Apoyo del Parlamento a que la carretera La Aldea-Agaete se declare obra prioritaria

La Aldea de San Nicolás y sus habitantes han vivido y sufrido a lo largo de su historia el aislamiento que supone formar parte de una geografía dura, lo que ha derivado en la ausencia de unas comunicaciones dignas, adecuadas y seguras. Paradójicamente, se trata de un municipio que ha vivido a lo largo de más de un siglo de la agricultura de exportación.

26/jun/2013

Por ello, el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad una Proposición No de Ley PNL) para que entre las obras de carreteras de interés general de la isla de Gran Canaria, previstas en el Convenio de Carreteras suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias, se declare como prioritaria la carretera de Agaete a la Aldea, en el tramo actual en construcción La Aldea-El Risco, de tal forma que se comprometa la ejecución de la misma.

En este sentido, se reclama también que se hagan los máximos esfuerzos presupuestarios posibles, con el fin de que dicho tramo pueda concluirse y ponerse en servicio en 2015.

Las obras se iniciaron en julio de 2009 y después de una serie de modificaciones en el proyecto de ejecución, se fijó la fecha de finalización del tramo La Aldea-El Risco para 30 de junio de 2014. El estado de ejecución está muy avanzado, y se han abierto los dos túneles y el porcentaje ejecutado supera el 50 % del total de la obra.

En estos momentos se tiene una previsión de disponibilidad económica de 3 millones de euros para el año 2013 y 4 millones para 2014.

La PNL aprobada también recoge que para el caso de que las reducciones de las transferencias del Estado, acordadas en el Convenio de Carreteras, imposibiliten las dotaciones económicas para las anualidades 2013, 2014 y 2015 necesarias para la conclusión de las obras, sea el Gobierno de Canarias quien arbitre las operaciones financieras, legalmente posibles, que permitan generar las partidas presupuestarias para completar dichas dotaciones. Además, se insta al Gobierno de España al cumplimiento de las obligaciones económicas previstas en el Convenio de Carreteras suscrito con la Comunidad Autónoma, que permita las dotaciones de las anualidades previstas, siempre que existan las disponibilidades presupuestarias para ello.