Diario de Sesiones 109, de fecha 25/2/2026
Punto 11

11L/DL-0021 DECRETO LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/2022, DE 27 DE DICIEMBRE, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE CANARIAS, DEL DECRETO LEY 5/2024, DE 24 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/2022, DE 27 DE DICIEMBRE, Y DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS

La señora PRESIDENTA: Ahora sí que procedemos al debate de la convalidación o derogación del Decreto Ley... 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, del Decreto Ley 5/2024, de 24 de junio, de Modificación de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, y de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Inicia su intervención el señor consejero de Transición Ecológica y Energía.

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA (Hernández Zapata): Gracias, señora presidenta. Señorías.

En junio de 2024 aprobamos una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias que trajo una regulación operativa y con una importante simplificación burocrática, aportando garantías y seguridad jurídica para agilizar la tramitación de nuevos proyectos que respondieran a la situación de emergencia energética y climática en la que está Canarias. Hoy traemos a este pleno la toma en consideración del decreto de modificación de este texto.

Estamos ante una reforma puntual, quirúrgica, pero relevante. No cambia el rumbo de la ley, no altera sus principios estratégicos, no rebaja su ambición climática, lo que hace es mejorar su aplicabilidad, reforzar su seguridad jurídica y dar respuesta a cuestiones que en estos primeros meses de vigencia nos han planteado los cuadros técnicos de los cabildos y ayuntamientos.

Y quiero empezar por ahí. Esta modificación nace del diálogo técnico, de las sesiones formativas que hemos impartido con personal municipal e insular, de la experiencia práctica en la tramitación de instrumentos de planeamiento y proyectos energéticos. Han sido precisamente esos técnicos quienes nos trasladaron dudas interpretativas y posibles bloqueos. Nuestra obligación, cómo no, era escucharlos y afinar para no dejar lugar a ninguna duda.

El primer bloque de cambios responde a esa realidad, y aclaramos, por ejemplo, la cuestión de los estándares de espacios verdes. Se generan interpretaciones que entendían que los 10 m2 por habitante constituían un estándar adicional al de espacios libres previstos en el planeamiento. Eso podría suponer duplicidades y complicaciones innecesarias en la aprobación de planes. Lo que hacemos es precisar que esos 10 m2 computan dentro de la categoría de espacios libres, ni más ni menos. En la misma línea, se aclara que palmeras y arbustos pueden computar a efectos del criterio de un árbol por cada tres habitantes. Lo importante es la función ambiental y de sombra que persigue la norma, y esta precisión al final facilita su aplicación práctica, sin rebajar en absoluto la ambición ambiental.

También profundizamos en la implantación de fotovoltaicas encubiertas, diferenciando claramente entre uso no residencial, residencial colectivo y residencial unifamiliar. En el caso no residencial podrá destinarse hasta el 100 % de la cubierta no afectada por otros usos obligatorios. En residencial colectivo se permite, igualmente, hasta el 100 %, con la posibilidad de justificar técnicamente una reducción hasta el 50 % cuando sea necesario compatibilizar con otros usos. Y en vivienda unifamiliar la instalación deberá cubrir el autoconsumo. Además, se aclara que las terrazas no tienen la consideración de cubierta a efectos... y podrá apreciarse excepcionalidad por imposibilidad técnica o ineficiencia energética. Todo entendemos que aporta homogeneidad interpretativa, evita conflictos y da seguridad a quienes deben informar y autorizar.

El segundo gran bloque de medidas refuerza la participación local en los proyectos de energías renovables. Eliminamos la referencia estricta a la participación en la propiedad y abrimos la puerta a otras fórmulas, como mecanismos de financiación o instrumentos económicos equivalentes. Incluimos expresamente a cabildos y ayuntamientos. El objetivo es claro, que el despliegue de renovables genere retornos directos en el territorio y fortalezca la implicación institucional y social. No se trata solo de producir energía limpia, sino que esa energía también contribuya al desarrollo local.

Y, en tercer lugar, aprovechamos instrumentos ya en tramitación para dar coherencia y eficiencia administrativa. Utilizamos el estado del avance del Plan Canario de Acción Climática para agilizar la aprobación del plan canario de adaptación climática y ordenamos partes del documento en tramitación de cara al futuro Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias, para así evitar duplicar procedimientos y reiniciar trabajos ya avanzados. Ganamos tiempo, coherencia y eficiencia.

En relación con las Zonas de Aceleración de Renovables, incorporamos en la exposición de motivos el compromiso de no proceder a su desarrollo reglamentario hasta que el Estado complemente la transposición de la directiva europea correspondiente. Y en este punto quiero recordar que España llega tarde a su compromiso, puesto que esto se debería haber hecho antes del 21 de mayo de 2025. Podemos decir con orgullo que Canarias ha tomado la iniciativa con la ley que aprobamos en 2024 y nos dotamos de un procedimiento transitorio para ir delimitando las ZAR junto a los cabildos insulares. Esta regulación sigue plenamente vigente. Las negociaciones no son sencillas, pero estoy convencido de que el diálogo, el diálogo técnico permanente entre Administraciones será la clave del éxito de esta herramienta vital para el desarrollo de las energías limpias en Canarias. Asimismo, se aclara que a estas zonas no les resulta de aplicación la restricción dependiente natural prevista en la Ley del Suelo.

El decreto, además, incorpora dos ajustes concretos en la Ley del Suelo. Se modifican los apartados relativos a usos y obras provisionales para establecer con claridad qué son las características constructivas, como la facilidad de desmontaje o traslado, las que determinan su viabilidad y no el valor económico del uso, y se refuerza la seguridad jurídica del personal técnico para fijar las garantías destinadas a cubrir los costes de desmantelamiento. También se modifican preceptos que permiten en determinadas actuaciones de mantenimiento, reforma o modernización incrementos de volumen o edificabilidad, siempre que estén previstos en el planeamiento vigente y sin que se pierda la situación legal de consolidación. Aplicamos el mismo criterio a la actualización de usos e instalaciones para adaptarse a nuevas normas o mejorar la eficiencia y el comportamiento ambiental. Facilitamos así la rehabilitación y modernización del parque edificado sin generar inseguridad jurídica.

Ahora quiero referirme a la forma en la que va a avanzar esta modificación. En la anterior ocasión, cuando abordamos la modificación profunda de la ley, defendimos que no fuese por la vía del procedimiento de ley; lo hicimos en un contexto que entendíamos de urgencia. Canarias necesitaba contar con un nuevo marco normativo operativo para no perder oportunidades en planificación energética, seguridad jurídica y cumplimiento de compromisos climáticos, además de dotarnos de las herramientas necesarias para la adaptación a los efectos del cambio climático. La modificación contó con una gran participación de los agentes implicados, pero evitamos alargar el procedimiento parlamentario con un tiempo que no podíamos permitirnos.

Hoy la situación es distinta. La ley está en marcha, sus instrumentos están activados, la experiencia práctica nos ha permitido detectar matices mejorables, y en este nuevo contexto nos hemos comprometido a que esta modificación continúe su tramitación por la vía de proposición de ley. Lo hacemos porque entendemos que ahora sí podemos afinar el texto con una tramitación parlamentaria que enriquezca incluso más esta ley. Si antes era imprescindible actuar con rapidez, hoy podemos cocinar los ajustes con mayor sosiego.

En definitiva, esta es una modificación que nace de la experiencia, diálogo técnico y de la voluntad de mejorar una norma que ya está dando resultados. Ha traído una reducción significativa de la burocracia, una simplificación de instrumentos, un impulso a la actividad económica que genera el sector de las energías limpias, y esos son los objetivos que seguimos trabajando para retirar obstáculos y generar oportunidades.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Muy bien, ahora Agrupación Herreña Independiente, Grupo Mixto, su tiempo.

El señor ACOSTA ARMAS: Señorías. Gracias, presidenta.

Este decreto ley responde, en primer lugar, a una necesidad jurídica que es ineludible, que es, precisamente, cumplir el acuerdo alcanzado ante la Comisión Bilateral Estado-Canarias y evitar un eventual conflicto de constitucionalidad, con lo cual, la urgencia está justificada. Los plazos del Tribunal Constitucional no admiten demoras y la comunidad autónoma debe ejecutar los compromisos que han sido asumidos. Por tanto, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad está acreditada.

Pero este texto no se limita a ajustar técnicamente la norma, incorpora correcciones que considero que son relevantes en la aplicación práctica de la Ley de Cambio Climático y también la Ley del Suelo. Valoramos especialmente las aclaraciones sobre usos y obras provisionales, que evitan interpretaciones que estaban siendo restrictivas y que estaban frenando completamente la actividad económica y las actuaciones vinculadas precisamente a paliar la emergencia habitacional, la precisión en materia de participación local en proyectos de energía renovable y también la posibilidad de que los ayuntamientos y cabildos puedan participar de una forma real en estos proyectos, incluso mediante fórmulas que compensen su aportación a través de un canon urbanístico. Estamos hablando de que una Administración local que prácticamente no tiene tesorería para afrontar un proyecto de las dimensiones, como puede ser Gorona del Viento, gracias a esta fórmula, pueda participar dentro del control accionarial de ese posible proyecto. Esto entidades locales, donde su capítulo VI, o IV, es prácticamente minúsculo, supone, de facto, gracias a esta argucia administrativa, poder financiar la entrada en proyectos de esta índole.

En islas como El Hierro sabemos que la transición energética no puede ser impuesta, debe ser compartida. La experiencia del Gorona del Viento demuestra que, cuando un territorio participa, el proyecto se consolida y, cuando no participa, surge el rechazo. Además, Gorona del Viento es el ejemplo claro de cómo la tenacidad de una Administración y de los ideales de personas como don Tomás Padrón pudieron hacer posible un proyecto de este tipo, pero ¿hoy en día cuántas Administraciones locales podrían afrontar una inversión de ese calibre sin fórmulas como las que estamos poniendo ahora gracias a esta nueva norma?

También consideramos muy positivo que se concilien los objetivos climáticos con la realidad técnica y urbana en materia de instalaciones cubiertas y un despliegue de renovables. Ahora bien, señorías, debemos ser claros: las materias territorial, energética y ambiental necesitan una estabilidad normativa, las modificaciones deben servir para consolidar el marco jurídico, no para generar una incertidumbre permanente en todos los actores que conviven en este marco, porque de lo contrario lo que estaríamos generando es inseguridad, y ese es el peor enemigo, precisamente, de este tipo de inversiones, que requieren de una estabilidad que les permitan consolidar proyectos que muchas veces tienen un retorno superior a los quince años.

Por eso, apoyamos la convalidación de este decreto ley y, al mismo tiempo, consideramos adecuado que se tramite como un proyecto de ley para que esta Cámara pueda perfeccionar el texto, pueda mejorarlo, pueda debatirlo con mayor profundidad y, sobre todo, introducir mejoras si fueran necesarias. En definitiva, se cumple con el Estado, se mejora la seguridad jurídica, se corrigen aquellas disfunciones detectadas, se refuerza la participación del territorio en la transición energética, y, por todo ello, vamos a votar a favor de esta convalidación. Respaldamos su tramitación como proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Ahora es tiempo de intervención para la Agrupación Socialista Gomera, y lo hará el señor Ramos.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenas tardes.

Nuestro grupo, como ya reiteró en la Comisión de Cabildos correspondiente, va a apoyar este decreto ley y, por supuesto, apoyará también su tramitación como proyecto de ley, que creemos que es necesaria, sobre todo, para la aportación que podamos hacer desde los diferentes grupos y también para seguir escuchando a los cabildos en algunas de las cuestiones en que creemos que es necesario tener ese conocimiento del territorio y, sobre todo, la valoración que hacen al respecto y, en este caso, las aportaciones que pueden llegar a hacer.

Intentaré no repetirme en lo que ya usted ha dicho en las diferentes modificaciones que se han llevado a cabo en este decreto ley, cambios que son obvios, son necesarios, sobre todo, en primer lugar, para cumplir con ese acuerdo de la Comisión Bilateral Canarias-Estado y así, de esta manera, evitar ese conflicto competencial y garantizar también la estabilidad y la constitucionalidad, por supuesto, de esta norma.

En primer lugar, se modifica el artículo 21 de la Ley 6/2022, se modifica el artículo 21 precisamente de ese modelo territorial y urbanístico. Es importantísima también esa modificación en el artículo 64 de la Ley 6/2022, que regula la participación local en propuestas de generación de renovables, y aquí creo que es importante esta modificación, sobre todo, porque la transición energética, cuando hablamos de las renovables, no debe hacerse a espaldas de los cabildos y ayuntamientos, sino contando con los cabildos y los ayuntamientos. Y este aspecto es relevante. Así que... que puedan participar de esos proyectos los cabildos, sobre todo en las islas no capitalinas y, concretamente, en las islas verdes, donde son cabildos más pequeños, donde la capacidad de gestión puede ser importante cuando hablamos de participar en estos proyectos, sobre todo por lo que supone para la población de estas islas.

Otro aspecto importante es cuando hablamos de la energía fotovoltaica y la necesidad de democratizar la energía. Realmente, la incidencia que tiene la energía en el precio la conseguimos abaratar para los usuarios precisamente con el autoconsumo. Es esencial que sigamos profundizando y facilitando las formas de hacerlo, porque ello contribuye a que todos y cada uno de los canarios y canarias podamos tener derecho también a usar esa energía renovable y, por supuesto, beneficiarnos de ese menor coste que tiene en la factura eléctrica.

Si hablamos de las diferentes modificaciones tanto de la Ley del Suelo como la Ley de Cambio Climático como el decreto ley que también modificamos estamos hablando de seguridad jurídica. De ahí que sea importante hacer estas pequeñas matizaciones, porque al final se trata de no entorpecer, sino de seguir progresando, y para ello es necesario ya que los técnicos se han encontrado con esas trabas facilitarlas y, sobre todo, tener en cuenta que seguimos garantizando la sostenibilidad y en ningún momento se pone en riesgo. La protección sigue siendo igual y se sigue manteniendo con las mismas garantías.

Si nos atenemos a la conclusión del informe del Consejo Consultivo, determina que en términos generales la utilización del decreto ley está justificada precisamente por esa necesidad para cumplir con ese acuerdo bilateral y también por esas razones de seguridad jurídica.

Por lo tanto, le reiteramos, señor consejero, que vamos a convalidar este decreto ley. Creemos que es acertado también que se tramite como proyecto de ley, porque creo que aquí los cabildos pueden seguir aportando su granito de arena y, por supuesto, también por medio de los diferentes grupos parlamentarios para que al final consigamos sacar el mejor texto posible y que al final estemos hablando de una mayor inserción de renovables en Canarias. Nos hemos puesto el límite muy alto y, si no facilitamos las cosas, va a ser imposible que lleguemos a esas pretensiones que tenemos.

Por lo tanto, quiero felicitar a los servicios jurídicos de la consejería y del Gobierno de Canarias en general por la elaboración de este decreto ley. Y, una vez más, creo que es importante y siempre va a tener a la Agrupación Socialista Gomera de su lado cuando hablamos de la inserción de renovables y cuando tenemos en cuenta a los cabildos y a los ayuntamientos porque tienen que ser fundamentales en esta tarea.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Grupo Parlamentario VOX. Intervendrá el señor Galván.

El señor GALVÁN SASIA: Voy a leer el decreto del que estamos hablando, simplemente el título: "Decreto Ley 21, de Modificación de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, del Decreto Ley 5/2024, de 24 de junio, de Modificación de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, y de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias". Este título ya lo dice todo.

En la Comisión de Cabildos la pasada semana algunos representantes hablaban de que la transición energética como una imposición externa no se puede ver o que la transición energética no puede hacerse contra el territorio y contra la gente. Totalmente de acuerdo. El título demuestra de lo que estamos hablando. Para VOX ya saben lo que haríamos con la Ley de Cambio Climático, que espero que en un futuro próximo lo podamos hacer, que es derogarla. Es lo único que se puede hacer con esta ley, derogarla, y todos los apéndices que dependen de ella y que la causan. Ahora entraré en detalle.

El decreto ley que ustedes traen aquí hoy consta de tres artículos. El primero habla de la participación local cuando se ofrezca al menos el 20 % del proyecto a la sociedad civil o a Administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos, etcétera. Me gustaría saber si usted puede aportar datos de cuántos promotores ya se han echado atrás por el incremento de trabas burocráticas que esto resulta o porque no quieren, sin más, compartir su idea de negocio, su proyecto de negocio, con el 20 % de vaya usted saber qué.

El segundo punto de su decreto ley es un sí, pero no, porque sí, pero depende de la legislación estatal. O sea, un sí, pero no.

Y el tercer punto vemos que tiene partes positivas el tercer punto, porque hace que se favorezca la instalación de placas fotovoltaicas, que no requiera especiales permisos y que se adecúe la normativa a esas placas fotovoltaicas. Pero hay algo, consejero, con lo que no podemos estar de acuerdo de ninguna de las maneras: se obliga, se obliga a las nuevas construcciones, incluso a viviendas unifamiliares, a instalar placas fotovoltaicas. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos obligando a alguien a hacerlo? ¿Tan poca fe tenemos en el sistema energético canario que estamos obligando a las nuevas viviendas a tener ese autoconsumo obligatorio? Pues no sé para qué están las Administraciones públicas si estamos obligando a las nuevas construcciones a ser 100 % autosuficientes. Esto, señor consejero, no tiene más que una palabra, que es intervencionismo. Pero ese intervencionismo no es más que analizar de dónde viene y lo que significa la Ley de Cambio Climático, el espíritu de la Agenda 2030, del Pacto Verde. Vemos lo que está pasando, lo que está pasando en la vida real, lo que pasa con el sector primario, lo que pasa con las excesivas trabas burocráticas y regulatorias, lo que va a pasar con los impuestos verdes a las navieras, la pérdida de competitividad de Europa, de España y de Canarias. Se están deslocalizando empresas, nos están tomando el pelo tanto países como Estados Unidos, China, la India, haciendo que tengamos impuestos y políticas verdes mientras ellos se pasan esto por allá.

Recuerde lo que le he dicho siempre: el porcentaje de emisión de CO2 de Canarias es insignificante con respecto a lo que hace China, que no está cambiando, no está cambiando su modelo, sigue abriendo hasta dos centrales de carbón a la semana, no están cambiando su modelo, están beneficiándose de la idiotez que estamos demostrando, del tiro en el pie que se están pegando Europa, España y Canarias. Se lo he dicho en otras ocasiones: si mañana se hunde Canarias en el océano Atlántico, el CO2 no lo nota, no lo nota, es absurdo, es insignificante, no tiene ningún sentido. No podemos cambiar nuestro modelo productivo por una ensoñación climática que viene, encima, de gente que ya está cambiando.

Si usted me dice -podríamos encontrarnos en el camino-: "Vamos a hacer un sistema verde, energético, eficiente, estable". "¿El gas?". "No, no, el gas no". "¿La nuclear?". "No, no, la nuclear no". Son energías densas, estables y fiables declaradas verdes por Europa. ¿Qué pasa? ¿Que no? El Partido Popular ya ha hecho un manifiesto a favor de la energía nuclear. ¿Qué pasa con los pequeños reactores modulares que este Parlamento se negó a estudiar? Se negó a estudiar, consejero. Ya lo de las tierras raras, también negarse a estudiar eso tiene narices la cosa. Hablamos de diversificación económica, hablamos de energía densa, fiable, que atraiga inversión. Ahora con la inteligencia artificial, ¿adónde cree que van a ir los centros de datos si de repente Marruecos tiene un sistema denso estable porque apuesta por las nucleares? ¿Van a venir aquí, a las zonas francas, que las seguimos ninguneando? ¿A dónde van a ir cuando se les ofrezca esa estabilidad?

El Plan Canario de Acción Climática, que debería derogarse también, que habla de la Estrategia Canaria de Economía Circular, donde se habla de un nuevo estilo de vida. Por supuesto, ¿quién dice lo que es estilo de vida? Nuevas formas de producción y consumo responsables. ¿Quién será el gran hermano que diga "esto es responsable, esto no es responsable"? Nos van a decir qué comer, qué vestir, qué conducir, dónde vivir.

Y 100 % renovables para el 2040. Me gustaría que me dijera si eso va a ser posible, consejero, si va a ser posible o no.

El resumen -ya se lo he dicho otras veces, no quiero ser reiterativo- de la Estrategia Canaria de Economía Circular se resume en ese punto que dice que hay que medicar a las vacas para que no produzcan gases que causen efecto invernadero, ese es el resumen de todas estas porquerías ideológicas y que no tienen ningún tipo de sustento científico.

Usted habla, consejero, ha resumido esta modificación como que se ahorra tiempo -permítame que lo dude, porque vamos a cargar a los promotores con más trabas burocráticas y regulatorias-, coherencia -ahí le doy la razón, son coherentes y perseverantes en el fanatismo climático, o sea, coherente es- y, luego, eficiencia. No, consejero, unas placas fotovoltaicas y molinos eólicos no son eficientes, son energías inestables y causantes de los apagones, como hemos visto en el de la península. Aquí los apagones y los ceros energéticos se producen porque tenemos equipos totalmente obsoletos. Vemos cómo el concurso de energía que se hizo hace poco, con 1000 megavatios, solo 300 van a ser nuevos equipos, 700 se van a tener que renovar, se van a tener que utilizar equipos obsoletos y que van a caer. ¿La solución va a ser poner un barco flotante en Gran Canaria para que no haya cero energético en Gran Canaria, un barco con unos motores diésel, que eso sí que contamina, no solo CO2, sino otro tipo de contaminantes? ¿Esa es la solución del Gobierno de Canarias? ¿Realmente nos estamos cerrando a otro tipo de energía densa y estable? ¿Estamos criminalizando el gas y la energía nuclear?

Consejero, ¿sabe lo que va a pasar? Que al final el artículo 6 bis, tan demonizado, va a tener que utilizarse para instalar energías, centros de energías estables, densas y fiables donde haya que instalarlos, pero no podemos permitir tener más ceros energéticos, no podemos permitir seguir con este fanatismo climático y darle una patada a la prosperidad de nuestra región. Eso es así.

Y seguridad jurídica. Lamentablemente, con este Gobierno no va a haber seguridad jurídica ni en el REF ni en las renovables. No sé si lo sabe, pero es que han embargado hasta el Instituto Cervantes de Londres porque el Gobierno no paga a los extranjeros que tienen renovables. ¿Usted lo sabía? Están embargando propiedades del Gobierno de España y de España porque este Gobierno no cumple lo prometido y lo pactado.

Así que, por favor, reitero a Coalición Canaria que ya deje de apoyar al señor Sánchez, que es un Gobierno que no dice una verdad y que está siempre del lado de la mentira y del lado de este tipo de fanatismos, que no hace sino perjudicar a la sociedad española.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Galván.

Ahora es tiempo de intervención para Nueva Canarias-Bloque Canarista. Señor Caraballo.

El señor CARABALLO MEDINA: Muchas gracias, presidenta.

No se preocupen, que voy a tardar poquito.

Bueno, primero, quiero decirle a Niqui... Niqui, le estaba preguntando yo a Alicia si fuiste a la excursión en la que fuimos al Salto de Chira-Soria. No me acuerdo de si fuiste. ¿Fuiste? (El señor Galván Sasia asiente desde su escaño). ¡Ah! Fuiste. ¡Encima fue! Vale. ¡Encima fue! (Rumores).

Pero ¿usted se acuerda...? Usted está hablando aquí de que las renovables no sirven para nada. (El señor Galván Sasia lo niega desde su escaño, sin micrófono). Yo creo que usted, como yo, se quedó impac... No, que es un problema. El problema de las energías renovables lo tenemos claro, es el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento, si no, la energía no se usa y se pierde. Pero para eso se están haciendo los proyectos que se están haciendo, como, por ejemplo, el Salto de Chira-Soria, donde eso va a solucionar el problema de almacenamiento que ahora mismo existe, con las interconexiones interinsulares, donde ese almacenamiento en el Salto de Chira-Soria podría permitir que no se produzcan más ceros energéticos en islas no capitalinas, como Lanzarote y Fuerteventura, cuando estén las tres islas interconectadas. Yo creo que eso es lógico y eso va a evitar... (Manifestaciones del señor Galván Sasia desde su escaño). En una cosa sí estoy de acuerdo con usted: en el barco, en el barco sí que no estoy de acuerdo, eso sí que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya está. Voy a dedicar el tiempo al consejero.

Consejero, se lo dijimos, se lo dijimos en el año 2024, cuando usted se cargó una Ley de Cambio Climático del 2022 de un plumazo por un decretazo, se lo dijimos, que no estaba bien, que tenía errores. Y a usted, además, le tiran de las orejas, se convoca el comisionado, y, además, ustedes tienen un plazo de nueve meses para arreglar la situación, subsanarlo.

Pero, como decía mi amiga Esther, lo que nosotros les dijimos en el año 2024, cuando ustedes trajeron aquí ese decretazo... Además, en uno de los retos más importantes que tiene esta tierra, que es el cambio climático, porque, además, somos islas, no somos territorio continental, vamos a tener muchos problemas, ya no sabe uno qué ropa coger en el armario. Yo estoy cambiando las sábanas de franela un día sí, pongo las otras, porque hay calor, frío. O sea, el reto que tenemos ahora mismo en el impacto del cambio, la mitigación del cambio climático en Canarias es uno de los principales retos, junto con la demografía y con la carga poblacional, y ustedes se cargan una ley, que podía tener más o menos errores, y, sin contar con el debate parlamentario, hacen un decretazo con errores. Como dice mi amiga Esther, se la tuvieron que comer con papas.

Además, no lo decimos nosotros, ya lo han dicho aquí, creo que lo dijo Jesús también, desde el comisionado les llaman la atención por posibles indicios de inconstitucionalidad o invasión competencial. Nos dijeron que estábamos exagerando, además. Porque le digo una cosa: la Comisión Bilateral Canarias-Estado, eso no se convoca por bobería ni por capricho, eso se convoca cuando existen dudas fundadas de lo que dije antes. Y eso es fruto del acuerdo bilateral que se publicó en abril de 2025, donde le daban, como dije antes, nueve meses, hasta febrero de este año, para subsanarlo, además, algo que no era tampoco un cambio estructural, como usted dijo aquí antes, ni era un cambio estructural del decreto ni tampoco cambiar muchos artículos, sino que era algo banal.

¿Y qué hicieron ustedes durante nueve meses? Que es algo que no he visto aquí, la autocrítica también de usted como consejero. No hicieron nada en nueve meses, esperaron al último minuto para hoy estar aquí, nosotros, intentar hacer, nuevamente... además, creo que es el 21.º decreto que ustedes hacen en esta legislatura, que luego podrá salir aquí y decir: "No, es que ustedes hicieron 50 decretos por urgencia". Sí, hicimos 50 a lo mejor, o cincuenta y algo, pero, hombre, es que, vuelvo a decirlo, en los cuatro años anteriores tuvimos muchos problemas en esta tierra, tuvimos muchas piedras en el camino, el COVID, el volcán. Eso sí que son causas justificadas para por urgencia hacer decretos, eso sí que son causas justificadas, pero esto de hoy, sacar una justificación para hacer esto de hoy, la verdad es que no se ve la justificación. No lo entendemos. Eso es lo que indica también, aparte, la poca capacidad de trabajo que tienen ustedes a la hora de ejecutar aquí en el Gobierno y legislar. La verdad es que es nula.

Y aquí digo, bueno, aquí lo pone, el informe del Consejo Consultivo lo pone claro, además: no se acredita de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución para acudir a esta herramienta excepcional, como dije, excepcional. Nueve meses después del acuerdo bilateral, resulta evidente que podía haberse tramitado por el procedimiento legislativo ordinario, que es por eso por lo que nosotros nos vamos a abstener, nos vamos a abstener, señor consejero, y vamos, sobre todo... que esto se tramite como un proyecto de ley, por el futuro, sobre todo, de Canarias, en el reto del cambio climático.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Caraballo.

Grupo Parlamentario Popular. Señora Díaz.

La señora DÍAZ Y DÍAZ: Gracias, presidenta. Señorías.

Señor consejero, en estos días hemos escuchado críticas, hoy en este Parlamento nuevamente, a esta reforma, que van desde el negacionismo de quienes ven fantasmas ideológicos en cada nube, en cada placa solar y que pretenden sembrar Canarias, que es una tierra volcánica, no sé si son conscientes de ello, de energías nucleares, a quienes prefieren un modelo perfecto sobre el papel, aunque en realidad no funciona. Usted sabe, como yo, que la política útil no vive en los extremos, reside en la capacidad de escuchar, en la capacidad de analizar, de corregir y de avanzar. Y eso es lo que se ha hecho.

Miren, este Gobierno, de la mano de la Consejería de Transición Ecológica, no trae hoy a esta Cámara una ocurrencia. Tal y como está definido, son soluciones quirúrgicas a problemas concretos, a problemas reales que están asfixiando a los ayuntamientos, a los cabildos y al presente y al futuro de los canarios. Y, aun así, hay quien hoy se sube al carro de las advertencias tardías, habrá quien incluso califique esta decisión como un parche, como un modo de esquivar el debate o como un escudo, porque, claro, en la legislatura pasada en esos cuatro años el COVID y el volcán no fueron un escudo, fueron una realidad. Y es cierto que hubo que trabajar, pero en muchísimas cuestiones se pudo haber avanzado más y mejor desde el Gobierno del pacto de las flores.

Miren, se equivocan, esta modificación no nace en un laboratorio ideológico, alejado de la calle, nace, como bien ha escrito el consejero, de la práctica de los técnicos municipales que no pueden conceder licencias; nace de esos cabildos, de esos alcaldes también que tienen planes bloqueados por interpretaciones contradictorias, de cabildos que necesitan seguridad jurídica para no frenar proyectos estratégicos, y nace también de la lealtad institucional con el Estado.

Y sí, es cierto que este Gobierno ya modificó aquella Ley de Cambio Climático, aprobada probablemente con más prisa que acierto al cierre de la legislatura por la consejería estrella del Partido Socialista, y lo hizo porque era un texto, aunque ustedes no lo reconozcan, era un texto engorroso, redactado de espaldas a la realidad, sin diálogo directo con los cabildos y con los ayuntamientos, y se lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Y, sobre todo, envuelto en una maraña burocrática que hacía imposible que esa transición que ustedes prometían y anunciaban a bombo y platillo en papel, mientras les lucía ese pin que les brillaba, como a ustedes no les gusta que se lo recuerden. Pero sí, con ese pin que brillaba en la solapa, esa transición era imposible, y, además, tal y como nos tiene acostumbrados la izquierda, castigaba al inversor y castigaba al sector privado.

Y hoy el nuevo Gobierno da un paso al frente, y lo hace sin complejos porque, tras sentarse con los 88 ayuntamientos y los siete cabildos, la consejería ha entendido y ha asumido que es necesaria esta nueva reforma, y lo hace con valentía, con humildad y afinando aquellas cuestiones que generaban dudas, pero sin cambiar el rumbo de la norma. Cuando algunos se preguntan por qué otra modificación ahora, pues la respuesta es sencilla, señorías, por responsabilidad. A lo mejor si todos hubiéramos tenido la misma, no estaríamos en muchísimas cuestiones en esta situación.

Es necesario aclarar conceptos que generan dudas técnicas, sencillamente para hacer esta ley más operativa y evitar bloqueos, para reforzar la participación local y usar herramientas que ya tenemos con el fin de garantizar que esa transición energética de nuestro archipiélago sea igual de ambiciosa, pero más ágil y compatible con nuestra realidad y nuestras singularidades. A veces resulta increíble explicarles a los ciudadanos que con la ley actual un técnico municipal no pueda considerar un arbusto, una palmera, que es una especie endémica, como un árbol para cumplir con los estándares ambientales o que, si hablamos del artículo 32 o 160 de la Ley del Suelo, pues más de lo mismo, y eso es lo que hay que cambiar, señorías. Por coherencia, tenemos que y debemos poner fin a este tipo de situaciones y ofrecer al sector público, pero también al sector privado, lo que pide a gritos a este Gobierno: simplificación administrativa, garantía y seguridad jurídica.

Hoy debatimos una reforma que, además, como bien se ha expuesto, da un impulso definitivo a las renovables, a la fotovoltaica y, sobre todo, que aclara lo que se puede y no se puede hacer en cada tipo de inmuebles y evita que las oportunidades que generan las energías limpias en nuestro archipiélago, en el presente y en el futuro, acaben perdiéndose en un laberinto de ventanillas o, lo que es peor, frenando la instalación y el avance de las renovables, o comprometiendo uno de nuestros recursos más preciados, como es el suelo. Y, sobre todo, es una reforma marcadamente municipalista, porque hasta ahora la ley se centraba casi exclusivamente en la propiedad, dejando fuera a los ayuntamientos más pequeños, que ahora sí podrán participar de la riqueza que genera su propio viento o su propio sol en su territorio, sin asfixiar sus cuentas y sin poner en riesgo su tesorería. Y eso no es intervencionismo y eso no es expropiación encubierta, como algunos afirman desde el conocimiento o la mala fe, ustedes sabrán, esto es justicia territorial. Permitir que el beneficio y la energía limpia se queden en Puerto del Rosario, en Arico, en Yaiza, en Tinajo, en Valverde, en San Bartolomé de Tirajana o en Agüimes -espero que pronto también en nuestra isla de La Palma- y que gracias a ello pueda haber más y mejores servicios para los vecinos que conviven con esas instalaciones es una cuestión de justicia territorial. Frente a quienes prefieren que nada cambie, probablemente para tener algo que criticar, este Gobierno, con una Consejería de Transición Ecológica liderada por el Partido Popular, elige avanzar, con todas sus letras, elige seguridad jurídica frente al bloqueo, agilidad administrativa y respeto a la autonomía local frente a ese centralismo disfrazado de perfección técnica.

Mire, los cabildos han sido claros: Fuerteventura denuncia la presión desproporcionada sobre el territorio, La Palma advierte de la carga sobre sus oficinas técnicas, Tenerife pide revisar la relación entre el planeamiento insular y los recursos naturales, El Hierro y La Gomera defienden la participación local como equilibrio territorial, y esa reforma recoge esas preocupaciones, esta reforma recoge esas preocupaciones que han trasladado los 88 ayuntamientos y los siete cabildos insulares, las recoge, las ordena y las convierte en soluciones.

Por eso, lo que hoy debatimos no es un mero trámite parlamentario, no es un trámite más, es una forma de decirle al resto de las Administraciones y al resto de Canarias que tienen una consejería, un Gobierno y un Parlamento que los escucha, que ve sus dificultades y que no les va a dar la espalda. Para eso, necesitamos que los técnicos puedan dar licencias sin miedo, que los ciudadanos instalen energías limpias que bajen su factura de la luz sin burocracias absurdas, que los cabildos planifiquen con certeza y que los ayuntamientos sean dueños de su destino energético.

Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular no solo vamos a apoyar esta convalidación que corrige lo urgente, sino que vamos a respaldar su tramitación como proyecto de ley para mejorar el texto y convertirlo, ahora sí, en la mejor ley posible que necesita y requiere Canarias. Confío en que así lo hagan todos y cada uno de los grupos parlamentarios, no por el Gobierno, no por la consejería ni por el Partido Popular, sino porque los municipios, a los que todos representamos en esta Cámara, porque los canarios necesitan herramientas, por los cabildos, que piden seguridad, y por esa ciudadanía a la que representamos y que, efectivamente, necesita una transición que simplifique los trámites, que simplifique los procesos y avance en una transición energética al ritmo que Canarias necesita y se merece.

Muchísimas gracias. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Muy bien. Gracias, señora Díaz.

Grupo Nacionalista Canario. Interviene la señora Beato Castellano.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.

Canarias tiene la oportunidad de liderar una transición energética en el Atlántico medio y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, pero garantizar esa transición es una oportunidad que solo puede materializarse si tenemos un marco jurídico sólido, seguro, sin fisuras, y esto es exactamente lo que hace este decreto ley. No estamos ante una norma caprichosa ni improvisada, sino ante una respuesta técnica, necesaria y urgente ante una situación concreta. Por una parte, las discrepancias competenciales con el Estado, que se dirimieron a través de un acuerdo y que de no resolverse hubieran acentuado la inseguridad jurídica y la parálisis de proyectos estratégicos y, además, se realizan esos ajustes técnicos necesarios como consecuencia de la experiencia en la aplicación de la ley por los técnicos hasta ahora.

Y gobernar no solo es aprobar normas, señorías, gobernar también es tener el coraje de modificarlas si hay que modificarlas por responsabilidad, y eso es lo que hace este decreto ley: corregir cuando es necesario corregir, con el objetivo de acelerar la transición energética, de simplificar los procedimientos, de acelerar los proyectos de energías renovables, de dar mayor participación local; en definitiva, de hacer más operativa la ley. Y nos dicen que se modifica la ley anterior por un decreto ley.

Y, mire, cuando el Estado señala discrepancias competenciales lo responsable no es mirar para otro lado, es asumirlo, es afrontarlo. Pero es que tengo que recordarle, señoría, que la Ley de la que partimos, de Cambio Climático, también tenía numerosas discrepancias del Estado, que, además, se sellaron con un acuerdo, eran como 13 artículos, una disposición. La diferencia, señorías, es que ustedes no las corrigieron y este Gobierno ha venido a corregirlo para darle seguridad jurídica a la ley.

Y sobre la Ley del Suelo, el mismo asombro, los mismos chascarrillos, la calculada indignación por la modificación de la Ley del Suelo. Ustedes se pasaron una campaña y una legislatura diciendo que iban a derogar la Ley del Suelo. Eso no sé si fue engaño masivo, como alguna vez definieron alguna promesa electoral, pero lo cierto es que no derogaron la ley, lo que hicieron fue modificarla en algunos casos para corregir lo que criticaban, para hacerlo corregido y aumentado. Y por eso no están en disposición de darnos lecciones sobre coherencia normativa. La diferencia entre lo que hicieron ustedes y lo que hacemos nosotros está clara: ustedes modificaban sin resolver los problemas de fondo, nosotros modificamos para cerrarlos. Y está en tramitación una modificación de la Ley del Suelo, claro que sí, con responsabilidad, con rigor, escuchando a todos los agentes, a todas las Administraciones. El consejero de Política Territorial ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo extraordinario con todas las Administraciones, y esperemos que próximamente tengamos aquí un proyecto de ley que nos traslade el Gobierno para adaptar a los nuevos tiempos la Ley del Suelo.

Y, mientras tanto, también hablan de que no había urgencia. Mire, el Consejo Consultivo avala que hay presupuesto habilitante para modificar la ley por vía de urgencia, porque existía conflicto competencial y lo correcto es resolverlo para no paralizar los proyectos estratégicos para Canarias, para no esperar a una tramitación ordinaria, que lo único que hubiera hecho es alargar el procedimiento. Por tanto, justificamos, avalamos la necesidad de este proyecto de ley y, además, avalamos que el Gobierno lo haya hecho escuchando a los cabildos, a la Fecam y a la Fecai.

Y manifestaban que siguen teniendo algunas dudas los cabildos respecto al planeamiento insular y a su papel en la definición territorial de las zonas de aceleración. También los ayuntamientos reclaman algunas demandas, que consideramos legítimas. Por eso, vamos a votar a favor de su tramitación como proyecto de ley para, de la mano del Gobierno, de los ayuntamientos y de la Fecam poder mejorar esta norma a través de la tramitación de un proyecto de ley, una norma que ustedes pueden convertir una corrección técnica en una cuestión política, en un conflicto político, y eso es legítimo, pero la ciudadanía canaria sabe distinguir entre quien genera problemas y quien los resuelve, y este Gobierno ha tenido el coraje y la valentía de resolverlos.

Por tanto, señor consejero, señorías, votaremos a favor de la convalidación del decreto ley y votaremos a favor de su tramitación como proyecto de ley.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Finaliza el debate la señora Vanoostende, del Grupo Socialista Canario.

La señora VANOOSTENDE SIMILI: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, señor consejero.

Este decreto ley es el síntoma definitivo de una forma de gobernar basada en la improvisación y el rodillo del decreto. Por lo menos valoramos que al menos hoy parece que los grupos que apoyan al Gobierno van a votar a favor de que se tramite como proyecto de ley, cosa que no ha pasado en casi todos los demás decretos leyes que se han traído a este Parlamento. Pues, por ejemplo, en el anterior decreto ley que modificaba la Ley de Cambio Climático, que es de lo que estamos hablando hoy, no se tramitó como proyecto de ley, y de aquellos polvos estos lodos. Nadie pone en esta sala dudas, nadie pone dudas sobre la ambición que requiere la lucha contra el cambio climático, eso es evidente, bueno, excepto VOX, pero esa ambición no puede servir para ser una coartada... (Rumores). Por favor, señora presidenta. No puede servir para ser una coartada para pisotear el rigor jurídico y el respeto institucional.

Estamos ante el tercer intento en apenas dos años de regular la misma materia. En 2024, como decía antes, ustedes aprobaron ese decreto ley para modificar la Ley de Cambio Climático, y los grupos que apoyan al Gobierno votaron en contra de tramitarlo como proyecto de ley. Hoy, año y medio más tarde, nos vemos obligados, o se ven obligados ustedes, perdón, a autoenmendar ese remiendo para intentar arreglar las inseguridades jurídicas que ustedes mismos provocaron. Es la técnica del parche permanente, una huida hacia adelante, que el Consejo Consultivo en su dictamen ha calificado de injustificada.

Y, como tengo ocho minutos para hablar, voy a profundizar en el dictamen del Consejo Consultivo, que aquí se ha dicho que justificaba la urgencia y no es exactamente así. A pesar de validar la competencia de la comunidad autónoma, puso serios reparos formales y de procedimiento.

Uno, falta de justificación de la urgencia, esa es la principal pega. El Consejo consideró que no se razonó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad para modificar los artículos 32 y 160.1 de la Ley del Suelo, señaló que el Gobierno se limitó a decir que quería adelantar una reforma que ya estaba en trámite parlamentario ordinario.

Dos, abuso del decreto ley por plazo. El Consejo criticó que, aunque el acuerdo con el Estado se publicó en abril del 2025, el Gobierno esperó casi a agotar el plazo de nueve meses, cosa que ya han comentado otros grupos, para aprobar el decreto ley ahora, en enero del 2026, tiempo en el que podría haberse tramitado como una ley ordinaria.

Tres, deficiencia de técnica normativa. Calificó como muy confusa la redacción del apartado 2 del artículo 64 sobre participación local. Criticó también que se incluyera el texto íntegro de artículos largos, como el 64, cuando solo se modificaban puntos específicos, lo que generó controversia y confusión durante el trámite de audiencia.

Y el impacto económico. Se observó que no se realizó un estudio del impacto económico presupuestario derivado de la innovación sobre el canon municipal, lo cual es una deficiencia en la memoria justificativa. Por tanto, eso de que avaló al cien por cien, bueno, eso está en sus sueños.

Como decía, el Gobierno ha tenido nueve meses para hacer este acuerdo y tira de la urgencia. Pero es que este es el Gobierno de la urgencia, y de la emergencia también: emergencia hídrica, energética, hidráulica. ¿Hay urgencia en diferenciar lo que es un árbol y una palmera, en serio, hay urgencia entre lo que es un árbol y un arbusto?

Y, por otro lado, señores, lo que también esta falta de forma se extiende al modelo territorial. Mientras este Gobierno presenta parches fragmentados, seguimos esperando por la reforma integral de la Ley del Suelo. Es que es inaudito que el anteproyecto entrara en este Parlamento hace un año y desde entonces esté metido en un cajón.

Se lo decimos con toda claridad: a este ritmo, cuando finalmente se decidan a abrir ese cajón para abordar la Ley del Suelo, no va a quedar casi nada que modificar, porque ya habrán colado toda la reforma pedacito a pedacito por la puerta de atrás del decreto ley. Y en este decreto ley vuelven a meter cambios que afectan a usos provisionales o a la situación legal de consolidación, que son materias estructurales que deberían debatirse con sosiego y no bajo la falsa urgencia de un decreto.

Y, mire, la Fecam ya ha advertido de que se está debilitando la autonomía municipal, especialmente en la delimitación de las Zonas de Aceleración de Renovables, donde se ningunea a los ayuntamientos. Incluso en los detalles técnicos vemos la desconexión con la realidad. Tuvieron que rectificar la obligación de ocupar el 100 % de las azoteas con placas fotovoltaicas, reduciéndola al 50 % tras darse cuenta, un poco tarde, de que esa norma impedía el uso tradicional de las viviendas y destrozaba el paisaje de nuestras zonas rurales. Eso es lo que pasa cuando se legisla por el decreto: se cometen errores de bulto que luego hay que volver a parchear.

Señorías, el suelo de Canarias necesita planificación, no improvisación, por eso, pedimos al Gobierno que abandone el abuso del decreto ley, que saque la Ley del Suelo del cajón y que deje de considerar al Parlamento como mero espectador de sus rectificaciones constantes. Canarias merece seguridad jurídica y una visión clara, no una montaña de parches urgentes que solo generan confusión y litigio. En resumen, la política del parche y del desprecio del Parlamento.

Y me gustaría terminar con la política que necesita coherencia. Pedimos más coherencia y menos urgencia, porque ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo la anterior legislatura, cuando estábamos con un volcán, cuando estábamos con una pandemia, traer decretos leyes de urgente necesidad y que había parlamentarios del Partido Popular que bramaban en esta tribuna que hurtábamos el poder del Parlamento y que el otro día en la Comisión de Cabildos felicitaban, el mismo diputado felicitaba al Gobierno por traer este decreto ley, por usar esta forma jurídica, cuando la urgente necesidad no existe, señorías.

Finalizo. Apoyaremos que se tramite como proyecto de ley este decreto ley, sin embargo, no podemos apoyar su convalidación. Nos abstendremos porque, estando de acuerdo con cuestiones de fondo, seguimos sin estar de acuerdo con las formas. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vanoostende.

Finalizamos el debate y llamamos a la votación. (Suena el timbre de llamada a la votación).

Señorías, vamos a votar la convalidación o no del decreto ley. Votamos.

Votos totales, 67: sí, 36; no, 3; abstenciones, 28.

Y ahora vamos a votar si quieren que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Un segundito. Un segundito solo.

Votamos.

Votos totales emitidos, 68: sí, 68; no, 0; abstenciones, 0.

Quedó, por tanto, aprobado.

Señorías, hemos finalizado... (El señor consejero de Transición Ecológica y Energía, Hernández Zapata, pide la palabra).

Sí, señor consejero de Transición, tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA (Hernández Zapata) (desde su escaño): Para agradecer el apoyo por la convalidación de este decreto, un decreto que viene a facilitar que los canarios participen en la penetración de energías renovables, quedando beneficio en esta tierra, que facilita que se planifique la instalación de renovables en cada una de las islas de la mano de los cabildos, y que solo ha tenido una duda respecto a la inconstitucionalidad, que ya está resuelta, porque el Gobierno de España no ha resuelto, tenía hasta el 21 de febrero, la anterior ley tenía 11.

Muchas gracias. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Ahora sí hemos finalizado el orden del día. Muchísimas gracias.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las catorce horas y dos minutos).