Diario de Sesiones 116, de fecha 28/4/2026
Punto 33

11L/C/P-1016 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES A PERSONAS RESIDENTES EN ZONAS TURÍSTICAS INCOADOS POR LA CONSEJERÍA, Y MEDIDAS A TOMAR, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO

La señora PRESIDENTA: Ahora pasamos al debate de las comparecencias y en la mañana de hoy veremos el debate acumulado de la comparecencia 1015 y 1016, dirigida a la señora consejera de Turismo, respecto a los expedientes sancionadores incoados a las familias residentes en zonas turísticas y la posición del Gobierno, del Grupo Nacionalista Canario y también del Grupo Socialista Canario, y también veremos la comparecencia del consejero de Obras Públicas, planteada por el Grupo Nacionalista Canario.

Muy bien, pasamos a la primera comparecencia, Nueva Canarias-Bloque Canarista. Señora González, su tiempo.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Saludar, en primer lugar, a la nutrida representación de los miles y miles de familias que, con enorme dignidad y con gran sufrimiento, están viviendo, sin tener claro, porque es una auténtica sinrazón.

Y, consejera, sí que le quiero decir, por comentarios que ha hecho, que no son solo vecinos de San Bartolomé de Tirajana, son de San Bartolomé, de Mogán, de Arucas, de Gáldar, del Puerto de la Cruz, de Arona, de Adeje, de La Gomera... Eso sí, casualmente, no hay ningún sancionado de la isla de Fuerteventura.

Pero lo que sí tengo que decir... Bueno, perdón, en particular quiero saludar a doña María Doreste, la presidenta de la PALT.

Y en principio esta comparecencia que hoy traemos aquí Nueva Canarias no la trae a este pleno como un debate más, la traemos como una realidad que duele, que duele porque tiene nombre y apellido, que duele porque entra por la puerta de un hogar en forma de 2000 euros de sanción, que duele porque afecta a algo tan básico como poder vivir en tu propia vivienda. Sí, en tu propia vivienda, consejera, aunque usted y este Gobierno se empeñen en llamarlo de otra manera. Estamos hablando de familias canarias que adquirieron un apartamento o un bungaló escriturado como vivienda, con división horizontal, en suelo mixto, que lo compraron con sus ahorros, con el esfuerzo de toda su vida y que hoy se ven perseguidas por el simple hecho de vivirlo o de usarlo como segunda residencia. Y no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de miles de personas, bueno, del orden de setenta mil, que de la noche a la mañana han pasado de ser un propietario de una vivienda a ser declarados culpables, sin entender por qué, sin saber qué han hecho mal y con el miedo metido en el cuerpo. Porque eso es lo que ha generado usted, eso es lo que ha generado su consejería: miedo, miedo a abrir el buzón por si se encuentran con una sanción y miedo a no saber si mañana podrán seguir viviendo en su casa.

Unas sanciones ampliamente cuestionadas por el Defensor del Pueblo, que advirtió que no hay base suficiente para sostener esta prohibición, y cuestionadas también por los tribunales. Sabe que hay dos sentencias que anulan no solo las dos sanciones puestas, sino todas las sanciones que han interpuesto a los complejos donde esa sanción que han tumbado existe. O sea, de una puede haber treinta o cuarenta que les han tumbado. Y, además, por tres razones fundamentales: porque no queda acreditada la actividad turística, porque el planeamiento no prohíbe expresamente el uso turístico y porque existen serias dudas sobre la tipicidad de la conducta sancionada. Y, aun así, consejera, usted sigue sancionando. Y yo le pregunto cómo justifica que se sigan tramitando expedientes en situaciones idénticas a las que ya han sido anuladas por los tribunales.

Pero hay algo que entiendo aún más preocupante, si cabe. Usted anunció políticamente, y a bombo y platillo, la suspensión de estos procedimientos sancionadores; sin embargo, la realidad ha sido otra: las sanciones se siguen tramitando. Además de que ha implantado a los vecinos un laberinto administrativo absurdo, obligándoles a acudir a sus ayuntamientos a reconocer que su situación es irregular, cuando realmente no lo es, y además a solicitar un cambio de uso, pero no de su vivienda, de todo el complejo, algo que usted sabe que es un trámite imposible. Un procedimiento diseñado no para solucionar, sino para trasladar el problema, con consecuencias que no son abstractas, son reales, inmediatas y duras. Multas, inseguridad jurídica, personas mayores angustiadas, propietarios que no entienden cómo pueden ser sancionados por vivir en una casa que es de su propiedad, personas que descubren de la noche a la mañana que tienen menos derechos que un turista.

Y, señora De León, esto contradice frontalmente su discurso, ese que le vendió a toda la ciudadanía canaria, de que iba a poner al canario en el centro de la política turística, y no solo no lo cumplió, sino que ese centro usted lo convirtió en periferia. Y es que con su política lo que ha hecho es expulsar silenciosamente a los canarios de las zonas turísticas, porque bajo la excusa de ordenar la vivienda vacacional en las zonas residenciales lo que ha hecho es enmascarar una condena a miles de familias a abandonar sus viviendas para que sean explotadas por quienes les benefician.

No me da más tiempo. Seguiré en mi segunda intervención.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Ahora es tiempo de intervención para el Grupo Socialista Canario, y va a intervenir el señor Santana Martel.

El señor SANTANA MARTEL: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero saludar a todos los miembros de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística que hoy nos acompañan, singularmente a doña Maribe Doreste, que solo cabe recordar que ha estado aquí en varias ocasiones; por lo tanto, esta ya es prácticamente su casa.

Señora consejera, yo solo quiero recordar en esta primera intervención que el 18 de marzo de 2025 se publicó el Decreto Ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico. El día anterior se aprobó en Consejo de Gobierno y en la nota de prensa que ustedes emitieron dice: "En el plazo de tres años, los ayuntamientos tendrán que efectuar la especialización de los usos y las personas afectadas por esta situación podrán disponer de más tranquilidad, de mayor seguridad jurídica y deberán dirigirse a la Administración local instando a esa especialización de usos, en la misma línea que apunta el proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. Asimismo, otro de los objetivos que persigue la iniciativa es derogar explícitamente la sustitución del propietario que incumple el deber de atenerse al uso turístico y que directamente está infringiendo el principio de unidad de explotación, al considerarlo un mecanismo inviable por su complejidad procedimental y desproporcionado. De esta forma, la Administración seguirá cumpliendo la ley y otorgará mayor seguridad jurídica al ciudadano". La duda que nos queda es a qué ciudadanos se refería en su nota de prensa. Creo que no se refería a los que hoy nos acompañan en la tribuna.

Después de más de un año, ¿cree usted que el decreto ley de atenerse al uso turístico ha sido exitoso o ha sido un fracaso?

Mire, señora consejera, según los datos de la plataforma, los datos son los siguientes. Durante todo el periodo constan, según los boletines oficiales, 128 cartas de pago y 178 resoluciones de inicio, pero desde que está en vigor el decreto ley tiene 62 resoluciones de inicio. Bueno, también existen sentencias -lo ha citado aquí la señora González- que declaran nulas las sanciones y otras en que el juez de instancia, en una fundamentación o en unos hechos que no se ajustan a la realidad, como sucedió en Mogán, declara ilegal su resolución, mientras otras declaran la nulidad de los expedientes.

Pero, además, hay personas que no aparecen en los boletines, o expedientes que no aparecen en los boletines oficiales. También de esto tiene datos la plataforma, cuestión que hoy deberá usted dejarnos con claridad cuáles son todos los expedientes que se han tramitado y cuál es la naturaleza de los mismos, así... cuáles son las sanciones que se han venido aplicando.

Como bien decía la señora Esther González, esto no afecta solo a un municipio concreto, pues afecta a muchísimos municipios de todo el territorio nacional y no escapa ninguna de las islas. Por ejemplo, en La Gomera a la plataforma le constan hasta cuatro expedientes sancionadores a personas que viven singularmente, por ejemplo, en el municipio de Valle Gran Rey.

Por lo tanto, según los estudios, su decreto ley deja en desamparo a más de setenta mil afectados en Canarias por esta situación.

Quiero recordarle que su decreto ley fue aprobado sin consenso, pero es que además tampoco lo tramitó como proyecto de ley. Pero recordemos lo que dijo también en su discurso en la convalidación del decreto: "Pues bien, cuando llegamos, qué nos encontramos: miles de expedientes sobre la mesa sin firmar. El jefe de la inspección fue directo y me preguntó: 'consejera, ¿usted va a prevaricar?'. Yo les traslado hoy a los señores diputados: ¿ustedes prevaricarían, señores diputados?". Bueno, después de tener una sentencia en contra de los expedientes que usted ha emitido, yo no digo que se haya prevaricado, pero sí digo que habrá que cambiar las normas si no se está haciendo justicia con estas personas.

Por lo tanto, fíjese, también usted decía: "La inspección no actúa de oficio, ningún inspector va a por nadie, como se ha dicho alguna vez. Hay denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores". El ejemplo es el de Mogán: un señor que hace veinte años le vende una vivienda a una persona, veinte años después la denuncia para que sea sancionada. Entonces la siguiente pregunta será: ¿a quién protege su ley?, ¿a los especuladores o a los indefensos?

Pero, bueno, esta situación... Usted seguía en su intervención diciendo que qué hacía este decreto sino proteger temporalmente a los afectados mientras se da tiempo a los ayuntamientos para adaptar sus instrumentos de planeamiento, porque es una medida de respiro que, además, es voluntaria y no de castigo.

Por lo tanto, señora consejera, hoy usted tiene que explicarnos cuáles son los datos reales de estos expedientes, cuál es la situación que se está viviendo en relación con ellos y también tiene la oportunidad de decirnos qué pretende hacer, teniendo en cuenta que ya queda certificado que su decreto ley de atenerse al uso turístico ha sido un absoluto fracaso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santana Martel.

Ahora es tiempo de la señora consejera de Turismo. Señora De León.

La señora CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO (De León Verdugo): Gracias, presidenta.

Valgan mis primeras palabras también de agradecimiento por estar aquí a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Sé que mi papel no es fácil y sé que, además, me tienen como la enemiga de la plataforma por hacer cumplir una ley que no es mi ley, perdone que le matice, señor Santana, es la ley que se aprobó en el año 2013, su partido político, no el mío. (Palmoteos).

Pero yo no estoy aquí para dar excusas, sé la travesía que están atravesando los propietarios y propietarias que tienen un apartamento, lo que cuando le cambien el uso pasará a ser una vivienda en zonas turísticas. Y cuando hablo de San Bartolomé es porque precisamente es el ayuntamiento con el que estamos trabajando mano a mano para que la futura ordenación acompañe esa situación en San Bartolomé.

Yo, por ser muy clara, porque tengo el marco normativo bastante fresco, en el año 1995 se aprueba la primera ley de turismo en Canarias y esa ley establecía dos principios sobre los que luego construiríamos esta industria: el principio de especialización de usos, es decir, atenerse a lo que dice el planeamiento, y la unidad de explotación, o, dicho de otro modo, que solo haya un explotador por cada edificio.

En el año 1995 esa ley establecía el 50 más uno precisamente para adaptarse a la realidad del planeamiento de muchos municipios, o el no planeamiento de muchos municipios, porque muchos de esos municipios donde se encuentran los apartamentos turísticos están en situación de normas subsidiarias y, por lo tanto, no se ha ido hacia la especialización de los usos del suelo, aunque sí esas licencias establecen la caracterización en muchas ocasiones. No en Algas 1 y Algas 2, que es la sentencia a la que ustedes están haciendo referencia y sobre la cual se les transmutó y se les suspendió el expediente sancionador sobre esos dos complejos producto de la sentencia ganada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Como decía, esos dos ejes vertebradores fueron refutados en la Ley 2/2013, como principios que regían el uso turístico en Canarias. Y en esa ley se quedaron atrapados miles de propietarios, unos por residir, otros por comercializar fuera de la unidad de explotación.

Vuelvo a reiterar que la inspección no está actuando de oficio, es decir, no hay una cacería contra propietarios; hay denuncias cruzadas entre propietarios, hay denuncias cruzadas entre explotadores, hay denuncias incluso de hasta explotadores de bares que no tienen sus clientes y que le piden lucro cesante a la Administración, a la Comunidad Autónoma de Canarias, por no haber cumplido el deber de atenerse al uso o al principio de unidad de explotación.

Y esa es la Canarias caótica que exige reflexión, y la reflexión la exigen de todos los grupos la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y también los municipios como parte esencial de la ordenación del territorio. Lo que hemos hecho es crear una mesa de debate con todos los sectores y yo invito a volver a sentarnos en la mesa a tratar de solucionar este laberinto jurídico.

¿Cuándo va a surtir efecto? Usted decía que cuando anunciamos esa ley, ese Decreto Ley 2/2025, hacíamos hincapié en la especialización de uso de las parcelas. Es algo que ya están trabajando los ayuntamientos. Y vamos a establecer tres rangos, porque evidentemente tendremos que establecer los derechos que tienen las personas propietarias de antes de 1995, los derechos que tienen después de la Ley 2/2013 y los derechos que confirió también una ley, la 4/2017, que dio derechos consolidados a expensas de la ordenación municipal en la Ley del Suelo de Canarias. Por tanto, tramitar esas tres situaciones e intentar vehiculizar por ahí a todos los propietarios que en estos momentos están haciendo un uso distinto del turístico, es decir, residencial, y poder salvar a todas esas familias.

Miren, yo sé que ustedes quieren que yo parezca una persona sin alma que firma sanciones sin tener en cuenta a quién se las estoy poniendo. Yo no hago más que cumplir la ley que me dice, un inspector turístico, ante denuncias cruzadas qué tengo que hacer y evidentemente, cuando las leyes no nos gustan, lo que hay que hacer es cambiarlas.

Mire, ha sido esta consejería la que ha derogado el artículo 24 que aprobaron en el año 2013, donde si un propietario no tenía o no ponía su unidad, como le llamaba la ley, a explotación tenían derecho a expropiarle y fue este Gobierno el que paró esa injusticia y derogó el artículo 24. (Palmoteos). Y, además, ha sido este Gobierno el que tiene ya un borrador que está trabajando con los municipios más afectados con el objetivo de adecuar el planeamiento a la situación que se está viviendo y ha sido este Gobierno el que ha impulsado la ordenación y ha abierto el periodo de consultas de la Ley 2/2013 y la Ley 7/1995, con el objetivo de refundirla en una ley y solucionar el problema que tiene Canarias y, sobre todo, no seguir sancionando a personas que, con mucho sacrificio, compraron un inmueble, con mucho sacrificio de sus padres lo conservaron, que muchos no tienen otra solución habitacional y que en ellos están viviendo. Yo lo que pido es una reflexión sobre lo que vamos a hacer en el futuro de Canarias.

Miren, han confundido los usos, confunden la normativa de aplicación, pero es que, es más, confunden las modalidades turísticas sobre las que se rigen las unidades, los apartamentos, la residencialización. Lo confunden todo porque están instrumentalizando la labor de una Plataforma de Afectados por la Ley Turística.

Ya a la consejería se le ha dado la razón en muchos procedimientos de esta comunidad en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Eso ha llevado a que eso se admita a trámite para ahora un recurso en el Tribunal Supremo, donde se han autorizado o se han tramitado siete recursos que han sido acumulados. Y yo entiendo también que la plataforma y el Gobierno quieren esperar a ver el pronunciamiento del Tribunal Supremo con respecto a esta cuestión, pero yo creo que no deberíamos esperar tanto. Creo que San Bartolomé está a punto de sacar sus ordenanzas, creo que el Decreto 2/2025 va a ayudar a muchos propietarios cuando esas ordenanzas estén aprobadas a pasar de una situación y, además, levantar procedimientos sancionadores.

Hoy tenemos esta realidad. Mire, tenemos 176 expedientes, 110 recursos de alzada, 66 no han presentado recursos, 37 pendientes de enviar el recurso, 63 pendientes de resolver el recurso de alzada y 10 resueltos en la actualidad.

Con lo cual, señor Santana y señora Esther González, yo lo que sí les pediría es una reflexión sobre lo que queremos, porque, miren, tenemos que hacernos algunas preguntas. En ese futuro reglamento, en esa futura ley, tendremos que dar acomodo a la segunda residencia. Yo creo que es un clamor, que hay gente que quiera reservarse el uso de su propiedad y, por tanto, tenemos que dar respuesta en esa ley que obviaron en el año 2013. Por tanto, hay que dar trámite a la segunda residencia.

Segundo, hay que replantearse cómo va a ser para aquellos edificios que no tienen explotador, que no tienen gestor y que están, no en el uso residencial, sino en el uso turístico como vivienda vacacional, darles un tránsito para que puedan seguir comercializando, y así lo ha defendido este Gobierno sobre la libre comercialización; y aquellos apartamentos o complejos que nacieron como complejos, pero que se han ido residencializando con el paso del tiempo y que ahora son vivienda habitual de mucha gente, darles carta de naturaleza, cambiarles el uso y que sea un uso residencial, y que ninguna otra Administración ni Gobierno tenga el deber de sancionar ante denuncias que puedan producirse en el entorno o los entornos.

Y, miren, si no hay ninguna denuncia en Fuerteventura, no es porque yo sea de Fuerteventura ni porque vaya a ser candidatable en Fuerteventura, señora González, que lo ha dejado entrever y me molesta profundamente. No hay denuncias y, por tanto, la inspección no actúa; cuando haya alguna denuncia, se cursará. (Palmoteos).

Y quiero levantar aquí una defensa de la inspección turística. Para ningún inspector es plato de buen gusto tramitar una denuncia sobre un propietario, porque tenemos perfectamente claro a quién le estamos levantando la denuncia. No somos gente sin alma que ha venido aquí a imponer a favor de unos contra los otros. Pero si no nos gusta la ley hay que cambiarla y hay que cambiarla con serenidad, y este Parlamento precisamente carece de serenidad para debatir ahora mismo una norma que afecta a tantas personas, a tantas familias, a tantas instituciones y donde hoy no solamente entran en juego las personas que tienen este problema causado por la norma 2/2013, sino también todo un sector turístico que depende de que se cumplan esas normas, porque también hay unidad de explotación y hay propietarios que sí están cumpliendo la ley.

Gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Ahora iniciamos el turno de los grupos no proponentes de la comparecencia. El señor Acosta.

El señor ACOSTA ARMAS: Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera. También bienvenida la plataforma de afectados que se encuentra hoy aquí.

Creo que es justo volver a reconocer, como se ha hecho cada vez que debatimos sobre este asunto, la complejidad que tiene el mismo, pero, más allá de esa complejidad, también debemos considerar la situación de las personas y las familias que llevan años viviendo en determinadas zonas turísticas, en muchos casos en su propia vivienda habitual, y que se han visto atrapadas en un conflicto jurídico y administrativo que viene de lejos y que, evidentemente, no puede despacharse con simplificaciones. Pero esa complejidad tampoco puede ser la excusa para avanzar hacia una solución. Sabemos que aquí confluyen la normativa turística vigente, la ordenación urbanística y territorial del territorio, la especialización de usos en el suelo turístico y una realidad que se ha consolidado desde hace años, y cuando esas piezas, tal y como hemos visto, no encajan bien, lo que puede ocurrir es que toda la carga recaiga exclusivamente sobre las familias afectadas.

Por todo ello, señora consejera, desde la AHI queremos valorar positivamente que el Gobierno de Canarias haya dado un paso para frenar, al menos temporalmente, el perjuicio inmediato que estaban sufriendo muchas personas. La aprobación del decreto ley que suspendió por un plazo máximo de tres años la tramitación de esos expedientes sancionadores no firmes fue una decisión necesaria, precisamente porque evitaba que se siguiera agravando una situación ya de por sí muy sensible. Y creemos que eso hay que decirlo con claridad. No era razonable seguir avanzando por la vía sancionadora como si estuviéramos ante un problema ordinario, cuando en realidad estamos ante una cuestión con una enorme trascendencia social, jurídica y territorial para esas familias.

Usted lo ha dicho, seguramente no es plato de buen gusto para ningún inspector tener que hacerlo, porque sabe que detrás de esa sanción hay una familia que está destrozando. Ahora bien, creemos que esa suspensión tampoco puede entenderse como el punto y final, debe entenderse como un margen simplemente para ordenar, aclarar y sobre todo resolver, porque lo que sería verdaderamente problemático es limitarse a aplazar un conflicto sin construir una salida digna y justa para aquellos que la están esperando.

Y es ahí donde, a nuestro juicio, está hoy precisamente el debate. El Gobierno ha optado por una posición que podría parecer razonable, detener el daño inmediato, dar tiempo a los ayuntamientos para avanzar en la especialización de usos y abrir una vía para que esta realidad pueda ser abordada con seguridad jurídica. Y eso nos parece la dirección correcta, porque este problema no se arregla ni con maximalismos ni tampoco con atajos, se arregla con una solución jurídica seria, con coordinación institucional y también con la sensibilidad hacia quienes llevan años soportando una situación de enorme incertidumbre.

Por tanto, aquí hay una responsabilidad clara de todas y cada una de las administraciones implicadas y la solución también tiene que venir de parte de todas ellas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señor Acosta, he tenido un error, le he dado tres minutos y tendría que haberle dado cuatro. Con lo cual, asumo el error, le doy el minuto si quiere. (El señor diputado rehúsa intervenir).

Perfecto, gracias.

Bueno, ahora es tiempo de intervención para la Agrupación Socialista Gomera, y lo hace el señor Ramos.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Muchos de ellos los conozco personalmente y con otros me he reunido.

Bueno, yo creo que nuestro grupo parlamentario lo tiene muy claro: esas sanciones no son justas y no deberían simplemente ni existir. Es verdad que este problema empezó hace ya bastante tiempo, en el año 1995, hace ya treinta y un años. ¿Y qué Gobierno tiene la culpa, si hace treinta años que empezó esta situación, por la creación de las diferentes leyes para, de alguna forma, darle mucha más calidad al turismo? Que yo me pregunto también qué es la calidad turística, qué entendemos por calidad en el turismo. ¿Qué mejor calidad para quienes nos visitan que sean capaces de interactuar con quienes residimos aquí? Yo creo que esa es la verdadera calidad turística y no una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas o cinco estrellas. Yo creo que la calidad turística va muchísimo más allá.

Y estamos hablando de miles de familias, de más de dieciséis mil familias afectadas por esta situación, y, por lo tanto, señora consejera, tenemos que buscar una solución, y yo creo que la solución pasa por repensar cuál es el modelo turístico que queremos para Canarias. Eso es fundamental. Y para nosotros está basado en tres líneas fundamentales. La primera, seguridad jurídica. Y en esta situación, sobre todo a quienes están residiendo en sus propiedades, que hay que recalcar que son sus propiedades, hay que darles seguridad jurídica y que no sean sancionados.

Por otro lado, decía lo del modelo turístico de futuro y que tenemos que repensarlo, porque usted lo dijo también. Ahora mismo ya se ha admitido a trámite hablar sobre la unidad de explotación, o si es factible o no es factible, en el Tribunal Supremo. Veremos cuál es la decisión. Pero creo que no tenemos que esperar a la decisión, y en eso estoy de acuerdo con usted, tenemos que ir repensando entre todos ya cuál es el modelo turístico que queremos para Canarias, y para nosotros pasa por ser un modelo sostenible, un modelo sostenible económicamente, ambientalmente, pero también socialmente. Yo creo que esa es la parte primordial, que sea socialmente sostenible.

Lo decía usted también el viernes pasado en la Comisión de Discapacidad, que tenemos que pensar en las personas, que el modelo turístico tiene que ser también más social y que tenemos que poner siempre a las personas en el centro de las políticas, algo que comparto también con usted.

Le decía que la legislación hasta ahora ha sido demasiado rígida, tanto la ley del año 1995 como la de modernización y renovación turística del año 2013 han sido demasiado rígidas y no se ceñían a la realidad social que estábamos viviendo. Por lo tanto, son leyes que, por una parte, nos ayudaban al crecimiento económico, pero, por otro lado, creaban ciertos problemas sociales que tenemos que solucionar.

Y esa realidad ha crecido en diferentes vertientes. Por un lado, hemos tenido el encarecimiento de la vivienda, la presión del mercado, el resurgir o el surgimiento de la vivienda vacacional, otra figura también que compite con el alquiler convencional que teníamos.

Y todas esas medidas tienen que ser tenidas en cuenta en ese modelo que queremos a futuro, porque también pasa por coordinación institucional.

Usted hablaba del papel de los ayuntamientos, que en ese decreto que hemos aprobado en este Parlamento en el año 2025 juegan un papel esencial para frenar esas sanciones, haciendo ese cambio de uso del suelo, pero yo me pregunto también si esa medida también es suficiente, porque usted hablaba también de que muchos de esos ayuntamientos están incluso con normas subsidiarias, es decir, que muchos de ellos a lo mejor no tienen ni la capacidad para dar una respuesta.

Por tanto, señora consejera, yo la animo, y en ese sentido puede contar con la Agrupación Socialista Gomera, a que repensemos y cambiemos el modelo turístico que queremos para Canarias, un modelo turístico que sea sostenible en el tiempo, pero también social... (Corte automático del sonido).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.

Grupo Parlamentario VOX. Intervendrá la señora Jover Linares.

La señora JOVER LINARES: Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera, y también a los afectados por la ley turística y a la señora Doreste.

Hace cinco meses los grupos parlamentarios que estamos en la oposición votamos a favor de una PNL sencilla que proponía suspender todas las sanciones a los afectados por la ley turística. ¿Qué hicieron los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno? Votaron en contra y no salió adelante. Pero no olvidemos las palabras de los portavoces que defendieron aquí ese voto en contra. Las palabras de todos ellos eran que el Gobierno se iba a poner las pilas, que el Gobierno iba a dar una solución, que el Gobierno estaba estudiando el asunto técnicamente, que había que modificar la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, ¿y dónde nos encontramos cinco meses después?

Fíjense, el otro día, en el último pleno, modificamos la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, pero nada, ni una mención a los afectados de la ley turística, a esos que reciben más de dos mil euros por vivir en viviendas que se comercializaron como viviendas y que se compraron como viviendas.

Pero, además, aquí estamos tramitando la ley, el proyecto de ley de licencias urbanísticas. El Gobierno está planteando, ha propuesto a los grupos parlamentarios que le apoyan que planteen enmiendas para modificar la Ley de Vivienda de Canarias, la Ley del Suelo de Canarias... Muchísimas leyes en las que se podría introducir una enmienda para acabar y suspender las sanciones a estos afectados. Propongamos esa solución sencilla. Estamos en un momento de emergencia habitacional, no iría en contra de la ley ni del sentido común suspender estas sanciones.

Esa es la situación en la que se encuentran decenas de miles de personas que compraron en esas zonas que ahora se ambicionan por determinados operadores turísticos, como si no fuera posible... Esos operadores quieren que esas zonas sean exclusivamente de suelo turístico, excluir a los residentes, como si no fuera deseable, óptimo, necesario y posible, recomendable que convivieran los turistas con los residentes. Los turistas no vienen aquí a experimentar un parque de atracciones o vivir en una jaula de oro durante un par de días, vienen a conocer Canarias.

Estas soluciones que usted ha adoptado, señora consejera, ignoran la emergencia habitacional, no respetan los derechos consolidados, no indemnizan la expropiación del derecho a la propiedad y multan a legítimos propietarios, tratándolos peor de lo que hoy en día se trata a los okupas.

Las medidas que usted ha adoptado desde que se comprometió a solucionar, a principio de legislatura, en respuesta a mi pregunta, la situación de estos multados no han hecho más que empeorar la situación. Lo hizo esa ley de vivienda vacacional, donde los metió no sabemos a cuenta de qué, y luego volvió a liarla aún más con el decreto ley del deber de atenerse al uso turístico de la vivienda, ese supuesto decreto ley que iba a paralizar las sanciones. ¿Cuántos expedientes de cambio de uso se han tramitado al amparo de ese decreto ley?, ¿cuántos? Ese dato lo necesitamos. ¿Y cuántas sanciones se han suspendido al amparo de ese decreto ley? También lo queremos saber.

Usted ha hablado de que hay ahora mismo 166 expedientes en curso. Me extraña, cuando tan solo en los cuatro primeros meses de 2025 se iniciaron 123 expedientes, y qué casualidad que todos y cada uno de ellos acabaron en multa.

Señora consejera, acabe con la inseguridad jurídica, respete la consolidación de usos, deje de obligar a los vecinos a formar parte de un negocio de explotación contra su voluntad y proponga a los grupos parlamentarios que le apoyan que traigan una enmienda a la ley de agilización de licencias urbanísticas para solucionar este problema.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jover.

Grupo Parlamentario Popular. Va a intervenir el señor Morales Déniz.

El señor MORALES DÉNIZ: Gracias, presidenta. Y buenas tardes a todos, especialmente a los miembros de la PALT.

El Partido Socialista aprobó la Ley 2/2013, que incluía el deber de atenerse al uso turístico y el derecho del Gobierno a expropiar los inmuebles de los propietarios si estos no los destinaban al uso establecido en el planeamiento urbanístico. Por eso nació la PALT. El Partido Socialista, gobernante, presidido por Ángel Víctor Torres y con Román Rodríguez como vicepresidente, empezó a sancionar a los afectados en los momentos más duros de la pandemia, con multas que oscilaron entre 2000 y 9000 euros. Las primeras en el año 2000, por cierto, cuando el señor Ábalos disfrutaba de un cinco estrellas gran lujo en el sur de Tenerife.

La coalición gobernante de PSOE y Nueva Canarias no derogó al menos los aspectos más lesivos para los afectados contenidos en esa Ley 2/2013, para acabar así con la lógica preocupación de los mismos, cuando además la PALT incluso registró, en junio de 2022, su iniciativa legislativa. El Partido Socialista y Nueva Canarias rechazaron la tramitación de la enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno relativa a la supresión de la disposición transitoria sexta de la ley del alquiler vacacional, como también pedía la PALT.

Por mucho que quieran culpar a otros, la consejera y su equipo sí que elaboraron y llevaron a Consejo de Gobierno para aprobación el Decreto 2/2025, de medidas urgentes, eliminando para siempre ese, su derecho medieval de expropiación y suspendiendo durante tres años las actuaciones inspectoras de oficio, en este particular, y los procesos sancionadores, precisamente para dar tiempo a que los ayuntamientos puedan planificar y ordenar o reordenar sus suelos y usos autorizados, porque, si no, pasa lo que pasa, que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que lleva el sello de Nueva Canarias, lo tumban los tribunales.

Este Gobierno y su Consejería de Turismo y Empleo, al igual que no ha erradicado la vivienda vacacional, mucho menos está expulsando o expropiando a residentes en zonas turísticas, sino que viene habilitando medidas armadas técnica y jurídicamente y que equilibran el interés general con el respeto al derecho de propiedad privada y de actividad de las economías familiares. Porque mientras otros no han hecho absolutamente nada, excepto generar ruido y tratar de aprovecharse de la situación de nerviosismo de las personas afectadas, expertos y representantes de distintas administraciones de las islas siguen a día de hoy trabajando a destajo en este asunto, sin estridencias ni alcachofas ni megáfonos, para intentar solventar de una vez por todas el despropósito legislativo que el Partido Socialista originó a los afectados hace ya trece años y al que nunca hasta ahora, ni siquiera en los cuatro años de la anterior legislatura del pacto de las flores, se dignaron a afrontar y a dar debida y justa solución.

Por cierto, Nueva Canarias, ¿qué fue de aquello de no estamos en contra de algunos modelos residenciales en zonas turísticas, pero no con un criterio general de residencialización sin límites de las mismas, apostamos por el respeto al planeamiento y a la distribución de usos?, ¿ya eso no vale?

Consejera, yo, para el futuro de mis hijas en esta tierra, quiero y ruego por su sello personal de gobernanza, siempre basado en el respeto a las leyes, a las normas y a la jurisprudencia, y además con ese aderezo suyo de escucha proactiva constante a todas las partes, especialmente a quienes se sienten afectados por cualquier circunstancia bajo el ámbito de sus competencias.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Morales.

Grupo Nacionalista Canario. Intervendrá el señor González, Cabrera González... ¡Ah!, pues, no, la señora Vidina.

Señora Espino, cuando quiera.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Gracias, presidenta. Quiero dar la bienvenida también a los afectados por la ley turística, en especial a Maribe Doreste, a su presidenta.

Señorías, estamos abordando una situación que genera a muchísimas familias preocupación, incertidumbre y también una clara sensación de injusticia, y no es para menos porque están siendo sancionados o pueden ser sancionados por vivir en su propia casa. Y cuando en Canarias hemos decretado -está aquí el consejero de Vivienda- una situación de emergencia habitacional parece que esto que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Y estamos ante este problema porque la norma no es acorde a la realidad y lo que ha ocurrido con la legislación turística, como también ha reconocido la propia consejera, es que responde a otra época y tenemos que adaptarla. Tenemos que cumplir la ley que existe actualmente, pero gobernar también es escuchar, entender lo que está pasando y corregir aquello que no funciona.

Durante años en muchas zonas turísticas de Canarias han convivido usos turísticos y residenciales, hay propietarios que llevan décadas viviendo en esos complejos, y en el caso que más conozco, que es la isla de Gran Canaria, es que esto siempre fue así desde un principio, desde que se inició esa actividad turística convivieron en esos espacios los usos residenciales con los turísticos y muchas personas vivían en esos apartamentos o los utilizaban, como usted comentaba, como segundas residencias. Y cuando se legisló, en el año 2013 especialmente, se hizo en contra de esa realidad que existía y esa es la consecuencia que estamos sufriendo ahora.

Por tanto, quienes hoy se presentan aquí como defensores de estas familias afectadas, me refiero al Partido Socialista y a Nueva Canarias, saben perfectamente que ustedes no hicieron nada durante cuatro años, en la pasada legislatura, saben que cuando han gobernado en San Bartolomé de Tirajana tampoco han buscado ninguna solución. Por eso creo que es justo reconocer que se están dando pasos en la buena dirección por parte del Gobierno con la eliminación de ese artículo tan lesivo de la Ley 2013, que permitía incluso sustituir al propietario de la vivienda en caso de que se negara a esa explotación conjunta. Y en San Bartolomé de Tirajana se está trabajando, nuestro concejal Alejandro Marichal, de Coalición Canaria, está trabajando en esa ordenanza para poder hacer los usos mixtos en esas parcelas, una ordenanza que se está trabajando con la propia plataforma y que está previsto incluso que vaya a pleno en el próximo mes de mayo.

El Gobierno de Canarias también está trabajando en modificar la normativa turística para dar una respuesta definitiva a este problema, porque no se trata de elegir entre el turismo y los residentes, se trata de encontrar un equilibrio, de proteger nuestro modelo turístico sin dar la espalda también a una realidad social que existe y que además, en una situación tan complicada como esta, nuestra gente necesita una vivienda.

Desde Coalición Canaria lo tenemos claro: hay que seguir avanzando para resolver esta situación de forma definitiva, con equilibrio, con sentido común, pensando en las personas, para que ningún canario o canaria tenga miedo de ser sancionado por vivir en su propia casa, consejera. Y, eso sí, nos gustaría pedirle desde el Grupo Nacionalista que no perdamos la oportunidad de esta legislatura para acabar con esta injusticia y para modificar las leyes turísticas que sean necesarias.

Muchas gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Espino.

Ahora iniciamos tiempo de réplica.

Nueva Canarias-Bloque Canarista, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Antes de dirigirme a la consejera, sí quiero dirigirme a los grupos que apoyan al Gobierno, a Coalición Canaria y al Partido Popular, para, asombrosamente..., porque no sé si se han acordado de que en el 2009 y en el 2013, de donde son las leyes, quien gobernaba era Coalición Canaria, nadie más, Coalición Canaria. Leyes que son de Coalición Canaria, donde, además, en el 2013 el consejero era el propio Paulino Rivero y el viceconsejero Ricardo Fernández de la Puente. Solo para hacer un matiz. (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta primera, Oramas González-Moro)

Luego también les digo, sí, sí, cuando me decía el señor David que dónde estaba ese planteamiento de Nueva Canarias de la especialización de usos, sí, es que el gran problema es que no hay especialización de usos, ese es el gran problema. Y lo que sí me llama la atención también de estos discursos buenistas es, si están de acuerdo, están con el tema, ¿por qué votaron a favor de la disposición transitoria sexta de la ley de vivienda vacacional, que hubiera solucionado este tema y no estaríamos aquí?

Yo, en cualquier caso, consejera, sí le digo que la he escuchado atentamente, pero la realidad sigue siendo tozuda. Usted ha hablado de todo, pero poco del objeto de esta comparecencia. Y digo que de lo único que usted habla es de que, bueno, está la ley y que si la ley no sirve, pues, que no funciona. Le recuerdo que usted ha hecho una ley, que es la ley o el decreto ley, que tiene fuerza de ley, de uso turístico de la vivienda o algo así, y no lo cambió; todo lo contrario. Y usted, además, vendió que ese decreto ley era para suspender las sanciones. Vuelvo y le digo, una norma con rango de ley que podía haber sustituido lo que pone en la Ley del 2009 y del 2013 y, sin embargo, no lo hizo, no lo hizo, no permitió la mejoría.

Y sí que le digo que en esto no estamos hablando, por mucho que me diga, de personas, de tenedores...; estamos hablando de familias que viven en apartamentos ubicados en suelo mixto, por mucho que sea zona turística, estamos hablando de viviendas, de personas que viven en suelo mixto, no en suelo turístico. No mezclen churras con merinas. Esa es la realidad, y esa realidad, consejera, no hay relato que la justifique.

Y por eso yo le pido que me diga, mejor, que se lo diga a todas las personas que están en el palco, que realmente son las afectadas, y a aquellos que están oyéndonos o viéndonos por streaming, que... eso. Que, además, han venido hoy con la esperanza de que usted les dé solución a su situación, pero, vamos, a esa solución le ha dado una patada p'alante, se lo ha dicho a los ayuntamientos, que les ha dado tres años, seguirán pagando multas durante tres años. Y dígales si está dispuesta a revisar de oficio esos expedientes, si va a suspender de verdad los procedimientos en curso o si va a seguir mirando para otro lado, mientras los ciudadanos tienen que acudir a los tribunales para defender algo tan básico como el derecho a su vivienda, a poder vivir en su vivienda.

No estamos hablando de grandes tenedores ni de fondos de inversión, estamos hablando de personas concretas, que compraron su vivienda hace décadas, que los sures de las islas no eran un lienzo en blanco, mucho antes las compraron de que existiera esa interpretación restrictiva que usted hace y, aun así, las sigue sancionando.

Y el problema, además, no es como lo cuentan, el problema es lo que están haciendo. Usted dice que no se expulsa a nadie, pero claro que se expulsa; se expulsa cuando vivir en tu casa se convierte en un riesgo, se expulsa cuando cada decisión viene acompañada de miedo y se expulsa cuando la única alternativa es pagar o marcharte. Eso también es expulsar, y eso es lo que está pasando.

Pero, es más, expulsar a miles de familias de sus casas por estar las casas ubicadas en zona turística, no en suelo turístico, no significa que las familias desaparezcan, las familias existen y tienen que mudarse a otro sitio, y ese sitio no es otro que las zonas residenciales, los barrios, las ciudades, los lugares donde ya falta vivienda, donde los precios están por las nubes, donde es casi imposible, incluso para las rentas medias o medias-altas, acceder a un piso de alquiler porque no pueden afrontar el coste. Y eso lo que provoca es más demanda, menos oferta, precios más altos, más tensión, en definitiva. Exactamente lo contrario de lo que este Gobierno garantizaba conseguir, y lo digo porque una de las razones para regular la vivienda vacacional era aliviar la emergencia habitacional y lo que ha hecho realmente es expulsar a la vivienda vacacional de las zonas turísticas, expulsar a los residentes de las zonas turísticas, en las zonas residenciales, pues, una patada cinco años p'lante y ya veremos. Eso no era lo que ustedes dijeron, era ayudar a que hubiera más vivienda disponible, era desinflar el problema, pero lo que están haciendo es justo lo contrario: lo están hinchando más, están empujando a miles de familias hacia un mercado ya saturado, está agravando la falta de vivienda en las ciudades, está generando más presión donde ya no cabe más presión. Y como consejera sí que le digo que esto no es una opinión, que esto es sentido común y esto, consejera, es lo que pasa cuando un Gobierno no mide el impacto real de sus decisiones, porque lo que ha hecho no es resolver el problema, lo que ha hecho es alargarlo, lo ha complicado y para lo único que ha servido es para que el Gobierno gane más tiempo, tiempo para seguir anunciando, tiempo para seguir diciendo que están trabajando. Señora De León, la gente a estas alturas ya no quiere anuncios, quiere soluciones, soluciones de verdad. Y lo más duro de todo no es la multa, es el mensaje, el mensaje de que vivir en tu casa es un problema, el mensaje de que tus derechos dependen de un modelo económico, el mensaje de que puedes tener menos derechos en tu tierra que los que vienen de fuera.

Por eso yo le pido no un matiz ni un ajuste ni una explicación más, le pido que rectifique, que paren, que miren a la cara a todas estas personas que nos acompañan y a los miles y miles que se encuentran en idéntica situación, gente que hoy vive con miedo, y que les digan con hechos y no con palabras que su casa vuelve a ser su casa. Porque gobernar no es imponer miedo, gobernar no es empujar a la gente fuera de su vida, gobernar no es convertir lo normal en ilegal; gobernar es proteger, gobernar es dar tranquilidad, gobernar es garantizar que nadie tenga que elegir entre pagar una multa o abandonar su hogar. Y hoy, consejera, miles de familias están exactamente en ese punto, entre quedarse o rendirse, entre defender lo suyo o marcharse, y un Gobierno que coloca a su gente en este dilema no está gobernando, está fallando.

Pero sí que le digo que todavía está a tiempo de rectificar, a tiempo de parar esta injusticia. Pero háganlo ya, por favor.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA (Oramas González-Moro): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra el señor Santana Martel.

El señor SANTANA MARTEL: Gracias, señora presidenta.

Mire, cuando ustedes por decreto ley modifican la Ley de Ordenación del Turismo y no lo tramitan ni como proyecto de ley y lo único que derogan es el artículo 24 -el 23 no lo nombra-, entonces pasa a ser su ley, no la de esta Cámara, su ley, la del Partido Popular y la de Coalición Canaria. Si no, haberla tramitado como proyecto de ley y, como proyecto de ley, el resto de grupos presentamos enmiendas para modificar aquello que está causándoles un daño y una indefensión a los que hoy nos acompañan. Pero usted no ha hecho eso. Por lo tanto, es la ley de ustedes, del Partido Popular y de Coalición Canaria.

Señora Vidina Espino, usted ha dicho una barbaridad de la que todavía no es consciente de ella, usted ha dicho: Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana lo está resolviendo. Y ya está, y el resto de municipios ahí se quedan. ¿Pero usted para qué está aquí?: ¿para intentar legislar para el resto de la ciudadanía canaria o para solo hacerle la ola a Alejandro Marichal, de Coalición Canaria, en San Bartolomé de Tirajana? Porque aquí hay afectadas 70 000 personas de muchísimos otros municipios, de otras islas, por ejemplo, Valle Gran Rey, pero, nada, mande usted a Alejandro Marichal para Valle Gran Rey a ver si les resuelve el problema, que no está resuelto, porque a lo mejor insta una modificación provisional del planeamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Mire, pero vamos a hacer un poquito de memoria en esto, porque ustedes llevan legislando tres años, el decreto ley se aprobó hace un año. Hoy hemos certificado aquí que hay un fracaso, ¡absoluto fracaso de sus políticas de turismo!, que usted lo vierte a una suerte de nueva ley de turismo que hasta el momento no sabemos qué pasa con ella cuando quedan diez meses de legislatura, diez meses de legislatura, y usted a lo mejor piensa que un proyecto de ley, que primero tiene que presentarse como anteproyecto de ley, va a estar resuelto de aquí a que termine la legislatura. Porque su única preocupación respecto a ese proyecto de ley -usted la ha dicho- es el concepto de unidad de explotación, es lo único que a usted le mueve, porque esto ha generado un conflicto entre empresarios, hasta tal punto que la diferencia entre los empresarios con respecto a la unidad de explotación ha provocado la dimisión de Fernando Estany, en una reunión reciente, y de que se intentó pasar de puntillas para que nadie conociera lo que estaba pasando. Sí, efectivamente, estamos a la espera de que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre el concepto de unidad de explotación, pero usted tiene prisa, no vaya a ser que modifique aquí algo y hace una especie de trampantojo jurídico y así el Supremo tendrá que resolver más adelante sobre el nuevo concepto de unidad de explotación que usted ponga en la ley. ¡Claro!, pero ustedes tienen prisa.

Sabemos que por aquí han estado paseando altos cargos, ex altos cargos, del Partido Popular en el Gobierno de Canarias que hacen una defensa acérrima de lo que es la unidad de explotación. Pero eso usted lo obvia, lo obvia.

Mire, ustedes aquí han rechazado -para el que dice que no se ha hecho nada en esta legislatura-, ustedes aquí rechazaron primero la iniciativa legislativa popular de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Le costó tres minutos a cada uno: pam, pam, esto lo vamos a resolver en la ley de turismo que estamos tramitando. (Palmoteos). Eso pasó aquí. Ustedes adelantaron en un copia y pega lo que decía su ley de vivienda vacacional a un decreto ley que hoy se ha certificado que es un fracaso, porque para eso es la comparecencia, para certificar el fracaso de unas políticas que, además, en lo que queda de legislatura, poco, o nada, resultado van a tener. Nosotros aquí presentamos enmiendas a la ley de vivienda vacacional, como bien han citado otros diputados, y también se las despacharon sin debate. Habría que estar en esa ponencia para verse cuándo a ustedes les interesa que exista debate o no sobre algunas cuestiones concretas.

Pero es que, además, mire, yo voy a volver a recordarlo, porque aquí para aprobar las leyes se necesita mayoría parlamentaria, porque esto se resuelve aquí, si usted no quiere, se resuelve aquí. Aquí que nadie escurra el bulto. Aquí tiene que decidir Coalición Canaria lo que tiene que hacer, igual que lo tiene que decidir el Partido Popular y el resto de grupos políticos, porque aquí deciden los partidos políticos, no el Gobierno. Y hay otro tema de iniciativas que se pudieran traer, pero aquí trajimos una proposición no de ley para que ustedes pusieran en marcha lo que ustedes mismos dijeron que iban a hacer una vez que quedó aprobada la ley de vivienda vacacional, que es un decreto ley para... Después de la comparecencia que tuvo aquí doña Maribe Doreste, todo el mundo, sí, sí, comprendía la situación, pero respaldo, poco, respaldo, poco. Pues cuando trajimos eso aquí quiero recordar dos cuestiones que es importante que la gente lo sepa. Mire, la señora Beato -perdone que la vuelva a nombrar y que le vuelva a recordar lo que dijo-: esta ley -ley de vivienda vacacional- no podía resolverlo todo, el Gobierno se ha comprometido a abordar estas cuestiones en un futuro decreto ley, que ya está preparado -si está preparado, ¿por qué no lo presentan?-, y les garantizo que el Grupo Nacionalista Canario va a estar vigilante para que se cumpla. Pues aquí tenemos un problema entonces dentro del Gobierno, porque esto lo dice Coalición Canaria, usted es del Partido Popular; entonces usted es que está bloqueando, como iniciativa que tiene que tramitar dentro del reglamento de puesta en marcha de la iniciativa sería la consejera de Turismo.

Pero, claro, usted sentencia, usted hoy ha sentenciado, igual que sentenció en una reciente entrevista después de la aprobación de la ley de vivienda vacacional, que dijo lo siguiente: Los apartamentos turísticos no van a poder cumplir, pero eso lo sabemos desde el minuto uno; hay sentencias que han dejado claro que los apartamentos turísticos no se pueden comercializar como viviendas -vacacionales, se refería en aquel entonces- porque no son viviendas, no son viviendas porque están en suelo turístico, con licencia turística, y se rigen por el principio de unidad de explotación. Chimpún. Usted ha vuelto a sentenciar hoy esta situación.

Pues bien, llega el momento de empezar a posicionarse. Diez meses es poco tiempo, en la Cámara, el que ha tramitado leyes, como algunos aquí presentes, como yo mismo, sabe que un proyecto de ley no se tramita de la noche a la mañana. No, no, ustedes están tirándole balones fuera para no cumplir con las reivindicaciones de la plataforma, pero sí cumplir... Porque me gustaría preguntarle: ¿un gran tenedor turístico sufre cada día, cuando se levanta por la mañana, a la hora de ver en riesgo su vivienda o sufren ellos, que han pagado con mucho esfuerzo sus viviendas y no saben si van a llegar a final de mes o se la pueden heredar a sus hijos? (Palmoteos). (La señora presidenta regresa a su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia).

Y usted pide una reflexión, para terminar. La reflexión no son palabras mías, y esto es verídico, es de una compañera, una amiga de la infancia que recientemente, y sin venir a cuento, me dice sobre este debate: "pero, ¿qué pasa aquí, que yo, que compré mi vivienda aquí, en playa del Águila -no sé si sabe dónde está, yo sí sé dónde está-, no puedo abrir la ventana de mi casa para ver el mar cuando desayuno y entre este maravilloso sol del sur de Gran Canaria y poder respirar la brisa que aquí hay? Esa es la reflexión que le dejo.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santana.

Y finaliza el debate la señora consejera de Turismo y Empleo... (La señora Espino Ramírez solicita la palabra).

¿Sí?

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): (Sin micrófono).

La señora PRESIDENTA: Señora Espino, perfecto. En cuanto termine la consejera, me pide la palabra para que no se me olvide y se la concedo.

Señora consejera, cuando quiera.

La señora CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO (De León Verdugo): Yo les pediría que huyan de la retórica, que les prometen soluciones mágicas, porque ustedes saben que no existen. (Palmoteos). No existen, como les quiere prometer la diputada de VOX, suspensión de todo el procedimiento sancionador, o les ha interpelado la diputada de Nueva Canarias. Porque, miren, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, te dice que las competencias son irrenunciables, que tenemos que tramitar esas denuncias, y que, además, es la columna vertebral del derecho administrativo de la Constitución española y que no está sujeto a criterios de oportunidad política, señores diputados. Harían bien en conocer las leyes antes de reunirse con los afectados.

Y yo se lo digo de verdad: ¿creen de verdad que este Gobierno no ha explorado la suspensión de todos los procedimientos sancionadores? Claro que sí y el servicio jurídico nos lo ha puesto en una resolución, no se pueden suspender los procedimientos sancionadores, y nos fuimos a esa fórmula del decreto, que será pronto una gran oportunidad, e, insisto, para todos los problemas que están teniendo las zonas residenciales.

Miren, es que no saben ni cómo se llama la ley de uso turístico sostenible de la vivienda. Es que están mezclando los usos. Los apartamentos se rigen por la Ley 2/2013, la ley de vivienda vacacional es el 6/2025. La ley de vivienda vacacional hace, efectivamente, referencia al principio de unidad de explotación y al deber de atenerse al uso del suelo turístico. Y, por tanto, me vuelvo a centrar aquí.

Señores diputados, tenemos que resolver la residencialización, complejos íntegramente residencializados, con usos mixtos, como reconoce la sentencia que ha ganado la PALT en el caso de Las Algas. Revisados todos los expedientes, pudimos suspender 43 expedientes que estaban en la misma situación y que daba cobertura la sentencia, 43. Tenemos que resolver las segundas residencias y su capacidad de reservarse por los propietarios el uso; tenemos que resolver la unidad de explotación para apartamentos que ya no tienen gestores turísticos, pero que sí tienen esas viviendas vacacionales, para que puedan transitar de viviendas a lo que siempre fueron apartamentos turísticos, en el caso de las personas que quieren seguir haciendo un uso turístico. Y yo lo que ofrezco es una mesa de diálogo, una solución coordinada con ayuntamientos, cabildos y el Gobierno, en la que ya llevamos meses trabajando, y no es casualidad alguna de las cuestiones que usted ha relatado, precisamente porque estamos trabajando.

Desde aquí agradezco, sí, al Ayuntamiento de San Bartolomé, a su alcalde y a su concejal, porque de San Bartolomé van a hacer una normativa, una ordenanza que ayudará al resto de municipios turísticos a encauzar las situaciones que tengan en su planeamiento y dibujará un camino con los afectados, con el Gobierno y con los cabildos que después puedan seguir otros. Por eso estamos trabajando de forma coordinada y por eso las ordenanzas saldrán al mismo tiempo que saldrá ese decreto ley al que hacía referencia la señora Beato.

Porque, miren, yo les ofrezco tres cuestiones. Primero, les pido perdón a todas las familias de afectados. Yo sé cuánto hemos tardado, yo sé que la solución no es fácil, pero yo creo que tenemos, en una mesa de diálogo sincera, con lealtad, podemos encauzar ese decreto, con San Bartolomé en la mesa como municipio pionero, con la Fecam, con la Fecai y, por supuesto, con el Gobierno. No solamente ofrezco un perdón, ofrezco diálogo a todas las formaciones políticas. Sí, diálogo, algo que no están acostumbrados a dar. Ustedes quieren que venga el Gobierno, presentar un decreto y decir lo que no funciona. ¿Cuántas veces les traje aquí la ley de alquiler vacacional?, ¿cuántas propuestas hicieron? (Palmoteos). Cero. En el periodo de enmiendas hicieron propuestas, pero antes de esas enmiendas no quisieron sentarse, solo se sentó una persona, la señora Esther González. Le di las gracias en esta tribuna, porque ellos sí quisieron contribuir de forma sincera a la ley de alquiler vacacional. Ustedes no, señor Santana, ¡ustedes no!

Y además, a la señora de VOX, le quiero recordar: ¿enmiendas al decreto de agilización? Pero si el periodo de enmiendas ya acabó y ustedes las enmiendas in voce no las quieren, señorías, les recuerdo que vetaron tramitar enmiendas in voce. Con lo cual, creo que están aquí en una postura de buenismo absoluto porque les están mirando los propietarios, pero luego en los pasillos de este Parlamento pasan otras cosas, y pasa que ustedes quieren utilizar el sufrimiento de estas familias como ariete político en el año 2027.

Les ofrezco diálogo y un consejo: no lo van a conseguir, porque lo vamos a intentar solucionar en esta legislatura. Así que cesen en su empeño, pónganse a dar soluciones, que no han dado ni una en la mañana de hoy, que puedan cumplir el ordenamiento jurídico español y siéntense con el Gobierno a aportar sus supuestas soluciones. (Palmoteos).

Ha dicho la diputada de Nueva Canarias que pasaba por la especialización de usos. Claro, señora Santana, pero es que eso no lo puede hacer el Gobierno.

Gracias.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Señora Espino, le doy un minuto para que me cuente inicialmente su motivo de...

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): ¿Para que se lo explique?

La señora PRESIDENTA: Sí, por favor.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Sí, el señor Santana ha dicho que yo he dicho una barbaridad en lo que he dicho, que era algo como muy grave lo que yo he dicho, y quiero poder contestarle y explicarle. Por el artículo 84, por un juicio de valor y una alusión.

La señora PRESIDENTA: Sí, tiene usted un minuto para contestar.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Señor Santana, ha dicho usted que yo he dicho una barbaridad, cuando lo único que he hecho es poner como ejemplo el trabajo que se está haciendo en San Bartolomé de Tirajana de la mano de los afectados y del Gobierno de Canarias. Por tanto, el único que creo que ha perdido los papeles es usted acusándome aquí de venir a hacer la ola a un compañero del partido, y usted se ha puesto nerviosísimo, no le gusta que se trabaje en San Bartolomé de Tirajana, que se hagan las cosas bien, usted sabrá por qué.

Quizás le ha sorprendido porque yo soy una diputada que trabaja siempre por todas las islas, pero yo, por mucho que quiera, no puedo conocer la realidad de Valle Gran Rey como conozco la realidad de mi isla, de Gran Canaria. A ustedes les molesta especialmente cuando yo, que soy diputada de la isla de Gran Canaria, nombro mi isla, la isla de Gran Canaria, y la voy a seguir defendiendo si cabe con más ganas y con más fuerza a partir de ahora.

(Palmoteos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Espino.

Señor Santana, tiene usted un minuto para la réplica.

El señor SANTANA MARTEL (desde su escaño): Por un momento pensé que no me iban a dar el...

La señora PRESIDENTA: Señor Santana, un segundo. Imposible oírle. Gracias.

Cuando quiera.

El señor SANTANA MARTEL (desde su escaño): Presidenta, por un momento pensé que no me iba a dar el minuto.

Porque, sí, usted ha dicho una barbaridad, su argumentación no solo se circunscribe a San Bartolomé de Tirajana, sino al apoyo a una serie de políticas que están provocando esta situación, no solo en San Bartolomé de Tirajana, en todas las islas y en todos los municipios turísticos, y que está afectando a más de setenta mil personas. Por eso yo digo que es una barbaridad y me reafirmo, porque esto se tiene que resolver aquí. Veremos cuando llegue el momento qué es lo que votan ustedes en caso de que alguien presente alguna iniciativa para resolver este problema. Ese será el momento de certificar definitivamente si es una barbaridad o no y el posicionamiento político de usted como Coalición Canaria y como diputada.

Claro que sí, que yo también como usted conozco mi isla, pero me preocupo de otras y de lo que está sucediendo en la indefensión que se está generando aquí, que hay gente de La Gomera, de Tenerife, de Gran Canaria y de otras islas. Espero que cuando llegue el momento, señora Espino, tenga la capacidad de rectificar. Los de San Bartolomé de Tirajana también se lo van a agradecer.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santana.

(La señora secretaria segunda, Hernández Gutiérrez, ocupa un escaño en la sala).