Mesa redonda sobre las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios

El Parlamento de Canarias acogió hoy la celebración de una mesa redonda en la que se debatió acerca de las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. El acto, que se celebró en colaboración con el Colegio Notarial de las Islas Canarias, contó con la participación del presidente de la Cámara regional, Antonio Castro Cordobez y del presidente de la Organización de Cláusulas Abusivas de España y decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, Alfonso Cavallé.

Asimismo, acudieron en representación de los diferentes grupos parlamentarios: Jorge Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular; Nieves Rosa Pulido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, y José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista. Intervinieron también en la mesa redonda el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, el notario Javier Martínez del Moral y, en representación de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), Jerónimo Barrera y José Miguel Velázquez.

23/jul/2013

Antonio Castro, explicó en su intervención que la celebración de esta mesa redonda es parte de un convenio suscrito entre la Institución y el Colegio de Notarios para hacer ciclos de conferencias en los que se traten asuntos de interés para la ciudadanía. Esta iniciativa, según dijo, surge como respuesta de las instituciones implicadas a una preocupación compartida: la aportación de soluciones a la salida de la crisis desde la participación de profesionales cualificados de muy variados ámbitos.

El presidente de la Cámara consideró que es muy importante la participación de los diputados regionales en este tipo de debates, dado que son los representantes de los ciudadanos y tienen encomendada la responsabilidad de abordar materias que no están bien reguladas en las leyes o que se deben mejorar y modificar.

Además, destacó que “la desregulación que se ha dado en los últimos años en todos los países ha sido el caldo de cultivo de conductas contrarias al bien común y también causantes de la crisis”. Antonio Castro señaló que en cualquier ámbito, la contratación debe regirse siempre por la ética y la confianza.

Por su parte, el decano del Colegio Notarial, Alfonso Cavallé, incidió en el hecho de que determinados abusos que se han cometido en el sector financiero tienen una doble vertiente. Por un lado, señaló que no se ha advertido a los clientes de forma clara sobre los potenciales riesgos de los productos que adquieren y, por otro, aludió a los hipotéticos incentivos que se ofrecen a los empleados por la venta de dichos productos.

Grupos Parlamentarios

Jorge Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, afirmó que hasta hace pocos meses “llevábamos veinte años de retraso en el correcto tratamiento de los derechos de los consumidores afectados por cláusulas abusivas”, al tiempo que consideró que la dación en pago no es la solución para las personas afectadas por desahucios, al considerar que las personas deben poder seguir viviendo e la casa por la que ha estado pagando. En su opinión, es preciso buscar vías alternativas, como el aplazamiento de la deuda o que los bancos efectúen una quita.

La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Nieves Rosa Pulido, planteó si las sentencias sobre cláusulas hipotecarias dictadas en los últimos tiempos pueden ser un revulsivo que anime a las personas afectadas a movilizarse por sus derechos. Pulido destacó también el hecho de que durante años se han estado llevando a cabo desahucios sin ofrecer alternativas a los ciudadanos afectados. La diputada incidió en el hecho de que en Canarias, en el periodo 2008-2012, se han producido unos 10.000 desahucios, lo que calificó de “drama social”, especialmente, cuando se trata de la primera residencia.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, José Ignacio Álvaro Lavandera, reconoció la existencia de un malestar social ante la actual situación y defendió la alternativa de la dación en pago de carácter social, con determinados requisitos, como “una opción totalmente viable”, así como la dación en pago como fin. Asimismo, demandó que a los responsables públicos “que se haga un esfuerzo para mejorar la información que se ofrece a consumidores y usuarios”, que permita entender de forma clara conceptos que en muchos casos son complejos y de difícil comprensión.

Otros participantes

Gustavo Matos se refirió a algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para proteger los derechos de consumidores y usuarios, como la campaña de inspección a productos financieros de entidades bancarias iniciada por el Departamento regional de Comercio y Consumo. A su juicio, la actual situación está muy vinculada a la actuación de la Administración pública, cuyo deber es controlar “las ansias de ganancias del sector bancario”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de acometer cambios legislativos y añadió que estos no deben venir dados solo por la presión ciudadana.

El representante de Ausbanc denunció que en los años de la denominada burbuja inmobiliaria, el Banco de España miró para otro lado, y achacó “la ruina actual” a la falta de ética. En referencia a las recientes sentencias sobre las cláusulas suelo y sobre garantías de protección a los ciudadanos frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, Jerónimo Barrera dijo que estas han dado sus frutos y que beneficiarán a millones de deudores. Por su parte, el también representante de Ausbanc José Miguel Velázquez animó a los ciudadanos a reclamar “para conseguir el cambio que todos buscamos”.

El notario Javier Martínez del Moral habló sobre el órgano de control de las cláusulas abusivas que se ha creado en el seno del Colegio Notarial de Canarias, y que pretende sistematizar las sentencias existentes con el fin de diseñar medidas informativas de utilidad social. Asimismo, señaló que “se necesitan mecanismos de naturaleza preventiva, dar mayor protagonismo a los ciudadanos y menos a las entidades”.

Conclusiones

Todos los participantes coincidieron en sus conclusiones en las graves repercusiones sociales, familiares y personales que conlleva la pérdida de la vivienda y el hecho de arrastrar una deuda a perpetuidad. Por ello, consideraron necesario un mayor compromiso político y social que permita buscar soluciones a este problema y destacaron la importancia de la jurisprudencia para avanzar en este sentido.