el Gobierno y desde la redacción jurídica del texto que se garantiza la representatividad democrática de la Junta de Control haciéndolos coincidir y, por lo tanto, se respeta el principio del pluralismo democrático.

En lo que se refiere a los apartados, a los artículos 14.1 d) y 19.3 c) y a las apreciaciones hechas por el Consultivo, no compartimos que el cese anticipado de los miembros de la Junta de Control o de la Dirección General responda a motivos discrecionales, ya que el cese solo puede producirse cuando se produce el incumplimiento de algunos de los requisitos por los que fue nombrado y, en el caso del director general, además se añade que se le da audiencia al interesado para que pueda garantizar su derecho a defender la aptitud o la idoneidad del mismo.

Y la última apreciación que se hace respecto al artículo 20, no consideramos conveniente suprimirla, porque es un caso, aunque sea un caso excepcional, puede darse en el transcurso del tiempo, de hecho, se ha dado. Puede ser que el Parlamento, por las razones que sean, no pueda elegir a los miembros de la Junta de Control y en este caso será el director general, que, además de asumir sus funciones, asumirá las de la Junta de Control de manera excepcional y temporal, con el control parlamentario. Esto ya, como ustedes sabrán, ha sucedido en el pasado y de ahí las figuras que tuvieron que crearse de administrador único o de administrador general.

Este texto además, antes de ser sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno, como decía en diciembre, se sometió al diálogo social con el sindicato mayoritario de la televisión pública, que hizo dos apreciaciones al texto que fueron incorporadas. Por un lado, la garantía de que la producción y la edición de los programas informativos no se cediera a terceros, algo que se ha incorporado al texto, y la clarificación del régimen de subrogación del personal, atendiendo, por supuesto, a las legítimas preocupaciones de los trabajadores, que también se incorpora a lo largo del propio texto.

Señorías, como decía, esta ley responde a tres grandes objetivos. En primer lugar, adaptarnos al nuevo marco normativo estatal y europeo, alineándonos con el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación y con la Ley General de Comunicación Audiovisual, por lo tanto, legislando de acuerdo con la realidad jurídica y tecnológica, que ha ido cambiando profundamente al sector; en segundo lugar, para superar la parálisis institucional, ha quedado demostrado a lo largo del tiempo que la ley de 2014 ha sido ineficaz, se ha modificado en siete ocasiones y, además, ha requerido cuatro decretos leyes para poder paliar un bloqueo que ha impedido durante once años la designación de sus órganos de gobierno y durante una década la aprobación del mandato marco; y, en tercer lugar, para garantizar una nueva regulación que aporte estabilidad, seguridad jurídica y operatividad, el servicio público no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos según vaya pasando el tiempo, tiene que haber una ley clara que dé seguridad jurídica y duradera en el tiempo.

Todas estas circunstancias, que forman parte del diagnóstico realizado en primer lugar, constatan objetivamente el fracaso del modelo configurado por la ley precedente -esta que a partir de hoy dejamos atrás- y justifica la necesidad de afrontar una nueva regulación para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual.

Sobre la primera cuestión, la del fracaso del modelo, el transcurso del tiempo, como decía, más de diez años desde la entrada en vigor de la ley general y seis desde la regulación que mandata los órganos actuales, sin que se haya podido poner en marcha ninguna de las instituciones esenciales, deja claro que se produce un fracaso institucional, pero también un bloqueo orgánico de los mismos. Evidencia, por lo tanto, la situación crítica a la que se ha sometido durante todo este tiempo al medio audiovisual. En segundo lugar, la segunda cuestión, la necesidad de afrontar la nueva ordenación, resulta evidente la situación de bloqueo y que su excesiva prolongación en el tiempo afecta al servicio público cualificado.

Por tanto, siguiendo en este caso el mandato del Constitucional, queda claro que el servicio público es un servicio de interés social manifiesto que, al gestionar medios de comunicación, debe regularse de manera clara y duradera.

El diagnóstico quedaba claro y queda constatado: se hace precisa una nueva regulación que permita garantizar de forma ordinaria y permanente en el tiempo la prestación del servicio público.

Por todo ello, señorías, esta ley que se trae hoy aquí a lectura única no es una opción, sino una necesidad, y una necesidad y un reto que afrontó este Gobierno desde el primer momento. Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permita garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Tiene la palabra, en primer lugar, uno de los grupos enmendantes, Nueva Canarias-Bloque Canarista. Señora Hernández Jorge.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Feliz 2026. Y bienvenidos y bienvenidas a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Radiotelevisión Canaria.

Año nuevo, cacicada nueva. Hoy este Parlamento no decide solo sobre una ley, decide si se pliega o no ante un retroceso democrático, porque lo que se nos trae hoy aquí no es una simple reforma técnica de una norma, es -y conviene decirlo claro y sin rodeos- un proyecto de ley ilegal y antidemocrático, una norma que vulnera la Constitución española, que atenta contra un derecho fundamental, el control parlamentario de los medios de comunicación, que quiebra, por tanto, los principios básicos del pluralismo social y político. Y no lo dice solo este grupo parlamentario, lo dice el Consejo Consultivo, el órgano que ustedes mismos eligieron para velar por la legalidad de lo que aquí se aprueba. Pero ya sabemos cómo funciona esto: cuando el dictamen conviene, es decisivo, es norma por imperativo legal; cuando no interesa, es solo orientativo o consultivo.

No seamos ingenuos, señorías, hoy no debatimos una simple ley, hoy debatimos quién controla la televisión canaria, quién manda, a quién sirve y con qué objetivos. Porque este proyecto no nace para reforzar el servicio público, ni siquiera nace para modernizarlo, tampoco para adaptarlo al marco normativo europeo ni estatal, aunque así se intente disfrazar, como ha hecho hoy el Gobierno en la exposición de motivos, nace para algo más sencillo: hacer la Radiotelevisión Canaria más cómoda al poder político, más útil al Gobierno y, concretamente, más útil a Coalición Canaria justo cuando se acerca el periodo electoral. El verdadero motivo de que el Gobierno impulse esta ley es que la quieren secuestrar, ponerla al servicio del señor Clavijo. La verdad es que es un buen regalo de reyes para ustedes, señor Clavijo.

Y hoy hablan ustedes de bloqueo institucional, la gran excusa, la coartada perfecta, pero la realidad es que esta ley no desbloquea nada, lo dice el Consultivo con claridad meridiana, textualmente, el bloqueo no se resuelve, se reproduce. Eso sí, se reproduce con una ventaja sustancial para el Gobierno: todo el poder se concentra en una sola persona, designada por el Gobierno, como decía, sin contrapeso, sin control parlamentario, sin control de los profesionales. En definitiva, proponen una norma que se carga de un plumazo los mecanismos de fiscalización interna, es decir, la Junta de Control, y de participación parlamentaria, en un servicio de comunicación audiovisual. Esto es anticonstitucional.

Y por eso nuestra primera razón para rechazar esta ley es porque supone un profundo retroceso democrático. Se vacía de contenido el control parlamentario; desaparece el mandato marco, que es obligatorio y aprobado por mayorías reforzadas hasta ahora, pasará a ser algo solo potestativo; se sustituye la deliberación plural por la imposición de una mayoría absoluta, la del Gobierno; la Junta de Control, ese máximo órgano de gobierno del ente, se debilita al restarle competencias, y, lo más grave, no hay garantía ni plazos determinados para que se conforme la Junta de Control. En eso ha sido muy crítico el Consejo Consultivo, artículo 20 -le recomiendo a todas las señorías que lo lean-, artículo 20, primer párrafo. Esto es anticonstitucional. En esto no se trata de eficacia ni de eficiencia, es darle a una persona plenos poderes de gestión, de contratación, de línea editorial, todo. El señor Toledo va a ser omnipresente y omnipotente. Y, miren, la historia democrática nos dice, nos ha dejado una lección: las democracias no se erosionan solo con golpes abruptos, sino también con pequeñas renuncias institucionales, quitar contrapesos temporalmente, concentrar el poder por eficiencia, sustituir órganos colegiados por órganos unipersonales para dar más agilidad... ¡Siempre hay una excusa! Por tanto, defender hoy una radiotelevisión pública con contrapesos no es una cuestión exclusivamente técnica, es una cuestión de democracia; sin control parlamentario, sin Junta de Control, la radiotelevisión pública deja de cumplir su función democrática básica para garantizar un servicio y una función fundamental, que es que la ciudadanía tiene el derecho de recibir una información plural, veraz e independiente. Y este Parlamento está obligado a velar por que el medio de comunicación que entra cada día en los hogares canarios no responda a los intereses de ningún partido político, de ningún Gobierno.

La segunda gran razón por la que hemos presentado una enmienda a la totalidad tiene que ver con que esta ley no desbloquea nada. No desbloquea nada, es una excusa, simplemente es una excusa. Miren, no hubo acuerdo en el mandato anterior, es verdad, en la legislatura anterior, ¿qué han hecho en esta legislatura para buscar consenso? Nada. No han intentado el consenso, es más, no han buscado ninguna fórmula democrática para reforzar los mecanismos parlamentarios. Proponen hoy una solución muy simple, pero muy peligrosa, que es, miren, como no hay consenso, consenso que no han intentado conseguir, le quito el poder al Parlamento.

Miren, como van a decir que la culpa es del Partido Socialista y de Nueva Canarias, en nuestra enmienda les proponemos una solución, una solución democrática: vamos a constituir una Junta de Control, con un miembro de cada grupo parlamentario, uno, y luego, en función de la representatividad, es decir, en función del respaldo electoral, se amplía con base en los criterios de proporcionalidad, de manera que la junta, en vez de tener siete, puede tener once o trece. Como no cuesta dinero, ustedes le han quitado cualquier financiación a la junta, ¿qué problema hay? Claro, esta es una solución democrática. Esto no cuesta nada, señor Clavijo, esto es una solución democrática, y para querer soluciones democráticas hay que ser un verdadero demócrata. (Palmoteos).

La tercera razón es que esta ley, este proyecto de ley, pone en riesgo de manera grave la independencia editorial y profesional, porque cuando una sola persona concentra todo el poder, cuando desaparecen los consejos de informativos, ¡se han cargado los Consejos de Informativos!, los han diluido en el Consejo Asesor... Por cierto, un Consejo Asesor que tampoco tiene plazo de constituirse, es decir, que aquí no hay plazos para constituir ni consejos asesores ni Junta de Control. Lo único que es claro es que el señor Toledo va a ser omnipotente y omnipresente. Por cierto, le suben la capacidad de contratación a un millón y medio. ¿Saben cuánto puede contratar el director general de Telemadrid? 600 000, hasta 600 000, con 94 millones de presupuesto, bastante más que el canario, que tenemos algo más de sesenta. ¿Saben cuánto puede contratar el director general, el presidente de Radiotelevisión Española, con 1200 millones de presupuesto, es decir, con veinte veces más, el presupuesto, que la televisión canaria? 2 millones. Y ahora resulta que le damos al director general hasta un millón y medio y, si no se crea la Junta de Control, que no hay garantías de que se cree, este señor, de manera sine die... Por lo menos hasta que acabe la legislatura, nosotros cambiaremos esta ley, evidentemente, esperamos mejorarla en el proceso de enmiendas, pero conociendo al Gobierno tengo muy pocas esperanzas. Además, esta es una ley que no garantiza la constitución de los Consejos de Informativos, como decía, que externaliza o que abre la puerta a la externalización del servicio público de informativos. Nosotros creemos que esto no se puede aceptar. Debemos garantizar que los servicios informativos sean cien por cien públicos en todo el proceso, desde la producción, edición y la emisión.

Por tanto, aquí lo que se busca es controlar la Radiotelevisión en el periodo preelectoral y ponerla al servicio de Coalición. Esto es algo que hacen algunos gobiernos que no son democráticos, es la realidad, y esto es terrible en un momento donde la democracia más que nunca necesita ser reforzada.

Decía también que se abre la puerta a la externalización, porque, aunque es cierto que de manera ambigua se redacta que los informativos van a ser públicos, entendemos que, por experiencia de otras comunidades como Galicia, la redacción ambigua deja abierta la puerta a externalizaciones y presentamos en la enmienda la totalidad que se cierre esa puerta.

Luego, importante la enmienda que hacemos a la disposición adicional séptima, que abre la puerta a las subrogaciones obligatorias del personal. Decimos alto y claro, hay que hacer desaparecer del texto cualquier mención a subrogaciones obligatorias y dejar claro a través de una cláusula específica que se protege el empleo estable de los y las trabajadoras de la Radiotelevisión Canaria. (Palmoteos). Esto para nosotros es un elemento sustancial e imprescindible para garantizar la independencia editorial. Un profesional -lo hemos dicho- con miedo a perder su puesto de trabajo no puede ejercer sus funciones de manera libre y, si un periodista, un informador no ejerce sus funciones de manera libre, se quiebra la independencia editorial, que es un principio constitucional básico. Por eso creemos que esta ley, además de porque lo dice el Consultivo en sus conclusiones... Por cierto, nunca he visto un informe del Consultivo, por lo menos en las últimas dos legislaturas, tan contundente contra el Gobierno.

Por todas estas razones, porque no hacen mención al papel de la radio, porque no blindan el control parlamentario, porque no garantizan el pluralismo, la independencia editorial, no aseguran la constitución efectiva de la Junta de Control, de los informativos, como decíamos, y porque no dan estabilidad a los trabajadores, rechazamos esta ley para que sea una nueva ley con participación social de los y las trabajadores del sector audiovisual.

Y acabo diciendo que la Radiotelevisión Canaria es la voz que conecta a canarias y canarios de las ocho islas, a barrios, a generaciones, que es identidad como pueblo, y por eso no puede ser propiedad de ningún Gobierno ni una herramienta de propaganda ni un negocio externalizable. La Radiotelevisión Canaria es orgullo de los canarios y canarias, es patrimonio de nuestro pueblo y así debe seguir siendo.

Gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hernández.

Grupo Socialista Canario. Señora Fierro Díaz, su tiempo.

La señora FIERRO DÍAZ: Señorías, presidenta, presidente, trabajadores, trabajadoras de la Radiotelevisión pública canaria, buenos días.

Hoy, hoy es el primer día que escuchamos al Gobierno dirigirse a quienes representamos a la ciudadanía de Canarias de forma legítima y tras mandato electoral, hablarnos, contarnos cuál es su propósito con este proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias. Hoy, hoy quieren superar las faltas de consenso con imposiciones y con urgencia, una aspiración legislativa que es clave, que no sale de los grupos parlamentarios, ni tan siquiera se tiene en cuenta a los grupos parlamentarios.

Fíjense, hubo un tiempo en Canarias en el que había cuestiones nucleares que previamente eran compartidas por los grupos que aquí estamos representados, hubo un tiempo en el que al menos se intentaba, hubo un tiempo en el que al menos se respetaban las formas. Insisto, en asuntos nucleares como este, y está hablando el principal partido de Canarias, el que tiene el mayor respaldo social de las islas. Pero no, llegó el modo Clavijo, su mejor versión, la versión 2023, versión mejorada de 2015. Usted, señor Clavijo, nos llama siempre para hacer frentes contra Madrid, pero para lo de aquí, para lo que nos importa, ¡no nos llama nunca! (Palmoteos). Ahí es donde radica su trilerismo político, señor Clavijo. Usted nos pide consensos para lo que usted piensa que son grandes temas, pero lo de aquí usted lo convierte en portazos a este Parlamento. Esa es su versión mejorada, que consiste precisamente en silenciar a la oposición a su Gobierno, en intentar acallar a quien representa el mayor número de ciudadanos o en venderse, eso sí, como un hombre de diálogo y de consenso, mientras revienta los controles parlamentarios a la Radiotelevisión pública canaria. (Palmoteos).

Para lo único que usted tiene prisa, la Radiotelevisión pública canaria, se consuma la trayectoria de esta legislatura desde su primer decreto. El primer decreto de urgente necesidad, controlar la Radiotelevisión pública canaria, quitarle competencias a este Parlamento, y ustedes hoy lo consolidan con este proyecto de ley, la ley Clavijo. Usted, que elige al director general y ahora le da plenos poderes para hacer y deshacer bajo su mandato, bajo su gusto, señor Clavijo, para nombrar a los directivos y gastarse poco menos que todo lo que le dé la gana sin control. Barra libre de contratos de hasta un millón y medio de euros, un millón y medio de euros por parte del director general. ¿Saben cuántos contratos hay por esta cantidad en la Radiotelevisión Canaria a fecha de noviembre de 2025? Uno, uno de 251. Esto quiere decir que el señor director general, propuesto por el presidente del Gobierno, se gastará en contrataciones lo que le dé la gana. Esto es la ley Clavijo. Ustedes, que han llevado a la Radiotelevisión Canaria a la mayor crisis interna que se recuerda, que cambiaron los mecanismos de designación poniéndolos directamente bajo su señalamiento, que se les ha ido la administradora general, la de Dirección de Informativos, la de Producción, que introducen la figura de comisario político para controlar todo el contenido informativo que se emite en todas las franjas horarias en la Radiotelevisión pública canaria, un señor dedicado a eso...

Y ahora dirán -porque aquí ya nos conocemos todos-: "es que ustedes no confían en los trabajadores, que son los que hacen la Radiotelevisión pública canaria". Por supuesto, son el único patrimonio que tiene la Radiotelevisión pública canaria, que tenemos todos los canarios y canarias. Lo que pasa es que con sus cambios, con sus mecanismos de control y vigilancia han creado un sistema de presión insoportable para los trabajadores y trabajadoras. Ustedes, que han elevado al comisario político a jefe de los jefes de la Radiotelevisión pública canaria, el conocido como expulsado y espía del Partido Popular, ahora tragado, masticado y engullido por quien lo expulsó de su partido. (Palmoteos). ¡A ese mismo hoy ustedes le dan plenos poderes a través de la ley Clavijo!

Un proyecto de ley sin consenso y sin debate, con información pública reducida a veinte días y con un trámite parlamentario de urgencia, de urgencia. ¿Cuál es la urgencia?, ¿el control? Todo con la excusa de superar un bloqueo, en lo que podemos estar de acuerdo, superar la inoperancia de la ley actual. Pues bien, ¿qué tiene que ver la inoperatividad del ente para que se supriman los Consejos de Informativos? ¿Qué tiene que ver la inoperancia del ente para que la mayoría para elegir al director general sea de 36 y la Junta de Control de 42 votos en este Parlamento? ¿Qué tienen que ver los mandatos legislativos con el mandato de la Junta de Control y de la Dirección General? ¿Qué tiene que ver con la inoperatividad que no se establezca la obligatoriedad para informar a este Parlamento de los reglamentos que va a desarrollar el ente o que se informe al Consejo Consultivo? ¿Qué tiene que ver la operatividad o no de la ley con la inconstitucionalidad que... (ininteligible) el Consejo Consultivo de Canarias? ¿Qué tiene que ver? En definitiva, una norma que pretende superar los problemas derivados de la falta de consenso en la aplicación de la ley que vendría a sustituir que no ha sido consensuada ni intentado consensuar con nadie y que como receta para esta falta de consenso propone reducir mayorías parlamentarias necesarias para desarrollar la ley, reducir el peso del Parlamento dentro del ente, eliminar el órgano de control de los profesionales, los Consejos de Informativos, y fortalecer la vinculación del Gobierno en la Radiotelevisión pública canaria a través del director general. Este es el resumen de la ley. Bajo el pretexto del bloqueo, ustedes proponen menos control parlamentario, más implicación del Gobierno en el proceso de toma de decisiones, cero intenciones de proponer Junta de Control, ausencia de participación de los trabajadores y barra libre de contratos.

Esto es lo que decimos nosotros, pero es que el Consejo Consultivo va mucho más allá que nosotros, que no duda en señalar la inconstitucionalidad de determinados artículos. Y digo yo que ustedes, que están todo el día amenazando a todo el mundo con llevar a la justicia la amnistía, la financiación autonómica y no sé qué más, digo yo que ustedes no se van a saltar la ley. Bueno, en realidad ya lo han hecho con esto de los sueldos del Servicio Canario de Salud. (Palmoteos).

A cualquier demócrata que esté ahí sentado le darían vergüenza los señalamientos que hace el Consejo Consultivo de injerencia política y voluntad clara de control que hace el Consejo Consultivo de Canarias. Por ejemplo -la mayoría probablemente no se ha leído el informe, voy a hacer un pequeño extracto-, artículos 13, 14 y 19: "La duración ligada a la legislatura implica que cada cambio parlamentario provoca la renovación completa del órgano, lo que introduce una dependencia directa respecto a las mayorías políticas coyunturales y compromete la neutralidad institucional". Artículo 19: La previsión contenida en el artículo 19.4, párrafo segundo, del proyecto de ley resulta jurídicamente cuestionable; permitir que, en última instancia, la persona titular de una consejería del Gobierno de Canarias designe al sustituto interino del director general supone una injerencia directa del Ejecutivo en la gestión del ente público, vulnerando el principio de independencia funcional recogido en la Constitución española.

Este fin de semana escuchaba a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en A Coruña, en la Interparlamentaria del Partido Popular, hablar de la fiscalización, del control parlamentario, de la rendición de cuentas, del sistema de pesos y contrapesos. ¡Qué bonito!, ¡ustedes hoy van a votar reventar los controles parlamentarios a la Radiotelevisión pública canaria! (Palmoteos). No les dura la mentira ni veinticuatro horas. Otra más del Partido Popular de hacer una cosa y decir la contraria, ¿no, señor Domínguez?

Bueno, espero que en este tiempo que se inicia hoy tengamos tiempo para hablar. Lo deseo de corazón y aquí está la mano tendida del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista, de servicios informativos públicos, sin duda, sin titubeos, con términos claros que no nos lleven a problemas jurídicos posteriores, como ha ido en otras televisiones autonómicas, con un mínimo de horas en los servicios informativos, de los Consejos de Informativos y de los límites que debe tener un director general de la Radiotelevisión pública canaria. Estaremos en el diálogo, estaremos en el diálogo y esperamos encontrarnos en ese camino, no les quepa duda, pero estas formas no son las correctas, ni en la forma ni en el fondo.

Sus ansias de control, señor Clavijo, de los medios de comunicación desde el inicio de la legislatura ponen en riesgo un sistema público esencial y vertebrador de las islas, como es la Radiotelevisión pública canaria. Nuestro modelo está claro meridiano: servicio público de informativos, pluralidad y profesionalidad. Ojalá, ojalá que en el tiempo que nos queda, ojalá en este tiempo que nos queda esta ley sea menos ley Clavijo y más ley de todos los que estamos aquí representados.

(Palmoteos y aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fierro.

Tiempo de intervención para los grupos no enmendantes.

Inicia la intervención el Grupo Parlamentario Mixto-Agrupación Herreña Independiente. Cuando quiera.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías. También bienvenidos los representantes del ente que están hoy aquí y que nos acompañan.

Señorías, hoy debatimos un proyecto de ley que pretende superar una de las anomalías institucionales más prolongadas durante la historia de nuestra autonomía, que es la ordenación del servicio público de comunicación audiovisual y más exactamente su control parlamentario efectivo.

Conviene decirlo desde el principio y con claridad: esta ley surge porque durante años, demasiados años, no hemos sido capaces de hacer funcionar con normalidad el modelo previsto en la norma vigente y también porque esa falta de acuerdos ha obligado a encadenar soluciones que -todos estamos de acuerdo- han sido excepcionales, que nunca debieron convertirse en permanentes. La propia exposición de motivos reconoce esa realidad. Se ha funcionado en un régimen transitorio y provisional, confiando siempre en que ese bloqueo iba a ser temporal, pero la realidad definitivamente ha demostrado otra cosa. Y eso no lo dice un grupo político, lo dicen los hechos, lo dice la práctica acumulada durante muchas legislaturas y lo dicen también los propios informes jurídicos que han acompañado a esas sucesivas soluciones excepcionales adoptadas para garantizar la continuidad del servicio público.

El problema de fondo no ha sido la falta de normas, sino la falta de acuerdos políticos para poder cumplirlas y este proyecto de ley nace precisamente para ofrecer una salida plenamente democrática a esa situación. No podemos hablar de proyecto de ley Clavijo o de proyecto de ley del Gobierno cuando hoy estamos sentados en el Parlamento de Canarias, cuando hoy es la representación popular la que tiene la sartén por el mango y es la que va a meterle mano a este borrador de ley. Somos todos los que nos estamos sentando aquí los que tenemos la capacidad, como legisladores, de modular, modificar y presentar las enmiendas que consideremos necesarias. A ver si empezamos a tener altura de miras y empezamos a obrar en interés del servicio público y de los trabajadores.

La ley reafirma algo que hasta ahora es esencial, que el servicio público de comunicación audiovisual no es un servicio cualquiera, es un instrumento clave para poder garantizar el pluralismo político, social y también territorial, para reforzar la identidad canaria y para asegurar el derecho de la ciudadanía a una información que sea veraz y plural. Pero para que eso pueda ser real no basta con declaraciones de principios, hacen falta estructuras, hacen falta reglas claras y también hace falta un control parlamentario efectivo, que no es equivalente a un control de contenidos. Y ahí está probablemente el núcleo del debate. Durante años ha sido imposible constituir el órgano de control parlamentario previsto en la normativa por la incapacidad de los grupos para alcanzar los consensos necesarios. Debemos afrontar en este sentido el problema de frente, actualizando la norma a la realidad de hoy, pero sobre todo cumpliendo también con el papel que esa misma norma reserva a este Parlamento.

En este sentido me gustaría realizar algún comentario en relación con las consideraciones que hacen los grupos de la oposición a sus enmiendas a la totalidad, porque creo que en su encendida defensa que hacen de la independencia del ente, que, por otra parte, todos compartimos, hacen un flaco favor también a esos profesionales de la tele y la radio públicas. Ustedes fían todos los valores que definen el ejercicio de un periodismo que sea serio, que sea riguroso, que sea veraz, que sea comprometido socialmente al funcionamiento de la Junta de Control y se olvidan de lo más importante, que un buen periodista, como un profesional, no acepta presiones y la tele y la radio públicas, por suerte, están llenos de magníficos profesionales. Y coincido con usted en que tenemos que darles independencia, coincido con usted en que tenemos que garantizar que sus puestos de trabajo no están en riesgo para que puedan ejercer su trabajo con esa independencia que se merecen.

Y en ese sentido yo estoy dispuesto a colaborar en ser propositivo, no en venir a hacer incendios, no en venir a decir que en febrero o en enero ya se iba a empezar la privatización, que en diciembre iba a estar aprobada la norma, como en muchas ocasiones se ha dicho, engañando a los propios trabajadores, que algunos han tenido que tragar con esas mentiras. Y eso lo digo porque yo sí me he reunido con ellos y sé lo que me han trasladado. Profesionales a los que supuestamente queremos defender pero a los que ustedes también, muchas veces con intereses partidistas, intentan malear o directamente ser tendenciosos. Y les digo otra cosa: estoy seguro de que ninguna mayoría que se pueda articular en este Parlamento o ningún Gobierno próximo, en el futuro -y esto lo he dicho en varias ocasiones-, tocará una coma de esta ley cuando esté aprobada.

Y también me gustaría referirme a otro de los asuntos que ha generado polémica en los últimos meses y que creo que queda claro en el proyecto: el que los programas informativos del servicio público no se ceden a terceros. Los informativos son el corazón del servicio público audiovisual, mantenerlos bajo una responsabilidad pública directa no es una cuestión meramente ideológica, sino una garantía democrática. Y en este sentido el proyecto ofrece seguridad jurídica y lanza un mensaje claro tanto a los profesionales como a la ciudadanía: el núcleo informativo del ente público forma parte esencial del servicio público y debe preservarse como tal.

Y yo me pregunto: si nosotros comparamos la actual normativa que tenemos ahora con este proyecto de ley, ¿cuál ofrece más garantías? Si nosotros comparamos cuál está yendo a preservar el servicio público, ¿cuál ofrece más garantías? Si estamos hablando de que sea más difícil o que dificulte la externalización, ¿cuál ofrece más garantías? ¿Por qué no estamos hablando de que con este proyecto se están mejorando cosas que con la actual normativa ni siquiera se están tocando?, ¿por qué no hablamos de las cosas buenas que sí tiene?, ¿por qué no hablamos de los puntos que nos unen y de lo que queremos mejorar?, ¿por qué solo se centran en encender el debate? Porque eso es lo que quieren, utilizarlo de forma electoralista. (Palmoteos).

Y ahí es precisamente donde se debe ser riguroso para evitar situaciones como las denunciadas ayer mismo por el Consejo de Informativos de Televisión Española sobre el sesgo de contenidos en programas supuestamente informativos contratados por productoras externas. (Palmoteos). De eso no hablamos. A veces pensamos que todo se produce aquí, en Canarias, y olvidamos la realidad más mediata que tenemos también en Madrid. Solo nos falta un Aló Presidente. (Palmoteos).

Por eso desde nuestro partido vamos a respaldar este proyecto de ley, porque creemos precisamente que va en la buena dirección, porque una radiotelevisión pública fuerte y plural es una garantía para todos los canarios, y ahí nos encontrarán. Y en aquellas situaciones en que los trabajadores se vean comprometidos, en aquellas situaciones en que consideren que debemos mejorar, yo estoy dispuesto a mejorar e intentar que ese proyecto de ley salga de la mejor de las maneras. Y he sido propositivo con el artículo 35.3 o incluso en analizar esa disposición adicional séptima. En esas cuestiones, en lo que importa, ahí es donde a mí por lo menos me van a encontrar, no en el debate político fácil, que no arregla los problemas que sí tenemos hoy.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Bien. Es tiempo de intervención ahora para la Agrupación Socialista Gomera. Intervendrá la señora Mendoza Rodríguez.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días al señor presidente y también a todos los consejeros y consejeras que están presentes. Y también saludar a las personas representantes de la Radiotelevisión Canaria que nos acompañan en la mañana de hoy y también con los que hemos tenido oportunidad de reunirnos en varias ocasiones.

Señorías, para muchas personas en Canarias la radio y la televisión pública no son simplemente una estructura administrativa, ni siquiera un organigrama, son la voz que informa cuando hay una emergencia, la señal que conecta las islas cuando todo parece distante o simplemente el espacio donde muchas veces una comunidad entera nos reconocemos. Por eso, cuando hablamos del servicio público audiovisual, no hablamos solo de medios de comunicación, hablamos de derechos, hablamos de cohesión social y hablamos también de confianza democrática. Un servicio público esencial como este no puede ni debe seguir funcionando desde la provisionalidad ni puede depender de soluciones excepcionales para poder responder a retos, señorías, que son completamente estructurales.

Señorías, Canarias necesita una nueva ley. Durante más de una década hemos convivido con un marco normativo que no ha sido capaz -esa ha sido la realidad- de desplegarse plenamente, además de generar bloqueos institucionales, interinidades prolongadas y una sensación permanente de transitoriedad y un servicio público de comunicación -me van a permitir que lo diga- no puede vivir en la excepción. Este proyecto de ley responde a esa situación con responsabilidad, no nace contra nadie, nace a favor del servicio público, a favor de su estabilidad, a favor también de su operatividad y también a favor de su credibilidad. Y lo hace además tras un proceso riguroso, con informes favorables del Consejo Económico y Social y también del Consejo Consultivo, y que también ha habido exposición pública y también ha habido mucho diálogo social. Ese camino importa, porque yo creo que también la forma en la que se legisla construye confianza.

El texto que hoy debatimos cumple con el marco constitucional de garantizar el control parlamentario de los medios públicos, el pluralismo político y social y también el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, información objetiva e información plural, que, señorías, está en crisis entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo hace permanentemente y plenamente alineado con el marco estatal y europeo, reforzando las garantías también, que es importante, de independencia editorial y protección frente a injerencias indebidas.

Por otro lado, también la neutralidad y el pluralismo político, señorías, no se proclaman, que constantemente es lo que hacemos, se construyen con reglas claras y con órganos que funcionen. Y precisamente uno de los avances más relevantes de este proyecto es abordar, además de forma decidida, la parálisis orgánica que ha lastrado durante años la Radiotelevisión Canaria.

El nuevo modelo de gobernanza busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia, independencia, que es muy importante. No estamos ante una ley que concentre poder, eso no es cierto, estamos ante una ley que ordena responsabilidades, que clarifica funciones y que introduce también mecanismos para evitar bloqueos, bloqueos que ya conocemos demasiado bien en esta Cámara. Esto no es solo una garantía para el ente público, sino también para esta Cámara, que no puede permitirse que un medio público funcione durante años sin órganos plenamente constituidos. Decimos constantemente que los órganos no están plenamente constituidos, pero no hacemos nada para que se constituyan.

Señorías, quiero referirme también a los servicios informativos. Esta ley blinda el carácter público de la producción y edición de los informativos, impidiendo su cesión a terceros. Esto no es un detalle técnico, es una declaración de principios, significa que el núcleo del servicio público, la información, permanece bajo control público, con profesionales que conocen la realidad de Canarias y que también trabajan con criterios de servicio.

En cuanto al personal, el texto aporta garantías de continuidad laboral y también hay seguridad jurídica. Aquí conviene actuar con responsabilidad. Creo que no debemos alimentar temores infundados, pero tampoco ignorar inquietudes que son legítimas.

Desde nuestro grupo entendemos esta ley como una oportunidad, una oportunidad para mejorar el funcionamiento de la Radiotelevisión Canaria, para reforzar su papel como sector audiovisual, para conectarla con políticas públicas más amplias de apoyo a la creación cultural y también a la industria audiovisual y también como una oportunidad para que este Parlamento ejerza plenamente su función. Por eso apoyamos la tramitación de este proyecto presentado por el Gobierno de Canarias y no vamos a apoyar, por supuesto, las enmiendas a la totalidad. Y no lo hacemos porque creemos que mejorar una ley se hace, o es la única forma que nosotros conocemos, trabajando en ella, no devolviéndola al punto de partida, porque la tramitación parlamentaria, como a veces se quiere dar a entender, no es simplemente un trámite, es el espacio donde se mejora la ley, donde se introducen matices, donde se refuerzan los consensos, y ahí Agrupación Socialista Gomera será exigente, como lo somos con todos los textos o todas las normas que entran en esta Cámara.

Apoyar la tramitación no significa renunciar a las exigencias, significa que asumimos la responsabilidad de construir un marco estable y un marco duradero, un marco que necesita la Radiotelevisión Canaria pública. Mantener la situación actual para Agrupación Socialista Gomera no es una opción responsable.

Y concluyo con una reflexión final. Un medio público no se mide solo por su audiencia, ni siquiera por su programación, se mide por la confianza que genera. Que también tengo que decir que en las últimas encuestas que hay publicadas a nivel nacional, no a nivel autonómico, la confianza en los medios de comunicación pública ni siquiera llega al aprobado. También se mide por su capacidad de estar presente cuando la ciudadanía lo necesita, de informar con rigor cuando hay incertidumbre y también -muy importante en este caso en la Radiotelevisión Canaria- de representar a todas las islas sin excepción.

Hoy damos un paso para ordenar, para proteger y para fortalecer ese servicio. Creo que es importante, señorías, que lo hagamos con alturas de miras, con sentido institucional y con la voluntad de construir una ley que no solo exista, sino una ley que funcione, una ley que regule, una ley que sirva y que esté por encima de todo al servicio de Canarias y de su gente. Creo que tenemos una oportunidad de oro y que deberemos aprovecharla en esta legislatura.

Muchísimas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Señora Jover Linares, Grupo Parlamentario VOX, su tiempo de intervención.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también a quienes nos acompañan.

Inauguramos 2026 con una ley titulada de ordenación del servicio público audiovisual en Canarias, un título superambicioso, pero si se lee uno esta norma lo cierto es que no hay ningún solo precepto que tienda a modernizar y adaptar el servicio público audiovisual de Canarias a toda su evolución tecnológica de los últimos diez años, porque el auténtico objetivo de esta ley es derogar la ley de 2014, de televisión y radio canarias, pero además con un deseo inconfesable, y es que las mismas, la radio y la televisión, acaben dependiendo aún más del presidente del Gobierno de Canarias, de su Gobierno y también de Coalición Canaria.

El Gobierno dice que realmente quiere suplir los defectos de una ley de 2014 que ha producido un bloqueo institucional y nos culpa a los setenta diputados de ese bloqueo institucional. Nosotros desde VOX no vamos a hablar de lo que ocurrió en pasadas legislaturas, pero sí que certificamos y denunciamos que a lo largo de esta legislatura, durante estos tres años desconocemos las componendas de este Gobierno o de los grupos parlamentarios que están en este lado del plenario. Lo cierto es que con nosotros nadie ha hablado para intentar desbloquear este asunto. Con lo cual, entendemos que esta ley se precipita totalmente y es innecesaria, porque no ha habido ningún intento de constituir esos órganos necesarios y tampoco de fijar esas directrices de la prestación del servicio público.

Pero, además, dice que esta ley quiere adaptarse a la nueva legislación básica, a esa Ley General de Comunicación Audiovisual, y bien es cierto que el Partido Socialista la aprobó con el PNV, el Partido Popular en 2022, en ese año se abstuvo y VOX votó en contra de esa nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué?, pues porque esa ley rompió el guion de la normativa europea que pretendía transponer para realmente poner como actores principales a aquellos que les interesaban. Con lo cual, esta tampoco es para nosotros una razón válida para esta norma.

Pero, además, en los últimos meses del año pasado lo vimos: el propio presidente Clavijo llegó a decir que la televisión es del Gobierno de Canarias, hubo cambios organizativos intempestivos, cambios en la titularidad de órganos claves, que nos dan que pensar, que nos dan que pensar.

Y, si miramos ya el proyecto de ley en sí, también causa muchas dudas. No voy a entrar en esas ínfulas que se dan en una exposición de motivos que debería ser técnica, alabando sus propias medidas y diciendo la imperiosa y apremiante necesidad de la ley, cuestiones totalmente ajenas a lo que debe ser un texto normativo. Además, se omite la audiencia pública, se dice que no hay ninguna organización que pueda resultar afectada por esta norma, pero luego crea un consejo asesor de participación social y profesional con más de treinta miembros. Pero, si esta ley no afecta a nadie, ¿por qué luego creamos un órgano con más de treinta miembros?

Siguiendo con la estructura organizativa que plantea esta ley para la radio y la televisión canaria, la Junta de Control. La señora consejera dice que no está de acuerdo con lo que dice el Consejo Consultivo, que no es grave que esté vinculado al ciclo político, que no es grave que pueda haber ceses discrecionales, que no es grave tampoco que se pueda delegar en el director general y crearle, en una institución, un órgano omnímodo, que además puede incluso conculcar lo que en la ley establecemos. Dice que eso no es grave. Pues para nosotros sí que lo es, porque se convertiría la Junta de Control y también el director general en instrumentos susceptibles de presión política, comprometiendo la independencia editorial y operativa del ente público totalmente.

Y, además, esa inicial organización de un Consejo Asesor reducido y un Consejo de Informativos en lugar de dos efectivamente se transforma en un Consejo Asesor de, como he dicho, treinta miembros y totalmente desequilibrado, porque casi una veintena van a ser los de siempre, los políticos de siempre, y tan solo va a haber en torno a cinco profesionales y personas realmente en disposición de asesorar debidamente al ente Radiotelevisión Canaria.

Pasamos también a algo a lo que nadie se ha referido, y es esos tantos millones que nos va a suponer el nuevo órgano que crea o del que planta las bases esta ley, que es ese nuevo consejo autonómico de los medios audiovisuales. Ya tenemos el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en la CNMC, que se encarga de supervisar todo aquello que hay que supervisar. No queremos un órgano nuevo, que va a suponer millones para los ciudadanos canarios, para colocar algún que otro cargo público, alto cargo más.

Desde VOX queremos hacer también una reflexión sobre la televisión y las radios autonómicas. Reconocemos, sin duda alguna, la labor enorme que realizan los profesionales de la comunicación, que tenemos la suerte de conocer, pero creemos que hay que reflexionar acerca de lo que nosotros llamamos las tres des, tres des que aquí no se contemplan en absoluto y que deberían incluirse: la d de la división, la d de despilfarro y la d de las duplicidades.

En cuanto a la división, el propio estudio de marca encargado por Radiotelevisión Canaria lo pone de relieve: el 40 % de los encuestados consideraban y ponían en duda que Radiotelevisión Canaria fuera plural y que dé espacio a todas las ideologías. Esto se ha venido manifestando a lo largo de las comisiones de control. La administradora llegó a decir que no tenía interés hacer una programación sobre el Día de la Hispanidad, que no tenía interés y rechazaba de plano que se publicase en las noticias sobre seguridad la nacionalidad de los criminales. Eso no tiene interés. Entonces, división.

Pero, además, despilfarro, porque en los últimos cinco años la televisión y la radio han aumentado de 55 a 61 millones y la publicidad institucional de este Gobierno en el último año ha subido más de un veintisiete por ciento. Lo cual, un despilfarro, mientras los ciudadanos sí que tienen que apretarse el cinturón ante la subida de los precios.

Y una duplicidad, porque Radiotelevisión Española tiene 6000 trabajadores en toda España y también tiene sus centros territoriales aquí. Se está haciendo pagar a los ciudadanos una factura doble y, si por lo menos la radio y la televisión canaria ofrecieran unos contenidos diferentes, diversos, pero lo cierto es el mismo sesgo ideológico de siempre.

Por lo tanto, nosotros desearíamos que esta nueva ley, esta nueva ley de Radiotelevisión Canaria combatiese esas tres des, no las reafirmase, no las ignorase; también convirtiera a la televisión y la radio canarias en una radio y televisión de todos los canarios y no solo de los intereses políticos, con una programación que atendiera al interés general, al pluralismo, a la diversidad cultural; y, además, una televisión y radio que no tienen por qué alinearse con los intereses comerciales de otras cadenas o medios de comunicación privados, porque para eso es un servicio público.

En definitiva, esperamos que al menos en esa tramitación de la norma, porque, señora consejera, gracias a Dios, no se trata de una norma de lectura única, podamos enmendar todas estas circunstancias y que la televisión y la radio canarias dejen de ser un arma política al interés de tan solo unos cuantos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Inicia su intervención ahora el Grupo Parlamentario Popular, y lo hace el señor Ester Sánchez.

El señor ESTER SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, aquí hay diputados, diputadas, que vienen a vender consejos que para ellos no tienen. Y hablamos claro: si querían venir a decir, a poner ejemplos de donde se hacen trampas, hablen de Televisión Española (palmoteos), por ejemplo, donde realmente se hacen las trampas, a dos mil kilómetros de esta tierra, intentando confundir. Les voy a poner un ejemplo: en las elecciones de Extremadura Televisión Española, con un 0,43 % de escrutinio, ya vendía como ganador al propio candidato del Partido Socialista, cuando luego perdió, y ahí está, allí se fue.

Consejos o recomendaciones como en el Consejo de Informativos de Televisión Española, donde dicen que hay sesgo político y sectarismo político. Eso es así. ¿Saben por qué?, porque el que las hace se las imagina y ustedes piensan que todos son iguales, y el señor Sánchez, aquel que les da consejos a ustedes, aquel señor que les adoctrina y que les dice lo que tienen que hacer, piensa... Sí, señora Fierro, usted se lo tomará a risa, pero el que es tramposo piensa que todos juegan sucio, y no es así (ante las manifestaciones de la señora Fierro Díaz desde su escaño). Aquí se viene a trabajar y no a hacer trampas y ustedes piensan que todos son de la misma condición que ustedes, y eso no es así.

El Partido Popular va a apoyar esta ley, este proyecto de ley, y lo va a apoyar porque, como se ha dicho, se necesita de una vez por todas dar orden, estabilidad, permanencia y sobre todo conseguir el fin público para el que se ha creado el ente de la Radiotelevisión Canaria. Y yo sé que esto a ustedes los pone nerviosos, porque la transparencia y la limpieza no van con ustedes, y es lo que hay. Aquí sí hay y aquí hay que trabajar por el ente y por sus trabajadores y lo único que pretendemos es trabajar en ese derecho fundamental a la libertad de expresión e información que ustedes desde luego no tienen. Permitir que esas personas y permitir también que todos los trabajadores del ente trabajen con esa libertad, porque, como bien ha dicho la señora consejera, esto es una necesidad, una necesidad que viene de esas deficiencias ocurridas en la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, a la cual el Partido Popular -tengo que recordar- votó en contra y ustedes votaron a favor, junto con sus compañeros de Nueva Canarias, y que hoy se ha visto lo que ha sucedido con esa ley. ¿Qué ha sucedido? Pues al final se gobernaba en forma de decreto, continuamente, dando evidentemente esa inseguridad al final a lo que es el ente de la Radiotelevisión Canaria.

Y ha pasado ya mucho tiempo y, por lo tanto, lo que ha hecho este Gobierno, de forma responsable, es intentar atajar y poner ese orden, que nosotros estamos convencidos de que se va a poner trabajando esta ley de forma conjunta y escuchando a todas las partes y a todos los colectivos. Y nosotros les pedimos que se sumen a eso, que no hagan estas cosas de poner otra vez bloqueos, porque lo único que están intentando hacer con enmiendas a la totalidad es bloquear. Pónganse a trabajar, vamos a llegar a acuerdos y lleguemos a acuerdos en conjunto, junto también con los trabajadores, porque lo único que están haciendo es bloquear, no solamente al ente, sino también bloquear a los trabajadores de la Radiotelevisión Canaria, y eso es lo que creemos realmente que ustedes están intentando hacer.

No es el estilo de la Radiotelevisión Española, por supuesto que no, no es el estilo de Pedro Sánchez y, por lo tanto, aquellos que quieran ver eso estarán totalmente equivocados, porque nosotros estamos alejados totalmente de ese tipo de políticas a las que ustedes hacen referencia, que sí lo hace su jefe de filas, porque el que tiene la conciencia sucia ve todo manchado, y eso desde luego nosotros no vamos a permitirlo.

En definitiva, señorías del Grupo Socialista, los animamos a que se sumen y a que trabajen en las propuestas y en las enmiendas, como va a hacer desde luego el Partido Popular, y tenemos todo el periodo de enmiendas por delante para hacerlo así, y se dejen, bueno, pues, de decir, oye, totalmente mentiras. Dicen que se huye del control parlamentario. Yo no sé si ustedes han leído el artículo 20.2, el artículo 28 o el artículo 41 de la propia ley, que dice y habla propiamente de lo que es el control parlamentario. Si no, les animo a que se lean la ley para ello y desde luego vean que todo lo que ustedes han dicho es totalmente falso.

Como decimos, se hace precisa, por lo tanto, esa nueva regulación que va a permitir, señorías, garantizar de forma ordinaria y permanente la prestación de este servicio público y que desde luego este Gobierno y los grupos que apoyan al Gobierno vamos a trabajar en esa dirección, como hemos venido trabajando desde que se ha tomado posesión de este nuevo Gobierno. Si no, pregúntenles a los trabajadores de la Radiotelevisión Canaria, sobre todo a la parte de la radio, donde al final se ha firmado ese convenio colectivo, que tan contentos están los trabajadores y que ustedes durante cuatro años no lo hicieron. (Palmoteos). Por lo tanto, no pongan ejemplos de buena gestión porque evidentemente no la hicieron en ningún momento. Y en esa línea, como he dicho, irá el Partido Popular.

Yo sé que esto a ustedes les pone bastante nerviosos porque en cuatro años no hicieron absolutamente nada y este Gobierno en menos de dos años hizo el triple que lo que hicieron ustedes durante cuatro años. Al contrario, ha tenido que reconstruir todo lo que ustedes destruyeron y al final han seguido avanzando y creciendo mucho más de lo que ustedes esperaban. Por lo tanto, ahí están ustedes, muy bien sentaditos, en la oposición.

Como digo y repito, señorías, el Partido Popular va a ir trabajando en esta línea, nos sumamos a todo ello. Saludo a todos los trabajadores de la radiotelevisión autonómica. Nos sentaremos, hablaremos, intentaremos llegar a los consensos que sean necesarios, sobre todo para tener el mejor texto legal que pueda salir de esta Cámara. Texto legal donde todos nos sentamos reflejados y sea el que realmente siente las bases de ese orden, de esa seguridad, de esos principios de limpieza y de transparencia que tenemos en la radio y que queremos en la radiotelevisión autonómica, y que ustedes desde luego no están de acuerdo, pero les invitamos a que se sumen a ello.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ester.

Finaliza el debate el Grupo Nacionalista Canario. Lo hace la señora Espino Ramírez.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y también buenos días a los trabajadores que nos acompañan hoy de la Televisión Canaria.

Señorías, este proyecto de ley de ordenación del sistema público audiovisual, de comunicación audiovisual de la comunidad autónoma, es una ley necesaria para cerrar una etapa de bloqueo institucional que se ha prolongado durante demasiado tiempo. La ley de 2014 nació con buenas intenciones, pero fracasó en su aplicación práctica. Durante más de una década, los órganos previstos en esa ley -la Junta de Control, la Dirección General, el Consejo Asesor y el Consejo de Informativos- no llegaron a constituirse. La señora Hernández aseguraba que nos cargamos el Consejo de Informativos y yo le pregunto, señora Hernández, cómo nos vamos a cargar algo que nunca ha existido, porque ustedes no dejaron que se pusiera en marcha el Consejo de Informativos. Tampoco logramos aprobar un mandato marco y lo que ha habido es una sucesión de medidas excepcionales que debían ser transitorias y han acabado cronificándose.

Una de las principales causas de ese bloqueo fue la irresponsabilidad de las fuerzas políticas de gobierno durante la pasada legislatura, en concreto, como digo, de Nueva Canarias y del Partido Socialista, que boicotearon reiteradamente la constitución de la Junta de Control, y lo hicieron votando incluso en contra de los candidatos que ustedes proponían (palmoteos), todo para que no se constituyese esa junta.

Uno de los objetivos fundamentales de esta nueva ley es evitar que vuelva a bloquearse el normal funcionamiento de la televisión y la radio públicas y que esas mayorías reforzadas no se conviertan en instrumentos de bloqueo. Por eso, en el caso de la Junta de Control, la ley mantiene una mayoría reforzada de tres quintos en la primera votación, pero, si no hay acuerdo, en una segunda votación los miembros pueden ser designados por mayoría absoluta de la Cámara, con absoluta democracia.

En el caso de la Dirección General, la nueva ley establece que su nombramiento y cese corresponden a este Parlamento por mayoría absoluta. No se piden mayorías imposibles, pero sí que se necesita el respaldo parlamentario claro.

Otro cambio relevante es el que afecta al mandato marco, que durante años fue un requisito imprescindible para definir la televisión pública que queríamos, y eso acabó convirtiéndose también en otro instrumento de bloqueo. Este Parlamento consensuó un documento, un mandato marco en el 2019, pero en la pasada legislatura Nueva Canarias y el Partido Socialista impidieron que continuaran los trabajos, votando incluso en contra en la Junta de Portavoces para que no pudiéramos aprobar el mandato marco. Esta ley mantiene el mandato marco, refuerza su valor estratégico, pero ya no es imprescindible, y la ley es autosuficiente desde su entrada en vigor. El servicio público va a poder funcionar, contratar, programar y gestionarse aunque no exista este mandato, sin menoscabo del control parlamentario.

Otra novedad fundamental que plantea la nueva ley es que por primera vez se blinda el carácter público de los servicios informativos. La ley es clara, a pesar de las falsedades de Nueva Canarias y la confusión que quiere generar el Partido Socialista. En su artículo 35.3 dice que la producción y la edición de los programas informativos no podrán cederse a terceros. Los informativos forman parte del núcleo esencial del servicio público, así lo entendemos desde Coalición Canaria, y deben ser producidos y editados directamente por medios propios.

Desde el Grupo Nacionalista queremos dejar claro nuestro compromiso de diálogo permanente durante todo el proceso de tramitación de esta norma, escuchando las propuestas de los trabajadores del ente -con los que ya nos hemos reunido hasta en dos ocasiones-, y también el diálogo que debe existir con nuestra industria audiovisual, que debemos potenciar y desarrollar porque también es objetivo de esta ley.

Cabe destacar que esta nueva norma va a permitir lo que también se ha demandado durante mucho tiempo, que es la fusión de la radio y la televisión públicas. La ley apuesta por una gestión unificada en una sola sociedad, evitando duplicidades y mejorando la eficacia y el servicio público que se presta a los ciudadanos.

Sobre el informe del Consejo Consultivo, como ya ha explicado el Gobierno, hay consideraciones que se han tenido en cuenta y se han hecho modificaciones antes de registrar el proyecto de ley en la Cámara, habrá otras que estudiaremos durante el proceso de enmiendas.

Y sobre las enmiendas presentadas, las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Socialista y Nueva Canarias, queremos decir que la del Partido Socialista, aunque con una posición crítica, en general es una enmienda que pretende, entendemos, ser constructiva, aunque hoy en el debate no lo ha sido tanto, pero sí que creemos que puede haber propuestas razonables para mejorar la ley, que se estudiarán, porque lo que queremos y la intención del Grupo Parlamentario Nacionalista es aprobar esta ley con el mayor consenso posible.

Sobre la enmienda de Nueva Canarias, aunque está llena de contradicciones con lo que ellos mismos hicieron con la televisión pública, tanto que causa hasta rubor y sonrojo leer determinadas cosas que han puesto en ese papel, también se pueden estudiar algunas de sus propuestas, que coinciden con las del Partido Socialista. Y, bueno, solo por citar algunas de esas contradicciones de Nueva Canarias, en las que también ha incurrido hoy el Partido Socialista, ustedes ponen el grito en el cielo porque dicen que el director general va a tener competencias ampliadas en materia de contratación y yo les pregunto, señorías de Nueva Canarias y del Partido Socialista, qué fue lo que hicieron ustedes en la legislatura pasada sino ampliar y ampliar las competencias hasta el infinito y más allá de Francisco Moreno como administrador general, y vía decreto y sin Junta de Control, porque impedían una y otra vez que se creara esa Junta de Control. Critican ustedes precisamente lo que hicieron en la pasada legislatura. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, aquí va a haber órganos de control designados por este Parlamento. Creen ustedes que tenemos la intención de poner en marcha, como suele decir la señora Hernández, "tele Clavijo". Bueno, ustedes creen eso porque venimos de "tele Román" y, claro, cree el ladrón que todos son de su condición.

Están ustedes también muy preocupados, la señora Hernández mencionaba las elecciones hasta en dos ocasiones, yo le entiendo el panorama que tiene Nueva Canarias, que estén preocupados por las elecciones. Pero lo que les quiero... (Rumores).

Presidenta, si puede llamar a silencio, por favor.

La señora PRESIDENTA: ¡Por favor!

La señora ESPINO RAMÍREZ: Digo que están ustedes muy preocupados por las elecciones, señorías de Nueva Canarias, pero me gustaría recordarles que el único político en la historia de Canarias que hemos visto visitar una redacción de informativos el día de reflexión previo a la jornada electoral, que fue toda una vergüenza, fue el señor Román Rodríguez. (Palmoteos). Ya les digo que nosotros no somos como ustedes. Aun así, a pesar de sus contradicciones, disparates y falsedades, también estudiaremos su propuesta para tratar de llegar a algún acuerdo.

Señorías, el objetivo de esta ley es que después de una década de incumplimientos, de poner parches en el funcionamiento de la Radiotelevisión Canaria tengamos un servicio público a pleno rendimiento y sin más bloqueos, un servicio público que garantice la información veraz y la pluralidad, que sea reflejo de la diversidad de nuestro pueblo, de nuestra identidad, de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra ciencia, con contenidos de calidad que muestren el talento de nuestra gente, es decir, una televisión y una radio que sean la que merecen los canarios y las canarias y que nosotros tenemos como legisladores la obligación de garantizar.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Espino.

Muy bien, hemos finalizado el debate de los diferentes grupos parlamentarios y, por tanto, llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Señorías, bueno, antes de pasar a la votación, decir que, como ya hemos planteado al inicio del debate, hay dos enmiendas a la totalidad; por lo tanto, habrá dos votaciones.

Iniciamos, en primer lugar, la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista. Señorías, votamos. (Pausa).

Sí, muy bien, en primer lugar, quiero hacer constar al letrado que me he equivocado en la votación y, por tanto, mi voto es no. Y, segundo... Perdonen, es la primera vez en todos estos años, y llevo desde 2011, que me equivoco en una votación. Incluso voy a... cuando salga de aquí me voy a felicitar, oye, de 2011 a aquí es la primera vez que me equivoco en una votación, que me equivoco, evidentemente, como todos ustedes. Por tanto, sí, me he equivocado.

Votos emitidos, por tanto... (La señora Mendoza Rodríguez solicita la palabra).

Sí, cuénteme, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Presidenta, que los tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera, también ha sido un error y también votamos que no.

La señora PRESIDENTA: Bueno, en la medida en que el Reglamento permite que cuando un grupo entero se equivoca en la votación se puede plantear una votación, si lo considera bien y, si no, simplemente con que conste en acta.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Si es posible repetir, pediríamos la...

La señora PRESIDENTA: Perfecto. El Reglamento lo permite y, por tanto, volvemos a repetir la votación.

Votamos. (Pausa).

Muy bien, el resultado de la votación es el siguiente: sí, 26; no, 41; abstenciones, cero.

Queda, por tanto, rechazada.

Ahora procedemos a la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista Canario, que es el segundo y último grupo enmendante. Votamos. (Pausa).

Votos emitidos presentes, sí, 28; no, 40; abstenciones, cero.

Queda, por tanto, desestimada también la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista.