Diario de Sesiones 104, de fecha 14/1/2026
Punto 2

11L/DL-0019 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS LEYES. DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS, Y DE LA LEY 4/2022, DE 31 DE OCTUBRE, DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CANARIAS

La señora PRESIDENTA: Señorías, volvemos al siguiente punto del orden del día, que es de medidas urgentes para la modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y de la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias.

Inicia su intervención el señor consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS (Miranda Medina): Buenos días, señores diputados. Gracias, señora presidenta.

Señorías, ayer tuvimos ocasión de exponer a los cabildos insulares las razones que han llevado a este Gobierno a aprobar este decreto y a elevar este decreto ley para su convalidación por parte de esta Cámara. Hoy lo hacemos ante el plenario. Como dije ayer, me gustaría calificar este decreto como necesario, por supuesto, excepcional y proporcionado con los objetivos que persigue.

La tramitación de los instrumentos de ordenación, desde planes generales hasta modificaciones puntuales, es un trabajo complicado que requiere de decenas de informes que en muchas ocasiones ralentizan su aprobación. Ello puede ocasionar que los informes ambientales que se elaboran durante el procedimiento acaben perdiendo su vigencia si este se alarga más de lo estimado. Las dos modificaciones de Ley del Suelo que plantea este decreto vienen precisamente a evitar eso, que esa caducidad obligue a las administraciones a reiniciar el procedimiento con consecuencias negativas, como inseguridad jurídica o el bloqueo de las inversiones y de nuevos equipamientos, aparte también de la imposibilidad de implementar nuevas medidas de protección del territorio.

Por un lado, el decreto incluye la incorporación de un nuevo apartado al artículo 86 para establecer la posibilidad de solicitar una prórroga para los informes ambientales estratégicos, siempre que no se hayan formulado cambios sustanciales en el contenido.

Por otro lado, también incorpora un nuevo apartado en la disposición transitoria séptima para que los instrumentos de ordenación que cuenten con memoria ambiental ya prorrogada y hayan superado la fase de información pública tengan un año más de plazo para poder ser aprobados. Esta medida, que entró en vigor a finales del mes de diciembre, ha permitido al Gobierno aprobar, el 30 de este mismo mes, los planes generales supletorios de San Bartolomé, en Lanzarote, y de San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, y nos permitirá aplicarla a otros tres que en este mismo momento están en tramitación y cuyo procedimiento corría peligro de tener que volver a iniciarse. Hablo de los municipios de La Orotava, Arrecife, que serán aprobados probablemente en este primer trimestre del año, y el de Mazo, que seguirá su tramitación a lo largo del año 2026 y que se va a acoger a este decreto ley. Los vecinos y vecinas de estos municipios, gracias a este decreto, podrán por fin ver su plan general aprobado después de esperar en ocasiones hasta tres décadas.

Este Gobierno tiene claro que la planificación es la mayor herramienta de protección del territorio, de hecho forma parte de su plan estratégico. No contar con esa planificación genera inseguridad jurídica, desprotección e impide desarrollar políticas de interés social. Por eso no podemos permitir que estas evaluaciones ambientales estratégicas decaigan a lo largo de los procedimientos.

Respecto a la segunda de las modificaciones introducidas por este decreto, impulsada por la Consejería de Turismo, tiene como finalidad ampliar el plazo previsto para que las sociedades cooperativas de Canarias adapten sus estatutos a la Ley 4/2022. Con esta reforma el límite inicialmente fijado para el 10 de enero de 2026 se extiende hasta el 10 de enero de 2027. Esta modificación obedece a una situación objetiva de extraordinaria y urgente necesidad. El plazo de adaptación estatutaria vencía el 10 de enero y su incumplimiento produce una consecuencia jurídica automática: la disolución de pleno derecho de las cooperativas afectadas y su entrada en fase de liquidación sin necesidad de acto administrativo previo.

No es un rechazo, señorías, achacable a las propias cooperativas, ya que la mayoría ha actuado con plena diligencia solicitando en plazo la calificación previa de sus estatutos adoptados, conforme a lo previsto en la propia ley; no obstante, dichas solicitudes permanecen pendientes de resolución como consecuencia, como decíamos ayer, de la sobrecarga administrativa del Registro de Sociedades Cooperativas de Canarias.

¿Qué consecuencias tendría no modificar este plazo? Entre otras, disolución automática de cooperativas plenamente operativas y entrada en fase de liquidación y paralización.

En consecuencia, el decreto ley es el único instrumento normativo eficaz, inmediato y proporcionado, para evitar retrasos fatales, sin ver alteradas las condiciones sobre las que se elaboraron los informes ambientales o algunos de los principios del modelo de cooperativas en Canarias. Este decreto es una medida transitoria, excepcional y proporcionada, que viene a salvar recursos humanos y económicos y procedimientos administrativos.

Me gustaría, antes de solicitarles formalmente el apoyo para su convalidación, realizar dos consideraciones. La primera, que también surgió ayer durante las diferentes intervenciones en la Comisión de Cabildos, son las apreciaciones realizadas por el Consejo Consultivo respecto a este decreto. Es cierto que el propio informe dice textualmente que el Constitucional viene reiterando, entre otras cosas, en su Sentencia 110/2021, de 13 de mayo, que el mero deseo o interés del Gobierno en la inmediata entrada en vigor de la norma no constituye una justificación de su extraordinaria y urgente necesidad, pero también dice el mismo informe que en el trámite parlamentario de convalidación el Gobierno podrá, en su caso, ofrecer de forma explícita y razonada la justificación detallada y apropiada para la adopción de las medidas aprobadas.

Estarán de acuerdo, señorías, en que el peligro de la paralización de un mínimo de cinco planes generales, San Bartolomé, San Miguel, La Orotava, Arrecife y Mazo, y otros instrumentos menores de ordenación tramitados en la actualidad por los ayuntamientos y cabildos de Canarias es razón suficiente para justificar la medida.

El decreto viene a responder a una necesidad detectada por solicitudes de diferentes administraciones que hasta la fecha siempre ha habido que rechazar porque no estaba prevista la ampliación del plazo en la ley. Un ejemplo, el Ayuntamiento de Tegueste, de 2023, que se encontraba en plena tramitación su plan general y tuvo que ser reiniciado; o los más de ochenta informes ambientales que este Gobierno ha emitido desde 2019 que forman parte de los diferentes expedientes que podrían verse afectados por esta imposibilidad de prórroga actual. Y su urgencia viene dada principalmente porque los plazos que nos hemos dado por la ley estaban próximos a finalizar, sin que hubiera sido posible concluir con las tramitaciones.

Otro asunto que surgió ayer ante los representantes de los cabildos es la propia actualización de la Ley del Suelo, normativa que viene a modificar en dos de sus preceptos este decreto. Como saben, se trata de una norma de 2017 que, en opinión de este Gobierno, ha funcionado; sin embargo, casi nueve años después de su aprobación es necesario adaptarla a los nuevos tiempos.

Estamos en la actualidad con el análisis de las alegaciones recibidas para que en los próximos meses podamos iniciar el debate político. Hoy les pedimos el apoyo para realizar una modificación puntual de esta ley, que corresponde a la necesidad de no poner más trabas al desarrollo del planeamiento en este archipiélago, para dar respuesta a aquellas administraciones insulares, sobre todo las de las islas no capitalinas y las de los municipios que no disponen de los recursos necesarios para actualizar su planificación, una planificación que es clave en un desarrollo ordenado y que genere cohesión en las islas.

Por todo ello, señorías, les solicito formalmente la convalidación de este decreto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Inicia su intervención Agrupación Herreña Independiente-Grupo Mixto.

(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta primera, Oramas González-Moro).

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías.

El decreto ley que hoy debatimos aborda dos ámbitos distintos pero que comparten un mismo objetivo de fondo: evitar que precisamente la rigidez normativa y los plazos mal encajados acaben generando perjuicios innecesarios para Canarias. En el primer caso, en el relativo a los procedimientos ambientales y también de planeamiento -conviene decirlo con claridad-, nadie está planteando rebajar garantías ni relativizar la protección de nuestro territorio. Canarias sabe bien lo que se juega en materia medioambiental, pero también sabe que no tiene sentido obligar a reiniciar procedimientos completos cuando los planes no han sufrido cambios sustanciales y se encuentran también en su fase final de tramitación. Estamos hablando de que un nuevo planeamiento para un municipio pequeño puede costar prácticamente medio millón de euros, medio millón de euros de dinero público que estaríamos botando a la basura. Estaríamos botando a la basura también la posibilidad de esos habitantes de tener un instrumento de ordenación que es lo que regula desde dónde me hago mi vivienda a dónde puedo poner mi negocio. Lo que hace, por lo tanto, este decreto ley es introducir una solución que entendemos razonable: permitir, bajo control del órgano ambiental y con todas las cautelas necesarias, que no se pierda el trabajo realizado durante años por ayuntamientos, cabildos, técnicos simplemente por el transcurso automático de un plazo. No es una vía rápida ni tampoco es un atajo, es una forma de evitar el absurdo administrativo y de garantizar que el planeamiento pueda culminarse sin sacrificar ni la legalidad ni la protección ambiental.

Señorías, el segundo bloque del decreto ley, el relativo a las cooperativas, responde a una urgencia que es aún más evidente: el vencimiento del plazo para adaptar los estatutos a la nueva ley vigente estaba generando una situación de enorme inseguridad jurídica, agravada por una realidad que no podemos ignorar, muchas cooperativas han cumplido escrupulosamente con su parte pero no han podido culminar ese proceso por causas ajenas a ellas, que es la propia parálisis que tiene el actual registro. La consecuencia prevista de una disolución automática era claramente desproporcionada. Y desde nuestro partido lo decimos sin rodeos: Canarias no puede permitirse perder cooperativas por un problema de plazos administrativos. Las cooperativas son empleo, son economía social, son arraigo territorial y son una herramienta fundamental para diversificar nuestro modelo económico. Protegerlas no es solo una concesión, es una responsabilidad que tenemos, y en la isla de El Hierro lo entendemos bien porque precisamente varias de las grandes empresas de la isla de El Hierro son cooperativas, son un modelo económico de explotación donde la estructura formada con base en esos trabajadores en torno a una misma línea y proyecto de negocio da una muestra más de cómo se pueden hacer las cosas diferentes.

Por eso entendemos que en este caso concurren las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican precisamente el uso del decreto ley y valoramos que el Gobierno haya actuado con pragmatismo, aportando una solución que es equilibrada y proporcionada.

Desde nuestro partido apoyamos su convalidación porque creemos que responde al interés general y también porque demuestra que cuando se detecta un problema real la política debe estar para resolverlo, no solo para agravarlo o perpetuarlo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señor diputado.

Por la Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías, muy buenos días, señor consejero.

Nuestro grupo también va a respaldar la convalidación de este decreto ley. Además, creemos que los dos aspectos que aborda, tanto la Ley del Suelo como la de Sociedades Cooperativas de Canarias, son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra y creemos esencial que, una vez aprendiendo desde la experiencia, aprendiendo de las dificultades con las que se encuentran principalmente cabildos y ayuntamientos, tomemos las medidas necesarias para corregirlo.

Por tanto, este Decreto Ley 6/2025 viene a solucionar unos problemas que se han detectado, sobre todo, como ya dije al principio de mi intervención, por las administraciones locales, donde vemos que muchas veces se encuentran con la rigidez de esos plazos, lo que acaba provocando consecuencias claramente desproporcionadas. No es justo que procesos como el de un planeamiento casi en etapas muy avanzadas acaban teniendo que devolverse o volver a la casilla de salida, con los perjuicios que todo eso conlleva: gasto de dinero público, horas de trabajo de funcionarios y también de profesionales del sector.

Por supuesto, empezaré hablando, en la primera parte de este decreto ley, de la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y ambiental. Todos conocemos la complejidad que tienen estos procedimientos, son procesos que son largos, técnicamente muy exigentes, sometidos a muchos informes sectoriales, muchos de ellos son vinculantes, y a trámites de información pública que también requieren, obviamente, de un análisis detallado de estas alegaciones. Y no hablamos de retrasos por dejación o por falta de diligencia, sino que son procedimientos estructuralmente complejos. Sin embargo, hasta ahora la caducidad de determinados pronunciamientos ambientales, en particular de los informes ambientales estratégicos, obligaba a reiniciar desde cero procedimientos que en muchos casos se encontraban, como ya dije también, en fases muy avanzadas. Años de trabajo técnico y administrativo que quedaban sin efecto por el simple transcurso del tiempo. Y el Decreto Ley 6/2025 introducía una mejora clara y razonable, que es que permite de forma expresa la prórroga de la vigencia de los informes ambientales estratégicos, siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron precisamente como base para esa evaluación ambiental. Y no se eliminan controles, no se rebajan garantías, no se desprotege el medio ambiente; lo que se hace es permitir que el órgano ambiental verifique si el análisis ya realizado sigue siendo válido y si, en ese caso, otorgar una prórroga limitada y motivada.

Esta medida evita duplicidades innecesarias, optimiza los recursos públicos y aporta sobre todo seguridad jurídica a las administraciones y, sobre todo, también a la ciudadanía. Supone un avance importante para los cabildos insulares, que gestionan buena parte del planeamiento territorial, y para los municipios, que sufren de manera directa las consecuencias de estos bloqueos administrativos.

En esta misma línea se sitúa la prórroga excepcional de determinadas memorias ambientales, ya prorrogadas y vinculadas a planes que han superado las fases esenciales de tramitación. Esta previsión es acotada, temporal y justificada y permite culminar procesos, procedimientos que están prácticamente finalizados, y evita una solución radical que no aporta ninguna mejora ambiental, pero sí un grave perjuicio administrativo y económico.

Esta norma es especialmente relevante para las islas no capitalinas, donde los recursos técnicos son mucho más limitados. Todos conocemos, son prácticamente ayuntamientos pequeños o cabildos pequeños donde hay esas limitaciones técnicas para la planificación territorial. Y, por lo tanto, es clave garantizar el desarrollo equilibrado de nuestras islas, de nuestra tierra. En islas como La Gomera también una alta proporción del territorio está protegido y la planificación no puede verse permanentemente bloqueada por rigideces normativas que no aportan mayor protección efectiva.

El decreto ley aborda también una cuestión distinta pero igualmente importante, que es la ampliación del plazo para las sociedades cooperativas, para que adapten los estatutos a la Ley 4/2022. Se trata de una medida creemos que sensata y proporcionada. Numerosas cooperativas ya habían iniciado ese proceso de adaptación pero se encontraban pendientes de la resolución por parte del registro, debido a una sobrecarga administrativa que no puede trasladarse como responsabilidad precisamente a las entidades afectadas.

Las cooperativas desarrollan un papel fundamental en nuestra tierra, sobre todo en nuestra economía social, generan empleo, fijan también población, sostienen actividades económicas en el ámbito rural y constituyen también cohesión social. Evitar su disolución automática por causas ajenas a su voluntad no es un privilegio, es una decisión de buena administración y sobre todo de sentido común.

Señorías, el Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen sobre este decreto ley. Y conviene ser rigurosos y claros al respecto: el Consejo Consultivo avala de manera expresa que la comunidad autónoma tiene competencias suficientes para regular sobre esta materia, avala también el contenido de la norma, que es conforme a la Constitución, a nuestro Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico. También confirma que la prórroga de los informes ambientales estratégicos no vulnera la legislación básica estatal ni supone una reducción del nivel de la protección ambiental; al contrario, considera que la regulación introducida respeta los requisitos exigidos por la doctrina del Tribunal Constitucional y mantiene intactas las garantías ambientales. Asimismo, el dictamen concluye que la modificación relativa a las cooperativas es plenamente conforme a derecho y no afecta al reparto competencial ni al marco constitucional.

Es cierto que el Consejo Consultivo señala que la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad podría haberse formulado con una mayor concreción en el expediente administrativo, pero también es importante destacar que también en el propio dictamen se recuerda que esta justificación se puede complementar y reforzarse también durante el trámite parlamentario, durante el debate parlamentario para la convalidación, y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí.

La urgencia existe, señorías, existe cuando planes prácticamente finalizados corren el riesgo de quedar anulados, existe cuando cooperativas activas pueden verse disueltas por retrasos administrativos, existe cuando la alternativa a este decreto ley es volver atrás, reiniciar procedimientos y prolongar indefinidamente decisiones necesarias para el territorio y para la economía.

Convalidar este decreto ley no supone avalar un uso abusivo de la legislación de urgencia, supone reconocer que en este caso concreto la herramienta es adecuada para corregir disfunciones reales y evitar perjuicios de difícil reparación. Además, que nada impide una vez convalidado.

Y desde nuestro grupo creemos que este decreto ley va a mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. Por eso vamos a respaldarlo, como ya dije al principio de mi intervención, y votaremos a favor de su convalidación.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo VOX tiene la palabra el señor Nieto Fernández.

El señor NIETO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

(La señora presidenta regresa a su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia).

Señor consejero, le adelantamos a usted y a sus señorías que el Grupo Parlamentario VOX va a votar favorablemente, va a votar que sí a la tramitación de este Decreto 19/2025. Pero me gustaría analizar el sentido del voto desde dos aspectos distintos: uno es respecto al fondo y otro es hablar de la forma en que se está ejecutando. Respecto al fondo, usted ha hablado en su intervención, y los anteriores comparecientes también, primero de que estamos hablando de un tema muy sensible para la sociedad, y más en Canarias, que es la ordenación territorial. Estamos hablando de que informes ambientales estratégicos pueden decaer, pueden prescribir, la figura jurídica que sea, las memorias ambientales pueden decaer, y esto produciría un perjuicio grave a la sociedad, al conjunto de los ciudadanos. Como ha dicho el señor Acosta de manera muy intuitiva, botaríamos por el barranco, en el mejor de los escenarios, un ayuntamiento pequeño, 500 000 euros, que pueden ser más, se estarían dilapidando recursos públicos muy necesarios. Por lo cual la obligación es, por motivo del fondo, votar que sí, favorablemente. Imagínense esas cooperativas, que son en muchos casos para trabajar, el sector del campo vive mucho de la figura asociativa de las cooperativas. No podemos consentir ni permitir que por un problema -que ahora hablaré algo sobre él- decaigan y caigan en situación de disolución. El bien común, el bien superior de los ciudadanos, lleva a que por el fondo tenemos que votar que sí y apoyar la tramitación de este decreto.

Ahora, me gustaría hablar de la forma, la forma, y ahí sí que tenemos algunas dudas, de las que voy a pasar a hablar. Lo que pasa es que estas dudas no tienen entidad suficiente como para votar en contra, porque es superior el interés de los ciudadanos, pero sí tenemos serias dudas de las formas.

Tanto en Comisión de Cabildos, ayer, como hoy usted ha hablado de -la palabra, ha dicho textualmente- que hay sobrecarga administrativa y esa sobrecarga administrativa está produciendo unas dilaciones en la tramitación de los expedientes respectivos de los dos bloques, cooperativas y ordenación territorial. Esa sobrecarga administrativa está sucediendo en los últimos tres años, que hay máximo de recursos económicos en la comunidad canaria, tanto para el Gobierno en sí como para entes autónomos -otro tipo de entes, 308 entes tiene Canarias-. Máximo de recursos y, sin embargo, hay sobrecarga administrativa, no se llega. ¿Dónde está el problema? ¿Seguir generando más recursos económicos y humanos en la Administración pública? No, porque tampoco llegaríamos. Lo que hay es un problema de sobrecarga burocrática. Y ahora yo le digo, señor consejero, y le digo a sus señorías: el sector público puede subsanar este exceso de burocracia, este exceso de complejidad administrativa. Hoy estamos aquí, vamos a salvar el hecho, vamos a salvar una situación puntual. A ver quién va a las cooperativas, que están hasta arriba de trabajo, para decirles: y ahora tienes esta sobrecarga administrativa. Es urgente, urgente, en Canarias es urgente acometer una simplificación administrativa, es urgente.

Lamento mucho..., no, perdón, tengo que rectificar, me alegro mucho de que en este momento esté presente el consejero de Agricultura con nosotros. En este plenario se ha hablado hasta la saciedad de que el sector primario está siendo agobiado por la burocracia. Lo denunciamos, ¿y qué hacemos? Nada. El sector primario no puede sacar un decreto ley diciendo "voy a subsanar el exceso de burocracia de alguna manera". No, el sector primario agacha la cabeza, cierra los puños y sigue adelante. Es urgente una reforma administrativa que simplifique la presión administrativa, porque es que con decretos como este, que vamos a seguir con su tramitación, aumentando dos años en uno de los bloques, hasta el 10 del año 2027 en el bloque de cooperativas, pegamos una patada adelante, que se diría en fútbol, dilatamos el problema, pero no solucionamos el problema, el problema está en sobrecarga administrativa fruto de una sobrecarga de burocracia. Y así estamos poniendo un lastre, es como si lleváramos la economía en Canarias siempre con un ancla echada o con el freno de mano puesto. Estamos perjudicando muchísimo muchísimo la productividad en Canarias. O acometemos en serio esta meta que tenemos entre manos o seguiremos haciendo un grave perjuicio a la sociedad canaria.

En segundo lugar, vamos a hablar del concepto necesario de qué es habilitante para un decreto ley, que cumpla, que sea urgente y de extrema necesidad. Tiene que tratarse, según dice nuestra ley, tiene que hacerse una exposición de motivos razonada donde explique por qué se está produciendo esa extraordinaria y urgente necesidad. Extraordinaria, extra, que se sale del ordinario. Falta de recursos, no es un volcán que ha salido ayer y nadie podía contemplar, la falta de recursos es una cosa que viene sucediendo. Quizás, señor consejero, habría que hacérselo ver, si estamos pensando en que esta situación de necesidad en la que nos encontramos ahora no es una situación sobrevenida, sino fruto de falta de previsión. Esto se sabía ya hace un mes y cinco meses y un año, se sabía. Se sabe que hay cosas que van a suceder. Si no se toman medidas con tiempo, sucede lo que sucede, que acabamos con un decreto ley intentando apagar un incendio provocado por falta de previsión. Nuestra ley dice que la memoria tiene que ser justificativa, puede ser abreviada y tiene que recoger las razones de interés general.

Compartimos lo que dice el servicio jurídico, lo compartimos desde VOX, es más, lo pensábamos antes, que en el presente caso no se ha aportado por parte del Gobierno una justificación explícita, razonada, suficiente y concreta para su redacción legislativa de urgencia. Y habla del Gobierno. Esto es un toque de atención y una llamada a que, a pesar de que en un párrafo dice: no obstante, durante la sesión de aprobación en el plenario se podrá subsanar... Es un puente para intentar que no decaiga este decreto ley, pero esto es grave. Y el resto de párrafos que dice al respecto -no existe expediente de la exposición de motivos ni constan los instrumentos, tampoco en modo alguno se alcanzan...- es un rapapolvo interesante del que sería muy bueno tomar nota e intentar justificarlo. De la misma manera que sería muy bueno adelantarse a las situaciones. Ahora es el momento de adelantarse al acuerdo con Mercosur, antes de que tengamos un decreto ley salvando aquí todo nuestro plátano en Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Nieto.

Ahora es tiempo de intervención para Nueva Canarias-Bloque Canarista.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Señorías, consejero.

Debatimos hoy la convalidación de un nuevo decreto ley que vuelve, una vez más, a remendar la Ley del Suelo de Canarias. Y digo una vez más porque ya no estamos ante una excepción, estamos ante una rutina perfectamente engrasada, un ejercicio casi artístico de improvisación disfrazado de gestión. Y conviene decirlo desde el principio sin rodeos y sin eufemismos: no estamos ante un problema técnico coyuntural, estamos ante un fracaso político de este modelo. Un modelo que tiene nombre y apellidos, el modelo de la Ley del Suelo, que impuso en el año 2017 quien hoy vuelve a presidir este Gobierno, el señor Fernando Clavijo, frente a una amplísima oposición institucional, política y social. Una ley que en el año 2017 se vendió como la panacea, como la solución definitiva a los problemas que padecía la ordenación territorial de Canarias, pero habiendo pasado ya más de ocho años de su aprobación la Ley del Suelo está claro que sobrevive únicamente a base de prórrogas, de excepciones y de decretos leyes. Y, señorías, una ley que necesita ser corregida de manera permanente no es una ley perfectible, es una ley defectuosa, es una ley mal concebida, es una ley fallida en su diseño, en definitiva, es un despropósito crónico certificado y, además, reconocido.

Desde Nueva Canarias lo advertimos entonces y lo hemos repetido hasta la saciedad desde el año 2017 hasta el día de hoy. Advertimos en el año 2017 que la Ley del Suelo solo simplificaba el discurso, pero que complicaba la práctica, que debilitaba la planificación sustituyendo los planes por proyectos, que generaba inseguridad jurídica y que, prometiendo agilidad administrativa, lo que ha producido son sucesivos bloqueos. En definitiva, una ley que solo trasladaba los problemas al futuro y ese futuro, señorías, ese futuro es hoy. Y hoy también el mismo presidente que impuso aquella ley nos trae un nuevo decreto ley para evitar que su ley, esa que impuso en el año 2017, colapse. Y este fenómeno solo tiene un nombre: fracaso político garantizado.

Este decreto ley no surge del azar, no surge de desastres naturales ni por la intervención de fenómenos paranormales, nace de un sistema que no funciona, de una norma que prometió agilidad y que lo que ha producido son los bloqueos, que prometió seguridad y que lo que ha generado es incertidumbre y que prometiendo orden solo ha multiplicado la improvisación. Y con todo eso este Gobierno, que una vez más, y repito, demuestra vivir en una realidad paralela, insiste en tratar el problema como si fuera exclusivamente puntual y como si bastara con prorrogar plazos. En definitiva, a modo de ejemplo, como si un edificio cuyos cimientos se encuentran podridos, el gran problema que aduce el Gobierno es el desconche de la pintura de la fachada de ese edificio.

Señorías, llevamos dos años y medio escuchando a este Gobierno anunciar a bombo y platillo la elaboración de una gran reforma estructural de la Ley del Suelo, dos años y medio de anuncios, de titulares y de promesas, pero la realidad es que lo que llega a este Parlamento no es esa reforma, lo que llega son decretos leyes en serie, aprobados sin debate y sin asumir responsabilidades políticas. Y no nos cuenten más, por favor, esa fábula de la complejidad administrativa, porque esa complejidad ya existía cuando se aprobó la ley en el año 2017, existía, se conocía, se advirtió y Coalición Canaria la ignoró.

Este decreto ley evita nulidades y desbloquea expedientes, eso es indudable, no nos cabe la menor duda, pero también confirma lo que muchos sospechábamos, que el modelo de ordenación territorial que impuso Coalición Canaria ha fracasado, y cuando un modelo fracasa lo responsable no es parchearlo indefinidamente, lo responsable es cambiarlo de raíz. Queda poco más de un año de legislatura y si lo que realmente se pretende, consejero, es que por parte de esta Cámara pueda darse un debate sereno y responsable de ese nuevo proyecto de ley de cambio estructural de la Ley del Suelo y no hacerlo por la vía de urgencia, difícilmente esa gran reforma podrá aprobarse antes de abril del 2027, que es cuando se disuelve la Cámara.

Resumiendo los hechos, en el año 2017 advertimos que la Ley del Suelo era un fiasco. Coalición Canaria ignoró esas advertencias y siguió adelante. Dos años y medio de legislatura han pasado con anuncios rimbombantes de esa reforma estructural pero que aún no se ha materializado y queda poco más de ese año que les he dicho para que esta Cámara se disuelva, e, insisto, con los datos que hay, difícilmente se puede aprobar. En definitiva, mucho anuncio, poco contenido y cero autocrítica.

Para finalizar, sí quiero decirles que Nueva Canarias va a votar a favor de la convalidación de este decreto ley, exclusivamente porque no queremos planes anulados ni queremos ayuntamientos paralizados, porque sí que les digo que no confundan esta convalidación o este voto afirmativo por parte de Nueva Canarias con un aval político, porque tan solo es un control de daños. Votaremos sí para evitar el caos, no para legitimar el fracaso.

Repito, la Ley del Suelo del presidente Clavijo ha demostrado ser un fiasco y Canarias no puede seguir viviendo de parches ni este Parlamento puede seguir siendo la UCI permanente de una ley que nació mal y ha envejecido peor. Y si algo ha demostrado esta norma es que no organiza el territorio, lo que hace es mantenerlo en respiración asistida mientras el Gobierno presume de eficiencia y posa para la foto del desastre. Y ahí lo tienen: cada decreto ley, un parche; cada anuncio incumplido, una carcajada irónica, y cada titular, una promesa que se evapora mientras seguimos contando uno y otro decreto ley. En esta legislatura ya van veinte. Y Canarias, señorías, Canarias no necesita más decretos, no necesita más fotos de eficiencia, necesita que se diga la verdad, y la verdad es que este modelo es un fiasco y que sigue ahogando a nuestro territorio.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Ahora interviene el Grupo Parlamentario Popular, y lo hará la señora Reverón González.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días a todas sus señorías y buenos días al señor consejero. Feliz Año, antes que nada, a todas las personas que no he podido felicitar.

Y, bueno, me subo hoy a esta tribuna para decirles que el Grupo Parlamentario Popular por supuesto que va a aprobar y va a convalidar este decreto ley. Un decreto ley que trata de modificar por un lado la Ley del Suelo, la Ley 4/2017, de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias.

A mí sí me gustaría decir lo siguiente: estamos ante un decreto ley, y usted, además, lo ha dicho muy claro, que se trata de un decreto ley necesario, un decreto ley proporcionado y, además, jurídicamente sólido. Y me voy a explicar bastante claro. Pero es verdad que la señora González -a la que todo el mundo sabe que le tengo muchísimo aprecio- me ha llevado y me ha trasladado a julio del 2017, que fue cuando se aprobó la Ley del Suelo, la Ley 4/2017, que entró en vigor el 1 de septiembre. Y me ha trasladado porque, que yo sepa, hoy no estamos hablando del conjunto de la Ley 4/2017, estamos hablando de una modificación puntual. Que, por cierto, tan mal no lo hicimos en el año 2017 que ustedes estuvieron cuatro años en el Gobierno y no hicieron..., bueno, rectifico, sí hicieron, parchearon continuamente la Ley de Suelo (palmoteos), por ejemplo, el proyecto de ley 10, que parcheó, parcheó... Y yo tuve que escuchar y todos los que están aquí presentes tuvimos que escuchar durante cuatro años "vamos a modificar la Ley del Suelo, vamos a modificar la nefasta Ley del Suelo que aprobaron ustedes, el Gobierno anterior", y no la modificaron, no la modificaron en su conjunto, simplemente hicieron parches para modificar cuestiones que les interesaban, 0cuestiones que les interesaban. Por tanto, vamos a aclararnos. O sea, de verdad, señorías, hoy estamos ante un decreto ley -y lo vuelvo a repetir- necesario, un decreto ley urgente -y ahora explicaré el porqué- y un decreto ley totalmente motivado jurídicamente.

Miren, estamos hablando de la ampliación, por decirlo de alguna manera, o prórroga, mejor dicho, de los informes ambientales estratégicos. Curiosamente, quien se estudie la ley, la ley básica del año 2013, hay muchísimos procedimientos ambientales que sí permiten la prórroga, menos esta, menos el ambiental estratégico, y la verdad es que llama mucho la atención que en el resto se permita y aquí no. ¿Y por qué?, ¿por qué llama la atención?, pues porque directamente, cuatro años después de haberse aprobado ese informe de memoria ambiental estratégica, caduca, es decir, todo lo que se ha trabajado, todos los informes técnicos, todos los informes jurídicos, todos los procedimientos, todo, absolutamente todo, se va al cubo de la basura, y son muchos años de trabajo para tirarlos al cubo de la basura.

Y tengo que decirles, por si no se lo han leído y no se lo han estudiado, que la ampliación del plazo no es precepto básico, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la disposición final de esa ley básica del año 2013. Por tanto, el Gobierno tiene la capacidad y la potestad de modificar y, sobre todo, de ampliar esos plazos. ¿Por qué? -y lo voy a decir así-, porque nos va la vida en ello. Quien ha estado trabajando en temas de procedimientos urbanísticos, todos sabemos que de los diez años no te quita nadie.

Alguien ha hablado también de la cantidad de dinero que cuesta un procedimiento, en este caso, por ejemplo, un plan general. Lo que no podemos hacer es tirarlo todo al cubo de la basura, pues porque se atasque desde el punto de vista jurídico, pues porque en estos momentos sabemos, por ejemplo, que los funcionarios están más en temas de la estabilización que realmente tramitando proyectos... Entonces, hay que ser conscientes con la situación, señorías. Por tanto, quiero decirlo, que es necesario, urgente y, además, está avalado jurídicamente.

Por otro lado, también se solicita y se va a solicitar la ampliación por un año de esas memorias ambientales. Es verdad que no tiene mucho sentido que, una vez que has cumplido con todos los procedimientos, una vez que se ha sometido a información pública, una vez que has respondido a todas las alegaciones que se presentan, que son muy complejas, ¿de repente lo guardamos todo en una gaveta?

Y he dicho que ahí nos va la vida, porque ahí estamos hablando de vivienda, de ese grave problema que tenemos en Canarias, estamos hablando de infraestructuras básicas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de centros sociosanitarios, estamos hablando de que si esto no se permite todo quedaría guardado en un cajón, y ahí no nos van a ver a este Gobierno.

Y, finalmente, se habla también de una ampliación de las sociedades, de las cooperativas. ¿Por qué?, porque es verdad que el 10 de enero -usted lo ha dicho hoy- finalizaba ese plazo para ellos poder adaptarse a esa legislación y no tiene sentido que les hayamos -y digo les hayamos porque fue una ley que se aprobó en este Parlamento-, les hayamos impuesto esa disolución automática en el caso de que no se adapten.Sabemos que existe un atasco importante en los registros, sabemos que hay muchísimas cooperativas que han solicitado esa calificación previa y sabemos que están todavía esperando. Por tanto, enhorabuena por ampliar ese plazo a un año, que creo que en un año tendrán tiempo de poder adaptarse a la legislación.

Y, finalmente, sí quiero hacer referencia -porque además así se ha dicho- a sobre lo que ha dicho el dictamen del Consejo Consultivo. Señorías y señor consejero, hay que tener clara la doctrina constitucional y hay que tener claro, primero, que hablar de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, además de ser una oportunidad política, que lo decide el Gobierno, el Constitucional ha dicho bien claro que no es necesario que sea improvisado; lo que es necesario y ustedes tienen que confirmar es que sea urgente, que sea necesario y que no se pueda trasladar en el tiempo, y creo, después de lo que he dicho, que aquí de lo que se está tratando es de una situación urgente, una situación que está totalmente individualizada -y usted además ha nombrado los planes generales que se encuentran en esa situación- y, por tanto, no podemos esperar a que venga una legislación ordinaria a modificar esta ley, porque estamos hablando de situaciones urgentes.

Por eso, señorías, sí me gustaría decirles que, por supuesto, mi grupo parlamentario está muy convencido de que este decreto ley tiene que salir para adelante, se tiene que convalidar, sobre todo por el bien de todas esas infraestructuras que todos nosotros necesitamos.

Muchísimas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.

Muy bien, ahora es tiempo de intervención para el Grupo Nacionalista Canario, y lo hará el señor Barragán Cabrera.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Hoy hablamos de un decreto ley que, dicho en palabras sencillas, viene a poner sentido común en dos ámbitos claves: la planificación del territorio y la vida de nuestras cooperativas.

Primero, el suelo y el medio ambiente. Cada vez que un ayuntamiento o un cabildo quiere sacar adelante un plan urbanístico territorial tiene que pasar un filtro ambiental, es el famoso informe ambiental estratégico. Es esa especie de ITV ambiental que comprueba que el plan, el daño que puede producir puede ser asumido por el municipio. Ese informe tiene un plazo de caducidad. ¿Qué está pasando? Que muchos planes, después de años de trabajo -alegaciones, informes sectoriales y participación ciudadana-, estaban llegando casi al final y justo entonces el informe ambiental caducaba. ¿Consecuencia, en teoría?: volver a empezar casi desde cero. Imaginemos un municipio que lleva diez años intentando aprobar su plan general para ordenar suelo para viviendas, zonas verdes e infraestructuras. Ha hecho los deberes, ha escuchado a los vecinos, ha corregido errores, pero por la propia complejidad del procedimiento y la acumulación de informes el plazo del informe ambiental se pasa unos meses. Sin esta reforma, ese ayuntamiento tendría que reiniciar otra vez el procedimiento ambiental, con nuevos años de retraso para las personas, que necesitan seguridad jurídica para operar, para la construcción de una vivienda o para el desarrollo empresarial. Lo que hace ahora este decreto ley es permitir que el órgano ambiental, si comprueba que no han cambiado los elementos esenciales, pueda prorrogar ese informe durante dos años más. Y, además, para algunos planes más antiguos, con memorias ambientales ya prorrogadas hasta el límite, se concede un año extra para poder aprobarlos si ya han superado la fase de información y de informe. Es decir, no relajamos la protección ambiental pero evitamos que planes muy avanzados se caigan por un puro problema de calendario. Protegemos el territorio y al mismo tiempo damos seguridad a ayuntamientos y cabildos, inversores también, y sobre todo a la ciudadanía, que espera soluciones en materia de vivienda, servicios e infraestructuras.

Pasamos ahora al segundo bloque, las sociedades cooperativas de Canarias. Las cooperativas son una de las columnas vertebrales de la economía social en nuestras islas. La ley de cooperativas del año 2022 dio un plazo de tres años, hasta el 10 de enero de 2026, para que todas las cooperativas ya existentes adaptaran sus estatutos a la nueva normativa. Y, además, les decía algo muy duro: si no lo hacen a tiempo, quedarían disueltas automáticamente y entrarían en liquidación. El problema es que muchas cooperativas sí que han cumplido, han preparado sus nuevos estatutos, los han presentado para calificación previa, pero la Administración va saturada y hay expedientes pendientes de resolver. Es decir, han hecho lo que se les pedía pero corren el riesgo de ser disueltas por un cuello de botella administrativo. Pensemos en una pequeña cooperativa de agricultores de La Palma, con cuarenta socios. Ya han adaptado sus estatutos, han ido al notario, han presentado la documentación, pero el registro todavía no ha terminado de revisarla. Sin esa reforma podrían encontrarse el 10 de enero -ya pasado- en situación de disolución de pleno derecho, con sus cuentas, sus contratos y sus ayudas en el aire sin haber hecho nada malo. Lo que hace el decreto es muy simple y muy sensato, amplía un año más ese plazo, hasta el 10 de enero de 2027, para que todas las cooperativas constituidas antes del 10 de enero del año 2023 puedan terminar de adaptar sus estatutos sin ese miedo de disolución automática. No se elimina la obligación de adaptarse -y esto es importante-, se mantiene, pero se evita que, por falta de tiempo y por retrasos de la propia Administración, cooperativas viables y útiles para su comunidad desaparezcan jurídicamente.

Y termino, señorías, con una observación que ha hecho Nueva Canarias. Nueva Canarias nos ha repetido la ley del 2017, la ley del 2017. Y ya se lo decía la portavoz del Partido Popular, era tan mala la ley, es tan mala la ley que entre el año 2019 y el año 2023, gobernando Nueva Canarias la comunidad autónoma, solo hicieron una modificación de esa ley, una sola. Si es tan mala la ley, ¿por qué no la cambiaron? ¿Por qué después de que salieron del Gobierno, en el año 2025, 2026, ya hoy, vienen a recordarnos que una ley del 2017 y ustedes cuatro años en el Gobierno y no la cambiaron? ¿Tan mala era esa ley? (Palmoteos).

Señorías, termino con esta observación, para los compañeros de Nueva Canarias con todos estos temas de ordenación del territorio. ¿Ustedes no se están dando cuenta de que están bastante despistados últimamente con estos temas, que no se puede ser tan contradictorio? ¿Ustedes saben exactamente que pasaron por el Gobierno de Canarias durante cuatro años, que estuvieron en el Gobierno, que la mitad de las cosas que están diciendo desde el año 2023 hasta el año 2026 -tema turístico con el tema de las viviendas vacacionales, el tema de la ley de vivienda, el tema de la Radiotelevisión Canaria-, todos estos temas, ustedes tuvieron cuatro años para hacer algo y no hicieron absolutamente nada?

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barragán.

Muy bien, finaliza el debate el Grupo Socialista Canario, y lo hará la señora Alemán Ojeda.

La señora ALEMÁN OJEDA: Buenos días. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Desde el Grupo Socialista queremos comenzar con una afirmación clara -buenos días, señores consejeros, además tiene que ver con los decretos que estamos debatiendo-, una afirmación clara, y es que entendemos el objeto de este decreto ley y compartimos en lo sustancial el diagnóstico que hace el Gobierno. No estamos, entendemos nosotros, no estamos ante un debate ideológico, sino ante problemas reales de funcionamiento administrativo que afectan tanto a la seguridad jurídica, al planeamiento y a las entidades de la economía social en el caso de las cooperativas. No es razonable que instrumentos de planeamiento prácticamente culminados, tras años de trabajo técnico, de participación pública, tengan que reiniciarse desde cero por el simple transcurso de un plazo cuando no se han producido -y esto es importante- cambios sustanciales en el entorno. Tampoco lo es que cooperativas de Canarias con más de diez, veinte o treinta años de antigüedad, de historia, se vean abocadas a la disolución de pleno derecho por retrasos administrativos que, además, no les son imputables.

Ahora bien, señorías, estar de acuerdo con el fondo no nos exime de ejercer nuestra responsabilidad como oposición y menos cuando el propio Consejo Consultivo -que también informó en este decreto, como en la ley, pero antes no lo nombraban tanto, al Consejo Consultivo, pero para este decreto sí- advierte con claridad de los límites constitucionales y estatutarios del decreto ley, subrayando que su uso debe ser estrictamente excepcional y estar sólidamente justificado.

En materia de suelo y ordenación del territorio, conviene decirlo sin rodeos, el problema que hoy se intenta resolver no es nuevo. La complejidad de los procedimientos, la acumulación de informes sectoriales, la falta de coordinación y sobre todo la insuficiencia de medios humanos y técnicos llevan años encima de la mesa y precisamente por eso resulta llamativo, mientras se acude de nuevo a un decreto ley, el proyecto de modificación de la ley del suelo que siga esperando su tramitación parlamentaria. Así que tanto al señor Barragán como a la señora Reverón los entendemos perfectamente, nosotros llevamos dos años y medio escuchando "vamos a modificar la Ley del Suelo, vamos a modificar la Ley del Suelo" y no la terminan de modificar, sino vía decreto, y eso sin volcán y sin pandemia. Estas medidas, como decía, pueden admitirse por razones de urgencia, pero no sustituyen la reforma estructural que debe debatirse en esta Cámara. No es la primera vez que lo decimos, que cuando se vaya a modificar la Ley del Suelo no le va a quedar Ley del Suelo que modificar, señor Miranda, porque lo han hecho todo vía decreto. Usted no tiene ninguna prisa, lo ha dicho en multitud de ocasiones, pero hay otros que le vienen empujando desde junio del 2023.

El Grupo Socialista siempre ha defendido una planificación territorial rigurosa, sostenible y con todas las garantías ambientales. Y aquí queremos ser además muy claros: nadie está cuestionando la evaluación ambiental, quiero que eso quede diáfano. De hecho, el propio Consultivo recuerda que la prórroga de estos informes ambientales solo es admisible si no se vacían de contenido las garantías ambientales, si se comprueba que no han cambiado las circunstancias sustanciales y si se mantiene el control administrativo efectivo.

Por eso entendemos la medida, pero advertimos que no puede convertirse en una práctica ordinaria, señores consejeros. La prórroga debe ser excepcional, motivada y limitada en el tiempo, porque, señorías, ampliar plazos sin reforzar la Administración es simplemente darle al problema hacia adelante.

Y, señora Reverón, recuerdo sus palabras en la legislatura pasada: el Gobierno usurpa la capacidad legislativa de este Parlamento. En esta legislatura, usted dice: el Gobierno tiene la potestad de cambiar las leyes. (Palmoteos). Está muy bien el progreso y la evolución de su discurso.

Y sobre todo, señorías, echamos en falta un compromiso más firme del Gobierno para dotar de medios reales a los órganos ambientales y de planificación, porque si dentro de dos años estamos de nuevo aquí acordando otra prórroga más y dentro de cuatro otra prórroga más habremos fracasado.

En cuanto a las cooperativas, nuestro posicionamiento es inequívoco: el Grupo Socialista no va a permitir que cooperativas con tanta historia, profundamente vinculadas al territorio y a la economía social de nuestra tierra, queden disueltas automáticamente por una sobrecarga administrativa del Gobierno. El Consejo Consultivo avala esta medida, también recuerda que esta situación era previsible y que la urgencia deriva en buena medida de una falta de planificación normativa de ustedes, de su Gobierno. El plazo de adaptación estatutaria estaba fijado desde la aprobación de la ley en el 2022 y su entrada en vigor en el 2023, se sabía cuándo vencía y a cuántas entidades afectaba. Aun así, se llega al final del plazo, resolviendo el problema por decreto ley y con el tiempo justo -el 10 de enero fue el sábado-, porque se pasan la vida mirando a Madrid y no miran los calderos que tienen aquí al fuego (palmoteos), que son los que de verdad nos preocupan a los canarios y a las canarias, las cuestiones que de verdad nos afectan. Esta, la suya, la técnica del Gobierno, la técnica legislativa, advierte que estas soluciones deben ir acompañadas de una tramitación posterior, como un proyecto de ley, para dar estabilidad jurídica y permitir la mejora del texto.

Por todo ello, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar la convalidación de este decreto, porque no hacerlo sería irresponsable y, además, generaría muchos perjuicios, pero lo haremos con un espíritu crítico, con una advertencia clara: esta no va a ser la forma habitual de legislar en Canarias. Canarias necesita seguridad jurídica, necesita una ley del suelo clara y actualizada y necesita, además, que las reformas estructurales se tramiten en este Parlamento con debate, con participación y con previsión. Estamos de acuerdo con el qué, pero no con el cómo ni con el cuándo y desde el Grupo Socialista seguiremos siendo exigentes para que las soluciones excepcionales no se conviertan en la norma y para que este Parlamento recupere el protagonismo que le corresponde.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Alemán.

Hemos finalizado el debate; por tanto, llamamos a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Señorías, en primer lugar pasamos a proceder a la votación de la convalidación o no del decreto ley. Votamos. (Pausa).

Votos emitidos, 65: sí, 65; no, cero; abstenciones, cero.

Queda aprobada, por tanto, por unanimidad.

Y ahora procedemos a la votación de si consideran que debe tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos. (Pausa).

Sí, 3; no, 62; abstenciones, cero.

Queda, por tanto, rechazado.