Diario de Sesiones 113, de fecha 24/3/2026
Punto 19

11L/DL-0022 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS LEYES. POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO LEY 3/2023, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES Y LAS CUANTÍAS MÁXIMAS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADA AL SERVICIO Y LA DE CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR Y DE APOYO A PERSONAS CUIDADORAS NO PROFESIONALES Y LA DE ASISTENCIA PERSONAL, Y SE MODIFICA LA LEY 16/2019, DE 2 DE MAYO, DE SERVICIOS SOCIALES DE CANARIAS, EN CUANTO AL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LAS PRESTACIONES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

La señora PRESIDENTA: Ahora procedemos al debate del Decreto Ley 022, por el que se modifica el Decreto Ley 3/2023, de 23 de marzo, por el que se aprueban las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio y la de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales y la de asistencia personal, y se modifica la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en cuanto al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Inicia su intervención la señora consejera de Bienestar Social. Tiene la palabra señora Delgado.

Hay medios audiovisuales, ¿verdad?

El señor CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): Señora presidenta... (Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta primera, Oramas González-Moro). (Pausa).

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Aquí, ya está su sonido. (Rumores en la sala). A ver, silencio un momento para ver. A ver, señora consejera, tiene la palabra.

El señor CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS (Delgado Toledo): ¿Hola? (La señora consejera hace uso de medios audiovisuales). Sí. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Comparezco, como bien les decía, para solicitar la convalidación del Decreto Ley 2/2026, de 9 de marzo, en materia de dependencia. Traemos una norma que resume bien lo que estamos haciendo en esta legislatura, que es transformación, simplificación y derechos para miles de personas. Pero esto no va solo de una reforma normativa, sino va de mejorar la vida diaria de miles de familias, corrigiendo rigideces y permitiendo que la atención sea verdaderamente personalizada.

Conviene recordar, señorías, de dónde venimos. El decreto del pasado año unificó los procedimientos de valoración del programa individual de atención, redujo fases y permitió una gestión mucho más ágil. Esa simplificación ya está dando sus resultados: hemos pasado de resolver en setecientos ochenta y dos días de media en julio de 2023 a los trescientos noventa y un días actuales, y en expedientes nuevos la resolución de los mismos se sitúa en torno a ciento cincuenta y dos días, por debajo de lo que estipula la ley.

¿Y qué hace ahora este decreto ley que hoy analizamos? Completa ese marco y culmina una reestructuración necesaria, incorpora un nuevo escenario estatal de máxima complejidad, como es la ley ELA, hace operativa la asistencia personal como derecho real, y algo decisivo para las personas, reordena compatibilidades para que el sistema deje de obligar a elegir entre necesidades que en la vida real se acumulan.

En el propio decreto lo decimos sin rodeos, hablamos de la norma que modifica y amplía garantías y que regula completamente, por primera vez, la asistencia personal con cuantías, acceso, control y seguridad, priorizando el bienestar de las personas.

Hemos elegido la fórmula del decreto ley porque la dependencia es urgente y porque debemos adaptarnos a un cambio estatal sobrevenido, el nuevo grado III+ de dependencia extrema, vinculado a apoyos intensivos en el domicilio. Porque si el Estado crea un nuevo grado y una nueva necesidad de atención intensiva, Canarias tiene que estar en condiciones de aplicarlo inmediatamente sin que una familia quede atrapada en un vacío normativo.

Les explicaré lo que cambia este decreto ley en tres grandes bloques. Primero, el grado III+ para situaciones de alta intensidad. Este nuevo grado protege perfiles de gran complejidad y evita la desprotección en situaciones como la ELA y otras enfermedades neurológicas de curso irreversible. El decreto ley añade un artículo específico, el artículo 3 bis, para que en los casos del grado III+ el PIA pueda fijar prestación económica vinculada al servicio y/o prestación económica de asistencia personal, con destino finalista a la cobertura de apoyos intensivos en el entorno domiciliario y fija, conforme a la normativa estatal, una cuantía mínima de 3200 euros mensuales y una máxima de 9859 euros para estas situaciones.

Debo aclarar que el Estado ha aprobado una ley que coloca el mayor peso económico sobre las autonomías, que son las que debemos asumir la mayor responsabilidad en esta prestación. Sin embargo, este decreto ley aterriza el derecho en lo que a la ciudadanía le importa: apoyos reales en casa, sin desprotección, sin improvisaciones y con criterios homogéneos de tramitación.

La prestación económica de asistencia personal hasta ahora estaba prevista, pero faltaba una regulación autonómica completa y operativa; condiciones de acceso, régimen de pago, justificación y cuantías máximas. Este decreto ley incorpora un capítulo entero que define la prestación, regula el acceso, contratación, cuantías y control.

La norma define la PAP con claridad, una prestación mensual orientada a apoyos en educación, trabajo, vida autónoma, para favorecer una vida más independiente en actividades básicas y, además, establece un elemento esencial de garantía: es una prestación finalista vinculada a la contratación y a la justificación del gasto, con reglas claras para asegurar que cada euro llega de apoyo para el que fue reconocido con control y seguridad jurídica. Y un punto muy importante, fijamos cuantías máximas mensuales por grado que están por encima de las fijadas por el Estado, y lo hacemos comparándolo de forma transparente: el grado I pasamos de los 315 que dice el Estado a 436, el grado II de 454 a 577 y el grado III de 747 a 900 euros. ¿Por qué? Porque la asistencia personal es una de las llaves del nuevo modelo de cuidados, autonomía, vida independiente, permanencia en el domicilio y, cuando sea posible, desinstitucionalización, alineado con la estrategia europea. Es reforzar apoyos en el hogar y facilitar que las personas puedan seguir viviendo en su entorno social y familiar.

Entramos ahora en el tercer bloque de este decreto ley, que es el que más va a notar la gente: compatibilizar prestaciones para construir planes reales. Dejamos atrás un sistema rígido, avanzando hacia una gestión en el que el PIA puede combinar apoyos complementarios. La primera gran novedad la encontramos en el servicio de ayuda a domicilio especializada, que gana compatibilidades clave: a partir de ahora el SAT es compatible con centros de día y de noche, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados en el entorno familiar, prestaciones y una novedad importante, la prestación económica de la asistencia personal.

La segunda gran novedad es que la prestación económica para la asistencia personal -que también gana compatibilidades- será compatible con los centros de día, promoción de la autonomía personal, teleasistencia y de forma expresa con el propio servicio de ayuda a domicilio. Y esto no es un tecnicismo, es la diferencia entre un sistema que obliga a la persona a encajar en una casilla y un sistema que encaja con la vida real de cada persona. Por ejemplo, una persona puede necesitar teleasistencia 24/7 por seguridad y apoyo en el domicilio para higiene, alimentación o movilidad. Con esta reforma teleasistencia y SAT conviven sin conflictos y pueden combinarse con asistencia personal si el PIA lo propone. Una familia cuidadora puede requerir apoyos formales para sostener el cuidado, con esto se hace compatible.

En definitiva, con esta reforma, el sistema deja de ser un laberinto administrativo y se convierte en un sistema de apoyos centrados en la persona. Teleasistencia y SAT conviven y, además, se combina con asistencia personal cuando procede.

¿Y qué supone esta reforma en la práctica? Itinerarios de apoyo más flexibles, atención más adaptada a cada situación, más seguridad jurídica en la tramitación e igualdad entre territorios. En definitiva, hoy les pedimos que convaliden una reforma para cuidar mejor, más protección cuando la dependencia es más intensa, más autonomía personal, más compatibilidad entre apoyos y más igualdad en Canarias.

Termino como empecé. Esta norma no es un debate abstracto, es una norma para que una persona con dependencia en Canarias no tenga que elegir entre el apoyo que necesita por la mañana y el apoyo que necesita en su hogar por la tarde, para que la familia que cuide no se hunda por falta de respiro, para que quien quiera vivir en su casa con respaldo pueda hacerlo y para que el sistema responda con flexibilidad, garantías y derechos.

Por todo ello, les pido el voto favorable para la convalidación del Decreto Ley 2/2026, de 9 de marzo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Es tiempo de intervención ahora para el señor Acosta Armas, Grupo Parlamentario Mixto.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías. Señora consejera.

Desde la AHI queremos enfocar este debate desde la realidad de las islas no capitalinas. En el reciente debate del estado de la nacionalidad todos los grupos reconocimos avances -se ha mejorado la tramitación, se han acortado tiempos, se ha simplificado-, pero también hemos escuchado el argumento de que no termina de llegar. Por eso, este decreto ley es relevante, porque hace algo que en las islas no capitalinas es decisivo: permite compatibilizar prestaciones y, por lo tanto, construir un plan de apoyo que funciona en el domicilio, sin depender tanto de recursos lejanos o de soluciones que sean únicas. Por ejemplo, la teleasistencia es clave por seguridad, pero con teleasistencia no vamos a resolver la higiene, la alimentación o la movilidad, por eso la ayuda a domicilio es esencial. Si el sistema no permite combinar, la familia se queda sola y con este decreto se refuerza el marco de compatibilidades para que esa teleasistencia y esa ayuda a domicilio puedan encajar y, sobre todo, cuando sea necesario también que la asistencia personal pueda sumarse. Eso sí sería equidad territorial.

También es importante el encaje del grado III de la dependencia extrema. En islas no capitalinas la dependencia extrema exige una respuesta clara casa por casa, pero no siempre hay alternativas que sean cercanas y el traslado tiene un costo humano que es enorme. Este decreto adapta el marco para que ese apoyo intensivo en el domicilio sea posible, con criterios que sean homogéneos. Es lo que usted venía a decir antes, señora consejera, de que el que quiera estar en su casa pueda estar en su casa. Esos son unos servicios de asistencia más sociales, más humanos y, sobre todo, más tendentes a lo que nos dice la nueva realidad, que es huir de esos macrocentros que había antes y, sobre todo, dar la posibilidad a quien quiera a que pueda vivir con dignidad en su domicilio. Es ahí a donde creo que debemos ir.

Y, además, regula por primera vez de forma completa la asistencia personal. Esto en una isla como la isla de El Hierro puede ser determinante para mantener la autonomía, para los acompañamientos, para evitar el aislamiento, para sostener, también, un proyecto de vida en el propio entorno. Pero, insisto, lo decisivo es que esta asistencia personal no quede aislada y que sea compatible con otros apoyos. Por eso, cuando hoy se dice lo que decía al principio de "no llega la respuesta", no es solo decir "hemos mejorado", la respuesta correcta es aportar esos instrumentos para que ese sistema llegue y lo haga de una forma útil, y este decreto lo hace, completa el catálogo de prestaciones y, sobre todo, permite combinarla.

AHI, por lo tanto, señorías, va a apoyar esta convalidación porque es una norma que bien aplicada va a reducir la desigualdad territorial, porque permite que una persona dependiente en El Hierro tenga un plan real de apoyo en su casa y sin renuncia y sin que la distancia se convierta en una barrera u obstáculo que superar. En este sentido del autogobierno y de la política social, que el derecho sea el mismo en todas las islas, pero con herramientas que se adapten a la realidad de cada una que es, precisamente, las políticas diferenciales que tenemos que hacer en este Parlamento de Canarias para que la realidad de las ocho islas se vea reflejada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Acosta.

Agrupación Socialista Gomera. Interviene la señora Mendoza.

Les pongo ocho minutos, pero recordarán que hay un acuerdo de Junta de Portavoces para que aproximadamente intervengan unos cinco minutos, pero, bueno, les pongo ocho por igual.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Señorías.

Señora consejera, el decreto ley que hoy sometemos a convalidación, lo único que representa es un paso más en la mejora del sistema de dependencia en Canarias. Forma, además, parte de esa línea de trabajo clara que tiene el Gobierno de Canarias, esa línea de trabajo clara que tiene su consejería, que es primero simplificar y agilizar la gestión y ahora, por tanto, completar el sistema para que las prestaciones lleguen mejor y se adapten a las necesidades reales de las personas.

Este decreto da respuesta a un cambio normativo estatal, que exigía, además, una adaptación inmediata, que es la creación del nuevo grado III+, que necesita por parte de Canarias contar con un marco jurídico claro para atender esos casos desde el primer momento.

El Consejo Consultivo ha avalado que existe una razón de urgencia que está justificada y, además, una conexión directa entre la necesidad detectada y las medidas adoptadas. Eso, además, refuerza la solidez de la norma y la actuación del Gobierno.

Por otro lado, el decreto completa la regulación de la prestación económica de asistencia personal. Se trata de una herramienta clave para promover la autonomía, para facilitar la vida independiente y para permitir que las personas permanezcan -lo más importante- en su entorno. Con esta norma se establecen con claridad sus condiciones, su funcionamiento y sus cuantías, lo que está aportando, por tanto, seguridad jurídica y facilidad a la hora de su aplicación. Este es un avance importante porque convierte en plenamente operativa una prestación que es fundamental dentro del sistema de dependencia.

Y, por último, el decreto introduce un elemento especialmente relevante, que es la compatibilidad de prestaciones. Con esta medida el sistema da un salto cualitativo porque se permite combinar apoyos para construir planes de atención más completos y ajustados, en este caso, a cada situación. Esto significa que las personas pueden contar con distintos recursos al mismo tiempo, en función de sus necesidades, sin tener que renunciar a unos recursos para poder acceder a otros. Creo que con esto se da respuesta también a una demanda histórica de muchas de estas personas.

El Consejo Consultivo también respalda este aspecto y, por tanto, desde Agrupación Socialista Gomera vamos a respaldar este decreto, porque, además, es un decreto que no surge de la improvisación, sino que surge de un proceso de mejora continua del sistema. Este decreto contribuye a que los apoyos lleguen mejor y que se ajusten a la realidad de cada persona, que es lo que constantemente exigimos y pedimos en este Parlamento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Nueva Canarias-Bloque Canarista. Interviene la señora Santana.

¡Ah!, no, perdón, Grupo Parlamentario VOX. Señora Jover.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente.

Votaremos a favor de la convalidación de este decreto ley porque las personas con dependencia severa y sus familias lo merecen.

VOX lleva tiempo reclamando una atención acorde a las necesidades de los enfermos de ELA y grandes dependientes. De hecho, fuimos el primer partido de toda España en registrar una proposición de ley específica para ellos, ya en octubre de 2023. Lamentablemente, quienes apoyan al Gobierno de Sánchez la vetaron porque la consideraban demasiado cara, demasiado dinero que les parecían 385 millones de euros, mientras destinaban 190 millones a publicidad institucional o más de 200 millones al regadío marroquí. Cuando finalmente hubo que votar otra ley ELA en octubre de 2024, VOX votó a favor. Siempre dijimos que nos daba igual quién liderase la iniciativa, que lo que queríamos era que los enfermos tuvieran una ley con ficha económica. Y esa ley hace necesario que Canarias adapte su normativa y lo hace a través de este decreto ley.

También es un avance importante que por fin los canarios puedan optar a la prestación económica de asistencia personal. Éramos la única región de España donde no se podía solicitar esta ayuda para contratar a una persona que facilite la autonomía de participación social del dependiente y donde no se contemplaba la figura del asistente en las tareas básicas de la vida diaria. Esto que hoy aprobamos permitirá que muchos mayores puedan permanecer en sus hogares, en su entorno, y prescindir de tener que acudir a un centro sociosanitario si no lo desean. Pero todo esto no es suficiente.

Señorías, a pesar de que las cuantías que se abonarán superen los máximos..., el máximo que establece el Estado como límite orientativo, nosotros creemos que tenemos dos grandes problemas y que tenemos que avanzar. Las razones fundamentales que estimamos que son la causa del mal del sistema de dependencia en Canarias son dos: primero, que no se prioriza lo que hay que priorizar; especialmente en los últimos tiempos se prioriza la atención a los menores extranjeros, cada uno de los cuales cuenta con un apoyo público alrededor de treinta y tres mil euros al año, mientras este decreto ley una persona con dependencia extrema grado III más -o plus-, contará con una ayuda inferior a diez mil euros al año. ¿El resultado?, que el Gobierno de Canarias gasta más del triple en un menor extranjero que en un español en situación de dependencia extrema, que ha podido estar cotizando, trabajando y contribuyendo al estado del bienestar durante décadas. Además de que en Canarias se han abierto los recursos alojativos necesarios para todos esos jóvenes que llegan a nuestras costas a punto de cumplir 18 años, para todos. ¿Pero cuántas plazas sociosanitarias se han creado, señora consejera?

El segundo problema de nuestro sistema de dependencia, el sistema autonómico que ha creado una España a varias velocidades, una España de primera y otra de segunda, en la atención a los más vulnerables. Porque mientras el País Vasco invierte casi tres mil euros por persona potencialmente dependiente al año, en Canarias esta cifra apenas supera los mil euros, porque Canarias es una de esas tres comunidades autónomas en toda España donde la tramitación de estos expedientes supera los doce meses.

Señorías, hoy quedará convalidado este decreto ley que aliviará la situación de los enfermos de ELA y otros grandes dependientes, pero quedan innumerables carencias por abordar.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Nueva Canarias-Bloque Canarista. Señora Santana.

La señora SANTANA SANTANA: Gracias, presidenta.

Señorías, en los últimos meses desde Nueva Canarias hemos advertido de que el sistema de dependencia en Canarias no está siendo capaz de responder: servicios desbordados, miles de personas en lista de espera, derechos reconocidos, pero una atención que nunca llega, 2200 fallecidos en Canarias esperando por la dependencia. Esa es la realidad de la dependencia en nuestro país canario, y a ello se le suman las denuncias de los colegios profesionales y trabajadores del sistema, que hablan ya sin rodeos de una crisis estructural, de falta de recursos, de desorganización, de sobrecarga y de una burocracia que, lejos de ayudar, se convierte en un obstáculo. Y lo hemos dicho desde Nueva Canarias con total claridad, no basta con reconocer derechos si no se garantizan.

Pero miren, entrando en el decreto que hoy debatimos, el Gobierno nos presenta la creación del grado III+, de dependencia extrema, con una cuantía que puede alcanzar los 9800 euros, una cifra a priori llamativa, pero, señorías, si nos vamos a la letra pequeña, estamos ante una prestación que tiene estrictamente un carácter finalista, es decir, en la práctica lo que significa es que las familias van a tener que justificar hasta el último euro y que un error, un retraso, una dificultad administrativa pueden suponer la suspensión de la ayuda o incluso la devolución del dinero. Es decir, familias que ya están exhaustas de por sí, cuidando a personas en situación de gran dependencia y patologías de gran complejidad, como puede ser el ELA, y las convertimos en gestoras administrativas bajo amenaza, y eso no es ayudar, eso es trasladar el problema.

Y hay algo que como majorera a mí me preocupa bastante más y que este decreto ignora, y es la desigualdad territorial, es decir, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es que no.

Agradecería, señora presidenta, si puede llamar a pedir silencio (dirigiéndose a la señora presidenta).

El decreto dice que la asistencia puede prestarse mediante entidades acreditadas o contratación directa, pero ¿qué pasa en islas como Fuerteventura, que no hay red de servicios, en municipios como Pájara, como Antigua, como Tuineje, o zonas alejadas de Puerto del Rosario que no hay a quién contratar, y entonces ocurre lo inaceptable? El derecho existe, el dinero está ahí, en el monedero, pero la atención no llega, la atención no llega, y eso tiene un nombre claro y se llama desigualdad, desigualdad por vivir en una isla no capitalina, desigualdad por no tener acceso a esos servicios, y frente a eso la respuesta no puede ser que la familia se busque la vida, señora consejera. La obligación de garantizar el servicio es de la Administración, es suya.

Y mire, reconocemos lo positivo: que por fin se regule esa figura del asistente personal, que la persona en situación de dependencia pueda permanecer en su hogar. En 2023, en la primera comisión que tuvimos, desde Nueva Canarias se lo planteamos, "regule la figura del asistente personal", y usted lo ha hecho, es una buena noticia. Además, vemos que se mejoran algunas cuantías, que permite algunas compatibilidades, es decir, hace compatible la asistencia personal con la ayuda a domicilio, algo que es positivo, pero nos surge una duda, y es si usted se ha coordinado con los Gobiernos municipales para aplicar este cambio, porque, si no, lo que va a pasar es que la información no va a estar clara, que va a haber instrucciones dispares y va a haber criterios jurídicos diferentes.

Y, además, este decreto, aunque ustedes han dicho aquí que modifica compatibilidades, vamos a ver, no modifica el régimen general de combinabilidad de prestaciones, es decir, siguen existiendo límites, no se puede compatibilizar una prestación económica vinculada al servicio con una prestación de asistencia personal, no se puede. Yo no sé el triunfalismo que ustedes han vendido aquí. No se puede combinar una prestación de asistencia personal con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, y hay comunidades que ya han regulado eso para que sea compatible. Y si esto no se comunica con claridad, lo que va a hacer es generar frustración y falsas expectativas a las familias.

Por eso, desde Nueva Canarias, aun votando a favor, queremos dejar clara una oposición, y es que vamos a votar a favor de que este decreto ley se tramite como proyecto de ley, porque hay aspectos que deben mejorarse. En primer lugar, es necesario mejorar las cuantías del grado III, 900 euros es totalmente insuficiente. En segundo lugar, es imprescindible establecer un mecanismo de complementación específico para islas como la de donde yo resido, como islas no capitalinas como Fuerteventura, donde la falta de servicios encarece y dificulta aún más el acceso real a los cuidados. En tercer lugar, tenemos que avanzar en esa compatibilidad de prestaciones, permitiendo que esa prestación, por ejemplo, económica para cuidados en el entorno familiar, se pueda compatibilizar con la de asistencia personal, adaptándonos a la realidad de muchas familias.

Y también que el grado III se amplíe, porque el Estado pone un techo, señora consejera, pero las autonomías tienen la obligación de aumentarlo, incrementarlo y adaptarlo.

Y ya termino, señora presidenta.

Desde Nueva Canarias vamos a votar a favor porque ponemos como prioridad a las personas en situación de dependencia, pero votaremos a favor de que esto se tramite como un decreto de ley, se trabaje en condiciones, de manera conjunta y se permita enmendarlo por el bien de todas las personas en situación de dependencia en Canarias.

Gracias. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.

Grupo Parlamentario Popular. Intervendrá la señora Saavedra.

La señora SAAVEDRA HIERRO: Gracias, señora presidenta.

Hoy no estamos debatiendo solo un texto jurídico, estamos hablando de algo mucho más importante: de si el sistema de dependencia en Canarias es capaz de responder a la vida real de las personas, porque durante años hemos tenido un sistema que en muchas ocasiones obligaba a las familias a elegir, elegir entre apoyos que en realidad deberían ser complementarios. Y eso no es entender la dependencia, eso es encajar a las personas en el sistema, en lugar de adaptar el sistema a las personas.

Este decreto ley viene, precisamente, a corregir eso, viene a dar un paso más en un camino que ya se ha iniciado en esta legislatura: simplificar, agilizar y ahora ser más útil el sistema. Porque es verdad, y hay que decirlo, que hoy en Canarias se está resolviendo mejor y en menos tiempo, pero también es verdad que no basta con resolver expedientes si la respuesta no encaja con la realidad de las familias. Y ahí está el sentido de este decreto. En primer lugar, incorpora una respuesta inmediata a un cambio estatal: la creación del nuevo grado de dependencia extrema, el grado III+. Un cambio que exige actuar con rapidez para evitar vacíos y garantizar que las personas con mayores necesidades tengan cobertura desde el primer momento. Y este decreto lo hace, da seguridad jurídica, fija un marco claro y permite atender esos casos con apoyos intensivos en el domicilio.

En segundo lugar, regula de forma completa una prestación clave: la asistencia personal.Y eso es importante, señorías, porque no estamos hablando de una ayuda sin control, estamos hablando de una prestación finalista vinculada a un uso concreto con seguimiento y justificación, es decir, más autonomía para las personas, pero también garantías para el sistema público.

Y, en tercer lugar -y aquí está el verdadero cambio-, introduce un nuevo enfoque: la compatibilidad de prestaciones. Pasamos de un modelo rígido, en el que había que elegir, a un modelo flexible, en el que se pueden combinar apoyos, porque la vida no funciona por casillas, una persona puede necesitar teleasistencia para su seguridad, ayuda a domicilio para sus cuidados básicos y apoyo familiar para sostener su día a día, y este decreto permite, precisamente, eso: construir planes de atención que respondan a la realidad. Compatibilizar no es duplicar, compatibilizar es racionalizar, es evitar vacíos, prevenir situaciones de deterioro y, en definitiva, hacer el sistema más eficiente. Este decreto supone algo muy importante: permite que las soluciones lleguen mejor, que se adapten mejor y que acompañen mejor a las familias.

Por eso el Partido Popular va a aprobar la convalidación de este decreto. Lo hacemos porque responde a una necesidad urgente que se ha ido trabajando técnicamente y que da una solución inmediata a las personas que lo necesitan. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Saavedra.

Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Intervendrá la señora González Alonso.

La señora GONZÁLEZ ALONSO: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Muy buenos días, consejera.

Hoy convalidamos una norma que, sobre todo, es autogobierno útil, es dotar y establecer mecanismos en beneficio de la sociedad canaria. Este decreto ley no es un papel más, es dotar de soluciones a los problemas reales que se presentan en nuestra sociedad, es una herramienta que permite que los derechos no queden en papel mojado, sino que se apliquen, se ejerzan en tiempo y forma, con seguridad jurídica en todas las islas.

La prestación de servicios no es fácil de gestionar en un archipiélago como el nuestro, con nuestras singularidades, supone un reto poder llegar a toda la población. La gestión de la dependencia en Canarias no es una excepción. Sin embargo, vemos cómo con medios y con apuesta decidida la gestión ha mejorado en los últimos años. Desde la aprobación de la Ley de dependencia 39/2006, la problemática era, de la ciudadanía, llegar a tener el derecho, poder optar a entrar al sistema de la dependencia, era lo que llamábamos el limbo de la dependencia, y así lo establecían instituciones como la Diputación del Común. Muchísimas personas solicitaban ese derecho, pero esperaban años y años a ver una resolución, que se le reconociera el derecho. La ciudadanía hablaba y decía que demandaba menos burocracia. Hoy, hoy este Gobierno de Canarias trabajó en esa simplificación y con el nuevo procedimiento de reconocimiento de la dependencia se ha simplificado el procedimiento y hoy las personas dependientes tienen que esperar menos para poder tener el grado de dependencia, se tarda trescientos noventa y un días. ¿Es suficiente? No, tenemos que seguir trabajando para mejorar esa cifra y llegar a lo establecido en la ley.

Este decreto ley es la respuesta a seguir mejorando ese sistema de la dependencia. En primer lugar, ir incorporando ese grado III+ para la dependencia extrema, vinculado a apoyos intensivos en el domicilio. Esto es producto de dignificar dentro de la dependencia a aquellas personas que tienen una situación extrema y que requieren de un cuidado específico y especial en su hogar. Nace de las reivindicaciones de los enfermos de ELA, pero se prevé para unas circunstancias específicas que, si se cumplen, se pueden reconocer a todas esas personas dependientes.

En segundo lugar, se regula por primera vez la prestación económica de asistencia personal. Supone la contratación de asistencia personal durante un número de horas. Nace con una finalidad concreta, que es la de facilitar el acceso a la educación y al trabajo de las personas dependientes. Sí, esta medida está pensada para las personas jóvenes que viven en Canarias, que tienen una dependencia, que son plenamente capaces y que para desarrollarse profesionalmente necesitan de esa herramienta para poder llegar y hacerse valer por sí mismos.

Esto supone una medida, que es la igualdad de oportunidades a todas las personas, incluidas las personas jóvenes en Canarias. Pero en esta tierra tiene todavía más importancia, y es debido a la escasez de recursos sociosanitarios, y no vamos a empezar a repartir culpas sobre la aplicación y ejecución de los planes de infraestructuras sociosanitarias, no, pero hay una realidad, y es la falta y escasez de recursos. Con esta posibilidad, más los que debatimos sobre la necesidad y el debate de si las personas dependientes quieren ir a un recurso residencial o quedarse en su hogar con apoyo, esto supone una herramienta para promover que esas personas que se quieren quedar en el hogar tengan una atención digna, pero, sobre todo, promoviendo también la conciliación familiar en el entorno de los cuidados. Significa contar con mayores recursos en la prestación de servicios necesarios en la atención de la dependencia, en la atención de la dependencia de todas las islas, incluidas las no capitalinas.

Y es por ello que la puesta de medios económicos del Gobierno de Canarias es con base en la realidad que se vive en estas islas y para que se pueda aplicar en todas las islas, por eso vimos en la exposición de la consejera que se ampliaban las cuantías previstas en el ámbito estatal.

Y en el quinto punto del decreto ley, donde se establece la modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, donde se establece la compatibilidad de las prestaciones, de las prestaciones de servicios con esta prestación económica de asistencia personal. Porque en estos casos tener que elegir entre prestaciones, sobre todo en grado de dependencia extrema, supone colocar a la persona dependiente y al entorno de los cuidados entre la espada y la pared. Y no, no lo vemos así. Por eso se propone que la compatibilidad del sistema sea mucho más completa y se promuevan herramientas necesarias para garantizar la calidad de vida de las personas dependientes, pero también de todas esas personas que conforman ese núcleo familiar.

Primero se simplificó la burocracia y hoy llega un decreto ley para completar el servicio del sistema de la dependencia en Canarias, para mejorar la vida de las personas dependientes y el entorno de los cuidados. Son respuestas reales al servicio de la ciudadanía y que con la práctica veremos si se tienen que mejorar o no.

Convalidamos este decreto ley porque supone esa implementación para una vida más autónoma, más independiente y donde se concilie con el cuidado de las personas dependientes de nuestra tierra y no se tenga que elegir en el entorno familiar.

Esto no es una declaración de autocomplacencia, y sabemos, consejera, que la dependencia en Canarias requiere de más trabajo y de más mejoras para poder llegar a los servicios establecidos en la ley en tiempo y forma, pero, sin duda, este Gobierno de Canarias lo sabe, trabaja duro con la única finalidad de mejorar la vida de las personas dependientes...

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señora González.

La señora GONZÁLEZ ALONSO: ... en el entorno de los cuidados y promoviendo su conciliación laboral.

Pasito a pasito vamos a mejorar y si se mejora la vida de una sola de las personas con dependencia, todo el esfuerzo vale la pena.

Muchas gracias. (Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Y finaliza el debate la señora Mañéz. Recuerde, señora Mañéz, cinco minutillos, aunque le pongo ocho porque era lo acordado.

La señora MÁÑEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.

Les adelanto que la posición del Grupo Parlamentario Socialista va a ser favorable, si bien creemos que debería ser tramitado como proyecto de ley porque hay algunos aspectos que nos preocupan y que deberían ser mejorados para que el derecho sea efectivo y no se conviertan en derechos de papel.

Como ya han dicho quienes me han precedido en la palabra, lo que hace este decreto ley es trasladar la normativa estatal, la ley ELA y el Real Decreto Ley 11/2025 del Gobierno de España, que es el que establece ese grado III+, establece la prestación económica mensual de 9860 euros al mes y establece un nivel mínimo garantizado por el Gobierno de España, para lo cual a final de 2025 se hizo una inyección extraordinaria de más de 700 millones de euros y ya se hizo la distribución de fondos adicionales a la comunidad autónoma.

Es verdad que la comunidad autónoma tiene la potestad de hacer uso del nivel adicional de protección; es una decisión política el mejorar las cuantías que se destinan a estas prestaciones. Cataluña, por ejemplo, en el mismo decreto que ha aprobado, establece un máximo de 14 788 euros por veinticuatro horas de atención para el grado III+, y lo hace aportando financiación propia con ese nivel adicional de atención.

Habría que revisar también, porque no tenemos decreto de copago, los índices correctores del Iprem, porque, al final, no todo el mundo va a recibir el 100 %, porque hay que reducirlo con base en esos índices correctores. Pero una cuestión que nos preocupa especialmente es qué va a pasar con las personas que están cuidando a un familiar con ELA, especialmente, la mayoría, mujeres, que perciben la prestación económica por cuidado familiar, porque a día de hoy las prestaciones económicas no son compatibles: una cosa es la prestación por servicio de ayuda a domicilio y otra cosa es la prestación económica para contratar el servicio de ayuda a domicilio o contratar la asistencia personal. Tal y como está redactado el decreto no queda claro y hay comunidades autónomas, Navarra, por ejemplo, lo ha explicitado en su normativa, ha dicho que sean compatibles ambas prestaciones, o Cataluña, que ha dicho que la prestación económica del grado III+ sea compatible con toda la cartera de servicio de prestaciones. Creo que hay una inseguridad jurídica aquí que podría suponer que esas mujeres tengan que renunciar a la cotización a la Seguridad Social que asume el Estado como cuidadoras si no se modifica y se corrige este aspecto.

Con respecto a la prestación económica para la asistencia personal, también estamos de acuerdo con que había que regularla en Canarias, pero nos preocupa y nos tememos que se puede convertir en otro limbo de la dependencia y que se acabe sumando a ese número de personas que sí que tienen el PIA, tienen reconocido el derecho, pero que no pueden hacerlo efectivo. Más de 16 000 personas en Canarias tienen el papel, tienen el PIA, pero no lo pueden hacer efectivo, ¿y por qué? Es verdad que se incrementa hasta 900 euros la cuantía máxima para el grado III, pero es que la media está en torno a los 1000 euros. Hay comunidades autónomas, como Galicia, que por el grado III de asistencia personal destina 1860 euros. Hemos hecho la consulta de... Porque sabemos que esta figura es clave para acompañar a las personas para que desarrollen las actividades de la vida diaria, para que puedan tener un empleo, para que puedan tener actividades de ocio, además, es la persona la que decide horario y para qué tareas y actividades. Hemos hecho la consulta a las entidades especializadas que prestan el servicio y nos dicen que con 900 euros, grado III, daría para tres horas semanales. ¿Qué proyecto de vida se puede acompañar solo con tres horas a la semana para empleo, formación y para poder desarrollar una vida autónoma?

Creemos que deberían de mejorarse, incrementarse esas cuantías para estar en la media, la media está en torno a los mil euros. Y, además, cuando una comunidad autónoma hace uso de ese nivel adicional de financiación, repercute positivamente, porque es uno de los indicadores por los que el Estado inyecta más dinero a las comunidades..., es lo que explica que hay comunidades autónomas que perciben más fondos que Canarias, porque también destinan más recursos al nivel adicional de protección.

Simplificación, pero es que al final la burocracia recae en la persona que tiene que justificar o ceder el derecho para que se lo vayan adelantando. Y sí que nos tememos que en las islas no capitalinas se podría aprobar -si se tramitase como proyecto de ley, sería una medida que plantearíamos- un complemento para las islas no capitalinas. No hay empresas, no hay personas, no va a ser atractivo 900 euros para que puedan contratar a personas ni a empresas. Este va a ser, por eso, otro nuevo limbo de la dependencia y una frustración para aquellas personas que necesitan de estos apoyos y de esta figura.

Por eso, pedimos que, estando de acuerdo con el grado III+, que lo que hace es trasladar normativa estatal y con regular la figura de la asistencia personal, creemos que sería importante que se tramite como proyecto de ley para introducir estas mejoras que van a garantizar que de verdad el derecho sea efectivo y no se convierta en derechos de papel y en un nuevo limbo de la dependencia en Canarias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Máñez.

Muy bien, llamamos a votación.

Señorías, procedemos, en primer lugar, a la votación de la convalidación o no del decreto ley. Votamos.

Votos emitidos, 61: sí, 61; no, 0; abstenciones, 0.

Queda, por tanto, aprobado.

Y ahora votamos si quiere que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Votamos.

Votos emitidos, 61: sí, 25; no, 36; abstenciones, 0.

Por tanto, queda rechazada.

Señorías, levantamos la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta y tres minutos).